Legislativo
La definición de la ley de Bases y el paquete fiscal en el Senado
El oficialismo cuenta los porotos y espera un tratamiento express. Los senadores ya ponen reparos en el voto articulado de ambos proyectos.
Los senadores que podrían inclinar la balanza en favor del Gobierno en la votación general.
El Senado de la Nación iniciará este martes el tratamiento de la ley de Bases y el paquete fiscal en comisiones, luego de que obtuvieran la media sanción de la Cámara de Diputados el martes pasado. En este contexto, el oficialismo ya comenzó con el juego de seducción para abroquelar una mayoría que le permita contrarrestar a los 33 senadores que componen el bloque kirchnerista sobre 72.
La Libertad Avanza arranca con la cancha más que inclinada con siete senadores. A este pelotón, al menos para la votación de ambos proyectos en general, contaría con el apoyo de los seis del PRO y de, al menos, 11 de la Unión Cívica Radical (UCR), de un bloque compuesto por 13. Las dudas en el radicalismo marchan por la postura que podrían adoptar tanto Martín Lousteau (CABA) y Pablo Blanco (Tierra del Fuego).
A estos dos, se le suman los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, ambos responden directamente al gobernador Claudio Vidal, quien ya le mostró los dientes al Ejecutivo en marzo, durante la votación del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.
Por su parte, los misiones Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, que pertenecen al Frente Renovador de la Concordia Social, también tendrán un rol preponderante. El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, lanzó un guiño para la Casa Rosada y llamó a «no entorpecer el camino del Gobierno».
Mientras tanto, los de Unidad Federal (peronismo no kirchnerista) todavía no manifestaron ni dejaron entrever sus posiciones para la votación en general. Se trata de Edgardo Kueider (Corrientes) y Carlos Espínola (Entre Ríos). El bloque también lo integra Alejandra Vigo (Córdoba) quien se inclinaría por la afirmativa.
Por otro lado, el bloque Cambio Federal, que lo integran las senadoras Andrea Cristina y Edith Terenzi (ambas de Chubut) y el senador Juan Carlos Romero (Salta). De estos tres porotos (en la votación general), dos acompañarían al oficialismo: Cristina y Romero. Terenzi, en duda. Fue una de las que se plegó al rechazo del DNU.
En este contexto, quedan los unibloques de Comunidad Neuquén, en representación de Lucila Crexell (Neuquén); Juntos Río Negro con Mónica Silva (Río Negro) y Por la Justicia Social con Beatriz Ávila (Tucumán). De los tres votos, el Ejecutivo encontraría apoyo en general de Silva y Ávila.
Por lo que el poroteo, para la votación general en favor del Gobierno, quedaría con 29 escaños casi asegurados: Cambio Federal (2); PRO (6); Juntos Somos Río Negro (1); La Libertad Avanza (7); Por la Justicia Social (1); Unidad Federal (1); UCR (11). Son 10 los votos que aún están en aire y por los que el Ejecutivo deberá negociar para contrarrestar los 33 del kirchnerismo.
Comunidad 👥
Milei cede en discapacidad: una nueva derrota política del ajuste
El oficialismo presentó un proyecto que adopta casi todas las demandas de la oposición sobre el sistema de protección social de la discapacidad, abandonando el esquema de desmantelamiento que insinuó en el Presupuesto 2027. La maniobra evita una nueva derrota legislativa, pero la oposición advierte que no hay garantías reales de financiamiento.
Más de 840.000 personas con discapacidad en Argentina estuvieron al borde de perder las garantías básicas de sus prestaciones. El Gobierno de Javier Milei había insinuado en el envío del Presupuesto 2027 el desmantelamiento del sistema de protección social del sector; ahora, ante la inminencia de una nueva derrota parlamentaria, retrocede de manera categórica y ofrece un proyecto propio que toma en cuenta la mayoría de las pautas que la oposición buscaba prorrogar.
El bloque de La Libertad Avanza presentó formalmente el texto a los jefes de los bloques aliados y dialoguistas en una reunión realizada en el Salón de Honor de la Presidencia de la Cámara de Diputados. El dictamen, de una veintena de artículos, estará disponible para su firma este miércoles desde las 12 horas en el plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda.
