Judiciales ⚖️
Soria acusó a la Corte Suprema de «meterse por la ventana» en el Consejo de la Magistratura
Soria consideró que la decisión de la Corte Suprema de «devolverle la vigencia a una ley derogada por el Congreso sentó un gravísimo precedente que atenta directamente contra la división de poderes».
El ministro de Justicia, Martín Soria, acusó hoy a la Corte Suprema de Justicia de «meterse por la ventana» en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y de «intervenir políticamente» en ese organismo, al exponer en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados.
Soria consideró que la decisión de la Corte Suprema de «devolverle la vigencia a una ley derogada por el Congreso sentó un gravísimo precedente que atenta directamente contra la división de poderes» y dijo que «más que un fallo jurídico es un fallo político, instrumentado con la apariencia de un fallo judicial».
El ministro se pronunció de ese modo en el marco de un extenso plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales, que preside Hernán Pérez Araujo (Frente de Todos); y de Justicia, Rodolfo Tailhade (Frente de Todos), donde expuso sobre el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, que se extendió hasta pasadas las 15.30.
«Es necesario que avancemos de una buena vez en sancionar y ponerle fin a este entuerto que ha generado la Corte Suprema» sobre el Consejo de la Magistratura, enfatizó el funcionario.
En ese sentido, Soria afirmó: «Si quieren hacer política, que se saquen la toga como hacemos cada uno de nosotros en cada una de nuestras ciudades», al señalar que «el Congreso no puede avalar este fallo de la Corte, porque estaría sentando, sin lugar a dudas, un precedente contrario a la Constitución».
Sobre el proyecto de reforma al Consejo de la Magistratura, el ministro consideró que el texto aprobado por el Senado «es inobjetable», al afirmar que la iniciativa «no excluye la representación de ninguna instancia judicial y garantiza la armonía, la paridad de género y el equilibrio entre cada uno de los estamentos» del organismo.
«Se trata de saber si todos queremos un Consejo de la Magistratura que funcione más equitativamente, que sea menos corporativo o por el contrario quieren concentrar el poder en manos de unas pocas personas o en una persona», aseveró el ministro.
En tanto, Soria reiteró que el texto del Poder Ejecutivo, aprobado con cambios por el Senado, «es un proyecto que está totalmente abierto para discutirlo, para que diputados y diputadas puedan incorporar aportes y consideraciones».
Recordó además que en 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, se presentó «un proyecto similar» para reformar el Consejo de la Magistratura y sostuvo: «Llama la atención que algunos quieran borrar con el codo lo que escribieron con la mano», en referencia a los legisladores de Juntos por el Cambio.
En ese marco, el diputado del PRO, integrante del Consejo de la Magistratura, Pablo Tonelli, sostuvo que «sin dudas la mejor solución es una nueva ley» y consideró que «la presidencia de la Corte en el Consejo está funcionando eficientemente».
A su turno, la diputada del Interbloque Federal, Graciela Camaño, también integrante del Consejo de la Magistratura, consideró que la Corte Suprema «tiene que estar en el Consejo de la Magistratura y tiene que tener un rol porque se trata de quien tiene la mejor observación respecto a la administración y a los reglamentos», a la vez que afirmó que «así como está la ley es inconstitucional y está mal redactada».
En tanto, desde la Coalición Cívica (CC), Juan Manuel López, afirmó que «no vamos a acordar una reforma institucional con el Frente de Todos: no somos cómplices de una fuerza que califica al poder judicial como fuerza judicial».
Al término de la reunión, diputados de Juntos por el Cambio pidieron explicaciones a Soria por la tripulación del avión venezolano que aterrizó en la Argentina el 6 de junio, ante lo cual el ministro de Justicia afirmó: «Si me quieren interpelar me citan, me invitaron a exponer sobre un proyecto de ley, vine hablar del Consejo de la Magistratura».
Tras la exposición del ministro, el oficialismo continuará en la búsqueda de consensos para conseguir la aprobación del proyecto, ya que de acuerdo con el escenario que se dio en la votación del Senado no le alcanza con los diputados propios para avanzar con el dictamen y la consecuente votación en el recinto.
El proyecto impulsado por el oficialismo eleva de 13 a 17 el número de integrantes del Consejo de la Magistratura y crea cuatro regiones en el seno del organismo, que sesionarán en el interior del país periódicamente, con la meta de dotarlo de mayor federalismo.
De esta manera, si avanza el proyecto del Poder Ejecutivo, el Consejo volvería a ampliarse, después de que en diciembre del año pasado la Corte Suprema declarara la inconstitucionalidad de la conformación de 13 miembros que había sido dispuesta en 2006.
En esa resolución, el máximo tribunal otorgó al Congreso un plazo de 120 días para sancionar una ley que establezca una nueva estructura del organismo encargado de proponer magistrados para que los designe el Presidente, administrar el Poder Judicial, controlar la actividad de los jueces y eventualmente sancionarlos y enviarlos a juicio político.
El plazo expiró el pasado 15 de abril sin que el oficialismo pudiera poner el tema en debate, entre otras cuestiones por la falta de conformación de comisiones.
Por esa razón, el Consejo empezó a estructurarse semanas atrás con la composición de 20 integrantes y ya tuvo reuniones con la nueva conformación, encabezada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti.
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ARCA sumo nueva denuncia contra la AFA, mientras el titular del organismo es investigado por lavado y evasión
La agencia fiscal presentó una segunda causa penal que recae sobre Tapia, Toviggino y otros dirigentes de la institución. El fiscal Claudio Navas Rial investiga evasión agravada y asociación ilícita fiscal. En simultáneo, el propio titular de ARCA, Andrés Vázquez, enfrenta un pedido de indagatoria por propiedades millonarias no declaradas en Miami.
