Legislativo
Presentaron el decreto reglamentario de la ley que promueve la equidad de género en los medios
«Argentina es uno de los países con mayores niveles de inclusión y eso nos impulsa a seguir trabajando por la equidad. En el caso de esta ley tuvimos un parlamento que fue capaz de recoger y metabolizar la lucha de las compañeras trabajadoras de los medios de comunicación», expresó Rossi.
El Gobierno nacional reafirmó hoy su compromiso con las políticas de género al presentar el Decreto reglamentario de la Ley de Equidad en la Representación de los Géneros en los Servicios de Comunicación N° 27.635, impulsada por sindicatos de prensa, universidades y organizaciones de mujeres y diversidades, la cual será de aplicación obligatoria en los medios de gestión estatal nacional y se constituirá en uno de los criterios objetivos que el Estado contemplará para el otorgamiento de pauta publicitaria oficial a los de gestión privada.
El acto de presentación del Decreto N° 304/2023, cuya publicación en el Boletín Oficial data del 7 de junio, en coincidencia con el Día de los y las Trabajadoras de Prensa, estuvo encabezado por el jefe de Gabinete de Ministros, Agustín Rossi; las ministras de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Raquel «Kelly» Olmos; y de Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina; el secretario de Medios y Comunicación Pública, Juan Ross; y la vicepresidenta de Télam, Antonia Portaneri, entre otros funcionarios y funcionarias.
«Argentina es uno de los países con mayores niveles de inclusión y eso nos impulsa a seguir trabajando por la equidad. En el caso de esta ley tuvimos un parlamento que fue capaz de recoger y metabolizar la lucha de las compañeras trabajadoras de los medios de comunicación», expresó Rossi.
El jefe de Gabinete aseveró que «la reglamentación de una ley puede llevar su tiempo, fundamentalmente cuando hay que buscar consensos. No es un punto de llegada, sino de partida. Esta norma permite defender un derecho y que quienes lo ejercitan tengan una herramienta que los proteja».
Durante el acto, quienes hicieron uso de la palabra coincidieron en resaltar el valor democrático de la normativa. Una de ellas fue Olmos, quien afirmó que, a 40 años de la recuperación democrática, «si no hay equidad de géneros, no hay democracia plena».
«Trabajar por la equidad en los medios es hacerlo por una sociedad cada vez más equitativa en relación a la diversidad de género y, en consecuencia, a la construcción de una sociedad más democrática. Hay que reformular y fortalecer el pacto democrático en términos de convivencia, de inclusión, de justicia social», sostuvo la funcionaria, para quien «Argentina está en la vanguardia en términos de diversidad de géneros y de inclusión de las mujeres».
La Ley N° 27.635, sancionada dos años antes, promueve la equidad en la representación de los géneros desde una perspectiva de diversidad, así como la igualdad de derechos, oportunidades y trato de todas las personas independientemente de su identidad y expresión de género y su orientación sexual, en los medios de comunicación de gestión pública y privada, con o sin fines de lucro.
El Ministerio de Trabajo, en tanto autoridad de aplicación, pondrá en funcionamiento el «Registro de Servicios de Comunicación operados por Prestadores de Gestión Privada» y expedirá un certificado para aquellos que acrediten progresos en la promoción de derechos en materia de género y diversidades en sus estructuras y planes de acción.
Ese registro también tendrá aplicación para los medios públicos (en el caso de los nacionales, Radio y Televisión Argentina, que administra Radio Nacional y Televisión Pública; Télam; y Contenidos Públicos, responsable de las señales Pakapaka, DeporTV y Encuentro y la plataforma Contar), los cuales deberán cumplir con la equidad planteada por el Estado nacional en la totalidad de su planta.
La certificación será uno de los «criterios objetivos» a emplear en la asignación de pauta oficial.
«Venimos trabajando desde hace tres años en un avance sustantivo», aseguró Ross, quien destacó que Télam, RTA y Contenidos Públicos están siendo conducidos por «mujeres con voluntad y decisión política de llevar adelante esta importantísima ley».
«Los medios públicos dieron un paso importante en esa construcción. No es un panorama equitativo, pero han hecho un paso importante para lograr la equidad y la igualdad con una participación de las mujeres en los ámbitos en general, en los de decisión, en los espacios de elaboración de contenidos y en áreas técnicas, que son en general las más masculinizadas», sostuvo en tanto Portaneri.
Por su parte, Mazzina dijo que «Argentina está ubicada en uno de los mejores estándares mundiales porque es uno de los (países) que ha avanzado en materia de género y de diversidades».
