El ministro de Justicia, Martín Soria, acusó hoy a la Corte Suprema de Justicia de «meterse por la ventana» en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y de «intervenir políticamente» en ese organismo, al exponer en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados.

Soria consideró que la decisión de la Corte Suprema de «devolverle la vigencia a una ley derogada por el Congreso sentó un gravísimo precedente que atenta directamente contra la división de poderes» y dijo que «más que un fallo jurídico es un fallo político, instrumentado con la apariencia de un fallo judicial».

El ministro se pronunció de ese modo en el marco de un extenso plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales, que preside Hernán Pérez Araujo (Frente de Todos); y de Justicia, Rodolfo Tailhade (Frente de Todos), donde expuso sobre el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, que se extendió hasta pasadas las 15.30.

«Es necesario que avancemos de una buena vez en sancionar y ponerle fin a este entuerto que ha generado la Corte Suprema» sobre el Consejo de la Magistratura, enfatizó el funcionario.

En ese sentido, Soria afirmó: «Si quieren hacer política, que se saquen la toga como hacemos cada uno de nosotros en cada una de nuestras ciudades», al señalar que «el Congreso no puede avalar este fallo de la Corte, porque estaría sentando, sin lugar a dudas, un precedente contrario a la Constitución».

Sobre el proyecto de reforma al Consejo de la Magistratura, el ministro consideró que el texto aprobado por el Senado «es inobjetable», al afirmar que la iniciativa «no excluye la representación de ninguna instancia judicial y garantiza la armonía, la paridad de género y el equilibrio entre cada uno de los estamentos» del organismo.

«Se trata de saber si todos queremos un Consejo de la Magistratura que funcione más equitativamente, que sea menos corporativo o por el contrario quieren concentrar el poder en manos de unas pocas personas o en una persona», aseveró el ministro.

En tanto, Soria reiteró que el texto del Poder Ejecutivo, aprobado con cambios por el Senado, «es un proyecto que está totalmente abierto para discutirlo, para que diputados y diputadas puedan incorporar aportes y consideraciones».

Recordó además que en 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, se presentó «un proyecto similar» para reformar el Consejo de la Magistratura y sostuvo: «Llama la atención que algunos quieran borrar con el codo lo que escribieron con la mano», en referencia a los legisladores de Juntos por el Cambio.

En ese marco, el diputado del PRO, integrante del Consejo de la Magistratura, Pablo Tonelli, sostuvo que «sin dudas la mejor solución es una nueva ley» y consideró que «la presidencia de la Corte en el Consejo está funcionando eficientemente».

A su turno, la diputada del Interbloque Federal, Graciela Camaño, también integrante del Consejo de la Magistratura, consideró que la Corte Suprema «tiene que estar en el Consejo de la Magistratura y tiene que tener un rol porque se trata de quien tiene la mejor observación respecto a la administración y a los reglamentos», a la vez que afirmó que «así como está la ley es inconstitucional y está mal redactada».

En tanto, desde la Coalición Cívica (CC), Juan Manuel López, afirmó que «no vamos a acordar una reforma institucional con el Frente de Todos: no somos cómplices de una fuerza que califica al poder judicial como fuerza judicial».

Al término de la reunión, diputados de Juntos por el Cambio pidieron explicaciones a Soria por la tripulación del avión venezolano que aterrizó en la Argentina el 6 de junio, ante lo cual el ministro de Justicia afirmó: «Si me quieren interpelar me citan, me invitaron a exponer sobre un proyecto de ley, vine hablar del Consejo de la Magistratura».

Tras la exposición del ministro, el oficialismo continuará en la búsqueda de consensos para conseguir la aprobación del proyecto, ya que de acuerdo con el escenario que se dio en la votación del Senado no le alcanza con los diputados propios para avanzar con el dictamen y la consecuente votación en el recinto.

El proyecto impulsado por el oficialismo eleva de 13 a 17 el número de integrantes del Consejo de la Magistratura y crea cuatro regiones en el seno del organismo, que sesionarán en el interior del país periódicamente, con la meta de dotarlo de mayor federalismo.

De esta manera, si avanza el proyecto del Poder Ejecutivo, el Consejo volvería a ampliarse, después de que en diciembre del año pasado la Corte Suprema declarara la inconstitucionalidad de la conformación de 13 miembros que había sido dispuesta en 2006.

En esa resolución, el máximo tribunal otorgó al Congreso un plazo de 120 días para sancionar una ley que establezca una nueva estructura del organismo encargado de proponer magistrados para que los designe el Presidente, administrar el Poder Judicial, controlar la actividad de los jueces y eventualmente sancionarlos y enviarlos a juicio político.

El plazo expiró el pasado 15 de abril sin que el oficialismo pudiera poner el tema en debate, entre otras cuestiones por la falta de conformación de comisiones.

Por esa razón, el Consejo empezó a estructurarse semanas atrás con la composición de 20 integrantes y ya tuvo reuniones con la nueva conformación, encabezada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti.