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Judiciales ⚖️

El Consejo de la Magistratura pide un presupuesto de $ 262 mil millones para 2023

El “anteproyecto” del presupuesto del organismo fue remitido días atrás a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, junto con el propio, de 54.672.144.449 pesos, lo remitió al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) de cara al proyecto de Presupuesto 2023 que deberá ser remitido al Congreso antes de este viernes.

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El Consejo de la Magistratura de la Nación estimó en 262.199.261.571 pesos su previsión de gastos para el período 2023, informaron hoy fuentes judiciales.

El “anteproyecto” del presupuesto del organismo fue remitido días atrás a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, junto con el propio, de 54.672.144.449 pesos, lo remitió al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) de cara al proyecto de Presupuesto 2023 que deberá ser remitido al Congreso antes de este viernes.

En ambos casos, los presupuestos prevén el mayor desembolso –un 87 por ciento en el caso de la Corte y un 94 en el del Consejo- para el rubro “gastos del personal”, con 4.732 y 24.148 cargos, respectivamente, sin contemplar eventuales aumentos de salarios en 2023.

También en ambos casos se pidió al Poder Ejecutivo la “incorporación de los remanentes de recursos de ejercicios anteriores”.

La Corte había concluido su proyección de gastos hace un par de semanas, como lo reflejó a través de la Acordada 21/22, firmada en forma digital por todos los jueces del máximo tribunal, pero debió esperar la del Consejo para remitir la nota al PEN.

“Se han realizado las previsiones de gastos teniendo en cuenta la proyección estimada de recursos, manteniendo el equilibrio fiscal y preponderando el criterio de establecer los requerimientos de manera prudente y moderada, potenciando los recursos materiales y humanos de manera eficiente, fijándose los valores impostergables que aseguren el accionar de la justicia”, consignó la acordada.

El presupuesto de la Corte cubre las necesidades operativas y de estructura de distintas dependencias, como el cuerpo de peritos, la oficina de mandamientos y la Oficina de Violencia Doméstica, entre otras, mientras que casi todo el del Consejo de la Magistratura es para atender sueldos de jueces y empleados de la justicia nacional y federal, indicaron fuentes judiciales.

De acuerdo con lo establecido por la Constitución Nacional, el Poder Ejecutivo debe enviar el 15 de septiembre a más tardar -es decir hasta este jueves- el proyecto de cálculo de gastos y recursos al Congreso de la Nación para su análisis y debate.

Femicidio

A un año del triple femicidio narco de Varela: 4 nuevos detenidos

Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez fueron atraídas con la promesa de una fiesta y asesinadas. La fiscalía de Labozzetta avanza con allanamientos en CABA y el conurbano.

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El Argentino Diario-Familiares de Brenda, víctima del triple femicidio.

Morena Verdi (20 años), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron asesinadas el 20 de septiembre de 2025 luego de ser captadas con el señuelo de una falsa fiesta. La investigación estableció que el crimen respondió a una disputa narco: el grupo organizado sospechaba que las jóvenes habían robado droga y montó una trampa para exigirles la devolución de la cocaína. Lo que siguió fue una pesadilla de extrema violencia.

La noche en que todo fue una trampa

La tarde-noche del viernes 19 de septiembre de 2025, las tres amigas fueron vistas por última vez cerca de la rotonda de La Tablada, cuando subieron a una camioneta Chevrolet blanca creyendo que iban a una celebración. Dentro de la vivienda ubicada en la calle Chañar 702, fueron sometidas a una violencia brutal: mutilaciones y golpes reiterados antes de ser asesinadas. Sus cuerpos no aparecieron de inmediato. Recién el 24 de septiembre, después de intensos operativos, los cuerpos fueron encontrados enterrados en un pozo en el patio trasero de esa misma casa. El hallazgo conmocionó al país.

La acusación formal establece que el eje del crimen fue el reclamo por el supuesto robo de droga, motivo por el cual la organización montó una falsa fiesta narco para atraparlas. Los delitos imputados son triple homicidio agravado por alevosía, ensañamiento, la participación de varias personas y mediar violencia de género.

Quiénes son los detenidos y quiénes están acusados

Los cuatro nuevos aprehendidos son tres mujeres y un hombre, todos de nacionalidad peruana, y quedaron a disposición de la Justicia tras los operativos de este sábado. Alrededor de 300 efectivos de la DDI La Matanza participaron de los procedimientos ordenados por la fiscal Mariela Labozzetta. El juez federal del Departamento Judicial de Morón, Jorge Rodríguez, dispuso el secreto de sumario hasta que los imputados comparezcan el lunes.

A lo largo de la investigación el expediente acumuló numerosos imputados: Tony Janzen Valverde Victoriano, señalado como figura central; Víctor Sotacuro Lázaro (41); Milagros Florencia Ibáñez (20); Maximiliano Andrés Parra (18); Iara Daniela Ibarra (19); Miguel Ángel Villanueva Silva (25); Matías Agustín Ozorio (28); Mónica Débora Mujica (37); Celeste Magalí González Guerrero (28); Ariel Jeremías Alexis Giménez (28) y Bernabé Jesús Mallón (42).

Un episodio que generó debate fue el caso de Joseph Freyser Cubas Zavaleta (31), alias «Señor J», investigado pero luego beneficiado con la falta de mérito y extraditado a Perú. Sin embargo, para la acusación el eje de la organización es Valverde Victoriano, quien habría intervenido en la planificación previa, la logística de captación y traslado de las víctimas, el aseguramiento del lugar de cautiverio y el sometimiento de las jóvenes hasta su asesinato.

Un crimen que es también violencia de género

Más allá del entramado narco, el triple femicidio de Florencio Varela tiene una dimensión que no puede soslayarse: tres mujeres jóvenes, de 15 y 20 años, fueron elegidas como blanco porque la organización criminal consideró que podía someterlas, torturarlas y asesinarlas sin consecuencias. La agravante de violencia de género incorporada a la acusación reconoce que el género de las víctimas no fue un dato neutro, sino una condición que el grupo criminal explotó. El caso integra un patrón más amplio de crimen organizado que utiliza a mujeres y adolescentes como eslabones vulnerables de su cadena de violencia.

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