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Coparticipación

Diputados vota este miércoles la redistribución de ATN y combustibles: un debate impulsado por gobernadores

Los gobiernos provinciales buscan coparticipar los fondos de emergencia y redistribuir el impuesto a los combustibles en una sesión que el oficialismo no podrá frenar.

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El-Argentino-Congreso-Nubes-Nublado.

La Cámara de Diputados sesionará este miércoles para tratar los proyectos impulsados por los gobernadores que buscan reformar la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles, junto con los vetos presidenciales a las leyes jubilatoria y de discapacidad. La oposición confirmó que tiene el quórum y los votos necesarios para aprobar las iniciativas federales, aunque no los dos tercios para blindarlas ante un eventual veto presidencial.

Los proyectos federales, que obtuvieron sanción en el Senado el pasado 10 de julio, representan un desafío directo al modelo de concentración fiscal del gobierno libertario. Unión por la Patria, Democracia para Siempre y Encuentro Federal armaron una sesión especial que incluye además una reforma al Régimen Penal Tributario y el destrabamiento de la comisión investigadora sobre el Caso Libra.

División en el bloque de gobernadores

El frente de mandatarios provinciales que había respaldado originalmente estas iniciativas se fracturó tras la propuesta alternativa presentada por el Gobierno nacional. Los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco) y Marcelo Orrego (San Juan) acompañaron el dictamen de minoría impulsado por La Libertad Avanza y el PRO, debilitando la estrategia federal.

Esta división explica por qué las iniciativas tienen los votos para convertirse en ley, pero no alcanzarían los dos tercios necesarios para resistir un veto presidencial, según confirmaron fuentes parlamentarias consultadas por este medio.

El proyecto de ATN: de la discrecionalidad a la coparticipación

El dictamen de mayoría que respalda el texto sancionado por el Senado establece que los fondos de ATN «serán distribuidos de acuerdo a los índices establecidos en la ley de coparticipación federal». La iniciativa prevé que estos recursos se envíen «en forma diaria y automática y en las mismas condiciones que las dispuestas en el artículo 6º de la ley 23.548».

El proyecto busca terminar con la discrecionalidad presidencial en el manejo de estos fondos de emergencia, incorporándolos «a cualquier efecto como integrantes de la masa de fondos coparticipable» mientras subsista la vigencia de la ley.

En contraposición, el dictamen impulsado por el Gobierno propone mantener el uso discrecional de los ATN para emergencias, distribuyendo solo el remanente de acuerdo con la ley de coparticipación.

Combustibles: el 52% para las provincias

El proyecto de reforma al impuesto a los combustibles representa un cambio sustancial en la distribución de recursos. La iniciativa propone una nueva distribución: 14,29% para el Tesoro Nacional, 52,02% para las provincias y 28,69% para el Sistema Único de Seguridad Social.

Los fondos provinciales se repartirían con un criterio mixto: 25% en partes iguales entre las jurisdicciones y 75% de acuerdo a los índices de coparticipación federal.

El impacto de la eliminación de fondos fiduciarios

Hasta la eliminación de los fondos fiduciarios por parte del gobierno libertario, la distribución era diferente: 10,4% para las provincias, 28,69% para la ANSES y 24,29% para el Tesoro Nacional. El resto se destinaba a fondos específicos como el de Infraestructura de Transporte, Sistema Vial Integrado, Compensador del Transporte, Desarrollo Eléctrico del Interior y Nacional de la Vivienda.

Con la eliminación de estos fondos, esos recursos quedaron concentrados en manos del Gobierno nacional, situación que el proyecto busca revertir.

La propuesta alternativa del oficialismo

El dictamen de minoría respaldado por La Libertad Avanza mantiene el 28,69% para la ANSES y propone distribuir el resto según la ley de coparticipación federal. Esta fórmula dejaría al Gobierno nacional con cerca del 30% de los recursos y el restante 41% se repartiría entre las provincias.

Estrategia opositora: los vetos al final

Los bloques opositores diseñaron una agenda estratégica que ubica el proyecto sobre combustibles como último tema de la sesión. Los primeros puntos serán los vetos presidenciales a la ley de discapacidad y al aumento del 7,2% para jubilados, en una clara intención de presionar al oficialismo con temas de alto impacto social.

Puntos clave:

  • La oposición tiene los votos para aprobar los proyectos sobre ATN y combustibles, pero no para blindarlos ante vetos
  • El frente de gobernadores se fracturó tras la propuesta alternativa del Gobierno nacional
  • Los ATN pasarían de ser discrecionales a distribuirse automáticamente por coparticipación
  • Las provincias recibirían el 52% del impuesto a los combustibles contra el actual 10,4%
  • La sesión incluye también el tratamiento de los vetos jubilatorios y de discapacidad

Coparticipación

Ajuste de Milei: la tregua de septiembre no frena el recorte a las provincias

El gasto primario creció 4,6% real en septiembre por vacunas y pensiones, pero acumula una baja de 3,1% en el año y las transferencias a las provincias se desplomaron 61,4% en nueve meses.

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El Argentino Diario-Javier Milei.
Casi dos de cada tres pesos para las provincias dejaron de llegar: la radiografía del ajuste de Milei.

