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¿Marketing digital o desregulación?: anuncian criptomonedas para pagar impuestos en la Ciudad

¿Cuáles son las “Ciudades cripto”?

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El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció que ya se pueden pagar con criptomonedas impuestos como el ABL y Patentes, así como trámites no tributarios como licencias de conducir o multas de tránsito. También presentó medidas fiscales para facilitar la actividad de las empresas cripto en la Ciudad.

“Queremos que Buenos Aires sea líder mundial en cripto”, sostuvo.

El discurso no es ingenuo: en tiempos de crisis económica y dolarización de facto, el macrismo porteño busca mostrarse como un faro de modernidad, eficiencia y cercanía con un sector de clase media y alta que encuentra en las monedas virtuales una alternativa a la inflación y a las restricciones cambiarias.

Argentina, líder en adopción cripto

Según datos de 2024, en el país existen más de 10 millones de cuentas cripto, lo que equivale al 22% de todo el volumen de América Latina. En la Ciudad, alrededor de 10.000 personas cobran ingresos del exterior a través de cripto o PayPal. Crece también el uso del sistema de transferencias instantáneas PIX, tanto en pesos como en criptomonedas.

Las medidas fiscales

El paquete anunciado por la Ciudad incluye cuatro disposiciones que benefician al sector:

Nueva categoría tributaria para la compraventa de criptoactivos.

Exclusión de retenciones bancarias de Ingresos Brutos para Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV).

Base imponible diferencial, que permite pagar impuestos solo sobre la ganancia y no sobre el total de la operación.

Pago de tributos con cripto, con código QR y sin necesidad de intermediarios bancarios.

El negocio de los de siempre: los privados

El relato oficial habla de “modernizar” y “reducir burocracia”, pero en los hechos se trata de una desregulación que beneficia a grandes empresas del sector financiero-digital. Lejos de ser una política inclusiva, apunta a un segmento específico de contribuyentes con acceso a tecnología, educación digital y recursos para operar en cripto.

Mientras tanto, los vecinos que deben pagar un ABL cada vez más alto en pesos siguen sin respuestas frente a los aumentos.

Entre el marketing y la política

El anuncio posiciona a Jorge Macri en la agenda global de las fintech y las criptomonedas, en línea con un ideario neoliberal que concibe al Estado como un facilitador de negocios antes que como un garante de derechos.

El riesgo es que la Ciudad avance hacia un modelo de financiarización donde los recursos públicos y la recaudación dependan de un sistema volátil, poco regulado y con antecedentes de estafas masivas.

Cuáles son las “Ciudades cripto”

Buenos Aires no es la primera capital en intentar posicionarse como “hub cripto”. Detrás de los anuncios, hay un patrón común: más marketing político que beneficios reales para la ciudadanía.

Miami (EE.UU.): el exalcalde Francis Suárez impulsó el “MiamiCoin” como símbolo de modernización. El proyecto terminó desplomándose y quedó como una estrategia de autopromoción política con poco impacto económico real.

Dubái (Emiratos Árabes Unidos): instaló un régimen especial para atraer a exchanges y empresas fintech, con beneficios impositivos. El modelo funciona como polo de inversiones, pero solo para capitales internacionales, no para los ciudadanos comunes.

Río de Janeiro (Brasil): permitió pagar impuestos con bitcoin desde 2022. Sin embargo, los estudios locales muestran que menos del 1% de los contribuyentes usó esa vía, y la medida tuvo un efecto más simbólico que práctico.

En todos los casos, las criptomonedas sirvieron más como bandera de modernidad y apertura al capital privado que como política pública real para la población.

La apuesta de Jorge Macri sigue esa misma tendencia: mostrar a Buenos Aires como “ciudad global y competitiva”, aunque la mayoría de sus habitantes sigan lidiando con una economía en pesos, salarios licuados y tarifas en alza.

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Con permisos y todo: la policía de Jorge Macri hostigó a un cafetero en pleno Once

Un vendedor de café identificado como Ariel fue interceptado por efectivos porteños en la esquina de Pueyrredón y Perón a pesar de contar con documentación habilitante. El episodio, registrado en video y difundido por la flamante Unión de Vendedores Ambulantes de Once (UVAO), reaviva el debate sobre la criminalización del trabajo informal en la Ciudad gobernada por Jorge Macri.

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El modelo Macri en Once: operativos contra laburantes mientras la "Ley Beatriz" sigue cajoneada.

Criminalización del trabajo informal: la Policía de la Ciudad hostigó a un cafetero habilitado y con permisos en pleno Once

★ En el corazón del barrio de Balvanera, sobre la concurrida esquina de la avenida Pueyrredón y Perón, a metros de la Plaza Miserere, la Policía de la Ciudad interceptó el miércoles 3 de junio a Ariel, un cafetero ambulante que desarrollaba su jornada laboral habitual con todos los permisos en regla. El hecho fue registrado en video y difundido por la Unión de Vendedores Ambulantes de Once (UVAO), organización que denunció el procedimiento como un nuevo episodio de «persecución sistemática» y «violencia institucional» contra los trabajadores de la vía pública.

