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Legislativo

El oficialismo busca aprobar Ganancias en el Senado

Los integrantes de la Comisión que encabeza el oficialista riojano Ricardo Guerra se reunirán desde las 16 en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo.

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El proyecto que modifica la Ley de Impuesto a las Ganancias, aprobado anoche en la Cámara de Diputados con importante consenso, comenzará a ser debatido mañana mismo en el seno de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado con la intención, por parte del oficialismo, de firmar el dictamen y dejar la iniciativa preparada para que sea llevada al recinto la semana que viene.

Los integrantes de la Comisión que encabeza el oficialista riojano Ricardo Guerra se reunirán desde las 16 en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo.

Según fuentes del oficialismo, la intención es debatir el tema entre los legisladores y no está en agenda, en principio, convocar a disertantes, como sí ocurrió en Presupuesto y Hacienda de Diputados cuando expusieron la ministra de Trabajo, Raquel «Kelly» Olmos, el titular de la AFIP, Carlos Castagneto; y los sindicalistas Héctor Daer y Hugo «Cachorro» Godoy, entre otros.

Al término del debate, el Frente de Todos buscará obtener dictamen de mayoría con las firmas de sus integrantes y de los peronistas disidentes de Unidad Federal, en tanto que se anticipa el rechazo de Juntos por el Cambio, tal como ocurrió en Diputados.

El proyecto que anoche fue aprobado por 135 a 103, con el apoyo del oficialismo, el peronismo disidente, la izquierda y La Libertad Avanza, eximirá del pago del Impuesto a las Ganancias a unos 700.000 empleados en relación de dependencia que aún pagan ese tributo que se descuenta de los salarios.

La iniciativa elimina la cuarta categoría que grava los sueldos de los empleados y crea un tributo sobre los altos ingresos que se pagará cuando se cobren haberes superiores a quince veces el salario mínimo, vital y móvil (SMVM) mensual.

El proyecto, anunciado el 11 de septiembre por el ministro de Economía Sergio Massa, crea un nuevo tributo sobre los ingresos, con una alícuota progresiva sobre el excedente que va de 27% a 35%, y se actualiza con el valor del SMVM dos veces por año.

De esta forma, sólo pagarán el impuesto 88.000 contribuyentes, lo que representa menos de 1% del total de las remuneraciones, jubilaciones y pensiones, “quedando así alcanzados únicamente los mayores ingresos del trabajo en relación de dependencia y las jubilaciones y pensiones de privilegio”, según los fundamentos del texto.

Si, efectivamente, el oficialismo obtiene el dictamen del proyecto de Ganancias y lo lleva al recinto la semana que viene, el Senado deberá también legislar sobre el proyecto que modifica la Ley de Alquileres y el que regula los denominados Alquileres Temporarios.

Ambas iniciativas, que llegan en revisión desde la Cámara baja, fueron dictaminadas la semana pasada y estaban para ser debatidas en estos días, pero la ausencia de algunos legisladores del oficialismo obligó a suspender la convocatoria a la sesión.

Mañana, antes de debatir el proyecto sobre Ganancias, la Comisión de Presupuesto y Hacienda buscará dictaminar una iniciativa, también venida en revisión de Diputados, que promueve atender la situación de los tomadores de créditos hipotecarios UVA, en base al planteo de que la cuota a abonar no deberá superar el 30% de los ingresos de los deudores, a lo que se agrega la suspensión de los desalojos por un plazo de un año.

El proyecto fue debatido durante tres jornadas en el seno de la Comisión de Presupuesto, con la presencia de representantes de los deudores y de las asociaciones de bancos.

En acuerdo entre la oposición y el oficialismo, se decidió pasar a un cuarto intermedio que se reanudará mañana desde las 15.

Uno de los principales puntos del proyecto es que modifica el sistema de actualización de los créditos hipotecarios UVA, definido durante el gobierno de Mauricio Macri, que establece a la evolución de la inflación como parámetro de ajuste de las cuotas.

Legislativo

Otro escándalo en el Gobierno: extienden el plazo para declarar bienes de funcionarios

La Oficina Anticorrupción extendió dos meses el plazo para la presentación de declaraciones juradas de funcionarios públicos. La medida se conoce en medio de denuncias por presunto enriquecimiento y bienes no declarados que involucran al jefe de Gabinete.

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Lo que tenés que saber:

  • La Oficina Anticorrupción prorrogó el plazo de las declaraciones juradas
  • El vencimiento pasó de mayo a julio
  • La decisión se oficializó mediante resolución publicada en el Boletín Oficial
  • La medida coincide con denuncias sobre el patrimonio de un alto funcionario
  • El Gobierno sostiene que el cambio busca ordenar el cronograma fiscal

Prórroga de declaraciones juradas en la administración pública

La Oficina Anticorrupción dispuso la extensión del plazo para la presentación de las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios públicos. El vencimiento, que estaba fijado para fines de mayo, fue trasladado al 31 de julio.

La medida quedó establecida mediante una resolución oficial publicada en el Boletín Oficial.

Motivos administrativos del cambio de fecha

Según el organismo, la decisión responde a la necesidad de adecuar los plazos a los vencimientos fiscales establecidos por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, que se ubican en la primera quincena de junio.

El objetivo declarado es permitir una mejor integración de la información patrimonial antes de la presentación final.

Qué incluye la declaración jurada

Las declaraciones juradas patrimoniales deben ser presentadas por los funcionarios en tres momentos: al inicio de su función, de manera anual y al finalizar el cargo.

El sistema busca registrar la evolución del patrimonio de quienes ocupan cargos públicos.

Contexto político y denuncias en curso

La decisión se conoce en medio de denuncias vinculadas al patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien enfrenta acusaciones por presunto enriquecimiento ilícito y bienes no declarados.

En paralelo, una causa vinculada a un viaje oficial fue archivada por la Justicia al no encontrar irregularidades ni gastos adicionales para el Estado.

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