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El Tercer Malón celebró la creación de comisión de análisis sobre violencia institucional en Jujuy

“Se ha logrado un gran avance, a través de este decreto publicado hoy en el Boletín Oficial para garantizar los derechos no sólo de las comunidades indígenas sino de todo el pueblo jujeño”, expresó Néstor Jerez.

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El Tercer Malón de la Paz que permanece en vigilia en Plaza Lavalle, frente a los Tribunales de la ciudad de Buenos Aires, celebró hoy la creación por decreto de una “Comisión de recepción y análisis de denuncias sobre violencia institucional” en la provincia de Jujuy e invitó a organismos internacionales a participar como veedores durante el proceso de implementación.

“Se ha logrado un gran avance, algo totalmente positivo a través de este decreto publicado hoy en el Boletín Oficial para garantizar los derechos no sólo de las comunidades indígenas sino de todo el pueblo jujeño que ha sido afectado por esta reforma inconsulta e inconstitucional impulsada por Gerardo Morales”, expresó durante una conferencia de prensa uno de los voceros del Tercer Malón y cacique del Pueblo Ocloya de Jujuy, Néstor Jerez.

Para Jerez la creación de la comisión es “un paso más para avanzar sobre la intervención federal de la provincia de Jujuy y la nulidad de esta reforma inconstitucional”.

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De acuerdo a lo establecido en el decreto 435/2023, publicado hoy en el Boletín Oficial, la Comisión funcionará en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y estará integrada por un mínimo de 5 y un máximo de 7 representantes, cuyo desempeño tendrá carácter ad honorem.

El ente tendrá por objetivo receptar las denuncias de abuso de autoridad, hostigamiento, persecución y demás casos de violencia institucional cometidos por la fuerza policial provincial contra manifestantes durante y después de la protesta contra la reforma constitucional impulsada por el gobernador Gerardo Morales.

“Ahora es necesario poner en práctica este decreto, designar a los representantes del Tercer Malón que junto con la Secretaría de Derechos Humanos y expertos en la materia tendremos 60 días para relevar todas las denuncias sobre violencia institucional y violación de derechos humanos que se ha llevado adelante durante la reforma inconsulta e inconstitucional efectuada por Gerardo Morales y su cómplice (el diputado Rubén) Rivarola”, señaló Jerez.

El referente del Tercer Malón convocó a organismos internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Unicef, Amnistía Internacional, entre otros, a participar como veedores de este proceso.

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La Comisión deberá recopilar las observaciones formuladas por los organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y del Acnudh, relativas a la actuación de la Policía jujeña durante las protestas realizadas por las diversas organizaciones sociales, sindicales, comunidades indígenas y demás ciudadanos.

Luego, deberá elaborar un informe que será puesto en conocimiento del Congreso y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación conjuntamente con las recomendaciones que aseguren el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado en los Tratados y Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos, para lo cual tiene un plazo máximo de 60 días.

“Este es un logro de todo el pueblo argentino, de los hermanos que están permaneciendo en puntos de las distintas rutas de Jujuy y de quienes seguimos en permanencia aquí frente a Tribunales para continuar reclamando la intervención federal de la provincia, el cese de la represión, persecución e imputaciones con prácticas antidemocráticas y a través de multas impagables a nuestros hermanos”, sostuvo Jerez.

La abogada de la organización de Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Mariana Katz, coincidió durante la conferencia de prensa en que la creación de la comisión “es un gran paso” y dijo que “no hay que olvidar que acá hay una responsabilidad internacional del Estado argentino”.

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“Las autonomías (provinciales) no son absolutas, están limitadas por el cumplimiento de los derechos humanos, dado que ante su incumplimiento, el responsable es el estado nacional”, explicó.

Katz también anunció que fueron convocados a una audiencia mañana con el juez federal de Jujuy Esteban Eduardo Hansen por la presentación efectuada de habeas corpus -para la protección de los representantes de las distintas comunidades y de organizaciones sociales al momento del estallido de los hechos de violencia en la provincia- y que están evaluando qué integrantes beneficiarios de dicho instrumento jurídico serán designados para ir a hablar ante el magistrado.

