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Judiciales ⚖️

El Senado firmó el dictamen sobre la reforma del Consejo de la Magistratura

En el cierre de un debate de dos días en comisión, los senadores del oficialismo firmaron un dictamen de mayoría de apoyo a la propuesta del Gobierno

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Los senadores del oficialismo rubricaron un dictamen de mayoría de apoyo a la propuesta del Gobierno, mientras que Juntos por el Cambio informó que firmaría un dictamen por separado y el senador de Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilnek, presentó un tercer proyecto. Sería tratado la semana próxima.

Un plenario de comisiones del Senado avanzó este miércoles en la firma del dictamen del proyecto de ley del Poder Ejecutivo que propone una reforma al Consejo de la Magistratura y sería tratado en el recinto la semana próxima.

En el cierre de un debate de dos días en comisión, los senadores del oficialismo firmaron un dictamen de mayoría de apoyo a la propuesta del Gobierno, mientras que Juntos por el Cambio informó que firmaría un dictamen por separado y el senador de Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilnek, presentó un tercer proyecto.

El titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, Guillermo Snopek, explicó que «cada bloque emitirá su dictamen» para el debate final en el recinto y pasó a la firma el proyecto del Poder Ejecutivo.

El presidente de la comisión de Justicia y Asuntos Penales, Oscar Parrilli, confirmó el apoyo de su espacio a la propuesta de la administración de Alberto Fernández.

El representante del bloque de Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilnek, que habitualmente acompaña los proyectos del Gobierno, adelantó que esta vez firmaría una iniciativa de su autoría.

«Hemos discutido bastante sobre un solo tema que es la participación de la Corte y esto amerita otra discusión que es el federalismo en serio», sostuvo al argumentar su firma por separada.

El interbloque de Juntos por el Cambio que conduce Alfredo Cornejo y que en el plenario estuvo representado por Luis Naidenoff y Guadalupe Tagliaferri, informó que firmaría un dictamen por separado para llevar al recinto.

El Senado retomó esta mañana el debate sobre el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, en un plenario de comisiones en el que abogados constitucionalistas y representantes de distintos estamentos se expresaron en general a favor de la modificación del organismo.

El primero de los expositores fue Darío Kuzinski, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de José C. Paz, que declaró que «se trata de un proyecto que debería promulgarse antes del 16 de abril para poder garantizar el funcionamiento de un organismo tan importante».

Kusinky destacó que el proyecto del Gobierno mejora la representación de los distintos estamentos y genera un equilibrio y ponderó el hecho de que se prevea que sea «el propio Consejo el que elija a sus autoridades».

Alfredo Vitolo, presidente de Foro de Estudios Sobre la Administración de Justicia (Fores), consideró que «no se deben ver fantasmas» en el dictado del fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la conformación actual del Consejo y señaló que se trata de «facultades que tiene».

«El Consejo no tiene asignado el gobierno del Poder Judicial, el Poder judicial sigue en poder del Consejo, tiene el poder de organizar, esto es central para entender el funcionamiento», explicó.

El especialista subrayó la importancia del proyecto para que «esta ley no sea considerada de un partido o de otro» y opinó que la presidencia del Consejo «deber estar en poder de la Corte porque es la única forma de articular el poder de los dos organismos».

El constitucionalista Daniel Sabsay consideró, por su parte, que la Corte Suprema de Justicia «no extorsionó ni hizo golpe de Estado», en respuesta a dichos de ayer del ministro de Justicia Martín Soria en el mismo plenario, y afirmó que lo que hizo la Corte fue «volver las cosas a su sano juicio, tarde pero lo hizo».

Sabsay aseguró que «es de gravedad institucional que un ministro insulte a la Corte» y reafirmó que el proyecto que propone el Poder Ejecutivo «es abiertamente inconstitucional porque no incorpora al presidente de la Corte».

El Consejo argentino -subrayó- «es el único Consejo que tiene representantes políticos» y cuestionó que «se quiera despolitizar» el cuerpo pero esto «es raro, es extraño».

El abogado constitucionalista Diego Spota manifestó que «la política sí debe estar representada» en el organismo y sostuvo que el fallo del máximo tribunal «supone una ventana de oportunidad para que se mejore, que no necesariamente es inconstitucional pero que sí podía ser mejorado».

«Tiene que haber un representante de la Corte lo que no necesariamente supone que presida el Consejo», añadió, y precisó que el Poder Ejecutivo sí tiene que estar y después se puede discutir si es con o sin voto».

Diego Marías, consejero de la Magistratura de la Nación, declaró que «la verdadera agenda de la Justicia» reclama «una revolución tecnológica que acompañe los tiempos, no pasa por una reforma» y agregó que no cree que sea «imprescindible que senadores y diputados integren el Consejo». No obstante, el abogado indicó que «lo único que nos saca de esto es una nueva ley».

La intención del oficialismo es firmar hoy mismo el dictamen de comisión y debatir el asunto en el pleno de la Cámara alta la próxima semana.

El martes, los senadores escucharon al ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, y al presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones.

Denuncia

Hackean el celular de Tomás Méndez en vivo: desde Crónica TV acusan a la SIDE y a la Federal

El conductor de «Duro de Callar» de Crónica TV denunció en pantalla que su teléfono fue intervenido y bloqueado remotamente mientras el programa estaba al aire. Apuntó directamente a organismos de inteligencia del Estado y advirtió: «Están censurando a Crónica».

