Defensa
Milei esquivó al Congreso y autorizó por DNU ejercicios militares inéditos con EEUU en el Atlántico Sur
El decreto mezcla maniobras rutinarias con Chile con un operativo sin antecedentes que permitirá presencia militar estadounidense en bases navales estratégicas durante un mes. Por qué el Gobierno libertario utiliza sus facultades excepcionales para evitar el debate parlamentario.
⬛ El Gobierno nacional autorizó mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 697/2025 la realización de dos ejercicios militares conjuntos con Chile y Estados Unidos, publicado este lunes en el Boletín Oficial. La decisión, que esquiva el tratamiento legislativo del proyecto de ley enviado al Congreso, mezcla en un mismo instrumento legal maniobras rutinarias con el país vecino y un operativo inédito que habilitará presencia militar de la mayor potencia bélica del mundo en bases navales argentinas del Atlántico Sur.
El ejercicio sin antecedentes: «Tridente» en aguas estratégicas
El punto más polémico del decreto es la autorización del ejercicio «Tridente», que se desarrollará del 20 de octubre al 15 de noviembre en las bases navales de Mar del Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano. Estas operaciones, que dicho sea de paso, se realizan en medio de las elecciones legislativas nacionales, a celebrarse el domingo 26 de octubre, no registran antecedentes públicos verificables con ese nombre, algo que concretamente se traducirá en la presencia de efectivos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en territorio argentino durante casi un mes.
El DNU establece que el ingreso del personal militar estadounidense fue aprobado directamente por el Poder Ejecutivo con el objetivo declarado de «mejorar la interoperabilidad y fortalecer las capacidades nacionales» en operaciones combinadas de defensa y asistencia humanitaria. Sin embargo, la decisión de habilitar presencia militar de EEUU en el Atlántico Sur —región históricamente sensible por la disputa de soberanía con el Reino Unido sobre las Islas Malvinas—, sin debate parlamentario, genera interrogantes sobre el alcance estratégico de la medida.
La ausencia de antecedentes públicos del ejercicio «Tridente» contrasta con otros operativos conjuntos con Estados Unidos que sí tienen trayectoria documentada, como el «Gringo-Gaucho», realizado por última vez en mayo de 2024 entre las Armadas de ambos países.
«Solidaridad»: el ejercicio rutinario que acompaña el decreto
El DNU también autoriza la participación argentina en el ejercicio «Solidaridad», que se realizará del 6 al 10 de octubre en Puerto Varas, Chile. A diferencia de «Tridente», esta maniobra tiene continuidad desde hace casi tres décadas en el marco del Acuerdo sobre Cooperación en Materia de Catástrofes firmado por Argentina y Chile en 1997.
El ejercicio «Solidaridad» se realiza periódicamente cada tres años con el objetivo de consolidar la cooperación binacional ante simulacros de catástrofes naturales. La última edición documentada tuvo lugar en noviembre de 2022, y en septiembre de 2024 se realizó un ejercicio de gabinete bajo el mismo formato. El DNU autoriza el traslado de medios y personal argentino a territorio chileno entre el 5 y el 11 de octubre.
La estrategia del DNU mixto: lo rutinario camufla lo excepcional
La decisión de unificar ambos ejercicios en un mismo decreto de necesidad y urgencia plantea interrogantes sobre la estrategia política del Ejecutivo. Mientras «Solidaridad» responde a una práctica consolidada de cooperación regional con antecedentes de décadas, que además se realizará fuera del territorio nacional, «Tridente» representa una novedad sin registro previo que habilita presencia militar estadounidense en territorio argentino, en bases estratégicas del Atlántico Sur.
Según el texto oficial, la medida se justifica por la «naturaleza excepcional» del contexto y la necesidad de cumplir con compromisos de cooperación internacional previamente asumidos. Sin embargo, el Gobierno no especifica cuáles son esos compromisos previos en el caso de «Tridente», ni por qué resultaba imposible aguardar el tratamiento legislativo del proyecto de ley que había sido enviado al Congreso.
Debate pendiente sobre facultades excepcionales en defensa
El uso de un DNU para autorizar operaciones militares conjuntas con potencias extranjeras profundiza el debate sobre los límites de las facultades excepcionales del Ejecutivo en materia de defensa y política exterior. La inclusión de un ejercicio rutinario junto a uno sin antecedentes en el mismo instrumento legal genera suspicacias sobre la voluntad gubernamental de evitar el escrutinio parlamentario sobre la presencia militar estadounidense en aguas argentinas.
El decreto establece que los gastos generados por la participación argentina serán cubiertos con partidas presupuestarias del Ministerio de Defensa. Además, informa que la Comisión Bicameral Permanente del Congreso Nacional deberá analizar la validez del DNU en los próximos días, aunque los mecanismos de control parlamentario sobre decretos de necesidad y urgencia recurrentemente intentan ser limitados por el Ejecutivo.
La autorización de ejercicios militares inéditos con Estados Unidos en zonas estratégicas del Atlántico Sur, sin previo debate legislativo y camuflados en un DNU junto a operaciones rutinarias con Chile, representa una maniobra sustancial para la soberanía argentina y en la política de defensa, que históricamente mantuvo cautela respecto a la presencia militar estadounidense en la región.
