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Denuncia

Piden procesar a dos expresidentes de SanCor por retener suma millonaria de aportes de trabajadores

La fiscalía federal de Rafaela acusa a José Pablo Gastaldi y Alberto Eduardo Sánchez de retener más de $1.644 millones en aportes previsionales y obras sociales entre 2020 y 2024. Los denunciantes fueron trabajadores de las plantas de Sunchales y Don Torcuato.

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★ La fiscalía federal de Rafaela solicitó el procesamiento de dos expresidentes de SanCor Cooperativas Unidas Limitadas por apropiación indebida de recursos de la seguridad social. La acusación recae sobre José Pablo Gastaldi y Alberto Eduardo Sánchez, quienes condujeron el Consejo de Administración de la cooperativa láctea entre febrero de 2020 y enero de 2024.

Según el requerimiento fiscal, durante ese período la empresa retuvo aportes de los trabajadores destinados a jubilaciones, pensiones y obras sociales por más de $1.644 millones, pero nunca los depositó en los organismos correspondientes, violando las obligaciones legales establecidas en el artículo 306 del Código Penal.

La investigación: 33 períodos fiscales sin depositar

El dictamen fiscal detalla que Gastaldi habría cometido 17 hechos entre 2020 y 2022, mientras que a Sánchez se le imputan otros 16 correspondientes a los años 2022, 2023 y enero de 2024. Todos los ilícitos se configuraron en concurso real y en carácter de autor, lo que implica que cada período fiscal sin depositar constituye un delito independiente.

La investigación se sustentó en reportes del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y en información de la base de datos de la AFIP. Estos elementos probatorios permitieron confirmar que durante 33 períodos fiscales, SanCor actuó como agente de percepción y retención sin cumplir con la obligación de transferir los fondos descontados a los trabajadores.

Denuncias de trabajadores de Sunchales y Don Torcuato

El expediente comenzó tras denuncias penales realizadas por trabajadores de las plantas de Sunchales, en Santa Fe, y Don Torcuato, en la provincia de Buenos Aires. Los empleados detectaron que la empresa no había transferido los aportes que mensualmente se les descontaban de sus salarios.

Inicialmente, la justicia provincial se declaró incompetente, por lo que la causa pasó a la órbita de la justicia federal. Posteriormente, ambas denuncias fueron acumuladas en un mismo expediente por tratarse de hechos similares y vinculados a la misma empresa.

Imputados se negaron a declarar pero no negaron los hechos

Al ser indagados, tanto Gastaldi como Sánchez se abstuvieron de declarar, un derecho que les asiste en el marco del proceso penal. Sin embargo, según consignó la fiscalía en su dictamen, ninguno de los dos imputados negó los hechos que se les atribuyen durante sus presentaciones ante la justicia.

Por este motivo, el Ministerio Público Fiscal consideró que existen elementos suficientes para solicitar el procesamiento de ambos expresidentes conforme al artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación, figura que tipifica la apropiación indebida de aportes y contribuciones de la seguridad social.

Sin prisión preventiva: medidas alternativas

A pesar de la gravedad de los hechos imputados, la fiscalía no solicitó la prisión preventiva de Gastaldi y Sánchez. En su lugar, consideró suficiente imponer la obligación de informar cualquier cambio de domicilio como medida de coerción.

Esta decisión se fundamentó en que ambos acusados carecen de antecedentes penales, tienen domicilio fijo, actividad laboral declarada y se presentaron a todas las citaciones judiciales realizadas durante la investigación. Estas circunstancias, según la fiscalía, reducen el riesgo de fuga o entorpecimiento del proceso.

El contexto de una cooperativa en crisis

SanCor Cooperativas Unidas Limitadas es una de las empresas lácteas más emblemáticas de la Argentina, con décadas de historia en el sector. Sin embargo, en los últimos años atravesó una profunda crisis económica que derivó en conflictos laborales, denuncias por falta de pago de salarios y deudas con proveedores.

