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Legislativo

Triunfo político del oficialismo: Diputados aprobó el acuerdo con el FMI

Con 200 votos a favor, 37 en contra y 15 abstenciones se impuso un novedoso eje político entre la mayoría del FdT y la UCR, y las Provincias. Duro revés para los «halcones» del macrismo y el ala dura de La Cámpora. La derecha liberal y la izquierda, se unieron en el rechazo.

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Tras un extenso y caliente debate por el FMI, sin Máximo Kirchner en el recinto, la Cámara baja acompañó el proyecto del Ejecutivo que evita que la Argentina entre en default con 200 votos a favor, 37 en contra y 15 abstenciones. Instancia en la que se impuso un novedoso eje político entre la mayoría del FdT, de JxC y las Provincias. Duro revés para los «halcones» del macrismo y el ala dura de La Cámpora. La derecha liberal y la izquierda, se unieron por la negativa.

La Cámara de Diputados había comenzado a sesionar el jueves a las 14.20 para tratar el proyecto de ley que avala el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por la deuda asumida por el ex presidente Mauricio Macri, sobre la base de un dictamen de consenso que se votó a las 3.45 de la madrugada de este viernes.

La sesión, que se inició con la presencia de 129 diputados, número exacto para el quórum, no contó con la presencia en el recinto del ex jefe de bloque del Frente de Todos (FdT), Máximo Kirchner, algo que anticipó la postura de parte del ala camporista del oficialismo.

En la apertura, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, precisó que el acuerdo con el FMI sería «el único tema de la sesión» y pidió a los diputados que el debate sea «con el máximo respeto y nivel posible, teniendo en cuenta la trascendencia del tema, ya que es la primera vez en la historia democrática que un tema de estas características se debate en el Congreso».

Sobre el cierre de la sesión, el titular de la bancada radical, Mario Negri, remarcó, dirigiéndose al Frente de Todos: «Tengan la tranquilidad, nosotros no estamos para cogobernar, nosotros no estamos para ser una rueda de auxilio todos los días. Nosotros venimos y acompañamos cuando lo que esta en peligro, es la gente, de lo otro se harán cargo ustedes como Gobierno»

«Nosotros estamos acá para ayudar al país. No para cogobernar con el oficialismo. Porque miren este recinto: hay zonas bastante raleadas en este recinto. Hay fractura política en el Frete de Todos. Si no fuera por Juntos por el Cambio hoy se festejaría otro default, otra tragedia para los argentinos», añadió.

A su turno, el jefe del bloque del Frente de Todos en Diputados, Germán Martínez, subrayó que el punto clave del acuerdo con el FMI es «el tiempo de gracia» que dará alivio al país por algunos años en el pago de la deuda. «La ventana de tiempo no es hasta el 2024, es hasta el 2026», y eso implicará «un tiempo que nos puede permitir consolidar un proceso de recuperación», subrayó el legislador.

Además, reivindicó que en el debate sobre la renegociación de la deuda contraída con el Fondo en 2018 hayan «contribuido todas las posiciones políticas, con todas las miradas, con todas las actitudes», en una referencia implícita a la decisión de algunos legisladores de la bancada del FdT de «no acompañar» el proyecto de ley.

El-Argentino-Alberto Apertura de sesiones.-

Al comenzar la sección, en lo que fue la primera exposición, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller (FdT), aseguró que «este Gobierno, por sus principios, jamás hubiera recurrido al FMI, pero recibió una auténtica bomba de tiempo y debió sentarse a negociar» con el organismo internacional.

Heller sostuvo que en el acuerdo «no se respetan los típicos aspectos de la ortodoxia que han primado en otros entendimientos» aunque sostuvo que «no hay nada que festejar».

Entre las primeras exposiciones, la diputada nacional por el FdT de la provincia de Buenos Aires, Alicia Aparicio, señaló también que «no hay nada que festejar» y agregó: «Hoy no habrá ganadores».

La legisladora elogió la decisión del presidente Alberto Fernández de enviar el acuerdo al Congreso porque «le devuelve al Poder Legislativo su facultad en la materia y otorga mayor institucionalidad». Y aseguró que «este acuerdo es el único posible ante las circunstancias que hoy vive la Argentina».

