Legislativo
Alberto anunció que convocará a una mesa del FDT
«Confío en que dicho ámbito de debate sirva para abrir la convocatoria a los sectores sociales, de la producción y del trabajo que acompañan a nuestra coalición de Gobierno con los que compartimos un mismo proyecto de país», añadió Fernández en un carta que reprodujo en su cuenta de la red social Twitter.
El presidente Alberto Fernández anunció hoy que, como titular del Partido Justicialista (PJ), convocará para los próximos días a la conformación de «una mesa que diseñe las reglas electorales» del Frente de Todos (FdT) y «la estrategia a seguir con miras a las distintas elecciones de este año» que se realizarán para elegir gobernadores, legisladores nacionales y presidente.
«Confío en que dicho ámbito de debate sirva para abrir la convocatoria a los sectores sociales, de la producción y del trabajo que acompañan a nuestra coalición de Gobierno con los que compartimos un mismo proyecto de país», añadió Fernández en un carta que reprodujo en su cuenta de la red social Twitter.
En la misiva, Fernández afirmó que, «como presidente del PJ, el partido más importante de nuestra coalición de Gobierno», la mesa política será convocada «en los próximos días».
El armado de una mesa política para discutir la estrategia electoral del oficialismo había sido solicitado por diferentes referentes de la coalición gobernante para encarar la campaña de cara a la renovación de autoridades y legisladores en 22 de las 24 jurisdicciones, y a nivel nacional presidente y vicepresidente, 24 senadores y 130 diputados.
Fernández señaló que «nuestros gobernadores y gobernadoras y nuestros intendentes e intendentas deberán definir el núcleo dirigencial que represente a la fuerza territorial del Frente de Todos».
«Es mi intención que los referentes que confluimos con miradas diversas en el peronismo, junto a referentes del Frente Renovador y de otras fuerzas políticas que participan del espacio, establezcamos las reglas de competencia que sostengan la unidad que nos lleve a la victoria», siguió.
Asimismo, el Presidente sostuvo que «no queremos que la Argentina vuelva a un pasado de persecución de opositores, de endeudamiento, de fuga de sus capitales, de caída de los salarios y de desindustrialización como el que padecimos durante el Gobierno de Juntos por el Cambio».
«Estos desafíos nos obligan a trabajar para que nuestro Frente se consolide alrededor de un proyecto de país inclusivo que se desarrolle respetando el federalismo. Un país que recupere tribunales que impartan justicia y no se sometan a poderes fácticos», concluyó Fernández.
El anuncio del Presidente fue leído con mucha expectativa desde las filas del kirchnerismo, desde donde valoraron la noticia y señalaron que esperan conocer más detalles de la «estrategia que se propone al conjunto del Frente de Todos».
«Además de la estrategia electoral y candidaturas, creemos necesario discutir las políticas que se desarrollarán para conquistar a la mayoría electoral que acompaña y acompañó a nuestro frente político», evaluaron desde el espacio del FdT que reivindica el mandato de Néstor Kirchner y los dos períodos de Cristina Fernández.
En materia electoral, una de las particularidades de este año que deberá tener en cuenta el oficialismo es que al menos 15 provincias desdoblarán las elecciones provinciales de las nacionales, con las PASO previstas para el 13 de agosto y las elecciones generales programadas para el 22 de octubre.
Fernández ya venía analizando el armado de esa mesa política y le había transmitido a sus allegados su vocación de «construirla y ponerse al frente», cerca de fin de año, según detallaron allegados al jefe de Estado.
El gobernador chaqueño, Jorge Capitanich, llamó el martes pasado, en la previa de la reunión del justicialismo bonaerense que se efectuó en Merlo, a constituir «una mesa política de articulación» de la coalición oficialista de cara a las elecciones presidenciales de este año.
«Hoy estamos ante la perspectiva de un proceso electoral sin una definición de estrategia política. Falta una mesa política de articulación, que es posible y necesario hacer», había exhortado en declaraciones a la prensa.
Dos días después, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, había adelantado que el propio jefe de Estado ya trabajaba en ella, ya que «como presidente del PJ, está analizando la conformación de una mesa que trabaje sobre la estrategia electoral».
Y sobre el mismo punto, había analizado: «Estamos empezando a ver esos debates y alineamientos que forman parte de todo lo que tiene que pasar en un proceso electoral normal, en el que todos vamos a trabajar para garantizar que no vuelva el triunfo de la derecha en Argentina, que nos hizo retroceder tanto».
Otra de las cuestiones a definir por la mesa política del oficialismo será si presenta una lista única o habrá competencia en las PASO, con distintos postulantes que dirimirán entre sí quién será el candidato a la Presidencia que finalmente represente a la coalición.
