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Legislativo

Avanza el armado de la Bicameral que tratará el mega DNU de Milei

El decreto deroga una treintena de leyes, como la de Alquileres, de Góndolas y de Abastecimiento, establece reformas en la legislación laboral y en la desregulación de las obras sociales y prepagas, así como el sistema de tarjetas créditos y convierte a las empresas públicas en sociedades anónimas para su futura privatización.

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El-Argentino-DNU-Mega Decreto de Javier Milei.

Por Silvia Rajcher

Las autoridades del Congreso Nacional definirán la próxima semana la conformación de la estratégica Comisión Bicameral de Trámite Legislativo que debe tratar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación de la económica dictado por el Gobierno Nacional, que tiene plazo hasta el 5 de enero para enviar esa norma al Parlamento.

El presidente Javier Milei anunció el miércoles pasado el DNU que deroga una treintena de leyes como la Ley de Alquileres, de Góndolas y de Abastecimiento, establece reformas en la legislación laboral y en la desregulación de las obras sociales y prepagas, así como el sistema de tarjetas créditos, y convierte las empresas públicas en sociedades anónimas para su futura privatización.

De todas maneras, mientras sigue el tratamiento parlamentario, un DNU tiene vigencia mientras las dos cámaras del Congreso no rechacen esa norma con mayoría absoluta de sus miembros, es decir con la mitad más uno de sus integrantes.

Si una cámara lo aprueba, quedará firme y lo mismo sucederá si el Congreso no se expide, en lo que se conoce como una «sanción ficta» o tácita.

La vicepresidenta Victoria Villarruel y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, avanzaron en los últimos días con acuerdos con bloques opositores para la integración de la comisión bicameral, que este año le tocará ejercer a la cámara alta, y asegurarse la mayoría y la conducción a La Libertad Avanza.

De acuerdo con la Ley 26.122, la Comisión Bicameral Permanente está integrada por ocho diputados y ocho senadores, designados por el presidente de sus respectivas Cámaras a propuesta de los bloques parlamentarios respetando la proporción de las representaciones políticas.

La intención del oficialismo es poder tener armada la comisión de Tramite Legislativo, que tiene de ocho senadores y ocho diputados, la próxima semana teniendo en cuenta que el 5 de enero es la fecha tope para que el Gobierno envíe el DNU y, en forma paralela, comenzaron las negociaciones con los bloques que cuestionan la forma, pero no el fondo de la mayoría de las propuestas que están contempladas en esta norma.

El ministro del Interior Guillermo Francos, quien estuvo el jueves en el Congreso Nacional donde se reunió con Villarruel y Menem, afirmó que el armado de la Comisión Bicameral para tratar el DNU en el Congreso es «central» y se está «trabajando para poder constituirla».

«Nuestra representación parlamentaria es minoritaria, pero se construye mayorías a través de consensos y acuerdos para que nos permita llevar adelante el objetivo», concluyó.

En el Senado, la Vicepresidenta fue autorizada a conformar el cuerpo legislativo con tres senadores del Frente de Todos y otros cinco de las demás fuerzas políticas, incluyendo La Libertad Avanza (LLA), además del radicalismo, el PRO, Cambio Federal (conformado por exintegrantes de Juntos por el Cambio) y Unidad Federal (de peronistas disidentes y el oficialismo cordobés).

Sin embargo, los legisladores del FDT siguen reclamando tener cuatro lugares y por eso proponen a María Teresa González, Mariano Recalde, Anabel Fernández Sagasti y Silvia Sapag, aunque desde el oficialismo ya tienen definido le otorgarán tres representantes.

Aunque no fue oficializada la lista, la mayoría estará integrada por el oficialista de LLA Juan Carlos Pagotto, de La Rioja; el radical chaqueño Víctor Zimmermann; el cordobés Luis Juez, del PRO; el macrista Juan Carlos Romero, de Salta, y el peronista correntino Carlos Espínola.

Por Diputados están nominados Oscar Zago, por La Libertad Avanza; Francisco Monti, de la UCR, Hernán Lombardi, del PRO; y Nicolás Massot, de Cambio Federal. Aún no está definido si UxP se quedaría con 4 o 3 sillas en la bicameral. Tampoco trascendieron los nombres.

