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AMMAR llevó al Congreso el primer informe sobre trabajo sexual virtual
El sindicato de trabajadoras sexuales llevó al Congreso el primer informe nacional sobre Trabajo Sexual Virtual, elaborado con la UBA y el CONICET. El documento desmiente la fantasía del enriquecimiento fácil y expone la precarización estructural, la violencia digital y la desprotección legal que enfrentan quienes generan contenido en plataformas como OnlyFans, mientras el Estado mira para otro lado.
El sindicato de trabajadoras sexuales llevó al Congreso el primer informe nacional sobre Trabajo Sexual Virtual, elaborado con la UBA y el CONICET. El documento desmiente la fantasía del enriquecimiento fácil y expone la precarización estructural, la violencia digital y la desprotección legal que enfrentan quienes generan contenido en plataformas como OnlyFans, mientras el Estado mira para otro lado.
AMMAR, la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina, sindicato adherido a la CTA, presentó ante la Cámara de Diputados de la Nación el primer informe nacional sobre Trabajo Sexual y Plataformas Digitales, elaborado de manera colaborativa con investigadoras del CONICET y la Universidad de Buenos Aires. El documento sacude el relato instalado por los medios masivos sobre el trabajo sexual virtual como una vía rápida al éxito económico y confirma lo que las propias trabajadoras vienen denunciando: precarización sin red, violencia digital cotidiana y un vacío legal que las deja fuera de todo sistema de protección.
«Para nosotras, como sindicato, trabajes en la calle, en un departamento, en un bar, hagas un cameo o trabajes virtualmente en OnlyFans, Cafecito o cobres por PayPal, tenés que tener derechos laborales. Esa ecuación tiene que ser un paraguas legal que proteja los derechos de todas las personas que ejercen el trabajo sexual, independientemente de su identidad de género, su nacionalidad y el espacio donde lo ejerzan», afirmó Georgina Orellano, secretaria general de AMMAR.
Un perfil que rompe estereotipos
El informe revela una realidad sociodemográfica que contradice los clichés. El 82,9% de quienes ejercen el Trabajo Sexual Virtual (TSV) se identifica como mujer, el 9,1% como no binarie y el 8% como varón trans u otras identidades. La edad promedio es de 31 años. Una diferencia estructural distingue a este sector del trabajo sexual en la vía pública: mientras en el espacio callejero el 86% de las trabajadoras son madres, en la virtualidad el 76% no tiene hijos ni hijas, aunque la mayoría sostiene económicamente a sus familias de origen.
«Ahí llegó la Educación Sexual Integral y el feminismo; hay un deseo de poder decidir sobre el propio cuerpo y un renunciamiento a la culpa«, interpretó Orellano. El sector muestra además un nivel educativo medio-alto: la mayoría cuenta con estudios terciarios o universitarios, el 43% estudia en la actualidad y el 53,6% recurre al pluriempleo para completar ingresos en un contexto económico que expulsa a vastos sectores de las actividades formales.
Las plataformas como nuevos patrones sin obligaciones
El informe relevó un ecosistema de 60 plataformas digitales. Las más utilizadas son OnlyFans (64,3%) y Fansly, articuladas con aplicaciones de mensajería como Telegram (56,7%) e Instagram para la promoción de contenidos. Pero la supuesta independencia de estas plataformas esconde una relación de subordinación encubierta: OnlyFans retiene el 20% de las ganancias de manera fija, sin asumir ninguna obligación patronal. El resultado es que una gran cantidad de creadoras, aun invirtiendo extensas jornadas de trabajo, percibe menos de 500 dólares mensuales.
La comparación que trazó Orellano no es casual: las trabajadoras sexuales virtuales enfrentan la misma lógica de desprotección que los repartidores de Rappi, PedidosYa o los choferes de Uber, todos llamados eufemísticamente «prestadores independientes» para eludir responsabilidades laborales. La diferencia es que el estigma sobre el trabajo sexual agrava aún más su aislamiento y les cierra puertas que en otros sectores al menos están en debate.
Violencia digital: el costo invisible del trabajo
Uno de los capítulos más contundentes del informe documenta la exposición permanente a múltiples formas de violencia digital: hackeos de cuentas, ciberacoso sistemático, extorsión, filtración y difusión de imágenes sin consentimiento, insultos misóginos y bajas arbitrarias de cuentas que destruyen años de construcción de audiencia de la noche a la mañana. Estas situaciones no están contempladas en ningún marco legal vigente que proteja específicamente a este sector.
La ciencia también está en riesgo
Las investigadoras del CONICET que elaboraron el informe, la Dra. Débora Daich (IIEGE/CONICET) y la Dra. Estefanía Martynowskyj (ICA/CONICET), aprovecharon la presentación en el Congreso para alertar sobre otra emergencia paralela: la del propio sistema científico nacional. «No debemos dejar de anunciar en este honorable auditorio que el sistema científico nacional que tanto nos enorgullece y que goza de un gran prestigio internacional se encuentra en una situación de emergencia», señalaron ante un aplauso cerrado del auditorio.
El recorte del gobierno de Javier Milei sobre las universidades nacionales y el CONICET no es solo un dato presupuestario: es la condición de posibilidad para que investigaciones como esta, que producen conocimiento situado y con perspectiva de género, sigan existiendo. Sin financiamiento público, los estudios sobre sectores históricamente invisibilizados simplemente no se hacen.
Presión abolicionista y respaldo legislativo
La presentación del informe no estuvo exenta de presiones. La diputada Gabriela Estévez (Unión por la Patria), presidenta de la Comisión de Mujeres, Diversidad e Igualdad de Género, recibió una intimación de una organización abolicionista que amenazó con acciones legales si no cancelaba el evento. Estévez no cedió. «Hay que escuchar sin prejuicios, sin miradas moralistas; entender que hay muchas personas que llevan adelante este tipo de trabajo y que necesitan derechos para estar en condiciones que garanticen su seguridad, su salud, y que garanticen que puedan tener lo mismo que otras personas en términos de ciudadanía«, declaró la legisladora.
La jornada, que Orellano definió sin eufemismos como el día de «las putas en el Congreso», cerró con una demanda política precisa: consolidar la organización sindical como herramienta para enfrentar a las corporaciones digitales y avanzar hacia un marco legal común que reconozca el trabajo sexual como trabajo, con derechos, seguridad social y protección frente a la violencia.
DDHH
20 años de ESI: Milei desfinancia la Ley que salva vidas
La Ley 26.150 de Educación Sexual Integral fue sancionada el 4 de octubre de 2006 y llega a sus 20 años con un presupuesto de apenas 30 millones de pesos, el 2% de lo ejecutado en 2023.
Entre 2017 y 2023, se registraron 15.699 casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual en la Argentina, y en 8 de cada 10 casos el agresor pertenecía al círculo familiar o de confianza de la víctima.
Ese dato, relevado por Amnistía Internacional, no es una estadística abstracta: es el argumento más contundente para sostener que la Educación Sexual Integral no es una política optativa, sino una herramienta de protección concreta.
El 4 de octubre de 2026 se cumplen 20 años de la sanción de la Ley 26.150 de ESI, y la fecha llega con una paradoja que define la agenda del gobierno libertario: la ley existe, la demanda social crece, los números prueban su eficacia, y el Estado la desfinancia.
La ley fue sancionada el 4 de octubre de 2006 durante la presidencia de Néstor Kirchner. Dos décadas después, según datos de ELA y ACIJ, el Presupuesto 2026 asigna a la ESI apenas 30 millones de pesos, el 2% de lo ejecutado en 2023, en el marco de una caída del 89% en las principales políticas de género desde que asumió Javier Milei.
La ESI salva vidas: los números que el gobierno ignora
Una encuesta de Amnistía Internacional de 2025 señala que el 71% de los jóvenes de entre 16 y 30 años se manifiesta de acuerdo con la ESI. Según la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 85% de los estudiantes de nivel secundario reconoce la ESI como necesaria e importante. Los estudios sobre el impacto de la ley muestran que la ESI contribuyó a reducir en un 49% la tasa de fecundidad en niñas y adolescentes de 10 a 19 años, y que el 80% de los niños, niñas y adolescentes que denunciaron abusos lo hicieron luego de tener una clase de ESI en la escuela.
A eso se suman los datos sobre violencia digital: según UNICEF (2025), más de 107.900 casos de explotación infantil fueron impulsados por inteligencia artificial, y más del 37% de los jóvenes reporta exposición a imágenes obscenas o pornográficas, mientras que un 24% señaló haber accedido a contenido de violencia extrema. Los territorios digitales son ya espacios donde niñeces y adolescencias se vinculan, exploran y también padecen violencias que la ESI todavía no ha terminado de incorporar.
La Guía Ema: cuando una adolescente nos puso de cara a la violencia digital
En ese contexto nació la Guía Ema. La herramienta lleva el nombre de Ema Bondaruk, una adolescente de 15 años que se suicidó luego de que un compañero viralizara imágenes íntimas sin su consentimiento, un caso que sacudió a la comunidad educativa y que impulsó a su familia y a organizaciones sociales a construir una respuesta colectiva. La Guía, elaborada junto a la diputada Mónica Macha, impulsora histórica de la ESI, aporta herramientas para abordar las violencias digitales de género en el ámbito educativo, promoviendo información, consentimiento y vínculos cuidados.
Macha lo sintetizó: «Se cumplen 20 años de la Ley de Educación Sexual Integral. Una ley que vino a transformar y reparar.» Y sumó: «La Guía Ema viene a sumar herramientas a la ESI porque nos permite pensar el consentimiento en los entornos digitales, territorios que también habitan las niñeces y adolescencias. Hoy, y siempre, más escucha y más protección. Y, sobre todo, más ESI para crear otros mundos.»
La herramienta parte de un principio rector: «Una imagen o un video puede haber sido creado con consentimiento, pero su difusión o viralización sin autorización es una forma de violencia.« En ese punto, la Guía Ema articula la Ley Olimpia, que incorporó la violencia digital como modalidad de violencia de género, con la pedagogía de la ESI.
El gobierno que desfinancia y deroga
El contraste entre la demanda social y la decisión política del gobierno de Milei no admite matices. El Presupuesto 2026 no proyecta capacitar a ningún docente en ESI ni brindar asistencia técnica en ninguna provincia. Las metas directamente desaparecieron del texto presupuestario.
En 2025, el gobierno también derogó por decreto el artículo 3° de la Ley 27.234, que establecía la obligatoriedad de realizar al menos una jornada anual de prevención de la violencia de género en los establecimientos educativos. La Línea 144, principal canal de atención a víctimas de violencia, redujo un 45% su planta de trabajadoras luego de perder dos tercios de su presupuesto en 2024.
El propio Milei había anticipado su postura en 2023, cuando definió la ESI como parte de la ideología de género. Sus aliados en el Congreso fueron más lejos: hubo legisladores de La Libertad Avanza que propusieron reemplazarla por pornografía. El resultado político de esa agenda se tradujo en números: las principales políticas destinadas a prevenir y atender la violencia de género cayeron un 89% desde 2023, según el análisis de ELA y ACIJ sobre el Presupuesto 2026.
La ESI es revolucionaria: habilita voces y pone nombre a violencias
Frente al vaciamiento, la demanda crece y la sociedad responde. Los datos de Amnistía (2025) que muestran que el 71% de los jóvenes apoyan la ESI son también una lectura política: el discurso anti-ESI del gobierno no encontró anclaje en quienes más la necesitan. Las organizaciones de derechos humanos, los movimientos feministas y las comunidades educativas celebraron el 20° aniversario con la misma consigna que atraviesa dos décadas de lucha: más ESI, no menos. La ESI es revolucionaria porque habilita voces y pone nombre a violencias invisibilizadas y naturalizadas. Eso, exactamente, es lo que el gobierno de Milei decidió desfinanciar en el año en que la ley cumple su mayoría de edad.
Lo que tenés que saber de la sanción de la ESI
- La Ley 26.150 de ESI cumple 20 años. El Presupuesto 2026 le asigna apenas 30 millones de pesos, el 2% de lo ejecutado en 2023.
- Entre 2017 y 2023 se registraron 15.699 casos de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual; en 8 de cada 10, el agresor era del entorno familiar o de confianza.
- La diputada Mónica Macha presentó la Guía Ema, herramienta educativa para abordar la violencia digital de género, en memoria de Ema Bondaruk.
- El gobierno de Milei derogó la obligatoriedad de jornadas de prevención de violencia de género en escuelas y las políticas de género cayeron un 89% en el Presupuesto 2026.
- El 85% de los estudiantes secundarios reconoce la ESI como necesaria e importante, y el 80% de quienes denunciaron abusos lo hicieron tras tener una clase de ESI.
Foto: Redes @LLUVIADIBUJA
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