Legislativo
Diputados aprobó el dictamen a favor de legalizar EL aborto y mañana se debate en el recinto
El despacho contó con 77 firmas a favor, 30 negativos y cuatro legisladores decidieron abstenerse. Este jueves comienza el tratamiento en el recinto y podría votarse el viernes.
El despacho contó con 77 firmas a favor, 30 negativos y cuatro legisladores decidieron abstenerse. Este jueves comienza el tratamiento en el recinto y podría votarse el viernes.
La reunión de las comisiones de Legislación General, Legislación Penal, Mujeres y Diversidades, y Acción Social y Salud Pública, se realizó en el recinto de sesiones para permitir el distanciamiento social impuesto por la pandemia.
El plenario de comisiones de la Cámara de Diputados comenzó poco minutos antes de las 17.30 a debatir los dictámenes que se firmaron esta tarde, y serán debatidos este jueves y el viernes en una sesión especial del cuerpo legislativo.
Cabe destacar que el dictamen de mayoría a favor de la aprobación del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), contiene algunos cambios vinculados a la objeción de conciencia y el acompañamiento de los menores.
EL DICTAMEN
El despacho de mayoría sobre interrupción que se debatirá este jueves en una maratónica sesión especial fue respaldado por 77 legisladores de diferente extracción política, mientras que el rechazó reunió a 30 legisladores, y cuatro se abstuvieron.
El dictamen de mayoría establece que, en el caso de objetores de conciencia de instituciones médicas privadas, ese sanatorio podrá hacer la derivación a un otro establecimiento privado o público para que puedan realizarse la interrupción del embarazo.
Sobre las menores de entre 13 y 16 años que soliciten abortar, el despacho reformó el articulo 8 del proyecto para establecer que deberán estar acompañados por un referente afectivo.
La decisión fue adoptada en una reunión de las comisiones de Legislación General, Legislación Penal, Mujeres y Diversidades, y Acción Social y Salud Pública, que se realizó en el recinto de sesiones de Diputados para permitir el distanciamiento social impuesto por la pandemia.
EL PROYECTO EN EL PLENARIO
El plenario fue conducido por la titular de la comisión de Legislación General -que preside Cecilia Moreau, junto a sus pares de Penal, encabezada por Carolina Gaillard, de Salud, conducida por Pablo Yedlin, y de Mujeres, cuya titularidad corresponde a Mónica Macha, todos legisladores del Frente de Todos.
Al abrir la reunión, Moreau destacó el nivel del debate que se desarrolló en las reuniones informativas, que calificó de «ordenado, prolijo y respetuoso», y dijo que en ese clima «están dadas las condiciones» para emitir el despacho.
La primera oradora fue la legisladora macrista y vicepresidenta de la comisión de Acción Social y Salud Pública, Carmen Polledo, quien señalo que «resulta extremadamente inoportuno tratar la legalización del aborto no solo por el contexto sanitario sino con los gravísimos problemas que estamos enfrentando».
«El aborto legal no está en la agenda de nuestras mujeres en estos momentos», agregó y señaló que «la solución pasa por la prevención del embarazo».
El presidente de la comisión de Acción Social y Salud Pública, Pablo Yedlin señaló que «es un un tema de salud pública y es importante despenalizar» porque se dará así «un mensaje muy claro en todo el país».
«El aborto lamentablemente ocurre en la Argentina. No verlo es absolutamente falso. Miles de mujeres a lo largo de estos cien años de Código Penal han interrumpido en la clandestinidad embarazos. Y siguen haciéndolo», señaló dijo Yedlin.
A su vez, el radical José Riccardo dijo que celebraba que se esté «llegando a este debate» que, agregó, «no hubiera sido posible sin el debate del 2018 realizado en otro gobierno», al tiempo que pidió que se analice en forma urgente una ley integral de educación sexual.
El proyecto que analizaron los diputados establece que «las mujeres y otras personas con identidades de género con capacidad de gestar» tienen derecho a practicarse un aborto hasta la semana 14 del proceso gestacional.
DIPUTADOS A FAVOR
Los diputados a favor del proyecto tendrían casi asegurados los 129 legisladores que se necesitan para superar la mayoría absoluta que se requiere para aprobar la iniciativa y confían en sumar algunos de los indecisos que, según ese sector, se va achicando cada vez más cuando se acerca la sesión.
