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¿Que debería incluir la nueva ley de alquileres?

Otro ítem en el que sí están de acuerdo es que la nueva ley debe incluir estímulos fiscales y crediticios para ambas partes.

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La Unión Argentina de Inquilinos (UAI) y las entidades del sector inmobiliario coinciden de manera general en la necesidad de una nueva ley de alquileres, pero las diferencias aparecen al discutir las parámetros que tendría que contener la potencial norma ya que los inquilinos postulan que en la actualización anual debe haber poca o nula incidencia del Índice de Precios al Consumidor (IPC), mientras que los propietarios pretenden un ajuste semestral o acuerdos específicos entre las partes.

Otro ítem en el que sí están de acuerdo es que la nueva ley debe incluir estímulos fiscales y crediticios para ambas partes.

La Ley 27.551 de alquileres aprobada por el Congreso en 2019 prevé contratos con una duración máxima de 3 años, actualizaciones anuales y, en el caso de rescindir el contrato, un preaviso de 3 meses para no tener que abonar una indemnización, entre otras cuestiones.

La actualización anual del índice por el cual se hace el ajuste anual la ley prevé en su artículo 14 que debe estar constituido por partes iguales entre la variación mensual del IPC y la Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (Ripte).

Al respecto, el presidente de la Cámara de Inmobiliaria Argentina, Alejandro Bennazar, sostuvo que una nueva ley de alquileres debería «volver a los dos años de contrato con un ajuste cada seis meses como máximo ajustado por un coeficiente valor salario (CVS)».

En ese sentido, manifestó, que el nuevo índice de actualización no debería contener el IPC al lado porque «es una incógnita para todas las partes y obliga a negociar constantemente».

Por otro lado, Bennazar dijo que para que pueda haber un descenso de precios en el mercado son necesarios incentivos para que aumente la oferta de inmuebles acompañado por «la vuelta al acceso al crédito, como política de Estado de acceso a la vivienda y al suelo».

«Lo último que hemos incorporado son la compra de viviendas usadas para el blanqueo con dos condiciones, uso del bien propio o para su familia, y en el caso de invertir es aumentar la locativa habitacional por el término de 10 años», afirmó.

En enero en la ciudad de Buenos Aires los aumentos en los precios de alquileres -respecto a diciembre pasado- fueron de 6,2% en los monoambientes, 2,6% en los departamentos de dos ambientes y 4,3% en los de tres ambientes, según un relevamiento del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO).

En tanto, el acumulado de 12 meses de 2022 fue de 102,9% para los monoambientes porteños; 105,1% en las unidades de dos ambientes y 100% en los de tres ambientes.

Estos números cotejan con la suba de 94,8% que marcó el IPC a lo largo del año pasado, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El presidente de la Unión Argentina de Inquilinos (UIA), Ricardo Botana, dijo que una nueva ley de alquileres tendría que «fomentar que vuelvan al mercado inmobiliario las viviendas que ya no están con incentivos fiscales, de ese tipo, para que la gente construya».

«En algunas grandes ciudades, algunos barrios, también pasó que se fueron volcando mucho a las plataformas de alquileres transitorios, lo que hizo también que se retiraran muchos inmuebles», sostuvo Botana al referirse a la falta de oferta de inmuebles en las ciudades, lo que hizo impulsar los precios de alquileres de viviendas de uso permanente.

Además, indicó que en una nueva ley el cálculo del aumento tendría que tener más preeminencia el Ripte -la remuneración promedio sujeta a aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino- sobre el IPC para fijar el índice.

Por último, señaló que la ley de alquileres vigente si bien «trajo consigo nuevos derechos para los inquilinos», falló el artículo 14 donde se plasma el cálculo del índice por el cual se calculan los aumentos anuales «con aumentos de 83%, aproximadamente, desbarajuste dándole al inquilino los primeros 4 o 5 meses».

En tanto, el presidente de la Fundación Vocación Inmobiliaria, Hernan Iradi, enfatizó que lo que están reclamando es que «el plazo sea por dos años y que haya acuerdo de partes como siempre fue. Hoy los alquileres comerciales se alquilan por debajo de precios de la vivienda».

«La actual ley está mal porque está atada a la inflación con aumentos anuales, en febrero los aumentos van a superar el 85%, Argentina tiene inflación muy alta, masivamente se retiraron inmuebles del mercado cuando el plazo lo cambiaron a 3 años», dijo el representante inmobiliario.

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Sturzenegger celebra despidos de 81.000 estatales mientras los salarios del sector perdieron hasta 40,5%

Dos secretarios de Sturzenegger presentaron en Diputados el recorte de 81.000 empleados estatales, mientras los salarios del sector perdieron entre 29% y 40,5% de poder de compra y el nuevo retiro voluntario paga hasta 25 sueldos con prohibición de volver al Estado por ocho años.

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El Argentino Diario-Federico Sturzenegger.

El Gobierno celebra haber recortado 81.000 empleados del Estado, pero el ahorro que exhibe descansa en salarios que perdieron entre 29% y 40,5% de su poder de compra y en retiros que pagan hasta 25 sueldos por persona. La cifra fue presentada este martes ante la Cámara de Diputados por dos secretarios del ministro Federico Sturzenegger, en la recta final del dictamen del Presupuesto 2027.

El secretario de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña, y el de Desregulación, Alejandro Cacace, expusieron ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el libertario Bertie Benegas Lynch, para poner en valor el ajuste sobre la Administración Pública Nacional y las “reformas estructurales”. Fariña destacó que los ministerios pasaron de 18 en diciembre de 2023 a ocho, defendió que no se trata solo de un Estado más chico sino de uno con otro rol, y rechazó que el ahorro sea “temporal” porque, según dijo, no se crearon puestos nuevos para reemplazar los eliminados. Cacace fue más lejos en la autocelebración: “Valemos por los ahorros que generamos”.