“Los hechos ocurridos por la violencia ejercida por el gobierno de Gerardo Morales, su ensañamiento contra el pueblo jujeño dejó mutilados, heridas de gravedad, daño psicológico en nuestros niños y ancianos así como el miedo a ser apresados por este señor que no respetó ninguna condición”, expresó Rosa Gutiérrez, de la comunidad Tusca Pacha de Palpalá, Jujuy.

La columna del Tercer Malón de la Paz partió el 25 del mes pasado desde diversas localidades jujeñas de la Puna, Quebrada, Valles y Yungas jujeñas; y pasó por San Salvador de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Córdoba, Rosario y luego rumbo hacia la Capital Federal.

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Ingresó a la Ciudad de Buenos Aires el 1 de agosto por la mañana, y por la tarde solicitó una audiencia a la Corte Suprema para pedir que declaren la inconstitucionalidad de la reforma de la Carta Magna de Jujuy, que aún no le fue concedida.

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EEUU pide “disculpas” por haber promovido el golpe de Pinochet

Tras 50 años del atentado a la democracia que llevó a una larga dictadura asesina y sangrienta, legisladores del país norteamericano expresaron un “profundo pesar por la contribución de Estados Unidos en la desestabilización de las instituciones políticas de Chile y el proceso constitucional”. También por haber contribuido “a la consolidación de la dictadura militar represiva del general Pinochet”.

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Congresistas estadounidenses presentaron este jueves una resolución que pide disculpas por “la contribución” de Estados Unidos en el golpe de Estado de Augusto Pinochet en Chile hace 50 años e insta a las autoridades a desclasificar más documentos sobre lo ocurrido, un día antes de la visita prevista por el líder chileno, Gabriel Boric, a Washington.

En la declaración, los legisladores expresan un “profundo pesar por la contribución de Estados Unidos en la desestabilización de las instituciones políticas de Chile y el proceso constitucional”.

También por haber contribuido “a la consolidación de la dictadura militar represiva del general Pinochet”, se establece en el texto, en la víspera de que Boric llegue a Washington tras haber asistido en Nueva York a la Asamblea General de la ONU.

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Las Fuerzas Armadas chilenas, lideradas por Pinochet y con el apoyo de Estados Unidos en un contexto de Guerra Fría contra la influencia soviética, derrocaron a Salvador Allende (1970-1973) cuando se disponía a convocar un plebiscito en un intento por salir de la aguda crisis política y económica que vivía el país, tras 1000 días en el poder.

A pedido de Chile, el Departamento de Estado estadounidense desclasificó en las últimas semanas fragmentos de dos documentos de 1973 que demuestran que el expresidente Richard Nixon estaba al tanto de los planes militares para derrocar a Allende.

Los legisladores estiman, en la declaración impulsada por el congresista independiente Bernie Sanders y los demócratas Tim Kaine, Alexandria Ocasio-Cortez, Joaquín Castro y Greg Casar, que el presidente Joe Biden debe dar un paso más.

“La plena rendición de cuentas” requiere que se publiquen y desclasifiquen “los archivos restantes de Estados Unidos relacionados con los hechos de antes, durante y después del golpe militar”, precisaron en el texto, replicado por la agencia de noticias AFP.

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Según archivos desclasificados, Nixon ordenó a la agencia de inteligencia (CIA) “hacer que la economía grite” y bloquear de forma encubierta la toma de posesión de Allende.

Bajo la supervisión del asesor de Seguridad Nacional y posteriormente secretario de Estado, Henry Kissinger, la CIA se esforzó por fomentar un “clima golpista” y “crear las mejores condiciones posibles” para aupar a los militares al poder.

“Debemos dejar claro que lamentamos nuestra participación y nos comprometemos a apoyar la democracia chilena”, afirmó Sanders en un comunicado

Por su parte, Ocasio-Cortez pide reconocer el “complicado pasado” de Estados Unidos y desclasificar más archivos porque “quedan muchas preguntas pendientes” y “el pueblo de Chile y las víctimas de la violencia de Pinochet merecen respuestas”.

La resolución “aplaude al pueblo chileno por la reconstrucción de una democracia fuerte y resiliente” y expresa el compromiso del Congreso a participar en los esfuerzos por esclarecer la verdad.

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