La funcionaria destacó que la reglamentación de la ley se dio en «momentos muy complejos para las mujeres, para la diversidad sexogenérica, para las que tenemos voz pública, para todo el periodismo feminista que intentan tener alguna participación política».
A la cúpula del CCK llegaron además periodistas y comunicadoras, quienes fueron reconocidas por el impulso federal que brindaron al debate, al haber conformado la Red Federal por la Ley de Equidad de Género en Medios, que culminó con la conquista de la normativa.
«Esta ley fue un empuje bastante grande que tuvimos que hacer desde los sindicatos, agrupaciones de comunicadoras y de periodistas a lo largo de todo el país hasta que hubo un par de proyectos que pudimos discutir en el Congreso de la Nación», dijo Micaela Polak, secretaria de Mujeres y Géneros del SiPreBA y delegada en Radio Nacional.
«Esto va a ser un punto de partida, vamos a tener que discutir en distintos foros cómo va a ser su implementación real», agregó.
Los requisitos de equidad previstos en la normativa vigente, de los cuales los medios deberán cumplir con al menos cuatro de siete para obtener el certificado respectivo, son:
– Procesos de selección de personal basados en el respeto del principio de equidad en la representación de los géneros.
– Políticas de inclusión laboral con perspectiva de género y de diversidad sexual.
– Implementación de capacitaciones permanentes en temáticas de género y de comunicación igualitaria y no discriminatoria, de conformidad con la normativa vigente en la materia.
– Acciones para apoyar la distribución equitativa de las tareas de cuidado de las personas trabajadoras.
– Disposición de salas de lactancia y/o de centros de cuidado infantil.
– Promoción del uso del lenguaje inclusivo en cuanto al género en la producción y difusión de contenidos de comunicación.
– Protocolo para la prevención de la violencia laboral y de género.
Durante el acto también estuvieron presentes la secretaria Legal y técnica Vilma Ibarra y la socióloga feminista Dora Barrancos.
Legislativo
Duro debate en el Senado por ley de tierras para extranjeros y desalojo de barrios populares
El Senado de la Nación volvió a debatir este miércoles el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional, en una jornada que expuso las profundas contradicciones de una iniciativa que, bajo el rótulo de proteger la propiedad, habilita la venta de tierras argentinas a capitales extranjeros, acelera desalojos y amenaza con dejar a más de un millón de familias de barrios populares sin garantías habitacionales.
Tierra a la venta: LLA busca habilitar a extranjeros a comprar suelo argentino sin límites
★ El plenario conjunto de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, presididas por los senadores libertarios Agustín Coto y Nadia Márquez, fue escenario de un fuerte cruce entre la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, y la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich. Mientras el oficialismo apura los tiempos y busca emitir dictamen la semana próxima, la oposición y las organizaciones sociales advirtieron que el proyecto es un retroceso histórico en materia de soberanía territorial, derecho a la vivienda y protección ambiental.
Un proyecto con cinco bombas de tiempo
Presentado formalmente en el Congreso el 27 de marzo de 2026 bajo el expediente PE-13/2026, el proyecto fue defendido en una primera ronda de debates por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien lo enmarcó en los dos pilares que define el gobierno de Javier Milei: equilibrio fiscal y libertad económica.
Sin embargo, los cinco ejes centrales de la iniciativa despertaron alarmas incluso entre algunos aliados del Gobierno. El primero establece un mecanismo «sumarísimo» para la restitución de inmuebles, con desalojos exprés que, según sus críticos, reducen garantías procesales a los ocupantes. El segundo, y quizás el más polémico, elimina los límites vigentes desde 2011 para que extranjeros puedan adquirir tierras rurales en Argentina, una restricción sancionada durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner precisamente para preservar la soberanía territorial.
El tercer eje apunta a la reforma de la Ley de Manejo del Fuego, derogando artículos impulsados en 2020 por el diputado Máximo Kirchner que impedían vender bosques nativos, humedales y áreas protegidas durante 60 años tras un incendio, y cambiaban el uso de suelos agrícolas incendiados por 30 años. El cuarto modifica la Ley 27.453 de Integración Socio Urbana (conocida como ley de barrios populares), sancionada en forma unánime en 2018, que garantiza suspensión de desalojos y regularización dominial para los sectores más vulnerables. El quinto punto reforma el sistema registral inmobiliario.
