Legislativo
Diputados: buscan consenso para modificar Ley de alquileres
De cara a la sesión prevista para mañana al mediodía, sobre la cual aún no tiene asegurado el quórum.
Los principales bloques opositores de la Cámara de Diputados buscaban este martes arribar a un texto consensuado por la ley de alquileres, de cara a la sesión prevista para mañana al mediodía, sobre la cual aún no tiene asegurado el quórum.
La sesión, convocada formalmente por las autoridades de la cámara baja el jueves pasado, fue solicitada hace más de un mes por Juntos por el Cambio, el Interbloque Federal, un bloque de Provincias Unidas y La Libertad Avanza, tras haber fracasado en la última sesión -el 5 de julio- el intento del PRO, de derogar el texto actual, debido a que dicho propósito no contaba con dictamen de comisión.
De cara a la sesión de mañana existen dos dictámenes emitidos por la Comisión de Legislación General hace más de un año: uno, el del oficialismo, que propone mantener los puntos centrales de la actual ley que fija un plazo de tres años de contrato y una actualización anual de los alquileres en base a un índice que combina salarios e inflación, y otro, el de la oposición, encabezado por JxC, que reforma la ley vía modificación de los plazos de los contratos -2 años- y un esquema de ajuste cada 3 o 6 meses, en base a un índice que se acuerde entre las partes.
Por cantidad de firmas, una vez iniciada la sesión, los dictámenes se deben tratar en ese orden, de acuerdo a la supremacía de firmas de uno sobre el otro, y recién después se podrían abordar otros proyectos sobre la materia en el temario -incluido el de derogación, aunque para avanzar necesitarían del respaldo de los dos tercios de los diputados presentes en ese momento.
De cara a la sesión de mañana Juntos por el Cambio aún no tiene asegurado el quórum, aunque el conteo es constante y está cerca de conseguirlo, con un condimento extra muy importante, ya que de comenzar la sesión deben estar sentados en sus bancas los tres representantes libertarios (Javier MIlei, Victoria Villarruel y Carolína Píparo).
Desde la Libertad Avanza advirtieron que sólo darían quórum si el resto del conglomerado opositor les garantiza que lo que se terminará tratando sea la derogación del texto vigente.Para alcanzar el quórum de 129, en JxC cuentan a 115 propios (les faltan el macrista Gustavo Santos -que renunció- y un radical con problemas de salud de un familiar; ocho del interbloque Federal (socialistas santafesinos, representantes del oficialismo cordobés y peronistas bonaerenses); dos de Ser Energía (el riojano Felipe Álvarez y el santacruceño Claudio Vidal) y los dos de Juntos Somos Rio Negro.A esos 127 se deben sumar los tres libertarios para llegar al quórum, caso contrario, el intento fracasaría.
El panorama se comenzará a esclarecer a las 10:30, cuando se realice la reunión de presidentes de bloque; media hora después de un encuentro que mantendrán Juntos por el Cambio y representantes de bloques minoritarios para debatir sobre los tres puntos principales a abordar; el plazo de los contratos, el intervalo de la actualización del precio y la fórmula para aplicar dicho aumento.
La mayoría de los opositores se encaminan a acordar que las actualizaciones sean cada seis meses (en lugar de la anual vigente); que los contratos duren dos años (como fue históricamente hasta 2020 que pasaron a tres años) y que la actualización incluya inflación y variación salarial (no solo formal, sino también informal).
Para esa instancia, los principales referentes de Juntos por el Cambio aspiran a tener una postura unificada entre sus miembros, aunque un grupo importante insiste en que la única salida posible es la derogación.
El Frente de Todos -que preside Germán Martínez- esperará que la oposición junte el quórum reglamentario ya que se trata de una sesión que no fue acordada con el oficialismo y si eso sucede bajará al recinto a defender el despacho de mayoría, donde propone mantener la ley actual con algunos cambios impositivos.
En el oficialismo consideran que la solución no está en quitar derechos a los inquilinos sino en sumar incentivos para mejorar la oferta.
El despacho del FdT también propone que los monotributistas propietarios no deban pasar al régimen impositivo general si tienen alguna propiedad en alquiler, además de contemplar que no paguen bienes personales si las unidades son destinadas a alquiler con un tope de 30 millones de pesos, entre otras cuestiones.
En tanto desde la izquierda, que tiene cuatro diputados, ya anticiparon que no darán quórum y denunciaron que «las propuestas que quieren llevar al recinto van a empeorar una situación que ya es crítica para inquilinos e inquilinas».
«Los bloques mayoritarios están montando un engaño gigantesco a la población culpando de la crisis en los alquileres a la ley vigente, cuando lo que buscan es dejarle las manos libres al negocio inmobiliario para que hagan lo que quieran, agravando los problemas que ya viven las y los inquilinos», señalaron los legisladores de la izquierda en un comunicado.
En tanto, la Federación de Inquilinos Agrupados comenzó una campaña de difusión en las calles porteñas con el reparto de volantes en los que defienden la continuidad de la ley aprobada en 2020.
«El mercado está pidiendo modificar dos artículos clave de la ley de alquileres; volver el plazo a dos años (para que las inmobiliarias nos cobren a todos los gastos cada 24 meses y no cada 36) y que no haya índice oficial ni prohibición de que nos puedan aumentar solo una vez al año», advierten desde la Federación de Inquilinos.
