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Legislativo

Taiana defendió el proyecto de ley Integral de Personal Militar

«Luego de 52 años, llega al Congreso una ley integral que recoge la experiencia y la evolución de la doctrina y el pensamiento estratégico militar», planteó el ministro en una carta de tres carillas por él firmada. A su vez, advirtió la deliberada mala interpretación del proyecto con fines maniqueos y electorales por parte de la oposición.

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El ministro de Defensa, Jorge Taiana, aseguró este sábado que la oposición «desvirtúa deliberadamente» el proyecto de Ley integral de Personal Militar anunciado por el presidente Alberto Fernández y enviado al Congreso, y aseguró que la propuesta promovida desde la cartera que encabeza «amplía derechos para contar con Fuerzas Armadas de excelencia».

«Resulta lamentable que un proyecto de ley con un importante grado de consenso se tome como tema de campaña y se desvirtúe de manera deliberada su contenido, intenciones y objetivos. Hoy, luego de 52 años, llega al Congreso una ley integral que recoge la experiencia y la evolución de la doctrina y el pensamiento estratégico militar», planteó el ministro en una carta de tres carillas y firmada con su nombre y apellido cuyo texto completo se adjunta al cierre de esta nota. 

En su presentación, Taiana advirtió que «descalificar en el debate público no parece ser el camino correcto para que surja una ley consensuada».

Foto Victoria Gesualdi
Foto: Victoria Gesualdi.

Y agregó que el proyecto que ingresó en el Senado «amplía derechos y habilita mecanismos que facilitan el pasaje de categorías, la igualdad de oportunidades, la capacitación continua y el progreso en una carrera militar», para luego destacar que esas medidas tienen «el objetivo de contar con Fuerzas Armadas de excelencia».

Sobre el procedimiento para el ascenso en las fuerzas, Taiana remarcó que el proyecto de Ley integral de Personal Militar «mantiene al igual que la ley vigente idénticos mecanismos para el ascenso de los oficiales superiores y sin restarle ninguna potestad al honorable Senado de la Nación».

El titular de la cartera de Defensa hizo además una comparación paso a paso entre el proyecto de Ley anunciado hace diez días y la normativa vigente en la materia (el decreto-ley 19101, modificado por otras 174 normas, entre ellas reglamentaciones internas de las FFAA), que desde el año 1971 ordena el manejo del personal militar.

Foto Alejandro Santa Cruz
Foto: Alejandro Santa Cruz

«Este simple ejercicio comparativo permite comprender que muchas de las afirmaciones fueron realizadas por la oposición de manera irresponsable o sin haber leído el contenido del proyecto», objetó.

En su respuesta, Taiana recordó a modo de observación preliminar que de acuerdo al artículo 10 de la Ley de Defensa Nacional (23.554) «compete al Presidente de la Nación, en su carácter de Jefe Supremo de la misma y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, la Dirección de la Defensa Nacional y la Conducción de las FFAA, en los términos establecidos por la Constitución».

Respecto al proyecto de ley, Taiana insistió luego que el articulo 43 de la propuesta se encuentra «en consonancia con la Ley de Defensa y la Constitución Nacional» y «establece que el ascenso de los Oficiales Superiores lo concede el Presidente de la Nación, previo acuerdo del Honorable Senado de la Nación».

Foto Victoria Gesualdi
Foto: Victoria Gesualdi.

En relación al ascenso de suboficiales, destacó que «será otorgado por el Presidente de la Nación en su carácter de Comandante en Jefe de las FFAA», al tratarse de «una atribución presidencial, que puede ser delegada por el Decreto Reglamentario correspondiente».

Sobre ese punto, advirtió luego que «una ley del Congreso no puede delegar las atribuciones que corresponden constitucionalmente al Poder Ejecutivo, en este caso el Presidente como Comandante en Jefe».

Además, señaló que los decretos, resoluciones y reglamentos que no se opongan a la ley «continúan vigentes» por lo que consideró «infundados» los «temores manifestados por la oposición».

«El proyecto (de ley de Personal Militar) también prevé que los ascensos de los Oficiales, Suboficiales, Tropa y Alumnado se producirán al grado inmediato superior según las vacantes existentes, en función de los criterios de antigüedad e idoneidad, mediante el sistema de selección y de acuerdo con los procedimientos que establezca la Reglamentación de la Ley», detalló el ministro.

Foto Alejandro Santa Cruz
Foto: Alejandro Santa Cruz

Y aclaró específicamente que los criterios de ‘antigüedad’ e ‘idoneidad’ por los cuales se resuelven los ascensos «son precisamente los establecidos en la Junta de Calificaciones de cada una de las Fuerzas, y que lejos de derogarse se fortalecen».