El diputado nacional de la UCR por Mendoza Lisandro Nieri consideró que el acuerdo con el FMI «nace obsoleto» y es «poco transparente», al sostener que «no soluciona los problemas de nuestro país».

Insólito, los ultra liberales votarán en contra del acuerdo con el FMI

Para el legislador, «aún cumpliendo las metas deja a nuestro país en diciembre de 2023 en una situación de mayores desequilibrios macro que la observada en 2019» y dijo que «no soluciona los problemas de nuestro país».

Por Evolución Radical, el puntano Alejandro Cacace señaló: «Desde nuestra bancada le damos la herramienta al Gobierno, que está pidiendo el financiamiento, pero con esto no estamos avalando un plan económico fracasado que ha llevado a una profunda crisis económica y de desarrollo».

Otro sanluiseño, el ex gobernador Claudio Poggi, con monobloque dentro de JxC, apuntó: «Esta Cámara habilitará, si se quiere, el mal menor que es patear el vencimiento para más adelante. Es menor en comparación con el mal mayor que significa no pagar, quedar en mora en el mercado internacional».

Desde el interbloque Federal, Graciela Camaño confirmó el voto a favor. «Vamos a acompañar. Es la primera vez que el Congreso vota una autorización de financiamiento para que el Poder Ejecutivo Nacional tome un empréstito y resuelva su deuda externa», sostuvo.

«Hemos tenido la inteligencia, el año pasado, de votar todos una ley que limita al Poder Ejecutivo y le devuelve atribuciones al Legislativo», recordó.

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El Congreso decide si se aprueba, o no, el acuerdo con el FMI.

En el mismo sentido se expresó el rionegrino Agustín Domingo, del bloque referenciado en su gobierno provincial y en interbloque con el oficialismo misionero, al «valorar que hoy estemos tratando en el Congreso este endeudamiento con el FMI, que le estemos devolviendo al Congreso esa facultad que había sido delegada, y que sea este el ámbito donde se discutan temas como este endeudamiento excesivo».

Entre las manifestaciones en contra, el republicano Ricardo López Murphy, con monobloque dentro de JxC, arremetió: «Atravesamos una situación compleja, la impericia e ineptitud del Gobierno nos ha llevado a tener que decidir, a pocos días del vencimiento, un acuerdo con el FMI y los organismos multilaterales, que debió haber sucedido hace mucho tiempo».

Otro sector que se expresó en contra fue la izquierda: «El Frente de Todos y Juntos por el Cambio también son corresponsables y copartícipes de la estafa a la que están nuevamente sometiendo a la Argentina. Vamos a seguir denunciando este fraude», aseveró la porteña Myriam Bregman (FIT-U).

En ese sentido, agregó: «Esta sesión marca un punto de inflexión en la historia del país porque se reúne el Congreso para aprobar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ese organismo creado a la salida de la Segunda Guerra Mundial para intervenir y digitar a los países y encolumnarnos al servicio del orden financiero dominado por Estados Unidos».

La sesión transcurrió con mayoría de discursos a favor, aunque en los pasillos del Congreso los interrogantes estaban centrados en la posición que a la hora de la votación adoptarán los representantes de La Cámpora y de la denominada ‘ala dura’ del PRO.

El texto consensuado entre oficialismo y oposición

El acuerdo sobre el texto fue el fruto de varias reuniones desarrolladas a lo largo de toda la semana y durante toda la jornada del miércoles, entre representantes del arco oficialista y de otros bloques opositores.

El dictamen obtuvo el respaldo de casi 80 firmas de integrantes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas, a partir de los avales del Frente de Todos (FdT), Juntos por el Cambio (JxC), el interbloque Federal y Provincias Unidas.

La definición del acuerdo se terminó de sellar con una reunión en Casa Rosada en la que el presidente Alberto Fernández recibió de manos de Massa el principio de consenso al que había arribado con referentes de otros bloques.

A partir de ese entendimiento, finalmente el artículo central del proyecto quedó redactado de la siguiente manera: «Apruébense, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 75 inciso 7 de la Constitución Nacional y en los términos del artículo 2 de la Ley 27.612, las operaciones de crédito público contenidas en el ‘Programa de Facilidades Extendidas’ a celebrarse entre el Poder Ejecutivo y el FMI para la cancelación de los vencimientos del ‘Acuerdo Stand By’ oportunamente celebrado en 2018 y apoyo presupuestario».