Hasta el momento, el denominado sector ‘verde’ contabiliza 124 votos a favor, según señalaron las fuentes legislativas. En tanto que el resto de los pocos indecisos o los que aún no se definieron, que ya se redujo a menos de una decena en las últimas horas, no descartan optar en el recinto por la abstención.
OPERATIVO DE SEGURIDAD
Mientras tanto, un operativo de seguridad, que contempla la colocación de un vallado que separará la Plaza Congreso en dos, comenzó a ser desplegado en las últimas horas para ordenar las manifestaciones a favor y en contra del proyecto que fueron convocadas para jueves y viernes.
Además del vallado, se colocarán pantallas de video para seguir la sesión que comenzará el jueves y demandará al menos 24 horas.
Tanto desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito como desde la Unidad Provida -que nuclea a unas 150 organizaciones de la sociedad civil- convocaron a manifestarse en las inmediaciones del Congreso, a la espera del resultado de la votación.
EL PLAN DE LOS 1.000 DÍAS PARA LA PROTECCIÓN A LA MUJER EMBARAZADA OBTUVO DICTAMEN
Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados emitió dictamen sobre el Plan de los 1.000 días, que se buscará sancionar este jueves en la misma sesión que se realizará para tratar la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).
La decisión fue adoptada en una reunión de las comisiones de Acción Social y Salud Pública y de Presupuesto, que estuvo conducida por los diputados del Frente de Todos, Pablo Yedlin y Carlos Heller.
Al comenzar la reunión presencial que se realizo en el Salón 2 del Anexo C, Yedlin leyó el dictamen consensuado entre las fuerzas políticas ya que se incorporaron algunos cambios propuestos por Juntos por el Cambio.
Yedlin explicó que «el proyecto tiene tres ejes» y que «el primero tiene que ver con Anses y mejorar la asignación por embarazo y la salud integral durante los tres años del niño».
«Luego hay un capítulo de derecho a la identidad y por último se eximieron tasas para que sectores vulnerables saquen el documento. Además, se digitalizó el sistema de alertas por nacimientos y se desjudicializan muchos trámites para pasarlos a un sector administrativo”, completó.
Yedlin agregó que la iniciativa contempla “un cuidado a la mujer embarazada y al niño, vacunas, remedios esenciales, leche, alimentos y se consideran casos de mujeres con trombofilia o chicos con cardiopatías congénitas, por ejemplo”.
Heller destacó la «trascendencia social» del proyecto y el «bajísimo costo» que representa «cuando uno lo mira en función del costo-beneficio». «No podría ser que los recursos o las cuestiones presupuestarias fueran un límite para esto», aseveró.
La iniciativa establece una nueva asignación por Cuidado de Salud Integral, que consiste en el pago de una Asignación Universal por Hijo a concretarse una vez por año para ayudar al cuidado de cada niño o niña menor de tres años.
Además, amplia la Asignación Universal por Embarazo (AUE), que pasará de tener seis mensualidades a nueve, para abarcar la totalidad de la gestación.
También se amplía el pago por Nacimiento y por Adopción a las personas beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que hasta ahora están excluidas de este beneficio.
El Programa de los 1000 días contempla la provisión pública y gratuita de insumos esenciales durante el embarazo y para la primera infancia, coordinando y ampliando los programas existentes.
Asimismo, establece la creación del Sistema de Alerta Temprana de Nacimientos y el Certificado de Hechos Vitales con el objeto de garantizar el derecho a la identidad de las niñas y niños recién nacidos.
Entre los insumos, se menciona la provisión de medicamentos esenciales, vacunas, leche, alimentos para el crecimiento y desarrollo saludable en el embarazo y la niñez.
Comunidad 👥
Milei cede en discapacidad: una nueva derrota política del ajuste
El oficialismo presentó un proyecto que adopta casi todas las demandas de la oposición sobre el sistema de protección social de la discapacidad, abandonando el esquema de desmantelamiento que insinuó en el Presupuesto 2027. La maniobra evita una nueva derrota legislativa, pero la oposición advierte que no hay garantías reales de financiamiento.
Más de 840.000 personas con discapacidad en Argentina estuvieron al borde de perder las garantías básicas de sus prestaciones. El Gobierno de Javier Milei había insinuado en el envío del Presupuesto 2027 el desmantelamiento del sistema de protección social del sector; ahora, ante la inminencia de una nueva derrota parlamentaria, retrocede de manera categórica y ofrece un proyecto propio que toma en cuenta la mayoría de las pautas que la oposición buscaba prorrogar.