Según el relato de la UVAO, dos efectivos de la fuerza porteña comenzaron a fotografiar a Ariel sin identificarse ni explicar el motivo. Minutos después, le exigieron detenerse y solicitaron refuerzos. Ante la exhibición de los permisos de trabajo correspondientes, la situación no se detuvo, sino que escaló, generando la indignación de transeúntes que presenciaron el procedimiento.

Una organización que nació de la resistencia

La UVAO se constituyó en abril de 2026, en respuesta directa a la intensificación de los operativos policiales en la zona comercial de Once, coordinados entre la Policía de la Ciudad y el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana del Gobierno de Jorge Macri. La agrupación surgió bajo la consigna de «respeto y diálogo» y viene documentando y denunciando decomisos de mercadería, detenciones y lo que sus integrantes describen como un despliegue estatal desproporcionado.

«Patrulleros, motos y efectivos para arrestar a un laburante como si fuera un delincuente de alta peligrosidad. No somos delincuentes; pedimos una solución justa para quienes solo buscan el sustento diario», declararon desde la entidad en sus comunicaciones públicas.

El episodio del cafetero Ariel no es un caso aislado. En julio de 2025, efectivos de la Policía de la Ciudad y del área de Espacio Público vaciaron a la alcantarilla el café de otro vendedor ambulante apostado al pie de la estación Once del tren Sarmiento, sobre la calle Mitre, en la misma zona de Balvanera. El video de ese procedimiento se viralizó en redes sociales, y los peatones que pasaban gritaron: «A los laburantes le hacen eso, vergüenza les tiene que dar».

El patrón: más fuerza, menos derechos

El caso de Once se inscribe en un fenómeno más amplio que Tiempo Argentino documentó el 27 de mayo de 2026: una política sistemática del Gobierno porteño que despliega operativos de control masivo sobre trabajadores informales en barrios populares de toda la Ciudad. El megaoperativo «Tormenta Negra», ejecutado el 14 de mayo con más de 1.500 efectivos, drones y amplia cobertura mediática, se presentó como una acción contra el narcotráfico, pero organizaciones sociales y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunciaron que el despliegue funcionó en la práctica como una avanzada sobre vecinos, comerciantes y trabajadores de la economía popular.

Silvana Olivera, integrante de la Mesa de Urbanización de la Villa 31, describió el operativo como «un desfile de ley y orden para la televisión», y alertó que en numerosos procedimientos la mercadería y las herramientas de trabajo son secuestradas sin actas ni documentación formal que permita luego recuperarlas.

Una «Ley Beatriz» que nunca llegó

El conflicto en Once tiene historia. Años atrás, una agrupación predecesora, los Vendedores Ambulantes Independientes de Once (VAIO), vinculada a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), impulsó la llamada «Ley Beatriz», un proyecto para regularizar el trabajo en el espacio público. La denominación recuerda a una vendedora que murió atropellada durante un operativo policial. La iniciativa nunca prosperó en la Legislatura porteña, y la política de «tolerancia cero» hacia la venta no autorizada se consolidó como norma, incluso cuando, como en el caso de Ariel, el trabajador cuenta con los permisos que la propia ley exige.

El contrapunto institucional existe: la agrupación Buenos Vecinos BA, con presencia en foros de seguridad del barrio, respaldó los operativos argumentando que «el espacio público es de todos» y que la venta ambulante equivale a una «usurpación de la vía pública». Esa postura refleja la tensión real que atraviesa el barrio de Once, uno de los polos comerciales más activos y populares de Buenos Aires, entre el derecho al trabajo y las políticas de ordenamiento urbano.

Pero la pregunta que se repite en los barrios de la Ciudad sigue sin respuesta institucional: cuando el Estado llega primero con patrulleros y no con políticas de inclusión, regularización y trabajo, ¿qué modelo de Ciudad se está construyendo?

Puntos clave

  • Ariel, cafetero con permisos habilitantes, fue hostigado por la Policía de la Ciudad en la esquina de Pueyrredón y Perón, en Once, el 3 de junio de 2026.
  • La UVAO, organización de trabajadores informales creada en abril de 2026, difundió el video y denunció una «persecución sistemática» y «violencia institucional».
  • El episodio se suma a un patrón documentado: en julio de 2025, la policía le volcó el café a otro vendedor ambulante frente a la estación Once.
  • El CELS y organizaciones sociales denunciaron que el megaoperativo «Tormenta Negra» (14 de mayo de 2026) afectó a trabajadores informales de barrios populares en toda la Ciudad.
  • La «Ley Beatriz», que buscaba regularizar el trabajo ambulante en el espacio público, nunca fue aprobada por la Legislatura porteña.
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