Judiciales ⚖️
Quedó conformado el tribunal de Casación que revisará el sobreseimiento de Macri
Los jueces Guillermo Yacobucci y Diego Barroetaveña resolvieron «rechazar el planteo de recusación formulado por las partes querellantes respecto de la intervención del magistrado Mariano H. Borinsky», según surge del fallo.
El juez de la Cámara Federal de Casación Penal Mariano Borinsky fue confirmado hoy por sus colegas para integrar el tribunal que deberá revisar el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri en la causa en la que se investiga el supuesto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, informaron fuentes judiciales.
Los jueces Guillermo Yacobucci y Diego Barroetaveña resolvieron «rechazar el planteo de recusación formulado por las partes querellantes respecto de la intervención del magistrado Mariano H. Borinsky», según surge del fallo.
Con esta decisión, el tribunal que deberá revisar el sobreseimiento de Macri en la causa por el supuesto espionaje quedará integrado por Yacobucci, Borinsky y por la jueza Ángela Ledesma.
La querella había recusado a Borinsky por temor de parcialidad por parte de la querella que recordó es uno de los jueces que registraba varios ingresos a la Quinta de Olivas durante el gobierno de Macri, pero el planteo no prosperó.
«Los planteos se muestran inidóneos a esos fines en la medida en que las manifestaciones formuladas -hasta aquí, genéricas y conjeturales- no indican, aportan o demuestran la existencia de motivos serios u objetivos suficientes que den cuenta de una razonable sospecha de parcialidad o temor a una actuación alcanzada por esa cualificación», sostuvieron los jueces que rechazaron la recusación.
«Ello, en la medida en que ciertos contactos de tipo personal por sí solos no alcanzan a sostener razonablemente el temor subjetivo expresado por las querellas», remarcaron.
La Cámara Federal de Casación Penal deberá revisar los sobreseimientos de Macri, y sus jefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, dictados en julio pasado por la Cámara Federal porteña cuando sostuvo que las maniobras investigadas correspondían a tareas realizadas para garantizar la seguridad presidencial.
Ese fallo fue apelado por las distintas querellas que intervienen en la causa y por la fiscalía.
En su momento, el fiscal ante la Cámara Federal porteña, José Luis Agüero Iturbe, reclamó que se declare la nulidad del fallo que benefició a Macri, Arribas y Majdalani, y remarcó: «Se trataba de personas que lo único que pedían era el esclarecimiento de los acontecimientos que rodearon los hechos concernientes a la pérdida de sus seres queridos. Considerar lo contrario no es más que revictimizar a las víctimas en contra de la normativa nacional».
DDHH
Bertulazzi y Bullrich: dos militancias setentistas y la doble vara de LLA
La senadora que celebró la detención de un refugiado italiano al que llamó terrorista militó en los setenta en el entorno de la cúpula montonera, aunque niega haber integrado la organización. Bertulazzi, condenado en ausencia en Italia, se fugó antes de ser extraditado; Bullrich preside hoy el bloque oficialista en el Senado.
Un hombre de 74 años que vivió dos décadas en Buenos Aires bajo protección de refugiado se fugó a comienzos de noviembre del departamento de San Telmo donde cumplía arresto domiciliario, días después de que la jueza federal María Servini rechazara su último pedido y la extradición a Italia quedara firme. La Justicia ordenó su detención inmediata y la Policía Federal busca su rastro en cámaras de seguridad.
Se trata de Leonardo Bertulazzi, exintegrante de las Brigadas Rojas, condenado en ausencia por la Justicia italiana a 27 años de prisión. Servini había rechazado su extradición en 2003 porque Italia no garantizaba un nuevo juicio con derecho de defensa, y en 2004 la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) lo reconoció como refugiado. En 2024 perdió ese estatus por una decisión administrativa del Gobierno de Javier Milei, que su defensa considera ilegal, y la Corte Suprema confirmó la extradición el 1 de julio de 2025.
El trofeo de la ministra
El 29 de agosto de 2024, la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich anunció desde su cuenta oficial en X: «DETUVIMOS A UN TERRORISTA EX BRIGADAS ROJAS DE ITALIA». El comunicado de su cartera atribuyó la captura a un «profundo trabajo de inteligencia», y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, agradeció al Gobierno argentino la detención de un hombre «ya condenado en Italia a 27 años de prisión por delitos de terrorismo».
Bertulazzi vivía desde hacía 21 años en el mismo departamento porteño y no había nada que descubrir. Así lo sostuvo él mismo, y su abogado, Rodolfo Yanzón, afirmó que el Estado conocía su domicilio desde hacía más de veinte años justamente porque estaba amparado por la Convención de Refugiados de Naciones Unidas.