El bloque de La Libertad Avanza presentó formalmente el texto a los jefes de los bloques aliados y dialoguistas en una reunión realizada en el Salón de Honor de la Presidencia de la Cámara de Diputados. El dictamen, de una veintena de artículos, estará disponible para su firma este miércoles desde las 12 horas en el plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda.
Qué garantiza el proyecto oficialista
El texto presentado por el oficialismo mantiene el principio de nomenclador único y ratifica la indexación automática mensual de los aranceles de las prestaciones. También asegura la compatibilidad entre el goce de la pensión no contributiva por discapacidad y tener un empleo con ingresos de hasta dos salarios mínimos, vitales y móviles, y garantiza la cobertura básica de protección médica del Plan Federal Incluir Salud para los beneficiarios.
En materia presupuestaria, el proyecto establece que los gastos «deberán garantizar un crédito presupuestario suficiente que asegure la sostenibilidad real y permanente del sistema, no pudiendo ser inferiores en términos reales al del ejercicio inmediato anterior». Además, el Poder Ejecutivo, a través de la Jefatura de Gabinete, deberá realizar las asignaciones y readecuaciones presupuestarias necesarias «para garantizar la continuidad inmediata de todas las prestaciones y beneficios». El texto también crea un sistema de auditorías periódicas con cruce de bases de datos de ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER bajo el principio del debido proceso inclusivo, e incorpora una cláusula transitoria para el cumplimiento del cronograma de pagos de compensaciones a prestadores.
La diferencia de fondo: el nombre cambia, el debate continúa
El punto central de la disputa no es solo el contenido sino la forma jurídica. El oficialismo sostiene que su dictamen es «superador» porque elimina el carácter de «emergencia», convirtiendo el régimen en una política permanente sin fecha de caducidad. La oposición, sin embargo, desconfía. Unión por la Patria, un sector de Provincias Unidas y el Frente de Izquierda insistirán con la prórroga de la ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, que expira el 31 de diciembre próximo.
«Tienen una crisis interna y de credibilidad. La Libertad Avanza propone sostener la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero le cambia el nombre para no perder la batalla cultural. ¿Por qué creerles después del Presupuesto 2027 que enviaron? La emergencia debe ser prorrogada», advirtió el diputado nacional Pablo Juliano, de Provincias Unidas.
Un diputado de Unión por la Patria fue todavía más directo: confiar en el Gobierno sobre el financiamiento real es «un acto de fe», sostuvo, y señaló que las partidas no están garantizadas en el Presupuesto. «Hacen esto para que no haya posibilidad de más judicializaciones después del 31 de diciembre, porque ya no habrá emergencia», conjeturó el legislador.
Una derrota política disfrazada de iniciativa
La maniobra del oficialismo es, antes que nada, un ejercicio de control de daños. Durante 2024, el Gobierno acumuló seis derrotas legislativas consecutivas en materia de discapacidad. La presentación de este proyecto propio permite a La Libertad Avanza recuperar la iniciativa parlamentaria y evitar una nueva derogación o prórroga impuesta por la oposición, pero al precio de asumir como propio el núcleo de aquello que resistió durante meses.
Lo que quedaría fuera del dictamen oficialista es el análisis de costos de las prestaciones y la definición de discapacidad atada a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, dos puntos que la oposición y las organizaciones del sector consideran fundamentales.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, llegó a la reunión cuando ya estaba avanzada y avaló el curso de las negociaciones. Firmará el dictamen oficialista una amplia coalición de bloques: La Libertad Avanza, Adelante Buenos Aires, MID, PRO, UCR, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo, Argentina Federal, La Neuquinidad, Independencia y Por Santa Cruz, lo que alcanzaría holgadamente para constituirlo en dictamen de mayoría.
Lo que tenés que saber
- El oficialismo presentó un proyecto propio sobre discapacidad que adopta los ejes centrales reclamados por la oposición, retrocediendo del esquema de ajuste anunciado en el Presupuesto 2027.
- El texto mantiene el nomenclador único, la indexación automática de aranceles, la compatibilidad entre pensión y empleo, y la cobertura del Plan Federal Incluir Salud.
- La diferencia clave: el oficialismo elimina el carácter de «emergencia» para convertir el sistema en política permanente; la oposición desconfía de las garantías reales de financiamiento.
- Unión por la Patria, un sector de Provincias Unidas y el Frente de Izquierda insisten en prorrogar la ley 27.793, que vence el 31 de diciembre.
- El Gobierno llega a esta negociación tras acumular seis derrotas legislativas en discapacidad durante 2024.
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