Pero además de definir la conformación, el oficialismo deberá encarar una negociación con la Unión Cívica Radical, el PRO, Cambio Federal, Hacemos con Córdoba, bloques provinciales, que con matices objetaron que el Gobierno se haya inclinado por un DNU en lugar de haber convertir esas propuestas en proyectos de ley, ya que sostienen que avalarían varias de los cambios impulsados por el presidente Milei.

El presidente del bloque radical de la Cámara de Diputados, Rodrigo De Loredo, respaldó ayer las propuestas de desregulación económica contempladas en el DNU publicado esta semana, pero pidió que el oficialismo analice la posibilidad de enviar esas propuestas en proyectos de ley o fragmentar por temas el DNU.

«Si el Gobierno no evalúa enviar las leyes correspondientes al Congreso, que es el camino adecuado, pueden ayudar las aprobaciones parciales sobre gran parte de las propuestas, o bien que el Gobierno este dispuesto a remitir las reformas de forma segmentadas en varios DNU para su tratamiento», dijo.

Uno de los temas que genera dificultades para poder respaldar algunas de las propuestas contempladas en el DNU que es el decreto no se puede aprobar parcialmente ya que lo impide la Ley 26122 sancionada en el 2006 a propuesta de la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En ese sentido, se establece que «no pueden introducir enmiendas, agregados o supresiones al texto del Poder Ejecutivo, debiendo circunscribirse a la aceptación o rechazo de la norma mediante el voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes».

Por eso motivo, la UCR está preparando un proyecto para poder modificar esa ley a fin de poder avalar algunos puntos de un decreto y otros no.

En cambio, el bloque de UxP, liderado por Germán Martínez, está armando su estrategia para lograr que se rechace el DNU y para ello mantuvo el jueves reuniones con la CGT que realizará el miércoles una marcha a Tribunales para acompañar la presentación judicial pidiendo la inconstitucionalidad de ese decreto, junto con las CTA Autónoma y de los Trabajadores, y también buscará acordar acciones junto con los gobernadores de esa fuerza política.

Buenos Aires

Chapadmalal vuelve a la Provincia: el Senado bonaerense le pone freno al negocio de Milei

El Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó por mayoría el proyecto de la senadora Fernanda Raverta para recuperar la Unidad Turística Chapadmalal, cedida originalmente por la Provincia a la Nación con destino exclusivo al turismo social. La iniciativa instruye a la Fiscalía de Estado a iniciar acciones judiciales contra el gobierno nacional por «desnaturalización del fin social» del complejo, mientras el gobierno de Javier Milei planea entregarlo en concesión a privados por 30 años.

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De más de 84.000 personas alojadas en 2023, el complejo de Chapadmalal pasó a cero turistas en 2025 y 2026. Ese dato brutal resume lo que el gobierno de Javier Milei hizo con uno de los emblemas históricos del turismo social argentino: un predio construido en los años 40 para que los trabajadores, los niños y los jubilados pudieran conocer el mar con hospedaje de calidad y pensión completa, ahora en camino a convertirse en un negocio privado.

El martes, el Senado bonaerense respondió con una decisión política concreta. El bloque peronista Fuerza Patria impulsó y logró la media sanción del proyecto de ley presentado por la senadora marplatense Fernanda Raverta, que declara la voluntad del Estado provincial de recuperar la titularidad y la administración de la Unidad Turística Chapadmalal (UTC) e instruye a la Fiscalía de Estado bonaerense a iniciar las acciones judiciales necesarias para exigirle a la Nación la devolución del predio. El expediente, registrado como E 120 2026-2027, pasa ahora a la Cámara de Diputados provincial para completar su tratamiento legislativo.

