Política 📢
Gobierno disuelve Dirección encargada de entregar medicación a pacientes oncológicos
El 30 de diciembre coincidió con el fallo judicial que ordenó entregar medicación a pacientes oncológicos y con enfermedades raras.
Lo que tenés que saber:
- El Gobierno publicó el Decreto 1138/24, disolviendo la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse).
- El 30 de diciembre coincidió con el fallo judicial que ordenó entregar medicación a pacientes oncológicos y con enfermedades raras.
- La disolución de la Dadse fue interpretada por muchos como una maniobra para eludir la orden judicial.
- La Federación de Profesionales de la Salud (Fesprosa) exige el cumplimiento inmediato de la medida cautelar dictada por el juez Marcelo Bruno Dos Santos.
La disolución de la Dadse
El 30 de diciembre, el gobierno publicó en el Boletín Oficial el Decreto 1138/24 que disolvió la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse), encargada de la distribución de medicamentos a pacientes oncológicos y con enfermedades raras. Esta decisión fue tomada exactamente el mismo día que el juez Marcelo Bruno Dos Santos ordenó a la entidad entregar los medicamentos a los pacientes en un plazo de 10 días.
El fallo judicial y su impacto
El fallo judicial, que surgió de una acción de amparo colectivo impulsada por organizaciones civiles que defienden los derechos de personas con enfermedades raras y oncológicas, exigió al Estado nacional cumplir con la entrega de medicamentos que llevaran más de 60 días de demora. El juez también dictó que, en un plazo de 20 días, se adaptaran todos los trámites pendientes para evitar que los tiempos de respuesta superaran los 60 días establecidos por la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos.
La respuesta del Ministerio de Salud
A pesar de que el Ministerio de Salud debería asumir las funciones de la Dadse, la Federación de Profesionales de la Salud (Fesprosa) considera que la disolución podría interpretarse como un intento de eludir el cumplimiento de la orden judicial. La federación expresó su apoyo a los pacientes afectados y sus organizaciones, exigiendo que el ministro de Salud, Mario Lugones, actúe conforme a la medida cautelar dictada por el juez Dos Santos.
La versión del Gobierno
- Desde el Ministerio de Salud destacaron que ninguno de los tratamientos y funciones que tenía la DADSE fueron abandonados, sino que con el cambio de la estructura dependen de la Dirección Nacional de Asistencia Directa y Compensatoria (dirección superior de la que dependía la DADSE).
- Tanto los tratamientos, como el circuito de los expedientes continúan por los carriles habituales.
- El Ministerio de Salud realizó una readecuación de su estructura que permitió una reducción del 30% de los cargos jerárquicos, pero manteniendo todas las funciones.
Economía 💲
Fallo por universidades: Caputo debe pagar $2,5 billones y el «superávit» entra en crisis
Un fallo judicial obliga al Gobierno a transferir 2,5 billones de pesos a universidades. El vencimiento impacta en el equilibrio fiscal, supera desembolsos recientes y reabre el conflicto por fondos, salarios y funcionamiento del sistema educativo.
Lo que tenés que saber:
- La Justicia ordenó transferir fondos a universidades por ley vigente
- El plazo de pago vence y tensiona el esquema fiscal del Gobierno
- El Ejecutivo evalúa apelar mientras busca alternativas para evitar el impacto
- Universidades y gremios anticipan medidas y posibles protestas
- El conflicto reabre el debate sobre financiamiento educativo
Un fallo judicial que obliga a pagar
El Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, enfrenta el vencimiento de un fallo que ordena transferir fondos a las universidades nacionales en cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
La decisión judicial ratifica la vigencia de la norma y obliga al Ejecutivo a ejecutar el gasto, limitando la posibilidad de postergar pagos como venía ocurriendo.
Impacto directo en el relato del equilibrio fiscal
El monto exigido representa un desafío para el esquema económico del gobierno de Javier Milei.
El pago forzado convierte esos compromisos en una erogación inmediata, con impacto en las cuentas públicas.
Estrategia oficial: apelar y ganar tiempo
Dentro del Gobierno analizan recurrir a la Corte Suprema para dilatar el cumplimiento del fallo. Sin embargo, esa vía judicial no suspende automáticamente la obligación de pago.
En paralelo, se evalúa enviar un nuevo proyecto de ley que modifique el esquema de financiamiento universitario.
Universidades en alerta y posible conflicto
Las casas de estudio y los gremios docentes mantienen la presión para que se cumpla la ley. El sistema universitario enfrenta dificultades para sostener salarios y gastos operativos.
Además, se anticipan medidas de fuerza y posibles movilizaciones similares a las registradas en años recientes.
El reclamo involucra a todo el sistema público, con decenas de instituciones afectadas por la falta de actualización presupuestaria.
Un conflicto que escala en el plano político
El fallo judicial se suma a otros frentes abiertos vinculados a transferencias y obligaciones del Estado.
La tensión se amplifica en un contexto de caída de la recaudación y creciente presión sobre el gasto público, lo que complica la estrategia económica del Gobierno.
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