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Legislativo

Diputados aprobó el dictamen a favor de legalizar EL aborto y mañana se debate en el recinto

El despacho contó con 77 firmas a favor, 30 negativos y cuatro legisladores decidieron abstenerse. Este jueves comienza el tratamiento en el recinto y podría votarse el viernes.

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El despacho contó con 77 firmas a favor, 30 negativos y cuatro legisladores decidieron abstenerse. Este jueves comienza el tratamiento en el recinto y podría votarse el viernes.

La reunión de las comisiones de Legislación General, Legislación Penal, Mujeres y Diversidades, y Acción Social y Salud Pública, se realizó en el recinto de sesiones para permitir el distanciamiento social impuesto por la pandemia.

El plenario de comisiones de la Cámara de Diputados comenzó poco minutos antes de las 17.30 a debatir los dictámenes que se firmaron esta tarde, y serán debatidos este jueves y el viernes en una sesión especial del cuerpo legislativo.

Cabe destacar que el dictamen de mayoría a favor de la aprobación del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), contiene algunos cambios vinculados a la objeción de conciencia y el acompañamiento de los menores.

EL DICTAMEN

El despacho de mayoría sobre interrupción que se debatirá este jueves en una maratónica sesión especial fue respaldado por 77 legisladores de diferente extracción política, mientras que el rechazó reunió a 30 legisladores, y cuatro se abstuvieron.

El dictamen de mayoría establece que, en el caso de objetores de conciencia de instituciones médicas privadas, ese sanatorio podrá hacer la derivación a un otro establecimiento privado o público para que puedan realizarse la interrupción del embarazo.

Sobre las menores de entre 13 y 16 años que soliciten abortar, el despacho reformó el articulo 8 del proyecto para establecer que deberán estar acompañados por un referente afectivo.

La decisión fue adoptada en una reunión de las comisiones de Legislación General, Legislación Penal, Mujeres y Diversidades, y Acción Social y Salud Pública, que se realizó en el recinto de sesiones de Diputados para permitir el distanciamiento social impuesto por la pandemia.

EL PROYECTO EN EL PLENARIO

El plenario fue conducido por la titular de la comisión de Legislación General -que preside Cecilia Moreau, junto a sus pares de Penal, encabezada por Carolina Gaillard, de Salud, conducida por Pablo Yedlin, y de Mujeres, cuya titularidad corresponde a Mónica Macha, todos legisladores del Frente de Todos.

Al abrir la reunión, Moreau destacó el nivel del debate que se desarrolló en las reuniones informativas, que calificó de «ordenado, prolijo y respetuoso», y dijo que en ese clima «están dadas las condiciones» para emitir el despacho.

La primera oradora fue la legisladora macrista y vicepresidenta de la comisión de Acción Social y Salud Pública, Carmen Polledo, quien señalo que «resulta extremadamente inoportuno tratar la legalización del aborto no solo por el contexto sanitario sino con los gravísimos problemas que estamos enfrentando».

«El aborto legal no está en la agenda de nuestras mujeres en estos momentos», agregó y señaló que «la solución pasa por la prevención del embarazo».

El presidente de la comisión de Acción Social y Salud Pública, Pablo Yedlin señaló que «es un un tema de salud pública y es importante despenalizar» porque se dará así «un mensaje muy claro en todo el país».

«El aborto lamentablemente ocurre en la Argentina. No verlo es absolutamente falso. Miles de mujeres a lo largo de estos cien años de Código Penal han interrumpido en la clandestinidad embarazos. Y siguen haciéndolo», señaló dijo Yedlin.

A su vez, el radical José Riccardo dijo que celebraba que se esté «llegando a este debate» que, agregó, «no hubiera sido posible sin el debate del 2018 realizado en otro gobierno», al tiempo que pidió que se analice en forma urgente una ley integral de educación sexual.