Un predio cedido con una condición que Milei ignoró

El origen jurídico del conflicto es claro: la Provincia de Buenos Aires cedió originalmente los terrenos de Chapadmalal al Estado nacional con un fin específico e irremplazable, el turismo social. Construido entre 1948 y 1949 durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón y diseñado por el arquitecto Alejandro Bustillo como parte de una política de democratización del descanso, el complejo fue declarado Monumento Histórico Nacional en 2013. La administración de Javier Milei ignoró ese mandato de origen y avanzó en dos movimientos concretos: el Decreto 216/2025 eliminó la obligación del Estado de prestar servicios de turismo social, y la Resolución 129/2026, publicada en el Boletín Oficial, oficializó el pase a disponibilidad de la totalidad del personal de las unidades turísticas de Chapadmalal y Embalse, en Córdoba.

El plan del gobierno nacional es concesionar el complejo de Chapadmalal a privados por un plazo de 30 años y subastar el complejo de Embalse. Para el ministerio de Gobierno bonaerense, encabezado por Carlos Bianco, se trata de una «trampa administrativa»: primero se declara que el predio está «subutilizado», luego se quita el personal y finalmente se habilita la venta o la concesión directa. Bianco ya formalizó ante la administración nacional el pedido de transferencia inmediata del complejo a la órbita provincial.

La ley que activa la Fiscalía de Estado

El proyecto aprobado en el Senado bonaerense va más allá de una declaración de intenciones. La norma declara «la voluntad» del Estado provincial de «recuperar la titularidad de dominio y asumir la administración de los inmuebles que integran la Unidad Turística Chapadmalal debido a la desnaturalización del fin social para el cual fueron afectados» e instruye a la Fiscalía de Estado a «interponer las acciones judiciales y medidas cautelares necesarias ante las jurisdicciones competentes, a fin de obtener la reivindicación, restitución o retrocesión de los inmuebles que integran la UTC fundadas en la desviación de su finalidad pública, el incumplimiento del cargo de uso social originario y la defensa del patrimonio histórico y social».

Durante el debate, Raverta colocó el conflicto en términos de modelo de país: «Chapadmalal no es solamente un complejo hotelero, es un modelo de país. Para algunos, es un activo que puede venderse al mejor postor. Para nosotros, es parte de la historia de la Argentina, del derecho de los trabajadores al descanso y de una política pública que permitió que miles de familias fueran al mar por primera vez». La senadora también recordó que «cuando esta provincia decidió ceder su tierra a un gobierno nacional para que construyera ese complejo, fue con ese objetivo, y ahora el Gobierno nacional no lo está cumpliendo».

La oposición apoyó la privatización

El proyecto fue aprobado por mayoría, con la votación en contra del senador del PRO y exintendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, quien avaló el modelo de Milei para la concesión privada del predio. Montenegro sostuvo que «la única forma de progreso no puede ser siempre el Estado», un argumento que el peronismo bonaerense rechazó de plano en el recinto. La postura del PRO y de La Libertad Avanza significó, en los hechos, respaldar que un complejo declarado Monumento Histórico Nacional y construido para los trabajadores quede en manos de empresarios privados durante tres décadas.

Kicillof: «Marcha a un negocio inmobiliario»

El gobernador Axel Kicillof ya había trazado el diagnóstico con precisión. «Me parece que, como ha hecho con todo, marcha a un negocio inmobiliario», declaró durante una visita a Mar del Plata, al ser consultado sobre el futuro del complejo. «La onda viene de demolición y destrucción», agregó el mandatario bonaerense, quien exigió que, si la Nación decide desprenderse del predio, la administración sea transferida en forma inmediata a la Provincia. El ministro de Turismo bonaerense, Augusto Costa, sintetizó el impacto con un dato que no admite interpretación: «De alojar a más de 84.000 personas en 2023, pasamos a cero turistas en 2025 y 2026».

En el Congreso nacional, los senadores peronistas Juliana di Tullio y Eduardo «Wado» de Pedro presentaron un proyecto paralelo para transferir Chapadmalal a la provincia de Buenos Aires, con la condición de que el predio mantenga su destino de turismo social y que su venta o cambio de uso quede prohibida sin autorización del Poder Legislativo nacional. La pinza legislativa, en la Cámara alta bonaerense y en el Congreso nacional, marca una estrategia coordinada del peronismo para bloquear judicialmente y políticamente la entrega del complejo.

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