Puntos clave:
• El DNU 697/2025 mezcla un ejercicio rutinario con Chile (Solidaridad, vigente desde 1997) con uno inédito con EE.UU. (Tridente)
• «Tridente» habilitará presencia militar estadounidense en bases navales del Atlántico Sur durante un mes sin antecedentes públicos verificables
• «Solidaridad» es una maniobra periódica cada tres años con Chile enfocada en catástrofes naturales
• El Gobierno esquivó el tratamiento legislativo mediante DNU ante la falta de debate en el Congreso
• La Comisión Bicameral deberá analizar la validez del decreto que unifica operaciones de distinta naturaleza
Defensa
“Son pobres y están endeudados”: ATE paró y marchó al corazón de la crisis salarial de Defensa
El gremio que agrupa al personal civil de las Fuerzas Armadas declaró un paro total de actividades y convocó a una movilización para exigir reapertura de paritarias, financiamiento de la OSFA y la reversión del cierre de la Base Aeronaval Punta Indio. La medida llega un día después de que ATE rechazara la oferta del Gobierno que UPCN aceptó.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizó este jueves un paro total de actividades del personal civil de las Fuerzas Armadas y encabezó una movilización al Ministerio de Defensa para exigir una recomposición salarial urgente. La medida de fuerza comenzó a las 11 y alcanzó a administrativos, técnicos, docentes civiles y trabajadores de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), según informó el propio sindicato.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, sintetizó sin eufemismos la situación del sector: «El 99% de los trabajadores de las Fuerzas Armadas son pobres y se encuentran endeudados. La situación no da para más. Por eso tomamos esta medida extrema». El dirigente advirtió que los ingresos actuales resultan insuficientes para afrontar los gastos de alimentos, alquileres y servicios de las familias del sector.
Básicos que no llegan a los $403.000 y deudas que crecen
ATE precisó que el salario del personal civil se determina por nivel y antigüedad mediante una Unidad Retributiva actualizada en paritarias, y señaló que existen categorías con básicos cercanos a los $402.396. Esa cifra, medida contra la inflación acumulada desde diciembre de 2023, representa una pérdida real de poder adquisitivo que el gremio califica como insostenible.
Las consecuencias, según el sindicato, ya son visibles en la salud de los propios trabajadores: la organización alertó sobre un crecimiento de las licencias por depresión, angustia y agotamiento directamente ligado al deterioro económico del sector. El endeudamiento creciente de los trabajadores es el otro síntoma que el gremio puso sobre la mesa como evidencia del colapso salarial.
La OSFA, desfinanciada y con deuda millonaria
El reclamo gremial no se limita a los salarios. ATE denunció el desfinanciamiento de la OSFA y exigió una investigación sobre una deuda que, según sostuvo, supera los $223.000 millones. El gremio también alertó sobre la salida de profesionales de los hospitales militares y las crecientes dificultades para cubrir vacantes en la planta docente civil, ambas consecuencias directas de los niveles salariales vigentes.
La conducción nacional de ATE subrayó además que el reclamo no apunta solo al personal civil. El sindicato aseguró actuar en respaldo de las demandas del personal militar, que por su condición institucional carece de representación gremial propia y no puede expresar públicamente su malestar a través de los canales habituales de protesta.
El cierre de la Base Aeronaval Punta Indio, otra línea de fuego
La protesta incorporó también el rechazo explícito al cierre de la Base Aeronaval Punta Indio, anunciado por el Gobierno en el marco de un proceso de reestructuración de las Fuerzas Armadas. ATE advirtió que esa decisión pondría en riesgo más de 180 puestos de trabajo civiles y unos 250 efectivos militares, con un impacto directo sobre la actividad económica de los municipios de Punta Indio y Verónica.
El cierre de una base operativa de esas características no solo implica la destrucción de empleos, sino también la pérdida de capacidades estratégicas que el propio Ministerio de Defensa tardó décadas en construir. La decisión contrasta con el discurso oficial sobre la modernización de las Fuerzas Armadas y fue interpretada por ATE como parte de un ajuste que recae sobre los sectores más vulnerables de la estructura de defensa.
El rechazo a la oferta oficial y la fractura con UPCN
La movilización se realizó un día después de que ATE rechazara la última oferta salarial presentada por el Gobierno para los empleados estatales, en una instancia en la que UPCN aceptó la propuesta oficial. La fractura entre los dos gremios más representativos del sector público volvió a quedar en evidencia, profundizando una grieta que se repite en cada instancia paritaria desde el inicio de la gestión libertaria.
Para ATE, los aumentos del 1,7% mensual entre septiembre y diciembre, más sumas extraordinarias incluidas en la oferta, no alcanzan para compensar la inflación ni para revertir la pérdida de poder adquisitivo acumulada. El gremio exigió la reapertura inmediata de las negociaciones paritarias y cuestionó las condiciones laborales generales en el ámbito del Ministerio de Defensa.
El escenario no es nuevo. Desde diciembre de 2023, el personal civil de las Fuerzas Armadas acumula una caída real de ingresos que ninguna actualización trimestral logró revertir. El ajuste fiscal que el Gobierno presenta como logro macroeconómico tiene nombre y apellido en cada cuartel, hospital militar y base aeronaval del país.
Puntos clave
- ATE declaró paro total del personal civil de las Fuerzas Armadas y movilizó al Ministerio de Defensa el 27 de agosto de 2026.
- El secretario general Rodolfo Aguiar afirmó que el 99% de los trabajadores del sector son pobres y están endeudados.
- ATE denunció una deuda de la OSFA que supera los $223.000 millones y exigió su investigación.
- El gremio rechazó el cierre de la Base Aeronaval Punta Indio, que afectaría a más de 430 puestos entre civiles y militares.
- ATE rechazó la oferta del 1,7% mensual que UPCN aceptó y exigió la reapertura de las paritarias estatales.
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