Según Yanzón, su defendido no está acusado de delitos de sangre, sino del secuestro de un empresario y de integrar una organización armada hasta septiembre de 1980, y la condena se apoyó en declaraciones de dos arrepentidos, sin que pudiera defenderse. Fuentes cercanas a la defensa también negaron la vinculación con el secuestro de Aldo Moro que había trascendido en los primeros días.
El pasado que la senadora relativiza
Bullrich es hoy senadora nacional y jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta. Nacida en 1956 en una familia de la élite porteña, militó desde 1972 y 1973 en la Juventud Peronista, y su hermana Julieta era pareja de Rodolfo Galimberti, jefe de la Columna Norte de Montoneros. Ella sostiene que su militancia fue en la Juventud Peronista y niega haber pertenecido a Montoneros.
Esa versión es discutida por las biografías no autorizadas. El periodista Ricardo Ragendorfer, autor de «Patricia, de la lucha armada a la seguridad», le atribuye roles secundarios y de apoyo en operativos de la organización, como tareas de inteligencia previa en el secuestro de los hermanos Born, en 1974, donde fueron asesinados el chofer y el ejecutivo Alberto Bosch, pariente de la familia Bullrich. Los autores Marcelo Larraquy y Roberto Caballero también le adjudican participación secundaria en dos operativos, entre ellos el vinculado a un ejecutivo de la empresa Sudamtex, en 1976.
Según Ragendorfer, que reconstruyó los hechos a partir de fuentes de primera mano, Bullrich tuvo además una participación más directa en el atentado con explosivos contra la vivienda del entonces intendente de facto de San Isidro, José María Noguer, en 1977, que dejó heridos a familiares y ninguna víctima fatal. Se trata de reconstrucciones periodísticas y testimonios, no de una sentencia judicial, y ella lo niega. En 1977 se exilió con su pareja, Marcelo Langieri, y regresó al país en el tramo final de la dictadura.
La palabra «terrorista» según quién la pronuncie
Las diferencias entre ambos casos existen y conviene nombrarlas: Bertulazzi tiene una condena en su contra, dictada en ausencia, y Bullrich no registra una sentencia por los hechos que se le atribuyen. Pero esta antología expone cómo el Gobierno administra una etiqueta que le cabe distinto según quién la reciba. A un refugiado de 74 años con tres ACV, según su abogado, y con una condena cuestionada por falta de defensa, se lo exhibe como «terrorista» y se ordena su extradición; a una dirigente con un pasado militante similar, la historia argentina y la democracia le abrió la puerta a la vida política como funcionaría y legisladora en varias oportunidades. Mientras al refugiado italiano se le niega la simple posibilidad de poder vivir en paz.
La ironía es más punzante por un antecedente que el oficialismo prefiere no recordar. En octubre de 2023, en plena campaña, Milei acusó a Bullrich de haber «puesto bombas en jardines de infantes», algo para lo que no existe registro histórico, judicial ni periodístico. Ella presentó querellas por calumnias e injurias y exigió que Victoria Villarruel certificara que nunca hubo atentados contra jardines de infantes. Semanas después, tras quedar fuera del balotaje, retiró las denuncias y se sumó al gobierno de quien la había expuesto. La acusación de terrorismo, entonces, resultó “negociable”, cuando la señalada terminó siendo una aliada necesaria.
Yanzón, por su parte, sostiene que en el derecho internacional el concepto de terrorismo es «vidrioso» y se utiliza según los intereses en juego, y que la persecución a Bertulazzi responde a un acuerdo político entre Milei y Meloni. Esa lectura es la de su defensa; lo que consta es que la Justicia argentina había negado la extradición en 2003 por la misma falta de garantías de defensa y que el cambio de criterio llegó después de la revocación del refugio.
Lo que tenés que saber:
- Leonardo Bertulazzi, de 74 años, se fugó a comienzos de noviembre de su arresto domiciliario en San Telmo y la jueza Servini ordenó su detención inmediata.
- Fue condenado en ausencia en Italia a 27 años de prisión; la Corte Suprema confirmó su extradición el 1 de julio de 2025.
- Bullrich celebró su detención en 2024 como ministra de Seguridad y lo llamó «terrorista».
- Bullrich niega haber integrado Montoneros; biografías y testimonios le atribuyen roles secundarios en operativos de los setenta.
- En 2023 Milei la acusó a Bullrich de poner bombas en jardines de infantes, pero ella retiró sus denuncias por calumnias e injurias para integrar el gobierno de LLA.
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