Qué garantiza el proyecto oficialista
El texto presentado por el oficialismo mantiene el principio de nomenclador único y ratifica la indexación automática mensual de los aranceles de las prestaciones. También asegura la compatibilidad entre el goce de la pensión no contributiva por discapacidad y tener un empleo con ingresos de hasta dos salarios mínimos, vitales y móviles, y garantiza la cobertura básica de protección médica del Plan Federal Incluir Salud para los beneficiarios.
En materia presupuestaria, el proyecto establece que los gastos «deberán garantizar un crédito presupuestario suficiente que asegure la sostenibilidad real y permanente del sistema, no pudiendo ser inferiores en términos reales al del ejercicio inmediato anterior». Además, el Poder Ejecutivo, a través de la Jefatura de Gabinete, deberá realizar las asignaciones y readecuaciones presupuestarias necesarias «para garantizar la continuidad inmediata de todas las prestaciones y beneficios». El texto también crea un sistema de auditorías periódicas con cruce de bases de datos de ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER bajo el principio del debido proceso inclusivo, e incorpora una cláusula transitoria para el cumplimiento del cronograma de pagos de compensaciones a prestadores.
La diferencia de fondo: el nombre cambia, el debate continúa
El punto central de la disputa no es solo el contenido sino la forma jurídica. El oficialismo sostiene que su dictamen es «superador» porque elimina el carácter de «emergencia», convirtiendo el régimen en una política permanente sin fecha de caducidad. La oposición, sin embargo, desconfía. Unión por la Patria, un sector de Provincias Unidas y el Frente de Izquierda insistirán con la prórroga de la ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, que expira el 31 de diciembre próximo.
«Tienen una crisis interna y de credibilidad. La Libertad Avanza propone sostener la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero le cambia el nombre para no perder la batalla cultural. ¿Por qué creerles después del Presupuesto 2027 que enviaron? La emergencia debe ser prorrogada», advirtió el diputado nacional Pablo Juliano, de Provincias Unidas.
Un diputado de Unión por la Patria fue todavía más directo: confiar en el Gobierno sobre el financiamiento real es «un acto de fe», sostuvo, y señaló que las partidas no están garantizadas en el Presupuesto. «Hacen esto para que no haya posibilidad de más judicializaciones después del 31 de diciembre, porque ya no habrá emergencia», conjeturó el legislador.
Una derrota política disfrazada de iniciativa
La maniobra del oficialismo es, antes que nada, un ejercicio de control de daños. Durante 2024, el Gobierno acumuló seis derrotas legislativas consecutivas en materia de discapacidad. La presentación de este proyecto propio permite a La Libertad Avanza recuperar la iniciativa parlamentaria y evitar una nueva derogación o prórroga impuesta por la oposición, pero al precio de asumir como propio el núcleo de aquello que resistió durante meses.
Lo que quedaría fuera del dictamen oficialista es el análisis de costos de las prestaciones y la definición de discapacidad atada a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, dos puntos que la oposición y las organizaciones del sector consideran fundamentales.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, llegó a la reunión cuando ya estaba avanzada y avaló el curso de las negociaciones. Firmará el dictamen oficialista una amplia coalición de bloques: La Libertad Avanza, Adelante Buenos Aires, MID, PRO, UCR, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo, Argentina Federal, La Neuquinidad, Independencia y Por Santa Cruz, lo que alcanzaría holgadamente para constituirlo en dictamen de mayoría.
Lo que tenés que saber
- El oficialismo presentó un proyecto propio sobre discapacidad que adopta los ejes centrales reclamados por la oposición, retrocediendo del esquema de ajuste anunciado en el Presupuesto 2027.
- El texto mantiene el nomenclador único, la indexación automática de aranceles, la compatibilidad entre pensión y empleo, y la cobertura del Plan Federal Incluir Salud.
- La diferencia clave: el oficialismo elimina el carácter de «emergencia» para convertir el sistema en política permanente; la oposición desconfía de las garantías reales de financiamiento.
- Unión por la Patria, un sector de Provincias Unidas y el Frente de Izquierda insisten en prorrogar la ley 27.793, que vence el 31 de diciembre.
- El Gobierno llega a esta negociación tras acumular seis derrotas legislativas en discapacidad durante 2024.
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