Qué dijeron los funcionarios

Fariña explicó que parte de la reducción se canalizó mediante el régimen de disponibilidad de la Ley de Empleo Público, que según indicó no se usaba desde hacía dos décadas, y mediante retiros voluntarios, a los que se adhirieron más de 5.254 personas. Anunció que habrá una nueva convocatoria entre el 1 y el 30 de noviembre. Como ejemplo de las estructuras heredadas, mencionó que Vialidad Nacional tenía 1.543 cargos jerárquicos para una planta de 5.300 empleados.

Las diputadas de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz y Sabrina Selva cuestionaron el planteo. Tolosa Paz sostuvo que a la idea de un Estado eficiente le falta mirar para qué se toman las medidas y a quién afectan, y acusó al Gobierno de ser “culpable y cómplice del industricidio”. Selva atribuyó la apuesta por el transporte fluvial a la desinversión en rutas nacionales y afirmó que los fondos para su mantenimiento se desvían para “maquillar” el superávit.

Cuántos puestos se perdieron, según cada fuente

Los números no coinciden porque miden universos distintos. Según el INDEC, la dotación de la Administración Pública Nacional, las empresas y las sociedades del Estado pasó de 341.465 trabajadores en diciembre de 2023 a 269.025 en agosto de 2026, una caída de 72.440 puestos, de alrededor del 21%. El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado informó 77.515 puestos menos en el mismo período, e incluye a personal militar y de seguridad, y Fariña habló este martes de 81.000. ATE Capital, por su parte, denunció en su último informe más de 100.000 despidos en la administración pública.

Los salarios: el ahorro que pagan los que se quedan

Los sueldos estatales no están congelados en términos nominales, pero perdieron poder de compra de forma sostenida. El Foro Economía y Trabajo estimó un recorte real de 29% en los salarios públicos desde 2023. El Observatorio Salarial de ATE-INDEC calculó una pérdida del 32,4% entre diciembre de 2023 y mayo de 2026, equivalente a más de nueve sueldos completos, y señaló que se necesitaría un aumento inmediato del 48% para recuperar el nivel de noviembre de 2023. ATE Capital estima que el salario real de la Administración Pública Nacional cayó 40,5% entre noviembre de 2023 y junio de 2026.

La caída tiene un correlato en el bolsillo: según ATE Capital, la mora crediticia entre los trabajadores estatales escaló del 5,43% en julio de 2024 al 18,63% en junio de 2026. La oferta salarial del Gobierno para el segundo semestre, de entre 1,5% y 1,9% mensual, representa apenas $19.000 sobre un salario de un millón de pesos, según el sindicato, que rechazó la propuesta anterior (2,4%, 2,2% y 1,9% más un bono de $50.000) por considerarla “absolutamente insuficiente”. Una parte del ahorro que el Gobierno exhibe sale de salarios que se licuaron mientras los precios subían.

La trampa de los retiros voluntarios

El Decreto 1203/2026, publicado el 19 de octubre y firmado por Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y Sturzenegger, habilita un régimen de retiro para la Administración Pública Nacional centralizada. La compensación puede llegar a 25 sueldos brutos según edad, antigüedad y situación previsional, o al 60% del salario bruto durante 36 meses para quienes estén cerca de jubilarse. Quienes adhieran no podrán volver al Estado nacional durante ocho años, sus cargos se eliminan del presupuesto y esas vacantes no pueden usarse para justificar nuevas incorporaciones. La adhesión está sujeta a la aprobación de cada dependencia, que tiene 40 días corridos para responder tras el cierre de la inscripción.

Sturzenegger estimó unos 20.000 empleados en condiciones de adherir y ATE habla de 21.187. El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, sostuvo que “no es retiro voluntario, es despido extorsivo” y denunció que en algunos organismos se presiona a los agentes con pasarlos a disponibilidad si no firman. También advirtió que quienes tengan mandato sindical vigente o sean candidatos a delegados deberían renunciar al mismo para adherir y cuestionó que el Estado contrate después consultoras para cubrir las mismas tareas. Esas denuncias son del sindicato y el Gobierno las niega al afirmar que no se crean puestos nuevos.

El ahorro bajo la lupa

Cada retiro implica un desembolso inmediato de hasta 25 sueldos, que se suma al costo de las desvinculaciones previas, mientras la planta que queda cobra menos en términos reales y el Estado pierde capacidades. La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) advirtió que el 95% de los trabajadores evaluados aprobó el examen de idoneidad impuesto por el propio Gobierno y, aun así, los despidos continúan. En la Comisión Nacional de Energía Atómica, Aguiar sostuvo que el organismo es superavitario y que no hay argumento que justifique el recorte que derivó en cerca de 100 despidos. Un ahorro que depende de salarios licuados, retiros que cuestan hasta 25 sueldos y organismos vaciados no equivale a un Estado más eficiente.

Lo que tenés que saber:

  • Funcionarios de Sturzenegger presentaron en Diputados un recorte de 81.000 empleados estatales y la baja de 18 a ocho ministerios.
  • El INDEC registra 72.440 puestos menos entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, y ATE Capital denuncia más de 100.000 despidos.
  • Los salarios estatales perdieron entre 29% (Foro Economía y Trabajo) y 40,5% (ATE Capital) de poder de compra.
  • El Decreto 1203/2026 («retiros voluntarios») paga hasta 25 sueldos, elimina el cargo y prohíbe volver al Estado por ocho años.
  • ATE denuncia presiones y habla de un universo de 21.187 trabajadores alcanzados.


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