CABA
Elecciones en CABA: cuántas bancas se renuevan en 2023
La provincia se divide en ocho secciones electorales: cuatro de ellas renuevan diputados (Primera, Cuarta, Quinta y Séptima) y en las restantes cuatro se eligen senadores (Segunda, Tercera, Sexta y Octava).
La Legislatura de la provincia de Buenos Aires deberá renovar 46 de sus 92 diputados y 23 de sus 46 senadores en los comicios legislativos del 22 de octubre próximo, en los cuales el Frente de Todos pondrá en juego 36 escaños, Juntos por el Cambio 29 y 4 corresponden a bloques menores.
La provincia se divide en ocho secciones electorales: cuatro de ellas renuevan diputados (Primera, Cuarta, Quinta y Séptima) y en las restantes cuatro se eligen senadores (Segunda, Tercera, Sexta y Octava).
El peronismo renovará 23 escaños en Diputados y 13 en el Senado, y el macrismo 19 legisladores en la Cámara baja y 10 en la alta. Además, terminan su mandato 2 diputados de Espacio Abierto, uno de la bancada 17 de Noviembre y otra de Unidad para la Victoria.
En la Primera Sección, que comprende 23 distritos del norte y oeste del Conurbano bonaerense, se eligen 15 diputados. Hoy 9 integran el Frente de Todos; 5 Juntos por el Cambio y uno Espacio Abierto.
Entre quienes finalizan su mandato se encuentran los vidalistas Alex Campbell, ex subsecretario de Gobierno y Asuntos Municipales bonaerense, y Noelia Ruiz (hoy se encuentra más alineada al jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta); la dirigente del Movimiento Evita de La Matanza, Patricia Cubría; el massista Rubén Eslaiman y el possista Walter Carusso.
En la Segunda, comprendida por los 15 distritos del norte de la provincia, se votan 5 senadores. Actualmente, el macrismo tiene a 2 de ellos y el Frente de Todos, 3. Finalizan en sus bancas el exintendente kirchnerista de San Antonio de Areco, Francisco «Paco» Durañona, el vidalista Owen Fernández y Elisa Carca, de la Coalición Cívica.
En la Tercera Sección electoral, compuesta por 19 distritos de la zona sur del Conurbano bonaerense, se eligen 9 senadores. Hoy, 6 de ellos son del oficialismo y 3 de Juntos por el Cambio.
La dirigente Claudia Rucci (hoy cercana a Miguel Ángel Pichetto), el massista José Luis Pallares; Magdalena Goris, la esposa del intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray; y la dirigente del Suteba María Reigada, son algunos de los legisladores del conurbano a los que se les termina el mandato.
En la Cuarta Sección electoral, compuesta por 19 distritos del noroeste provincial, se votan 14 diputados. En la actualidad, 7 de esos parlamentarios corresponden a JxC, 6 al justicialismo y uno a 17 de Noviembre.
Concluyen sus cuatro años en las bancadas la massista Valeria Arata; Fabio Britos (aliado de la bancada oficialista); el ex intendente peronista de Leandro N. Alem Alberto Conocchiari; la vidalista Anastasia Peralta Ramos y la radical Vanesa Zuccari.
En la Quinta Sección, compuesta por 23 distritos del este bonaerense, se eligen 11 diputados. Cinco de ellos integran la bancada del Frente de Todos; 4 el bloque macrista; uno es de Espacio Abierto y otro de Unidad para la Victoria.
El presidente de la UCR bonaerense, Maximiliano Abad, es uno de los legisladores a los que se les termina el mandato; así como al ex intendente de La Costa Juan Pablo de Jesús; a los vidalistas Sergio Siciliano y Johana Panebianco; y al camporista José Ignacio «Cote» Rossi.
De igual manera, en la Sexta Sección, compuesta por los 22 distritos del sur provincial, se eligen 6 senadores. En la actualidad, 3 pertenecen al bloque opositor JxC y 3 al Partido Justicialista.
Finalizan sus mandatos el «lilito» Andrés de Leo; la macrista Nidia Moirano (del espacio del intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay); y los históricos dirigentes de esa región Marcelo Feliú y Alfredo Fisher.
En la Séptima, que comprende a ocho distritos del centro bonaerense, se eligen 6 diputados. Hoy por hoy, 3 de ellos son de JxC y otros 3 del PJ.