El propio Presidente había dicho hacia fines del año pasado al canal C5N que el candidato presidencial del FdT en las próximas elecciones será «el que reúna las mejores condiciones», y en base a ese criterio manifestó que quien se quiera presentar del oficialismo en las PASO podrá hacerlo.
También Capitanich defendió la necesidad de las primarias y expresó que «el liderazgo debe surgir de la voluntad popular que se exprese en las PASO».
En cuanto a las candidaturas, Alberto Fernández dijo en Madrid el 10 de mayo del año pasado, durante una entrevista a la cadena pública española RTVE, que iría por la reelección aunque luego aclaró que todavía no era el momento de estar «pensando en eso».
Por su parte, fuentes cercanas a Sergio Massa señalaron que para el tigrense «es incompatible ser ministro de Economía y candidato a presidente», una frase que el titular del Palacio de Hacienda está repitiendo en diversos ámbitos.
En la órbita de precandidatos también se menciona al chaqueño Capitanich, al jefe de Gabinete, Juan Manzur -quien no descarta competir por la gobernación de Tucumán- y al ministro del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro.
En tanto, la vicepresidenta Fernández de Kirchner anunció inicialmente que su nombre no estará este año en ninguna boleta electoral, mientras que en una segunda intervención, durante un acto en Avellaneda, remarcó que las limitaciones que ella afrontaba en materia electoral se debían a una «proscripción».
La titular del Senado se refirió así a la inhabilitación especial perpetua fijada en primera instancia en el fallo de la causa Vialidad, a la que también aludió hace una semana su hijo y titular del PJ bonaerense Máximo Kirchner en una entrevista con el portal El Cohete a la Luna, donde advirtió: «Si Cristina quisiese presentarse a las elecciones le sacan la condena firme en cinco minutos».
Pese a lo que fue interpretado como la decisión de desistir de cualquier candidatura, en las últimas semanas comenzó a crecer un «operativo clamor» motorizado por agrupaciones políticas, sindicales y sociales del kirchnerismo que llaman a «romper con la proscripción» y que el 24 de marzo próximo confluirán en la movilización del Día de la Memoria bajo la consigna «Democracia o mafias».
En cualquier caso, la mesa política del FdT deberá definir estas cuestiones teniendo como fecha límite el 24 de junio, día en el que está pautado el cierre de listas de precandidatos.
Economía 💲
Sturzenegger celebra despidos de 81.000 estatales mientras los salarios del sector perdieron hasta 40,5%
Dos secretarios de Sturzenegger presentaron en Diputados el recorte de 81.000 empleados estatales, mientras los salarios del sector perdieron entre 29% y 40,5% de poder de compra y el nuevo retiro voluntario paga hasta 25 sueldos con prohibición de volver al Estado por ocho años.
El Gobierno celebra haber recortado 81.000 empleados del Estado, pero el ahorro que exhibe descansa en salarios que perdieron entre 29% y 40,5% de su poder de compra y en retiros que pagan hasta 25 sueldos por persona. La cifra fue presentada este martes ante la Cámara de Diputados por dos secretarios del ministro Federico Sturzenegger, en la recta final del dictamen del Presupuesto 2027.
El secretario de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña, y el de Desregulación, Alejandro Cacace, expusieron ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el libertario Bertie Benegas Lynch, para poner en valor el ajuste sobre la Administración Pública Nacional y las “reformas estructurales”. Fariña destacó que los ministerios pasaron de 18 en diciembre de 2023 a ocho, defendió que no se trata solo de un Estado más chico sino de uno con otro rol, y rechazó que el ahorro sea “temporal” porque, según dijo, no se crearon puestos nuevos para reemplazar los eliminados. Cacace fue más lejos en la autocelebración: “Valemos por los ahorros que generamos”.
Qué dijeron los funcionarios
Fariña explicó que parte de la reducción se canalizó mediante el régimen de disponibilidad de la Ley de Empleo Público, que según indicó no se usaba desde hacía dos décadas, y mediante retiros voluntarios, a los que se adhirieron más de 5.254 personas. Anunció que habrá una nueva convocatoria entre el 1 y el 30 de noviembre. Como ejemplo de las estructuras heredadas, mencionó que Vialidad Nacional tenía 1.543 cargos jerárquicos para una planta de 5.300 empleados.
Las diputadas de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz y Sabrina Selva cuestionaron el planteo. Tolosa Paz sostuvo que a la idea de un Estado eficiente le falta mirar para qué se toman las medidas y a quién afectan, y acusó al Gobierno de ser “culpable y cómplice del industricidio”. Selva atribuyó la apuesta por el transporte fluvial a la desinversión en rutas nacionales y afirmó que los fondos para su mantenimiento se desvían para “maquillar” el superávit.