Además, se agregó en ese artículo que «el Poder Ejecutivo suscribirá en uso de sus facultades los instrumentos necesarios para dar cumplimiento en lo establecido en el párrafo precedente», en reemplazo del proyecto original que avalaba el programa económico trazado por el Ministerio de Economía.

El FdT accedió a que quedaran exentas del respaldo legislativo las metas trazadas por el Ministerio de Economía para cumplir con ese acuerdo, ya que, según la coincidente posición opositora, eso «no es materia parlamentaria».

Cabe destacar que el apoyo mayoritario a la iniciativa se logró cuando el oficialismo de Diputados accedió a resumir su contenido en ese solo artículo, centrado en el aval al acuerdo, algo que coincidían en solicitar JxC, el interbloque Federal y Provincias Unidas, las tres principales bancadas opositoras.

Legislativo

Duro debate en el Senado por ley de tierras para extranjeros y desalojo de barrios populares

El Senado de la Nación volvió a debatir este miércoles el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional, en una jornada que expuso las profundas contradicciones de una iniciativa que, bajo el rótulo de proteger la propiedad, habilita la venta de tierras argentinas a capitales extranjeros, acelera desalojos y amenaza con dejar a más de un millón de familias de barrios populares sin garantías habitacionales.

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Tierra a la venta: LLA busca habilitar a extranjeros a comprar suelo argentino sin límites

★ El plenario conjunto de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, presididas por los senadores libertarios Agustín Coto y Nadia Márquez, fue escenario de un fuerte cruce entre la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, y la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich. Mientras el oficialismo apura los tiempos y busca emitir dictamen la semana próxima, la oposición y las organizaciones sociales advirtieron que el proyecto es un retroceso histórico en materia de soberanía territorial, derecho a la vivienda y protección ambiental.

Un proyecto con cinco bombas de tiempo

Presentado formalmente en el Congreso el 27 de marzo de 2026 bajo el expediente PE-13/2026, el proyecto fue defendido en una primera ronda de debates por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien lo enmarcó en los dos pilares que define el gobierno de Javier Milei: equilibrio fiscal y libertad económica.

Sin embargo, los cinco ejes centrales de la iniciativa despertaron alarmas incluso entre algunos aliados del Gobierno. El primero establece un mecanismo «sumarísimo» para la restitución de inmuebles, con desalojos exprés que, según sus críticos, reducen garantías procesales a los ocupantes. El segundo, y quizás el más polémico, elimina los límites vigentes desde 2011 para que extranjeros puedan adquirir tierras rurales en Argentina, una restricción sancionada durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner precisamente para preservar la soberanía territorial.

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https://elargentinodiario.com.ar/zona-fija/11/12/2025/milei-impulsa-la-entrega-de-tierras-a-extranjeros-sin-limites-los-riesgos-de-derogar-la-ley-de-soberania-territorial/

El tercer eje apunta a la reforma de la Ley de Manejo del Fuego, derogando artículos impulsados en 2020 por el diputado Máximo Kirchner que impedían vender bosques nativos, humedales y áreas protegidas durante 60 años tras un incendio, y cambiaban el uso de suelos agrícolas incendiados por 30 años. El cuarto modifica la Ley 27.453 de Integración Socio Urbana (conocida como ley de barrios populares), sancionada en forma unánime en 2018, que garantiza suspensión de desalojos y regularización dominial para los sectores más vulnerables. El quinto punto reforma el sistema registral inmobiliario.

Un millón de familias en riesgo

Las organizaciones TECHO, Cáritas, UTEP, CELS, La Garganta Poderosa y Hábitat para la Humanidad Argentina advirtieron en conjunto que el proyecto «representa un retroceso profundo sobre la Ley 27.453 de Integración Socio Urbana y pone en riesgo el acceso progresivo a la propiedad, la vivienda y los servicios básicos de más de un millón de familias que viven en barrios populares en todo el país». Desde TECHO precisaron que la iniciativa, tal como fue redactada, «podría dejar a 2 millones de niños en situación de calle».