El proyecto que analizaron los diputados establece que «las mujeres y otras personas con identidades de género con capacidad de gestar» tienen derecho a practicarse un aborto hasta la semana 14 del proceso gestacional.

DIPUTADOS A FAVOR

Los diputados a favor del proyecto tendrían casi asegurados los 129 legisladores que se necesitan para superar la mayoría absoluta que se requiere para aprobar la iniciativa y confían en sumar algunos de los indecisos que, según ese sector, se va achicando cada vez más cuando se acerca la sesión.

Hasta el momento, el denominado sector ‘verde’ contabiliza 124 votos a favor, según señalaron las fuentes legislativas. En tanto que el resto de los pocos indecisos o los que aún no se definieron, que ya se redujo a menos de una decena en las últimas horas, no descartan optar en el recinto por la abstención.

OPERATIVO DE SEGURIDAD

Mientras tanto, un operativo de seguridad, que contempla la colocación de un vallado que separará la Plaza Congreso en dos, comenzó a ser desplegado en las últimas horas para ordenar las manifestaciones a favor y en contra del proyecto que fueron convocadas para jueves y viernes.

Además del vallado, se colocarán pantallas de video para seguir la sesión que comenzará el jueves y demandará al menos 24 horas.

Tanto desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito como desde la Unidad Provida -que nuclea a unas 150 organizaciones de la sociedad civil- convocaron a manifestarse en las inmediaciones del Congreso, a la espera del resultado de la votación.

EL PLAN DE LOS 1.000 DÍAS PARA LA PROTECCIÓN A LA MUJER EMBARAZADA OBTUVO DICTAMEN

Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados emitió dictamen sobre el Plan de los 1.000 días, que se buscará sancionar este jueves en la misma sesión que se realizará para tratar la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).

La decisión fue adoptada en una reunión de las comisiones de Acción Social y Salud Pública y de Presupuesto, que estuvo conducida por los diputados del Frente de Todos, Pablo Yedlin y Carlos Heller.

Al comenzar la reunión presencial que se realizo en el Salón 2 del Anexo C, Yedlin leyó el dictamen consensuado entre las fuerzas políticas ya que se incorporaron algunos cambios propuestos por Juntos por el Cambio.

Yedlin explicó que «el proyecto tiene tres ejes» y que «el primero tiene que ver con Anses y mejorar la asignación por embarazo y la salud integral durante los tres años del niño».

«Luego hay un capítulo de derecho a la identidad y por último se eximieron tasas para que sectores vulnerables saquen el documento. Además, se digitalizó el sistema de alertas por nacimientos y se desjudicializan muchos trámites para pasarlos a un sector administrativo”, completó.

Yedlin agregó que la iniciativa contempla “un cuidado a la mujer embarazada y al niño, vacunas, remedios esenciales, leche, alimentos y se consideran casos de mujeres con trombofilia o chicos con cardiopatías congénitas, por ejemplo”.

Heller destacó la «trascendencia social» del proyecto y el «bajísimo costo» que representa «cuando uno lo mira en función del costo-beneficio». «No podría ser que los recursos o las cuestiones presupuestarias fueran un límite para esto», aseveró.

La iniciativa establece una nueva asignación por Cuidado de Salud Integral, que consiste en el pago de una Asignación Universal por Hijo a concretarse una vez por año para ayudar al cuidado de cada niño o niña menor de tres años.

Además, amplia la Asignación Universal por Embarazo (AUE), que pasará de tener seis mensualidades a nueve, para abarcar la totalidad de la gestación.

También se amplía el pago por Nacimiento y por Adopción a las personas beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que hasta ahora están excluidas de este beneficio.

El Programa de los 1000 días contempla la provisión pública y gratuita de insumos esenciales durante el embarazo y para la primera infancia, coordinando y ampliando los programas existentes.

Asimismo, establece la creación del Sistema de Alerta Temprana de Nacimientos y el Certificado de Hechos Vitales con el objeto de garantizar el derecho a la identidad de las niñas y niños recién nacidos.

