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Legislativo

Proponen que no prescriban los delitos sexuales contra menores

La iniciativa fue presentada el pasado viernes en la Cámara de Diputados.

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La iniciativa presentada el pasado viernes en la Cámara baja propone también modificar la denominación “abuso sexual” por la de “violencia sexual contra la infancia y/o violencia sexual” para adecuarse de esta manera a “los tipos de violencias previstas en la Ley 26.485.

El Movimiento Derecho al Tiempo Argentina (DATA) -conformado por sobrevivientes de abuso sexual, profesionales que trabajan en la temática y activistas por los derechos de las víctimas- presentó un proyecto de ley para que se “declararen imprescriptibles los crímenes de violencia sexual del que hayan sido, sean o fueren víctimas niños, niñas y adolescentes”.

“Hasta el momento los tiempos de las víctimas no coinciden con los plazos judiciales y esto es muy grave porque la falta de justicia no ayuda a la recuperación y el dolor no prescribe”, dijo Sonia Almada, presidenta de la organización Aralma contra las violencias en la infancia, una de las que integran el Movimiento.

Además, la iniciativa presentada el pasado viernes en la Cámara de Diputados propone también modificar la denominación “abuso sexual” por la de “violencia sexual contra la infancia y/o violencia sexual” para adecuarse de esta manera a “los tipos de violencias previstas en la Ley 26.485, por tratarse de una relación desigual de poder”.

Por otro lado, el proyecto plantea en su artículo 4 que “el Estado tiene la obligación de garantizar a las víctimas de los delitos declarados imprescriptibles en esta ley, e independientemente de la edad que tengan al denunciar o solicitar asistencia, el abordaje integral adecuado al caso antes, durante y posterior al proceso judicial”.

En cuanto a la prescripción, el proyecto propone modificar el párrafo cuarto del Artículo 67 del Código Penal reformado por última vez en 2015, que hoy sostiene que para los delitos contra la integridad sexual “se suspende la prescripción mientras la víctima sea menor de edad y hasta que habiendo cumplido la mayoría de edad formule por sí la denuncia o ratifique la formulada por sus representantes legales durante su minoría de edad”, con lo cual los delitos siguieron siendo prescriptibles, aunque a partir del momento de la denuncia.

“Al ser la ley irretroactiva, es decir, no puede aplicarse hacia atrás, no contempla ‘el derecho al tiempo’ de las y los sobrevivientes anteriores a la ley 27.206 de 2015, por lo cual lo que se plantea es la necesidad de suspender la retroactividad a todas las víctimas con un plazo anterior aquel año, considerándose las Leyes convencionales y constitucionales incorporados desde 1994”, apuntó Norma Fernández, otra especialista integrante de DATA.

Almada explicó a Télam que es necesario que el Congreso trate y convierta en ley este proyecto porque “las y los sobrevivientes de agresiones sexuales padecidas en la infancia y adolescencia logran identificarse como víctimas de un crimen largos años después de sucedido el o los hechos denigrantes”.

“El abuso sexual no se puede homologar a ningún otro crimen porque se trata de un crimen en continuo, es decir, no sucede solo en el o los momentos en que se perpetra la violencia en la infancia sino que las secuelas acompañan a los sobrevivientes a lo largo de todo la vida”, sostuvo Almada.

Y agregó: “Este es un crimen especial que afecta a una víctima especial -un bebé, niño, niño u adolescente-, que por su propia vulnerabilidad e indefensión la mayoría de las veces no comprende que le está sucediendo y necesita mucho tiempo: tiempo para comprender lo sucedido, tiempo para metabolizarlo, tiempo para contárselo a un adulto que pueda creerle y en quien confiar, y mucho tiempo para pensar en denunciar”.

La licenciada en psicología agregó que llevar el caso a la justicia “es especialmente difícil porque él pederasta es, en la enorme mayoría de los casos, una persona del núcleo cercano de la víctima: familiar, amigo, o figura de autoridad que enreda al niño o la niña en una compleja trama afectiva que lo paraliza”, cuando no lo extorsiona y amenaza “para que calle”.