En otro punto, Taiana remarcó que el artículo 42 del proyecto girado al Parlamento «establece que el ascenso del personal de Oficiales y Suboficiales, en cada categoría, se producirá anualmente con el propósito de satisfacer las necesidades orgánicas de las FFAA y del Estado Mayor Conjunto, derivadas del diseño del instrumento militar».

En respuesta a algunos planteos de la oposición, Taiana comparó luego el contenido del proyecto de Ley integral de Personal Militar girado al Congreso con la normativa vigente en la actualidad.

La presentación del proyecto de Ley integral de Personal Militar fue anunciada por el presidente Alberto Fernández esta semana en la tradicional cena de camaradería

Entonces, subrayó que en el Decreto Ley 19101 del año 1971 el artículo 45 dispone que «el ascenso del personal superior de las FFAA lo concede el Poder Ejecutivo, y previo acuerdo del Senado a la categoría de oficial superior y dentro de ella», y que en relación al ascenso del personal subalterno ese mismo artículo establece que será otorgado «en la forma en que lo determine la reglamentación de esta ley».

Citó luego otro apartado del Decreto Ley 19101, el artículo 63, por el cual se ordena que «el personal superior de las FFAA y su reincorporación, cuando así correspondiera, será dispuesta por el Poder Ejecutivo».

Tras este repaso de la normativa vigente, el ministro insistió en que «muchas de las afirmaciones» realizadas desde la oposición fueron hechas «de manera irresponsable o sin haber leído el contenido del proyecto».

Respecto al proyecto de ley, Taiana insistió luego que el articulo 43 de la propuesta se encuentra «en consonancia con la Ley de Defensa y la Constitución Nacional» y «establece que el ascenso de los Oficiales Superiores lo concede el Presidente de la Nación, previo acuerdo del Honorable Senado de la Nación»

Finalmente, Taiana reiteró que la iniciativa que ingresó al Senado «amplía derechos y habilita mecanismos que facilitan e incentivan el pasaje de categoría de soldado a suboficial y de suboficial a oficial fomentando la capacitación continua, la igualdad de oportunidades y el progreso en una carrera militar con jerarquización salarial y modernización del equipamiento».

La presentación del proyecto de Ley integral de Personal Militar fue anunciada por el presidente Alberto Fernández esta semana en la tradicional cena de camaradería, donde dijo que el objetivo de la ley que se debatirá en el Congreso es «tener FFAA acordes con los tiempos que corren», y además aseguró que «la propuesta se hizo producto de un importante consenso entre especialistas en materia de defensa».

«Establece al Ministerio de Defensa como su autoridad de aplicación y prevé la adecuación del régimen del personal militar a la normativa de defensa nacional vigente y al Sistema de Justicia Militar. Además, contempla el respeto a los principios de igualdad y de no discriminación de las personas, cualquiera sea su condición social, de género, orientación sexual, económica o social», detalló en esa oportunidad el jefe de Estado.

Economía 💲

Inocencia Fiscal II al Congreso: elimina los límites para blanquear dólares, con la sombra Adorni de fondo

El Poder Ejecutivo giró este viernes a la Cámara de Diputados el proyecto de reforma de la Ley de Inocencia Fiscal, firmado por Javier Milei, Diego Santilli, Luis Caputo y Sandra Pettovello. La iniciativa elimina los topes de ingresos y patrimonio para adherirse al régimen simplificado de Ganancias y habilita el ingreso de dólares fuera del sistema financiero. La polémica ya está servida: los aliados exigirán que los funcionarios públicos sean excluidos del beneficio, en referencia directa al caso del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni.

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El Argentino Diario-Manuel Adorni da la cara en el Congreso.
La iniciativa elimina los topes de ingresos y patrimonio para adherirse al régimen simplificado de Ganancias y extiende el blanqueo.

El Gobierno nacional envió este viernes el proyecto de reforma de la Ley de Inocencia Fiscal a la Cámara de Diputados, con la firma conjunta del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli, el ministro de Economía Luis Caputo y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello. El oficialismo aspira a sancionar la norma antes de fines de agosto, en la primera semana de actividad parlamentaria tras el receso.

Qué propone el proyecto

La iniciativa amplía el universo de contribuyentes habilitados para adherirse al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias. En la actualidad, solo podían ingresar quienes tuvieran ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio que no superara los $10.000 millones. El nuevo proyecto elimina esos topes y permite que todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país puedan optar por esa modalidad, según los fundamentos oficiales del texto enviado al Congreso.