Legislativo
Sin los votos para eliminar las PASO, el Gobierno busca suspenderlas o hacerlas optativas
El plan B tomó forma luego de que el PRO y la UCR anticiparan su rechazo a la eliminación lisa y llana de las primarias. Ambas fuerzas sostienen que las PASO cumplen una función estructural para dirimir candidaturas internas que LLA, por su naturaleza verticalista, no necesita resolver.
El Gobierno no tiene los votos y busca un plan B para las PASO
★ El oficialismo reconoce que no cuenta con los apoyos suficientes para eliminar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y baraja dos alternativas de menor alcance: suspenderlas nuevamente, como ya ocurrió en las elecciones de medio término de 2025, o quitarles el carácter obligatorio para convertirlas en optativas.
La admisión surge de las propias filas del Gobierno, dos días después de que el Poder Ejecutivo enviara al Congreso la reforma electoral que tiene la eliminación de las PASO como su punto más ambicioso. Como informó este medio el 22 de abril, el proyecto llegó al Parlamento en un contexto político adverso y sin los votos necesarios para avanzar.
El PRO y la UCR frenan la eliminación
El plan B tomó forma luego de que el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR) anticiparan su rechazo a la eliminación lisa y llana de las primarias. Ambas fuerzas sostienen que las PASO cumplen una función estructural para dirimir candidaturas internas que la Libertad Avanza, por su naturaleza de partido sin internas, no necesita resolver.
Un miembro de la mesa política, que según trascendidos volverá a reunirse este sábado a las 12 en Casa Rosada, reconoció la situación: «Es muy probable que varios sectores no quieran apoyar la eliminación. Veremos si podemos suspenderlas o en tal caso, hacerlas no obligatorias».
La declaración desnuda la debilidad parlamentaria del oficialismo. Con 95 diputados propios, La Libertad Avanza necesita acumular 129 votos para obtener mayoría simple en la Cámara baja, lo que exige el respaldo de aliados que, hasta ahora, no están dispuestos a acompañar la medida de máxima.
Un paquete con más resistencias que votos
Más allá de las PASO, el proyecto presenta otros dos puntos de alta conflictividad: la modificación del sistema de financiamiento de los partidos políticos, que reemplazaría el aporte público por un esquema de financiamiento privado, y la eliminación de la elección directa de parlamentarios del Mercosur.
El presidente Javier Milei estableció ambas cuestiones como prioridades de la reforma. Sin embargo, el nuevo esquema de financiamiento preocupa especialmente a los partidos de menor escala, que dependen de los fondos estatales para subsistir, y la eliminación de los parlamentarios del Mercosur generó resistencias incluso dentro del arco aliado.
El proyecto incluye además cambios en los requisitos legales para presentar listas y la incorporación de la denominada Ficha Limpia, que aparece como el principal anzuelo para sumar voluntades, tal como anticipó este medio en la cobertura del 22 de abril.
Los «guiños» a los gobernadores
En Balcarce 50 anticipan que el articulado del proyecto incluye señales destinadas a los gobernadores aliados. Entre los ejemplos que circulan en el entorno oficial figuran la incorporación de un casillero en la boleta para tildar la lista completa, lo que permitiría «enganchar» las listas locales a las nacionales, y la decisión de vetar la propuesta de avanzar hacia un sistema de circunscripciones uninominales, que varios mandatarios provinciales rechazaban por considerarlo desfavorable para sus distritos.
Desde el oficialismo aseguran que el proceso será «similar al de la reforma laboral» y que «los votos van a estar», según afirmó un importante alfil legislativo. La comparación, sin embargo, no resulta del todo tranquilizadora: la reforma laboral tardó meses en aprobarse y requirió decenas de modificaciones para obtener los apoyos necesarios.
El contexto político
La reforma llega en un momento de fragilidad creciente para el Gobierno. Según datos de la consultora Opina Argentina difundidos en abril, la imagen positiva de Milei cayó al 35%, trece puntos menos que en enero. En ese escenario, forzar una disputa parlamentaria sobre las reglas electorales con las elecciones legislativas de octubre en el horizonte puede representar tanto una apuesta estratégica como un riesgo político de primer orden.
La eliminación de las PASO beneficia directamente a una fuerza, como La Libertad Avanza, que no tiene internas que resolver. Para el resto del arco político, las primarias son una herramienta de ordenamiento interno. Esa asimetría explica, en buena medida, la resistencia que el Gobierno no logra vencer.
Puntos clave
- El Gobierno admitió que no tiene los votos para eliminar las PASO y evalúa suspenderlas nuevamente o quitarles el carácter obligatorio.
- El PRO y la UCR anticiparon su rechazo a la eliminación, lo que obligó al oficialismo a diseñar un plan alternativo.
- La Libertad Avanza cuenta con 95 diputados propios y necesita 129 para alcanzar mayoría simple.
- El proyecto incluye también cambios en el financiamiento partidario y la eliminación de parlamentarios del Mercosur, dos puntos que generan alta resistencia.
- El oficialismo comparó el proceso con la reforma laboral, que tardó meses y requirió numerosas modificaciones para aprobarse.
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