Un millón de familias en riesgo
Las organizaciones TECHO, Cáritas, UTEP, CELS, La Garganta Poderosa y Hábitat para la Humanidad Argentina advirtieron en conjunto que el proyecto «representa un retroceso profundo sobre la Ley 27.453 de Integración Socio Urbana y pone en riesgo el acceso progresivo a la propiedad, la vivienda y los servicios básicos de más de un millón de familias que viven en barrios populares en todo el país». Desde TECHO precisaron que la iniciativa, tal como fue redactada, «podría dejar a 2 millones de niños en situación de calle».
En la audiencia de este miércoles, el referente de la Mesa de Barrios Populares de Bariloche, Luciano Celsi, puso números concretos al drama habitacional que el proyecto ignora: «El 92% de las familias que vivimos en barrios populares no tenemos acceso formal al agua, el 97% no tiene acceso a la red cloacal y el 98% no tiene conexión al gas». Celsi fue contundente: «No apoyamos esta iniciativa».
El titular de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, fue más allá y denunció que el proyecto establece «el régimen de desalojo más agresivo de América Latina». Señaló además que desde la derogación de la ley de alquileres los precios acumularon un aumento superior al 400% en dos años, y que los datos del INDEC confirman que los alquileres siguen subiendo por encima de la inflación cada mes.
El constitucionalista Daniel Sabsay también cuestionó la iniciativa y señaló que «genera fuertes dudas en cuanto a la protección del medioambiente, la urbanización de barrios populares y una mirada poco contemplativa al problema habitacional en el actual contexto económico».
Soberanía, fuego y el cruce Vilar-Bullrich
El momento más tenso de la jornada llegó con el enfrentamiento entre la ministra bonaerense de Ambiente, Daniela Vilar, y la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich. Vilar señaló que se «necesita tener presa» a Cristina Fernández de Kirchner para aprobar leyes que van en contra de la soberanía del país, en referencia a la presión judicial sobre la ex presidenta que coincide con el avance de reformas regresivas en el Congreso.
Bullrich respondió acusando a Vilar de utilizar la reunión de comisiones para hacer «un panfleto político» y afirmó que la ex presidenta «llegó hasta la Corte Suprema de Justicia» sin acatar su fallo. «Estamos en veredas enfrente», remató Bullrich, y aseguró que el oficialismo «defiende a los ciudadanos comunes», al mismo tiempo que atacó la gestión bonaerense señalando que la provincia de Buenos Aires tiene «más usurpaciones que en el resto del país».
Vilar, por su parte, había explicado antes del cruce que la Ley de Manejo del Fuego «no prohíbe producir ni vender ni arrendar territorios» y que «intenta desincentivar la quema y el incendio para luego hacer el cambio de uso del suelo». El combatiente de incendios del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) de Río Negro, Paulino Inalaf, planteó una pregunta que el oficialismo no respondió: si se aprueba el proyecto y se producen incendios para habilitar negocios inmobiliarios, «¿qué políticas tienen para asegurar la seguridad y la soberanía argentina?».
El peronismo señala prioridades distintas
El ex diputado peronista Santiago Igon resumió la posición opositora con claridad: «Esta ley no la estamos necesitando. Lo que sí necesitamos es que llegue el tercio que le corresponde a la provincia por impuestos al combustible para arreglar las rutas. Necesitamos una política a favor de que las economías regionales puedan resurgir».
El único expositor que respaldó el proyecto fue el abogado especializado en derecho administrativo Mariano Marcucci, quien consideró que la ley «avanza sobre el control judicial de las facultades del Estado y va a favor de las garantías de los particulares».
Según informaron fuentes parlamentarias a la Agencia NA, el oficialismo aspira a emitir dictamen la semana próxima, aunque la decisión dependerá de si consigue el apoyo de los bloques dialoguistas. La meta del Gobierno es llevar el proyecto al recinto en la última semana de abril o la primera de mayo.
Puntos clave
- El Senado debatió por segunda vez el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el gobierno de Milei, con exposición de más de veinte especialistas y referentes sociales.
- El proyecto elimina los límites para la compra de tierras por extranjeros vigentes desde 2011, modifica la ley de barrios populares y deroga protecciones ambientales post-incendio.
- Organizaciones como TECHO, Cáritas, UTEP y el CELS advierten que el texto podría dejar a más de un millón de familias sin garantías habitacionales y a 2 millones de niños en situación de calle.
- El titular de Inquilinos Agrupados denunció que el proyecto establece «el régimen de desalojo más agresivo de América Latina», en un contexto de alquileres que aumentaron más del 400% en dos años.
- El oficialismo busca emitir dictamen la semana próxima y llevar el proyecto al recinto antes de fin de abril, condicionado al apoyo de los bloques aliados.
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