Legislativo
Informe sobre fentanilo mortal expone fallas en entes de control y propone cambios estructurales
El informe final de 1537 fojas fue elaborado por la comisión especial de Diputados e incluye medidas para fortalecer los controles estatales sobre la producción y trazabilidad de medicamentos. La crisis dejó al descubierto graves fallas en los organismos reguladores y la asistencia a víctimas.
★ La Comisión Especial de Seguimiento e Investigación sobre Fentanilo Contaminado presentó hoy el informe final con una batería de 20 recomendaciones destinadas a prevenir crisis sanitarias como la acontecida y fortalecer los controles estatales sobre la producción y comercialización de medicamentos derivados de opioides.
El documento de 1537 fojas fue presentado por la titular de la comisión, la diputada santafesina Mónica Fein (Encuentro Federal), acompañada por la vicepresidenta Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria) y Silvana Giudici (La Libertad Avanza). Fein explicó que las 20 recomendaciones «tienen relación con lo detectado en la investigación como medidas que buscan prevenir futuros casos».
Controles más estrictos sobre laboratorios y producción
Entre las principales sugerencias se encuentra «establecer criterios de idoneidad y antecedentes para los titulares y responsables técnicos de los laboratorios de producción de derivados de opioides y/o fentanilo», así como «la declaración del origen de los fondos o aportes patrimoniales destinados a la inversión, constitución o ampliación del establecimiento».
El informe también recomienda «implementar un esquema de auditorías en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)» e «instaurar un sistema de monitoreo digital que obligue a los laboratorios la carga en tiempo real de los registros de lote con carácter previo a la producción de derivados del fentanilo».
Trazabilidad inalterable desde la producción hasta el paciente
Uno de los ejes centrales del documento es la creación de sistemas de trazabilidad robustos. La comisión insta a «crear un sistema de trazabilidad inalterable que contemple las etapas desde la adquisición de opioides / estupefacientes / medicamentos críticos con trazabilidad regulada para la elaboración de fármacos y la entrega a droguerías y efectores».
Asimismo, se sugiere «implementar un sistema nacional de trazabilidad para inyectables y opioides / estupefacientes / medicamentos críticos con trazabilidad regulada asegurando su registro desde el ingreso al establecimiento de salud, su dispensación en farmacia hospitalaria, la cadena de custodia y su administración final al paciente».
Fortalecer los mecanismos de fiscalización y sanción
El informe plantea «disponer la actualización y fortalecimiento de los mecanismos de control, fiscalización y sanción para los efectores de salud —tanto públicos como privados— que omitan o incumplan la obligación de notificación en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA)».
En tanto, se sugiere «requerir a la ANMAT realice las modificaciones necesarias del Manual de Buenas Prácticas de Fiscalización que determine plazos específicos y acotados, y medidas que deban tomarse en función de la gravedad y el riesgo de los incumplimientos constatados».
Mejoras en alertas sanitarias y recupero de productos
La comisión recomienda «mejorar los mecanismos de alerta sanitaria» y de los «Procedimientos para el Retiro de Productos Farmacéutico», estableciendo que «ante el incumplimiento en la obligación de recupero de productos (recall) por parte de la empresa (laboratorio y/o droguerías), lo realizará la autoridad de aplicación con cargo a la empresa quien deberá solventar las erogaciones».
También se plantea «homologar y fortalecer el control de los sistemas de comercialización de medicamentos y la distribución que dispensan las provincias al sector público».
Asistencia integral a las víctimas
Por último, el documento pide «garantizar el cumplimiento efectivo de la Ley N° 27.372 y de todos los derechos de las personas víctimas de delitos, en particular la asistencia integral física, psicológica y social, dotando al Centro de Asistencia a las Víctimas (CENAVID) de todas las herramientas y recursos a esos fines».
Luego de presentar las 20 sugerencias, Fein reclamó que «haya un antes y un después, que cambie el sistema de producción de medicamentos, de control sobre los medicamentos y la fabricación, el control sobre la calidad de las clínicas y sanatorios, el acompañamiento a las víctimas, el rol del Estado para evitar esto».