Otros legisladores que terminan sus mandatos son el presidente del bloque, el camporista César Valicenti, al igual que su par de bancada Walter Abarca; la dirigente radical María Alejandra Lorden y el macrista Daniel Lipovetsky.
En la Octava, que corresponde al partido de La Plata, se votan 3 senadores: 2 son de JxC y uno del Frente de Todos. Entre los que deberán renovar se encuentran el dirigente sindical Omar Plaini y el macrista Juan Pablo Allan.
CABA
Amenazas en escuelas: la Ciudad responde con mano dura y esquiva el debate de fondo
La ministra Mercedes Miguel reconoció que los chicos “no tienen dimensión”, pero el Gobierno refuerza medidas punitivas en lugar de invertir en prevención y acompañamiento.
Entre el pánico y la respuesta punitiva: la Ciudad endurece el discurso ante amenazas escolares
La ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, buscó instalar una definición tajante frente a la ola de amenazas de tiroteos en escuelas: “no es una broma, es un delito”. La frase, repetida como mantra, marca el tono de un Gobierno que, ante un fenómeno complejo y multicausal, parece inclinarse más por la lógica punitiva que por una lectura integral del problema.
En paralelo, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, anunció el refuerzo de protocolos que activan la intervención policial, judicial y de organismos de niñez ante cada episodio. El despliegue incluye incluso la incautación de celulares y el rastreo de conversaciones privadas de menores. La escena: chicos de 11 o 12 años bajo la lupa del sistema penal.
Criminalizar la infancia, una respuesta ligera
Miguel insistió en que los niños “no tienen dimensión” de lo que hacen. Sin embargo, esa misma afirmación entra en tensión con la decisión oficial de encuadrar sus conductas como delito. La contradicción no es menor: si no hay comprensión plena, ¿qué sentido tiene la amenaza penal como eje de la política pública?
- Se instala la idea de “límite” desde la sanción antes que desde la pedagogía.
- Se desplaza la responsabilidad hacia las familias y las redes sociales.
- Se invisibiliza el rol del Estado en la prevención y el acompañamiento.
El resultado es una respuesta que corre el eje: del cuidado al castigo.
El fantasma de las redes y la coartada perfecta
La ministra apuntó contra TikTok y la viralización de desafíos como motor del fenómeno. La explicación, aunque atendible, aparece incompleta y funcional: pone el foco en plataformas globales mientras evita discutir el deterioro local del sistema educativo.
En la Ciudad, docentes vienen denunciando:
- Falta de equipos interdisciplinarios suficientes (psicólogos, trabajadores sociales).
- Escasa capacitación para abordar conflictos digitales y violencias emergentes.
- Recortes presupuestarios que impactan en programas socioeducativos.
Sin esas herramientas, la escuela queda sola frente a problemáticas cada vez más complejas.
Protocolos sin comunidad
El Gobierno porteño difundió un instructivo para familias que incluye revisar mochilas, controlar celulares y denunciar al 911. La prevención queda así reducida a la vigilancia doméstica y al reflejo policial.
Pero en esa lógica se diluye algo central: la construcción de comunidad educativa. No hay mención concreta a espacios de escucha, trabajo con estudiantes, ni estrategias sostenidas de educación digital crítica.
Lo que no se dice
Mientras se multiplican las amenazas, también crece el miedo. Familias que dudan en enviar a sus hijos a la escuela y docentes que enfrentan situaciones para las que no fueron preparados. Sin embargo, el discurso oficial evita una autocrítica de fondo:
- ¿Qué pasa con el presupuesto educativo en la Ciudad?
- ¿Dónde están los equipos de acompañamiento permanentes?
- ¿Qué políticas integrales se implementan más allá del protocolo reactivo?
La apelación al delito ordena el relato, pero no resuelve el problema.
Entre el control y el abandono
El mensaje final del Gobierno parece oscilar entre dos extremos: más control y menos Estado presente en lo cotidiano. Se endurecen las respuestas cuando el conflicto estalla, pero se debilitan las políticas que podrían prevenirlo.
En ese terreno, la escuela queda atrapada: exigida para contener, pero sin recursos; señalada como espacio de riesgo, pero sin respaldo suficiente.
La pregunta de fondo sigue abierta: si los chicos no dimensionan, como admite la propia ministra, ¿no debería el Estado dimensionar mejor su respuesta?
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