Denuncia
UNIÓN PERSONAL bajo la lupa: crisis, copagos ilegales, recortes y abandono a sus afiliados
Afiliados denuncian cobros indebidos, restricciones discriminatorias y colapso de servicios. ATE presentó una denuncia formal ante la Superintendencia de Servicios de Salud por prácticas que consideran «extorsivas» contra trabajadores estatales.
★ Desde principios de 2025, afiliados de Unión Personal, obra social vinculada al sindicato UPCN que nuclea a empleados estatales, y de Accord Salud denuncian en grupos de Facebook y foros virtuales una crisis silenciosa que no logra visibilidad en los grandes medios: pérdida masiva de prestadores, cierre de oficinas zonales, eliminación de descuentos en medicamentos para enfermedades crónicas y oncológicas, y cobros ilegales de coseguros en prestaciones que deberían estar cubiertas por el Programa Médico Obligatorio (PMO).
La situación escaló cuando la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) formalizó una denuncia ante la Superintendencia de Servicios de Salud contra Unión Personal por aplicar lo que calificó como «prácticas manifiestamente ilegales» y «extorsión comprobada» contra trabajadores que no están afiliados a UPCN.
Discriminación según afiliación sindical: el núcleo de la denuncia
Según la presentación judicial de ATE, Unión Personal implementa un sistema discriminatorio que establece «tarifas exorbitantes» en prestaciones médicas obligatorias, diferenciando los aranceles según la pertenencia sindical del beneficiario. La obra social cobra co-seguros sobre servicios que integran el PMO, lo cual está prohibido por ley, y restringe el acceso a determinados prestadores a empleados estatales que no están afiliados a UPCN.
«La conducta de algunos dirigentes es miserable. Primero les destruyen los salarios a los trabajadores y ahora pretenden cobrar aranceles diferenciados que están prohibidos por ley. No debe haber nada más bajo que meterse con la salud de los trabajadores y sus familias», declaró Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.
Aguiar interpretó estas medidas como una estrategia desesperada para detener las «desafiliaciones masivas» que estaría sufriendo UPCN. El dirigente vinculó la situación con el posicionamiento político del sindicato, que según su perspectiva «avala» la gestión del presidente Javier Milei.
Testimonios de afiliados: medicamentos suspendidos y oficinas cerradas
En los grupos de Facebook dedicados a afiliados de Unión Personal y Accord Salud, los testimonios se multiplican. Un caso reciente, verificado por este medio, relata: «Mi papá tiene plan oncológico. Cerraron la oficina de Morón. Hay miles que pagan fortuna y los dejan sin atención, sin medicamentos, sin comunicación. Afiliados desesperados piden ayuda en redes y a la Superintendencia de Salud».
Los usuarios reportan que la obra social dejó de otorgar descuentos en medicamentos para crónicos y oncológicos, lo que derivó en que muchos afiliados dejaran de recibir fármacos vitales para diabetes, cáncer y discapacidad. Según fuentes consultadas en los foros virtuales, la amenaza constante es: «afiliate a UPCN o te dejamos fuera de la red superior».
Pedido de investigación y determinación de responsabilidades
La denuncia de ATE solicita que se determinen las responsabilidades de los administradores de la obra social, los dirigentes gremiales y los funcionarios públicos que pudieran estar involucrados en estas prácticas. «Sin dudas enfrentamos una maniobra dolosa. Se están cometiendo delitos y de manera inmediata tienen que determinarse las responsabilidades de los administradores de la obra social, los dirigentes gremiales y funcionarios públicos que puedan estar involucrados», concluyó Aguiar.
La presentación formal ante la Superintendencia de Servicios de Salud busca que el organismo de control intervenga para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de obras sociales y preserve los derechos de los trabajadores estatales al acceso equitativo a las prestaciones de salud.
Qué hacer si te afecta esta situación
Los afiliados que enfrentan cobros indebidos o restricciones de prestaciones pueden:
- Presentar un reclamo formal ante la Superintendencia de Servicios de Salud a través de su sitio web o llamando al 0800-222-SALUD (72583).
- Iniciar acciones legales mediante amparos de salud, especialmente si se trata de tratamientos urgentes o enfermedades graves.
- Documentar todos los rechazos de cobertura, cobros indebidos y comunicaciones con la obra social para respaldar eventuales reclamos administrativos o judiciales.
Puntos clave:
• ATE denunció formalmente a Unión Personal ante la Superintendencia de Servicios de Salud por cobros ilegales de co-seguros sobre prestaciones del PMO
• La obra social aplica aranceles diferenciados según la afiliación sindical del trabajador, según la acusación
• Afiliados denuncian cierre de oficinas, eliminación de descuentos en medicamentos para crónicos y oncológicos, y pérdida masiva de prestadores
• La denuncia solicita investigar responsabilidades de administradores, dirigentes gremiales y funcionarios públicos involucrados
• ATE interpreta estas medidas como una maniobra para frenar desafiliaciones masivas de UPCN
Denuncia
Dalbón pide detener a Caputo y Bausili: pérdida de más de mil millones de dólares en derivados de oro del BCRA
El abogado Gregorio Dalbón solicitó la detención del ministro de Economía, del presidente del Banco Central y del director de la entidad por las operaciones con derivados sobre las reservas de oro que registraron un resultado negativo de más de 1.023 millones de dólares, según consignó la Auditoría General de la Nación. La causa también alcanza al entorno de la diputada Marcela Pagano, quien presentó una denuncia penal en agosto.