La voz de los integrantes de la comisión
Tolosa Paz valoró la participación y exposición del juez federal Ernesto Kreplak, interviniente en la causa judicial, cuyas consideraciones «fueron tomadas para sumar a las recomendaciones finales del informe».
Por su parte, Giudici advirtió que «los mecanismos de control de organismos reguladores y los procedimientos de distribución y comercialización en todo el país y los mecanismos de asistencia a la víctima fallaron todos».
Puntos clave:
• La Comisión Especial presentó un informe final de 1537 fojas con 20 recomendaciones para prevenir crisis sanitarias similares
• Se propone establecer criterios de idoneidad y declaración de origen de fondos para responsables de laboratorios que producen derivados de opioides
• El documento recomienda crear sistemas de trazabilidad inalterable desde la producción hasta la administración al paciente
• Se insta a fortalecer los mecanismos de fiscalización de la ANMAT con plazos específicos según la gravedad de los incumplimientos
• El informe exige garantizar la asistencia integral a las víctimas dotando al CENAVID de todos los recursos necesarios
Legislativo
Grave denuncia en la Cámara Alta: la senadora López denunció ataque a la democracia y apuntó a Villarruel
“Si hoy se puede castigar a un senador por su postura política, mañana pueden disciplinar a cualquiera. El mensaje es brutal para la democracia”.
La senadora por Tierra del Fuego, Cándida Cristina López, presentó una denuncia penal tras haber sufrido lesiones, amenazas y agresiones por parte del personal de seguridad del Senado, en un episodio que encendió alarmas sobre el uso del aparato institucional para disciplinar a la oposición y, particularmente, a las mujeres que no se alinean con el oficialismo.

Según relató la legisladora, todo comenzó tras la jura de los nuevos senadores. López juró “por los 30.000 desaparecidos”, un gesto que incomodó a la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien minutos después ingresó de manera ilegal al despacho de la fueguina, ordenó cambiar la cerradura, retirar la placa y fajar la puerta, en un acto que no sólo carece de atribuciones legales, sino que directamente vulnera el principio básico del Senado: la autonomía de sus miembros.

El episodio se agravó este lunes cuando López volvió al despacho junto a un cerrajero para recuperar su computadora y documentos personales. Allí, personal de seguridad le impidió el acceso, la empujó y la redujo físicamente. El médico del Senado, Dr. Gustavo Apreda, constató un hematoma de 5 x 3 cm en el tobillo derecho y dolores internos en el brazo.
“El Senado no es propiedad de la Vicepresidenta”
“Los dueños del Senado son los senadores, no la Vicepresidenta”, sostuvo López, remarcando que ninguna autoridad tiene potestad para impedirle a un legislador el ingreso a su lugar de trabajo. “Es un ataque de extrema gravedad institucional”, agregó.
La senadora fueguina advirtió que permitir este tipo de maniobras abre la puerta a un escenario peligrosísimo: “Si hoy se puede castigar a un senador por su postura política, mañana pueden disciplinar a cualquiera. El mensaje es brutal para la democracia”.
Persecución política y violencia contra mujeres en la política
El caso expone además un patrón que viene repitiéndose: el intento de disciplinamiento de legisladoras mujeres, especialmente aquellas que expresan posiciones opuestas al Gobierno, a favor de los DDHH, la memoria y soberanía. López aseguró que la agresión no fue un hecho aislado, sino un mensaje dirigido a quienes se atreven a confrontar con la línea ideológica que impulsa el oficialismo.
El accionar de Villarruel, segunda en la línea sucesoria de nuestro país y responsable del normal funcionamiento de la Cámara alta, queda en el centro del debate, ya que más allá del color político, su rol exige garantizar reglas democráticas, no vulnerarlas; asegurar la pluralidad, no castigar la disidencia; proteger a los legisladores, no habilitar mecanismos de hostigamiento.
Alerta democrática
Lo sucedido no es únicamente una interna parlamentaria. Marca un precedente grave: el uso de la fuerza de seguridad interna para intimidar a una senadora, intervenir su despacho y bloquear el ejercicio de su cargo. En cualquier sistema democrático, esto encendería todas las alarmas.
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