Entre los insumos, se menciona la provisión de medicamentos esenciales, vacunas, leche, alimentos para el crecimiento y desarrollo saludable en el embarazo y la niñez.

Legislativo

Tierras sin límite: avanza el proyecto que pone en jaque nuestra soberanía territorial

El oficialismo impulsa la derogación de los topes a la extranjerización mientras la Patagonia sigue bajo fuego; la iniciativa genera fuertes cruces con los bloques aliados en el Congreso por el control de recursos estratégicos.

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Soberanía en remate: el impacto de la reforma que libera el mercado el territorio argentino

★ El bloque de La Libertad Avanza profundizó esta semana su ofensiva legislativa para eliminar las restricciones a la venta de campos a ciudadanos de otros países; una medida que busca derogar la Ley de Tierras Rurales (26.737). La iniciativa; que apunta a borrar el límite del 15 por ciento de titularidad foránea sobre el territorio nacional; provocó una fractura expuesta con sectores de la oposición aliada que advierten sobre el riesgo de entregar el control de reservorios de agua y zonas de seguridad de fronteras.

El fin de la protección territorial

La propuesta oficialista pretende desmantelar el andamiaje legal que desde 2011 regula la concentración de tierras en manos extranjeras. Según confirmaron fuentes legislativas consultadas por este medio; el proyecto elimina no solo los topes provinciales y municipales; sino también la prohibición de que personas físicas o jurídicas de una misma nacionalidad superen el 30 por ciento del total de las hectáreas permitidas. Esta desregulación total se presenta bajo la premisa de atraer inversiones (una retórica que choca con la realidad de los recursos estratégicos en disputa).

Un escenario de cenizas y especulación

El debate parlamentario ocurre en un contexto crítico para el sur argentino. Mientras los legisladores discuten la propiedad privada; la Patagonia atraviesa una emergencia por incendios que ya afectaron más de 3.500 hectáreas en zonas como Puerto Patriada y El Hoyo. Investigaciones previas documentaron que la devaluación de las tierras quemadas facilita su adquisición por capitales concentrados; un patrón que se repite en áreas linderas a los glaciares y nacientes de ríos. La fiscalía a cargo de Carlos Díaz Mayer confirmó en peritajes recientes el hallazgo de combustibles en los focos; lo que ratifica la intencionalidad en el inicio del fuego.

El agua en el centro de la disputa

La preocupación central de las organizaciones sociales y los especialistas en soberanía territorial radica en el control del agua dulce. La derogación de la Ley 26.737 permitiría que enclaves estratégicos (como el ya paradigmático caso de Lago Escondido controlado por el magnate Joe Lewis) se multipliquen sin fiscalización estatal. Al privatizar la tierra en zonas de cordillera; se privatiza de hecho el acceso a los recursos hídricos; vitales para la supervivencia humana y el desarrollo productivo local.

Divisiones en el bloque aliado

No todo es consenso para el Poder Ejecutivo. Algunos sectores del PRO y bloques provinciales manifestaron su resistencia a una apertura irrestricta. El punto de conflicto principal es la Zona de Seguridad de Fronteras; donde la presencia de capitales extranjeros genera suspicacias en términos de seguridad nacional. Según trascendidos de las últimas reuniones de comisión; los aliados exigen mantener salvaguardas mínimas para evitar que áreas sensibles queden bajo control de potencias externas o fondos de inversión opacos.

Puntos clave:

  • El oficialismo busca derogar la ley que limita la venta de tierras a extranjeros.
  • La medida elimina el tope del 15 por ciento de territorio nacional en manos foráneas.
  • El debate coincide con incendios intencionales en zonas estratégicas de la Patagonia.
  • Hay fuertes cruces con aliados por la seguridad en zonas de frontera y recursos hídricos.
  • Organizaciones sociales denuncian un modelo de saqueo y especulación inmobiliaria.
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