Cuántos puestos se perdieron, según cada fuente
Los números no coinciden porque miden universos distintos. Según el INDEC, la dotación de la Administración Pública Nacional, las empresas y las sociedades del Estado pasó de 341.465 trabajadores en diciembre de 2023 a 269.025 en agosto de 2026, una caída de 72.440 puestos, de alrededor del 21%. El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado informó 77.515 puestos menos en el mismo período, e incluye a personal militar y de seguridad, y Fariña habló este martes de 81.000. ATE Capital, por su parte, denunció en su último informe más de 100.000 despidos en la administración pública.
Los salarios: el ahorro que pagan los que se quedan
Los sueldos estatales no están congelados en términos nominales, pero perdieron poder de compra de forma sostenida. El Foro Economía y Trabajo estimó un recorte real de 29% en los salarios públicos desde 2023. El Observatorio Salarial de ATE-INDEC calculó una pérdida del 32,4% entre diciembre de 2023 y mayo de 2026, equivalente a más de nueve sueldos completos, y señaló que se necesitaría un aumento inmediato del 48% para recuperar el nivel de noviembre de 2023. ATE Capital estima que el salario real de la Administración Pública Nacional cayó 40,5% entre noviembre de 2023 y junio de 2026.
La caída tiene un correlato en el bolsillo: según ATE Capital, la mora crediticia entre los trabajadores estatales escaló del 5,43% en julio de 2024 al 18,63% en junio de 2026. La oferta salarial del Gobierno para el segundo semestre, de entre 1,5% y 1,9% mensual, representa apenas $19.000 sobre un salario de un millón de pesos, según el sindicato, que rechazó la propuesta anterior (2,4%, 2,2% y 1,9% más un bono de $50.000) por considerarla “absolutamente insuficiente”. Una parte del ahorro que el Gobierno exhibe sale de salarios que se licuaron mientras los precios subían.
La trampa de los retiros voluntarios
El Decreto 1203/2026, publicado el 19 de octubre y firmado por Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y Sturzenegger, habilita un régimen de retiro para la Administración Pública Nacional centralizada. La compensación puede llegar a 25 sueldos brutos según edad, antigüedad y situación previsional, o al 60% del salario bruto durante 36 meses para quienes estén cerca de jubilarse. Quienes adhieran no podrán volver al Estado nacional durante ocho años, sus cargos se eliminan del presupuesto y esas vacantes no pueden usarse para justificar nuevas incorporaciones. La adhesión está sujeta a la aprobación de cada dependencia, que tiene 40 días corridos para responder tras el cierre de la inscripción.
Sturzenegger estimó unos 20.000 empleados en condiciones de adherir y ATE habla de 21.187. El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, sostuvo que “no es retiro voluntario, es despido extorsivo” y denunció que en algunos organismos se presiona a los agentes con pasarlos a disponibilidad si no firman. También advirtió que quienes tengan mandato sindical vigente o sean candidatos a delegados deberían renunciar al mismo para adherir y cuestionó que el Estado contrate después consultoras para cubrir las mismas tareas. Esas denuncias son del sindicato y el Gobierno las niega al afirmar que no se crean puestos nuevos.
El ahorro bajo la lupa
Cada retiro implica un desembolso inmediato de hasta 25 sueldos, que se suma al costo de las desvinculaciones previas, mientras la planta que queda cobra menos en términos reales y el Estado pierde capacidades. La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) advirtió que el 95% de los trabajadores evaluados aprobó el examen de idoneidad impuesto por el propio Gobierno y, aun así, los despidos continúan. En la Comisión Nacional de Energía Atómica, Aguiar sostuvo que el organismo es superavitario y que no hay argumento que justifique el recorte que derivó en cerca de 100 despidos. Un ahorro que depende de salarios licuados, retiros que cuestan hasta 25 sueldos y organismos vaciados no equivale a un Estado más eficiente.
Lo que tenés que saber:
- Funcionarios de Sturzenegger presentaron en Diputados un recorte de 81.000 empleados estatales y la baja de 18 a ocho ministerios.
- El INDEC registra 72.440 puestos menos entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, y ATE Capital denuncia más de 100.000 despidos.
- Los salarios estatales perdieron entre 29% (Foro Economía y Trabajo) y 40,5% (ATE Capital) de poder de compra.
- El Decreto 1203/2026 («retiros voluntarios») paga hasta 25 sueldos, elimina el cargo y prohíbe volver al Estado por ocho años.
- ATE denuncia presiones y habla de un universo de 21.187 trabajadores alcanzados.
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