En la audiencia de este miércoles, el referente de la Mesa de Barrios Populares de Bariloche, Luciano Celsi, puso números concretos al drama habitacional que el proyecto ignora: «El 92% de las familias que vivimos en barrios populares no tenemos acceso formal al agua, el 97% no tiene acceso a la red cloacal y el 98% no tiene conexión al gas». Celsi fue contundente: «No apoyamos esta iniciativa».

El titular de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, fue más allá y denunció que el proyecto establece «el régimen de desalojo más agresivo de América Latina». Señaló además que desde la derogación de la ley de alquileres los precios acumularon un aumento superior al 400% en dos años, y que los datos del INDEC confirman que los alquileres siguen subiendo por encima de la inflación cada mes.

El constitucionalista Daniel Sabsay también cuestionó la iniciativa y señaló que «genera fuertes dudas en cuanto a la protección del medioambiente, la urbanización de barrios populares y una mirada poco contemplativa al problema habitacional en el actual contexto económico».

Soberanía, fuego y el cruce Vilar-Bullrich

El momento más tenso de la jornada llegó con el enfrentamiento entre la ministra bonaerense de Ambiente, Daniela Vilar, y la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich. Vilar señaló que se «necesita tener presa» a Cristina Fernández de Kirchner para aprobar leyes que van en contra de la soberanía del país, en referencia a la presión judicial sobre la ex presidenta que coincide con el avance de reformas regresivas en el Congreso.

https://elargentinodiario.com.ar/politica/13/01/2026/mapa-del-conicet-y-la-uba-revela-que-13-millones-de-hectareas-argentinas-estan-en-manos-extranjeras/

Bullrich respondió acusando a Vilar de utilizar la reunión de comisiones para hacer «un panfleto político» y afirmó que la ex presidenta «llegó hasta la Corte Suprema de Justicia» sin acatar su fallo. «Estamos en veredas enfrente», remató Bullrich, y aseguró que el oficialismo «defiende a los ciudadanos comunes», al mismo tiempo que atacó la gestión bonaerense señalando que la provincia de Buenos Aires tiene «más usurpaciones que en el resto del país».

Vilar, por su parte, había explicado antes del cruce que la Ley de Manejo del Fuego «no prohíbe producir ni vender ni arrendar territorios» y que «intenta desincentivar la quema y el incendio para luego hacer el cambio de uso del suelo». El combatiente de incendios del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) de Río Negro, Paulino Inalaf, planteó una pregunta que el oficialismo no respondió: si se aprueba el proyecto y se producen incendios para habilitar negocios inmobiliarios, «¿qué políticas tienen para asegurar la seguridad y la soberanía argentina?».

El peronismo señala prioridades distintas

El ex diputado peronista Santiago Igon resumió la posición opositora con claridad: «Esta ley no la estamos necesitando. Lo que sí necesitamos es que llegue el tercio que le corresponde a la provincia por impuestos al combustible para arreglar las rutas. Necesitamos una política a favor de que las economías regionales puedan resurgir».

El único expositor que respaldó el proyecto fue el abogado especializado en derecho administrativo Mariano Marcucci, quien consideró que la ley «avanza sobre el control judicial de las facultades del Estado y va a favor de las garantías de los particulares».

Según informaron fuentes parlamentarias a la Agencia NA, el oficialismo aspira a emitir dictamen la semana próxima, aunque la decisión dependerá de si consigue el apoyo de los bloques dialoguistas. La meta del Gobierno es llevar el proyecto al recinto en la última semana de abril o la primera de mayo.

Puntos clave

  • El Senado debatió por segunda vez el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el gobierno de Milei, con exposición de más de veinte especialistas y referentes sociales.
  • El proyecto elimina los límites para la compra de tierras por extranjeros vigentes desde 2011, modifica la ley de barrios populares y deroga protecciones ambientales post-incendio.
  • Organizaciones como TECHO, Cáritas, UTEP y el CELS advierten que el texto podría dejar a más de un millón de familias sin garantías habitacionales y a 2 millones de niños en situación de calle.
  • El titular de Inquilinos Agrupados denunció que el proyecto establece «el régimen de desalojo más agresivo de América Latina», en un contexto de alquileres que aumentaron más del 400% en dos años.
  • El oficialismo busca emitir dictamen la semana próxima y llevar el proyecto al recinto antes de fin de abril, condicionado al apoyo de los bloques aliados.

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