El miércoles a las 20, DATA realizará un vivo de Instagram para dar detalles del proyecto y contestar preguntas en @derechoaltiempo.

Legislativo

Desregulación a la carta: el oficialismo aprobó la Ley Hojarasca con el voto de sus aliados

La iniciativa del ministerio de Desregulación deroga más de 70 normas consideradas obsoletas. El bloque opositor rechazó el proyecto y advirtió que es una «cortina de humo» para continuar el desmantelamiento del Estado.

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Diputados aprobó la Ley Hojarasca con 138 votos a favor

★ La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de Ley Hojarasca, impulsado por el ministerio de Desregulación y Transformación del Estado a cargo de Federico Sturzenegger, con 138 votos afirmativos, 96 negativos y 9 abstenciones. La iniciativa, que deroga más de 70 normas calificadas por el oficialismo como obsoletas o inútiles, fue girada al Senado donde el Gobierno espera obtener la sanción definitiva.

El argumento oficial: menos regulaciones, más libertad

El diputado Bertie Benegas Lynch (La Libertad Avanza), presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, fue el principal defensor del proyecto en el recinto. En su exposición, contrapuso el espíritu de la ley con lo que definió como la tendencia de «la política tradicional» de acumular regulaciones para «hacerle la vida imposible al ciudadano argentino de bien».

«La regla son los derechos, la libertad y las autonomías individuales, y la excepción son las normas y regulaciones», sostuvo Benegas Lynch, quien además cuestionó que se mida «la calidad legislativa por la cantidad legislativa», calificando esa práctica como «francamente patética».

Su compañero de bloque Nicolás Mayoraz precisó los criterios con que se seleccionaron las normas a derogar: leyes superadas por normativas posteriores, disposiciones obsoletas por avance tecnológico, organismos financiados con fondos nacionales sin justificación funcional, y trámites burocráticos «innecesarios». Entre los ejemplos que mencionó figuran la histórica ley de Azotes, la ley de microfilmación y la ley de mochileros.

La oposición: «una cortina de humo»

El rechazo de los bloques opositores fue contundente. El diputado de Unión por la Patria, Nicolás Trotta, advirtió que «detrás de esta cortina de humo pretenden seguir destruyendo al Estado», situando el proyecto en el marco más amplio del achicamiento estatal que caracteriza la gestión libertaria.

La diputada Myriam Bregman, presidenta del interbloque del Frente de Izquierda, fue más directa en su crítica al proceso legislativo: «Hay que ser muy termo para votar una ley como ésta», cuestionó, y puso en duda que la mayoría de los legisladores que la apoyaron tuvieran conocimiento cabal de su contenido. Bregman también rechazó el argumento oficial de que se trate de una norma «inocua».

El contexto: desregulación como política de Estado

La Ley Hojarasca no es un episodio aislado. Se inscribe en la política sistemática de desregulación y reducción del Estado que el gobierno de Javier Milei lleva adelante desde diciembre de 2023, y que ya acumuló recortes reales significativos en gasto primario, gasto de capital, transferencias a provincias y programas sociales. Desde el inicio de la gestión, el gasto primario total cayó un 31% en términos reales, según datos del Foro Economía y Trabajo publicados en mayo de 2026.

La sesión de este miércoles incluyó además la votación del proyecto que redefine el alcance geográfico del régimen de subsidios al consumo de gas por «zona fría», la aprobación de una serie de tratados y convenios internacionales, y la entrega de la medalla de honor a veteranos de Malvinas.

Puntos clave

  • La Ley Hojarasca se aprobó en Diputados con 138 votos a favor, 96 en contra y 9 abstenciones.
  • Deroga más de 70 normas impulsadas como «obsoletas» por el ministerio de Desregulación de Sturzenegger.
  • La oposición la calificó de «cortina de humo» para profundizar el desmantelamiento estatal.
  • El proyecto pasa ahora al Senado para su sanción definitiva.
  • La iniciativa se enmarca en la política de desregulación sostenida por el gobierno de Milei desde diciembre de 2023.

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