Uno de los puntos más sensibles es el que habilita a los contribuyentes adheridos a canalizar fondos a través del sistema financiero formal bajo las condiciones previstas por la Ley 27.799, con acceso a sus beneficios hasta el 31 de diciembre de 2027. En los hechos, esto equivale a extender la ventana de blanqueo encubierto para quienes cuenten con dinero fuera del sistema. La iniciativa también instruye a la Unidad de Información Financiera (UIF) a emitir normas que consideren la adhesión al régimen como un «antecedente favorable» en los controles antilavado, aunque aclara que esa condición no exime a bancos y entidades obligadas de cumplir con los procedimientos de debida diligencia y reporte de operaciones sospechosas.

En materia de fiscalización, el texto redefine el concepto de «discrepancia significativa», el umbral que habilita a ARCA a impugnar una declaración jurada simplificada. A partir de la reforma, esa discrepancia solo se configurará cuando la impugnación arroje un incremento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos no inferior al 15% respecto de lo declarado. El resultado práctico es una reducción del margen de control efectivo del organismo sobre los contribuyentes de menor envergadura, con el argumento de concentrar los recursos de fiscalización en los grandes contribuyentes.

El caso Adorni y la trampa política del oficialismo

El principal escollo político para La Libertad Avanza no viene de la oposición, sino de sus propios aliados. El punto que generará mayor tensión en las negociaciones es el que permite que los funcionarios públicos se adhieran al régimen simplificado, una cláusula que adquirió una carga explosiva luego de que el entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se acogiera al beneficio en el marco de la investigación judicial por enriquecimiento ilícito que tramita ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita en Comodoro Py.

Según pudo saber este medio, entre los bloques aliados como el radicalismo, el PRO, Innovación Federal, Producción y Trabajo y Provincias Unidas habrá pedidos expresos para que los funcionarios sean excluidos del beneficio. La demanda no es menor: La Libertad Avanza solo cuenta con 95 diputados de los 129 necesarios para abrir el recinto, lo que hace imprescindible el acompañamiento de esos bloques tanto para conformar quórum como para lograr los votos que permitan aprobar el proyecto.

La paradoja resulta difícil de ignorar: el mismo partido que hizo de la «motosierra» al Estado y de la persecución de la «casta» su bandera de campaña, impulsa ahora una legislación que, en su texto original, le abre la puerta a sus propios funcionarios investigados para regularizar activos que no logran justificar ante la Justicia. El escándalo patrimonial de Adorni, con más de 840.000 dólares bajo investigación, refacciones de lujo pagadas en efectivo y viajes internacionales sin respaldo declarado, opera como telón de fondo en cada sesión informativa y en cada negociación de pasillo en el Congreso.

El calendario y los votos que faltan

El oficialismo apunta a que el proyecto obtenga dictamen en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal, conducidas por los diputados libertarios Bertie Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado, durante la primera semana de agosto, cuando se retome la actividad parlamentaria. El objetivo es sancionar la norma antes de que cierre el mes, con el propósito de que los beneficios comiencen a regir lo antes posible.

Pero los tiempos legislativos dependen de negociaciones que todavía no comenzaron. Y la discusión sobre el artículo que habilita a los funcionarios promete extenderse más allá de las comisiones. El Foro Economía y Trabajo, un espacio de economistas y profesionales vinculados al movimiento sindical, advirtió en su documento de reforma tributaria publicado en mayo de 2026 que las modificaciones incorporadas bajo el nombre de «Inocencia Fiscal» vacían de datos al fisco y facilitan la evasión de los sectores con mayor capacidad económica concentrada, en detrimento de la capacidad estatal de control y de los contribuyentes que no cuentan con activos no declarados para regularizar.

Puntos clave

  • El Gobierno giró el proyecto de reforma de la Ley de Inocencia Fiscal a Diputados, con la firma de Milei, Santilli, Caputo y Pettovello.
  • La iniciativa elimina los topes de ingresos y patrimonio para adherirse al régimen simplificado de Ganancias y extiende el blanqueo hasta el 31 de diciembre de 2027.
  • La Libertad Avanza necesita 129 votos para abrir el recinto y solo tiene 95 diputados propios.
  • Los aliados reclamarán la exclusión de los funcionarios públicos del beneficio, en referencia directa al caso Adorni.
  • El Foro Economía y Trabajo alertó que las modificaciones de «Inocencia Fiscal» vacían de datos al fisco y favorecen la evasión de los sectores concentrados.
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