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Denuncia

Piden procesar a dos expresidentes de SanCor por retener suma millonaria de aportes de trabajadores

La fiscalía federal de Rafaela acusa a José Pablo Gastaldi y Alberto Eduardo Sánchez de retener más de $1.644 millones en aportes previsionales y obras sociales entre 2020 y 2024. Los denunciantes fueron trabajadores de las plantas de Sunchales y Don Torcuato.

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★ La fiscalía federal de Rafaela solicitó el procesamiento de dos expresidentes de SanCor Cooperativas Unidas Limitadas por apropiación indebida de recursos de la seguridad social. La acusación recae sobre José Pablo Gastaldi y Alberto Eduardo Sánchez, quienes condujeron el Consejo de Administración de la cooperativa láctea entre febrero de 2020 y enero de 2024.

Según el requerimiento fiscal, durante ese período la empresa retuvo aportes de los trabajadores destinados a jubilaciones, pensiones y obras sociales por más de $1.644 millones, pero nunca los depositó en los organismos correspondientes, violando las obligaciones legales establecidas en el artículo 306 del Código Penal.

La investigación: 33 períodos fiscales sin depositar

El dictamen fiscal detalla que Gastaldi habría cometido 17 hechos entre 2020 y 2022, mientras que a Sánchez se le imputan otros 16 correspondientes a los años 2022, 2023 y enero de 2024. Todos los ilícitos se configuraron en concurso real y en carácter de autor, lo que implica que cada período fiscal sin depositar constituye un delito independiente.

La investigación se sustentó en reportes del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y en información de la base de datos de la AFIP. Estos elementos probatorios permitieron confirmar que durante 33 períodos fiscales, SanCor actuó como agente de percepción y retención sin cumplir con la obligación de transferir los fondos descontados a los trabajadores.

Denuncias de trabajadores de Sunchales y Don Torcuato

El expediente comenzó tras denuncias penales realizadas por trabajadores de las plantas de Sunchales, en Santa Fe, y Don Torcuato, en la provincia de Buenos Aires. Los empleados detectaron que la empresa no había transferido los aportes que mensualmente se les descontaban de sus salarios.

Inicialmente, la justicia provincial se declaró incompetente, por lo que la causa pasó a la órbita de la justicia federal. Posteriormente, ambas denuncias fueron acumuladas en un mismo expediente por tratarse de hechos similares y vinculados a la misma empresa.

Imputados se negaron a declarar pero no negaron los hechos

Al ser indagados, tanto Gastaldi como Sánchez se abstuvieron de declarar, un derecho que les asiste en el marco del proceso penal. Sin embargo, según consignó la fiscalía en su dictamen, ninguno de los dos imputados negó los hechos que se les atribuyen durante sus presentaciones ante la justicia.

Por este motivo, el Ministerio Público Fiscal consideró que existen elementos suficientes para solicitar el procesamiento de ambos expresidentes conforme al artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación, figura que tipifica la apropiación indebida de aportes y contribuciones de la seguridad social.

Sin prisión preventiva: medidas alternativas

A pesar de la gravedad de los hechos imputados, la fiscalía no solicitó la prisión preventiva de Gastaldi y Sánchez. En su lugar, consideró suficiente imponer la obligación de informar cualquier cambio de domicilio como medida de coerción.

Esta decisión se fundamentó en que ambos acusados carecen de antecedentes penales, tienen domicilio fijo, actividad laboral declarada y se presentaron a todas las citaciones judiciales realizadas durante la investigación. Estas circunstancias, según la fiscalía, reducen el riesgo de fuga o entorpecimiento del proceso.

El contexto de una cooperativa en crisis

SanCor Cooperativas Unidas Limitadas es una de las empresas lácteas más emblemáticas de la Argentina, con décadas de historia en el sector. Sin embargo, en los últimos años atravesó una profunda crisis económica que derivó en conflictos laborales, denuncias por falta de pago de salarios y deudas con proveedores.

El caso ahora investigado por la justicia federal suma un nuevo capítulo a la situación de la cooperativa, que en distintos momentos debió recurrir a planes de salvataje y reestructuraciones para intentar sostener su operación. Los trabajadores, en tanto, denunciaron reiteradamente que los descuentos por aportes se realizaban mes a mes, pero nunca llegaban a sus destinos en las cajas de jubilación y obras sociales.

Ahora la palabra la tendrá el juez federal interviniente, quien deberá analizar el requerimiento fiscal y decidir si procesa a los dos expresidentes de SanCor o si rechaza la acusación.

Puntos clave

• La fiscalía federal de Rafaela pidió procesar a dos expresidentes de SanCor por apropiación indebida de aportes por más de $1.644 millones.

• José Pablo Gastaldi y Alberto Eduardo Sánchez condujeron la cooperativa entre febrero de 2020 y enero de 2024, período en que se habrían retenido aportes sin depositarlos.

• La investigación confirmó que durante 33 períodos fiscales no se transfirieron fondos destinados a jubilaciones, pensiones y obras sociales.

• Las denuncias fueron realizadas por trabajadores de las plantas de Sunchales y Don Torcuato tras detectar los faltantes.

• La fiscalía no solicitó prisión preventiva por considerar que los imputados carecen de antecedentes y se presentaron a todas las citaciones judiciales.

Denuncia

Primero el disparo, después la censura: Villarruel y Bullrich prohíben muestra fotográfica de Pablo Grillo

Cancelaron la exhibición y la ceremonia en la que se le iba a entregar al fotoperiodista gravemente herido durante una represión un diploma de honor. La familia convocó a un encuentro en la puerta del Congreso para las 16:30, decidida a no ceder al silencio.