Las operaciones con derivados sobre el oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA) dejaron un resultado negativo de 1.023 millones de dólares, según surge de la Auditoría General de la Nación (AGN). Ese número, que ningún funcionario del gobierno de Javier Milei explicó con documentación pública suficiente, es hoy el eje de un pedido de detención contra los máximos responsables de la política económica y monetaria del país.
El abogado Gregorio Dalbón presentó ante la justicia federal la solicitud de detención del ministro de Economía, Luis Caputo, del presidente del BCRA, Santiago Bausili, y del director y superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Curutchet. Les atribuye los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.
Las figuras penales y el rol de Caputo
En declaraciones televisivas, Dalbón precisó los fundamentos jurídicos de la presentación. «Las operaciones con el oro del BCRA deben investigarse, bajo las figuras de defraudación en perjuicio de la administración pública (art. 174, inc. 5 del Código Penal), abuso de autoridad (art. 248) e incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 249), sin perjuicio de otras calificaciones que surjan de la prueba», señaló el letrado. Y agregó: «Por ejemplo la asociación ilícita como jefe: Luis Caputo. La Justicia deberá determinar los delitos y el rol de quiénes son los responsables».
El escrito también solicitó medidas cautelares: prohibición de salida del país, impedimento de acceso a áreas del BCRA y del Ministerio de Economía donde exista documentación relacionada con la investigación, y prohibición de comunicación con funcionarios, auditores o testigos.
El desglose de las pérdidas: opciones, primas y cobertura
Según detalla la denuncia, el resultado negativo de 1.023 millones de dólares se conforma de dos componentes. Por un lado, $1.400.793 millones (equivalentes a 960,2 millones de dólares) registrados como resultado negativo por opciones. Por otro, $68.362 millones (equivalentes a 62,8 millones de dólares) en concepto de primas de opciones abonadas. En paralelo, la tenencia de oro registró durante el ejercicio una ganancia por diferencias de cotización de $8.002.500 millones, dato que el BCRA utilizó para relativizar el impacto de la operatoria.
Dalbón también señaló que el BCRA concertó derivados liquidables en dólares con fines declarados de cobertura, y que al cierre de 2025 la entidad ya no mantenía posiciones de ese tipo. La pregunta que la justicia deberá responder es si esa cobertura fue técnicamente justificable o si constituyó una operación en perjuicio del Estado.
El juez Lijo y la obstrucción a la auditoría
Al ser consultado sobre el paradero del oro, Dalbón apeló directamente a la cadena judicial: «Yo creo que (el juez) Ariel Lijo tiene la responsabilidad junto con el fiscal Pollicita de averiguar». El abogado expresó confianza en que la ampliación del martes, que incluirá el pedido formal de detención de Bausili y Curutchet, será tomada con seriedad por el magistrado.
Sobre los motivos para solicitar la detención a pesar de que no habría peligro de fuga, Dalbón fue directo: «Está comprobado que han obstruido a la Justicia en base a lo que fue el examen que Olmos leyó en la auditoría. Está comprobado que mintieron en la auditoría». La AGN, según surge de los documentos citados en la presentación, registró el resultado negativo de las operaciones con egresos de divisas y constató que el ejercicio 2025 no había sido debidamente auditado por demoras del BCRA en enviar la información requerida.
Pagano había denunciado primero: casi cuatro billones sin destino trazable
La denuncia de Dalbón se suma a la que la diputada Marcela Pagano presentó en agosto pasado. En su cuenta de la red social X, Pagano comunicó: «DENUNCIÉ PENALMENTE A CAPUTO Y BAUSILI. Casi $4 BILLONES de fondos públicos quedaron sin destino públicamente trazable». Y citó la respuesta del presidente del BCRA ante ese cuestionamiento: «En algún lado están».
La legisladora consideró que esa contestación «no alcanza» e hizo hincapié en que «la plata de los argentinos no se pierde, no se esconde y no se administra en una caja negra». Concluyó: «Ahora van a tener que explicar ante la Justicia dónde estuvo cada peso, quién dio la orden y quién se benefició».
La causa concentra así dos denuncias penales convergentes, sumadas a la investigación en curso ante el juez Lijo y el fiscal Pollicita, que ya en septiembre tramitaba la ampliación presentada por senadores peronistas sobre las contradicciones del BCRA respecto a la ubicación de los lingotes, supuestamente depositados en el Banco de Pagos Internacionales de Suiza pero señalados por distintas fuentes como radicados en el Bank of England de Londres.
Lo que tenés que saber:
- El abogado Gregorio Dalbón solicitó la detención de Luis Caputo, Santiago Bausili y Juan Curutchet por administración fraudulenta, abuso de autoridad y asociación ilícita.
- La AGN registró un resultado negativo de 1.023 millones de dólares en las operaciones con derivados de oro del BCRA durante 2025.
- Dalbón afirmó que los imputados mintieron en la auditoría y obstruyeron a la Justicia, argumento central para justificar los pedidos de detención.
- La diputada Marcela Pagano ya había denunciado penalmente a Caputo y Bausili en agosto, señalando casi $4 billones sin destino trazable.
- La causa se acumula a la investigación del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, que también tramita la ampliación de senadores peronistas sobre el paradero del oro del BCRA.
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