Casi dos de cada tres pesos que la Nación giraba a las provincias dejaron de llegar en 2026. Las transferencias del Estado nacional a los distritos acumulan entre enero y septiembre una caída real del 61,4%, y la leve suba del gasto registrada el mes pasado no alcanzó para torcer la dirección de un ajuste que se descarga sobre los gobiernos subnacionales, la obra pública y los programas sociales.

Según el Monitor del Gasto Mensual elaborado por la consultora Analytica, el gasto primario devengado del Estado nacional sumó en septiembre $13,9 billones, con un incremento interanual del 4,6% en términos reales. Sin embargo, en el acumulado de los primeros nueve meses del año el gasto alcanzó $111,2 billones a valores constantes, lo que representa una contracción del 3,1% frente al mismo período de 2025.

Una suba con nombre propio

El aumento mensual de $0,6 billones en términos reales respecto de septiembre del año anterior se explicó por el comportamiento de partidas puntuales. Las pensiones no contributivas subieron $0,4 billones y recuperaron parte del retroceso del mes previo, mientras que las jubilaciones y pensiones contributivas registraron un alza de $0,2 billones.

El rubro de bienes y servicios creció un 37,1% interanual (unos $0,2 billones). La mitad de ese salto respondió a la compra de vacunas y a la reestructuración del programa de atención médica para titulares de pensiones no contributivas, que ahora se ejecuta en parte como compra directa de medicamentos en lugar de transferencias. El resto correspondió a servicios técnicos, vigilancia, mantenimiento y alquileres.

La propia consultora le bajó el tono a la cifra: «la suba no parece ser un cambio de tendencia de la dinámica del gasto público, sino más bien una leve tregua al ajuste por recuperación de partidas específicas», señaló el informe. La tregua llega además después de un agosto en el que, según Analytica, el gasto primario se desplomó 10,3% real interanual, el mayor recorte desde noviembre de 2025.

Dónde siguió cortando la motosierra

Aun en un mes de leve recuperación, la tijera siguió activa. La obra pública encabezó las bajas de septiembre con una caída del 27,1% real, explicada por la menor ejecución de obras directas por parte de la Nación. Le siguieron las transferencias a las provincias, con un descenso del 24,3%, y los subsidios económicos, que se redujeron un 16,7%, en partes iguales entre energía y transporte.

Las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo (AUH) retrocedieron un 12,9% en el mes, el gasto en personal disminuyó un 5,2% y los programas sociales cayeron un 4,9%. Mientras el Gobierno exhibe una suba del gasto total, los recursos destinados a los hogares con hijos y a los programas sociales volvieron a achicarse.

Nueve meses de ajuste sobre provincias y programas sociales

El balance acumulado entre enero y septiembre muestra con claridad quién paga la cuenta. El mayor ajuste recayó sobre las transferencias a las provincias (-61,4% real), seguido por los programas sociales (-23,1%) y la obra pública (-17,1%). Las provincias, y a través de ellas sus hospitales, escuelas y servicios, absorben el núcleo duro del recorte nacional.

El único incremento real significativo del período se dio en los subsidios económicos (+5,7%), impulsado exclusivamente por el sector energético (+19,3%), mientras que los subsidios al transporte bajaron un 22,2%. Ese recorte no es neutro para los bolsillos: según relevamientos del IIEP (UBA-CONICET) difundidos en mayo, el transporte público acumuló desde el inicio de la gestión libertaria una suba superior al 900%, la más alta de toda la canasta de servicios.

El gasto en jubilaciones y pensiones se mantuvo prácticamente congelado en términos reales (+0,5%) y las asignaciones familiares junto a la AUH cayeron un 0,9% en el acumulado. A su vez, la deuda flotante de la Administración Nacional, es decir los pagos devengados que el Estado todavía no abonó, alcanzó los $3,1 billones, equivalentes al 0,3% del PIB.

El ancla del Fondo Monetario

La dinámica del gasto no puede leerse por fuera del programa de Servicio Ampliado que el Gobierno firmó con el Fondo Monetario Internacional en abril de 2025 por USD 20.000 millones, cuya segunda revisión, en abril de este año, habilitó un desembolso adicional de USD 1.000 millones. El Foro Economía y Trabajo, un espacio de economistas vinculados al movimiento sindical, advirtió en mayo que el ajuste fiscal es la consecuencia directa del compromiso de cumplir las metas acordadas con el organismo.

Los números de septiembre confirman esa lógica. El equilibrio de las cuentas públicas se sostiene con fondos que dejan de llegar a las provincias, a las obras y a los programas sociales, no con un cambio en las prioridades del Estado. Una tregua de un mes, apoyada en la compra de vacunas y en la recuperación parcial de pensiones, no modifica el saldo de nueve meses de recorte.

Lo que tenés que saber:

  • El gasto primario devengado subió 4,6% real interanual en septiembre y sumó $13,9 billones, según Analytica.
  • Entre enero y septiembre, el gasto acumula una caída real del 3,1%, con $111,2 billones a valores constantes.
  • Las transferencias a las provincias se desplomaron 61,4% real en nueve meses; los programas sociales, 23,1%, y la obra pública, 17,1%.
  • En septiembre, la obra pública cayó 27,1%, las transferencias a provincias 24,3% y las asignaciones familiares junto a la AUH 12,9%.
  • La deuda flotante de la Administración Nacional alcanzó $3,1 billones, equivalentes al 0,3% del PIB.
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