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El Argentino Diario-Pablo Grillo.

Censura y represión: Villarruel y Bullrich vetaron la muestra fotográfica de Pablo Grillo en el Congreso

★ En el Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional, la vicepresidenta Victoria Villarruel y la jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, cancelaron la muestra fotográfica y el diploma de honor que iba a entregarse este viernes al fotoperiodista Pablo Grillo, gravemente herido durante la represión del 12 de marzo de 2025. La familia convocó a un encuentro en la puerta del Congreso para las 16:30, decidida a no ceder al silencio.

La actividad estaba programada para este viernes 8 de mayo a las 16:30 en el Salón Azul del Senado, organizada por el senador justicialista Eduardo «Wado» De Pedro en el marco del Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional. El evento incluía la entrega de un diploma de honor a Grillo y una exposición de su obra fotográfica, pero fue cancelada intempestivamente horas antes de su realización, a pesar de haber contado con autorización previa.

La denuncia de De Pedro

«La actividad había sido autorizada, coordinada y anunciada públicamente, hasta que intempestivamente y sin explicación se nos comunicó que la autorización había sido revocada», señaló De Pedro en una publicación en la red social X. El senador por la provincia de Buenos Aires apuntó directamente contra las responsables: «Victoria Villarruel y Patricia Bullrich no quieren que se vean las fotos porque tienen miedo de que Pablo hable a través de su obra, tienen miedo al testimonio de su familia y le tienen miedo a la voz de las víctimas de violencia institucional». De Pedro calificó la medida como «una decisión autoritaria, un atropello a los valores democráticos y un nuevo acto de censura».

La familia: «No solo censuran fotos, atacan la libertad de expresión»

El padre de Pablo, Fabián Grillo, fue contundente al repudiar la cancelación: «No se censuran solamente fotos. Se ataca la libertad de expresión, la cultura y el derecho a mostrar quién es realmente Pablo. Pero no van a callar su mirada». Convocó a reunirse este viernes a las 16:30 en la puerta del Congreso (Hipólito Yrigoyen 1849) para compartir igualmente la obra del fotógrafo.

La fecha elegida no fue casual: el 8 de mayo es el Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional, y Patricia Bullrich era ministra de Seguridad cuando Gendarmería Nacional y Policía Federal reprimieron a los jubilados y a trabajadores de prensa que cubrían la marcha del 12 de marzo de 2025.

El ataque y sus consecuencias

Pablo Grillo, de 36 años, resultó gravemente herido el 12 de marzo de 2025 cuando el cabo primero de la Gendarmería Nacional, Héctor Jesús Guerrero, disparó una lata de gas lacrimógeno directamente hacia su cabeza. Según estableció la investigación judicial, Guerrero efectuó seis disparos de forma antirreglamentaria (en ángulo horizontal) «sin que existiera un contexto de agresión». Grillo sufrió fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica, con secuelas cognitivas permanentes. Permaneció meses en terapia intensiva en el Hospital Ramos Mejía y fue sometido a múltiples intervenciones quirúrgicas. El 27 de noviembre de 2025 recibió el alta de la unidad de cuidados intensivos.

El gendarme, a un paso del juicio oral

La cancelación del homenaje se produjo en medio de un avance judicial de enorme trascendencia: el fiscal federal Eduardo Taiano, a cargo de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°3, solicitó la elevación a juicio oral de la causa contra el gendarme Guerrero. Los delitos imputados son lesiones gravísimas agravadas por abuso de la función pública y abuso de armas agravado, cometido en cinco oportunidades. Taiano sostuvo que el comportamiento del efectivo representó «un peligro concreto para la vida e integridad física» de los manifestantes y que actuó con «plena conciencia de que infringía las normas». A su vez, la querella de la familia Grillo también requirió a la jueza María Servini la elevación a juicio oral del caso.

La Editorial Perfil le otorgó a Grillo el Premio Perfil 2025 a la Libertad de Prensa Nacional en reconocimiento a su trabajo y al impacto institucional del ataque sufrido mientras ejercía su labor informativa. El galardón fue recibido por su padre, Fabián, quien expresó: «No debería estar acá yo. Pablo estaría ahí, tendría que estar ahí con sus colegas».

Censura que confirma el patrón

La decisión de vetar la muestra de Grillo se inscribe en una serie de restricciones a la libertad de prensa que el actual gobierno impulsa de manera sistemática: acreditaciones negadas a periodistas críticos en la Casa Rosada y el Congreso, cierre de medios públicos y reducción del financiamiento a la comunicación. Desde la cuenta «Justicia por Pablo Grillo» el resumen fue lapidario: «Primero el disparo. Después la estigmatización. Ahora la censura».

Puntos clave:

  • Villarruel y Bullrich cancelaron la muestra fotográfica y el diploma de honor a Grillo en el Salón Azul del Senado, pese a estar autorizada previamente.
  • La cancelación ocurrió en el Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional, el 8 de mayo de 2026.
  • El fiscal federal Taiano y la querella de la familia Grillo pidieron la elevación a juicio oral del gendarme Héctor Guerrero.
  • Guerrero está imputado por lesiones gravísimas agravadas por abuso de la función pública y abuso de armas agravado en cinco oportunidades.
  • La familia convocó a mostrar la obra de Grillo en la puerta del Congreso (Hipólito Yrigoyen 1849) a las 16:30 del viernes 8 de mayo.

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