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¿Milei espía periodistas? Hackearon el celular de Tomás Méndez en vivo en Crónica TV

★ El periodista Tomás Méndez, conductor del ciclo Duro de Callar por Crónica TV, realizó una grave denuncia pública durante una emisión reciente del programa: su teléfono celular fue hackeado e inutilizado en tiempo real mientras transmitía en vivo, en lo que calificó como un ataque deliberado de inteligencia estatal para silenciar el programa.

«Es la primera vez que me pasa. No puedo usar más el teléfono», afirmó Méndez frente a las cámaras, mostrando el dispositivo bloqueado a la audiencia. Según describió, la intrusión comenzó el fin de semana previo a la emisión, cuando agentes no identificados habrían extraído información de su equipo. El punto crítico ocurrió durante la transmisión en vivo, cuando el sistema operativo y aplicaciones como WhatsApp se cerraron o bloquearon de forma remota, dejando el celular totalmente inutilizable.

Señalamientos directos a la SIDE y la Policía Federal

Méndez no dudó en identificar a los responsables. «Creo que hay gente capacitada en el Estado que está manipulando los teléfonos celulares», sostuvo, y señaló específicamente a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y a la Policía Federal Argentina como posibles autores de la maniobra. Para el conductor, se trata de un desvío inadmisible de funciones institucionales: «No hay narcotraficantes que tengan que ir a seguir que nos están censurando a nosotros, un programa de tele».

La denuncia tomó una dimensión más amplia cuando Méndez extendió los alcances del ataque más allá de su persona: «Están censurando el programa, están censurando a Crónica y nos están censurando a nosotros». El periodista cuestionó además qué horizonte pretende el oficialismo para la prensa argentina: «¿Qué pretenden que se transforme la televisión en repetidores de lo que el Estado quiere que se diga?».

Una SIDE que puso la mira en la prensa crítica

La denuncia de Méndez no emerge en el vacío. En mayo de 2025, La Nación reveló el contenido del Plan de Inteligencia Nacional (PIN), un documento secreto de 170 páginas elaborado por la cúpula de la SIDE bajo la conducción de Sergio Neiffert, que abre la puerta al espionaje sobre periodistas, economistas, académicos y cualquier ciudadano que cuestione las políticas del gobierno de Javier Milei. Según ese documento, la SIDE tiene facultades para recabar información sobre quienes «erosionen la confianza» en los funcionarios o generen «pérdida de confianza» en las políticas económicas oficiales.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió que ese plan incorpora hipótesis de conflicto que incluyen a quienes «cuestionen la política económica en la opinión pública», e incluso a quienes «organicen protestas», quienes podrían ser catalogados como una amenaza a la gobernabilidad. La reforma del sistema de inteligencia impulsada por el gobierno mediante el DNU 614, señaló el CELS, «debilita cualquier tipo de control sobre las actividades de inteligencia» y habilita «el uso de fondos reservados para financiar grupos de propaganda oficial en redes».

El antecedente no es menor: en mayo de 2025, el periodista Hugo Alconada Mon denunció haber sufrido diez intentos de hackeo a su cuenta de WhatsApp en pocas horas, justo después de revelar en La Nación los contenidos del Plan de Inteligencia. El patrón que describe Méndez guarda una llamativa similitud con aquel episodio.

Un patrón de acoso que escala

La denuncia de Méndez se inscribe en una escalada sostenida de hostigamiento oficial contra la prensa crítica. A principios de abril de 2026, el gobierno bloqueó las acreditaciones de periodistas de al menos cinco medios, entre ellos El Destape, A24, Ámbito Financiero, Tiempo Argentino y La Patriada, impidiéndoles el ingreso a la Casa Rosada mediante la inhabilitación de sus registros biométricos. La medida fue calificada como «preventiva» por voceros oficiales, que la justificaron en una supuesta vinculación de esos medios con una red de desinformación financiada por el espionaje ruso.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y legisladores de la oposición repudiaron la medida. El periodista Santiago O’Donnell definió la quita de acreditaciones como «un acto cínico y peligroso de censura que el periodismo debería repudiar y combatir sin grieta».

Democracia y vigilancia tecnológica

Con visible indignación pero sin amedrentarse, Méndez trazó una distinción que considera fundamental: aunque el presidente Milei ha atacado verbalmente al programa en reiteradas oportunidades, eso forma parte del «debate democrático». El hackeo, en cambio, constituye para el conductor una «enfermedad» y una forma de violencia que supera cualquier crítica política legítima.

«Tanto miedo le tienen a la información, a los datos, a los periodistas», sentenció Méndez, quien defendió la pluralidad de voces de su espacio y cerró su descargo con una declaración de principios: «Vamos a seguir. ¿Qué se creen, que no vamos a seguir?».

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) advirtió que el decreto de reforma de inteligencia impulsado por el gobierno «habilita prácticas que remiten a los períodos más oscuros de la historia argentina», entre ellas el «espionaje político» y la «ausencia de controles efectivos sobre los organismos de inteligencia». Organismos que, según la denuncia de Méndez, ya habrían actuado contra su programa en horario de máxima audiencia.

Puntos clave

  • Tomás Méndez denunció en vivo por Crónica TV que su celular fue hackeado e inutilizado durante la emisión de Duro de Callar.
  • El conductor señaló a la SIDE y la Policía Federal como posibles responsables del ataque digital.
  • El hackeo comenzó el fin de semana previo y escaló durante la transmisión, con el cierre remoto de WhatsApp y el bloqueo del sistema operativo.
  • El episodio se enmarca en el Plan de Inteligencia Nacional de la SIDE que, según documentos filtrados en 2025, habilita el espionaje sobre periodistas críticos del gobierno.
  • En abril de 2026, el gobierno ya había bloqueado las acreditaciones de periodistas de cinco medios para el ingreso a la Casa Rosada.

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