La ARCA sumó una nueva denuncia contra la AFA mientras el titular del organismo también es investigado por evasión
★ La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una nueva denuncia penal contra la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA): el presidente Claudio «Chiqui» Tapia y el tesorero Pablo Toviggino volvieron a quedar en el centro de una causa por delitos tributarios. Esta vez, el organismo recaudador denunció el uso de facturas apócrifas por un monto superior a los $916 millones correspondientes a servicios que, según el fisco, nunca se prestaron.
La nueva causa y el fiscal que la lleva
El fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial resolvió abrir una investigación a partir de la ampliación de denuncia que ARCA presentó ante la Justicia. Según fuentes judiciales, el fiscal ya solicitó al juez Diego Amarante las primeras medidas de prueba. La pesquisa apunta a los delitos de evasión agravada mediante la utilización de facturas ideológica o materialmente falsas, y asociación ilícita fiscal.
En el dictamen que fundamentó la apertura de la causa, Navas Rial señaló que «las actuaciones administrativas darían cuenta de un accionar presuntamente ilícito, en el marco de la actividad habitual de la contribuyente Asociación del Fútbol Argentino, en atención a haberse detectado erogaciones, salidas de dinero cuyo respaldo documental es inconsistente, presumiéndose, de los elementos aportados en el marco de las tareas de fiscalización propias del organismo de control, su apocrificidad». El fiscal también resaltó que se trataría de conductas «considerables en su volumen, y reiteradas y sostenidas por un lapso ininterrumpido de tiempo».
Las cifras bajo la lupa fiscal
Según la denuncia de ARCA, la AFA habría registrado entre enero de 2023 y marzo de 2025 facturación por $916.527.614,05 sin abonar el impuesto a las Ganancias en concepto de salidas no documentadas. La evasión estimada asciende a $320.784.664,61, que con intereses escala a los $341 millones, a lo que se suma una multa de $125.792.579,86. El organismo también advirtió que la AFA emitió facturas a empresas con diversas irregularidades que hacen sospechar que se trata de gastos simulados.
Una segunda causa que se monta sobre la primera
Esta nueva presentación no surge del vacío. Se suma a una causa anterior impulsada también por ARCA, en la que el juez Diego Amarante citó a indagatoria en marzo pasado a Tapia y Toviggino por presunta retención indebida de aportes y tributos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. Según fuentes judiciales, en ese expediente los mismos dirigentes ya están procesados por haber apropiado de manera ilícita unos $19.300 millones.
Además de Tapia y Toviggino, el fiscal Navas Rial extendió la investigación al gerente general Gustavo Lorenzo y a los secretarios generales, actual y ex, Cristian Malaspina y Víctor Blanco, respectivamente. Todos ellos estaban a cargo de la administración de la institución durante el período en que se habrían producido los hechos investigados.
La paradoja: el jefe del fisco también bajo investigación
El escenario adquiere un carácter paradójico que no puede soslayarse. En simultáneo con la ofensiva judicial que ARCA ejerce sobre la AFA, su propio director ejecutivo, Andrés Vázquez, enfrenta un pedido de indagatoria ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y evasión tributaria.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) detectó que Vázquez habría adquirido tres propiedades en Miami por un total de 2,1 millones de dólares a través de sociedades offshore panameñas, sin declarar esos bienes ante el fisco ni ante la Oficina Anticorrupción. Las propiedades identificadas son una unidad en el Icon Brickell (USD 710.000), un departamento en la avenida Brickell 1060 (USD 400.000) y una suite en el Chateau Beach Residences de Sunny Isles (USD 980.000). La inconsistencia resulta llamativa: al momento de realizar esas compras, Vázquez declaraba ante la entonces AFIP activos líquidos de apenas 44.000 dólares.
El fiscal titular de la PIA, Sergio Rodríguez, solicitó su indagatoria ante el juez Martínez de Giorgi, quien habilitó una batería de medidas de prueba. También intervienen en la causa el fiscal federal Guillermo Marijuán y la PROCELAC, a cargo del fiscal Diego Velasco. El Gobierno, en la voz del asesor presidencial Santiago Caputo, intentó cerrar el debate argumentando sobreseimientos previos, pero los nuevos hallazgos de la PIA reabrieron la línea de investigación. El propio presidente Javier Milei defendió a Vázquez señalando que «es la persona que más sabe de la estructura impositiva en la Argentina», justificando así su permanencia en el cargo pese a las causas abiertas.
Doble estándar en la cima del fisco
La combinación de estos elementos configura un cuadro institucional de difícil sostenimiento: el organismo que persigue la evasión de la AFA está conducido por un funcionario al que la Justicia investiga por los mismos tipos de delitos que le imputa a los dirigentes del fútbol. En ese contexto, la credibilidad y la consistencia de la acción fiscal quedan expuestas a una contradicción que el Gobierno no parece dispuesto a resolver.
Puntos clave:
– ARCA presentó una nueva denuncia contra la AFA por facturas apócrifas por más de $916 millones correspondientes a servicios que no habrían existido.
– El fiscal Navas Rial investiga evasión agravada y asociación ilícita fiscal contra Tapia, Toviggino, Lorenzo, Malaspina y Blanco.
– La causa anterior, por retención indebida de $19.300 millones, ya tiene a Tapia y Toviggino con citación a indagatoria.
– El director ejecutivo de ARCA, Andrés Vázquez, enfrenta un pedido de indagatoria por propiedades no declaradas en Miami valuadas en USD 2,1 millones.
– El Gobierno mantiene a Vázquez al frente de ARCA pese a las investigaciones por enriquecimiento ilícito, lavado y evasión.
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