El caso ahora investigado por la justicia federal suma un nuevo capítulo a la situación de la cooperativa, que en distintos momentos debió recurrir a planes de salvataje y reestructuraciones para intentar sostener su operación. Los trabajadores, en tanto, denunciaron reiteradamente que los descuentos por aportes se realizaban mes a mes, pero nunca llegaban a sus destinos en las cajas de jubilación y obras sociales.

Ahora la palabra la tendrá el juez federal interviniente, quien deberá analizar el requerimiento fiscal y decidir si procesa a los dos expresidentes de SanCor o si rechaza la acusación.

Puntos clave

• La fiscalía federal de Rafaela pidió procesar a dos expresidentes de SanCor por apropiación indebida de aportes por más de $1.644 millones.

• José Pablo Gastaldi y Alberto Eduardo Sánchez condujeron la cooperativa entre febrero de 2020 y enero de 2024, período en que se habrían retenido aportes sin depositarlos.

• La investigación confirmó que durante 33 períodos fiscales no se transfirieron fondos destinados a jubilaciones, pensiones y obras sociales.

• Las denuncias fueron realizadas por trabajadores de las plantas de Sunchales y Don Torcuato tras detectar los faltantes.

• La fiscalía no solicitó prisión preventiva por considerar que los imputados carecen de antecedentes y se presentaron a todas las citaciones judiciales.

Denuncia

Adorni: el fiscal pidió bajar la carátula y la oposición habló de impunidad

El fiscal Gerardo Pollicita sostuvo que no puede probar el enriquecimiento ilícito del exjefe de Gabinete y pidió enviar la causa al fuero Penal Económico para investigar una posible evasión. Varios dirigentes opositores cuestionaron el giro y lo leyeron como una salida a medida, a horas de la llegada del Papa al país.

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El Argentino Diario-Manuel Adorni da la cara en el Congreso.
De “enriquecimiento ilícito” a “tema de impuestos”: el giro en la causa Adorni que indignó a la oposición.

La causa que debía explicar cómo creció el patrimonio de Manuel Adorni podría dejar Comodoro Py para convertirse en una discusión con el fisco, y la oposición salió a decir que esa es la salida a medida.

El viernes 6 de noviembre, el fiscal federal Gerardo Pollicita presentó un dictamen ante el juez Ariel Lijo en el que concluyó que no hay elementos suficientes para sostener la acusación por enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete, que renunció el 27 de junio y fue reemplazado por Diego Santilli. Pidió que se declare la incompetencia del fuero federal y que el expediente pase a la Justicia Nacional en lo Penal Económico. No es un sobreseimiento: la decisión final es de Lijo.

Lo que dijo el fiscal

Según el dictamen, el fiscal no pudo refutar la versión de la defensa, que sostiene que Adorni tenía más de medio millón de dólares antes de llegar a la función pública y lo atribuye a inversiones en criptomonedas. El delito de enriquecimiento ilícito exige que el incremento injustificado ocurra después de asumir un cargo, y el período analizado fue del 14 de diciembre de 2023 al 27 de junio de 2026.

Pollicita no descartó, sin embargo, que haya habido irregularidades: planteó que persisten indicios de que ingresos, dólares en efectivo y activos virtuales permanecieron fuera de las declaraciones juradas durante años, y señaló que la propia defensa reconoció que parte de la información rectificada era “materia antes no declarada”. Por eso propone que el fuero Penal Económico determine si hubo evasión en Ganancias, Bienes Personales u otros tributos, ejercicio por ejercicio, y pidió revisar la actuación de la escribana que intervino en las escrituras.

La oposición: “ES JODA”

El presidente de la Coalición Cívica y diputado por la Ciudad, Maximiliano Ferraro, escribió en X que “ES JODA” y ironizó con que el cambio de vida del exfuncionario se explique con un pendrive con criptomonedas. “Adorni no tenía dónde caerse muerto antes de llegar al Gobierno”, afirmó. Enumeró más de US$ 400.000 en efectivo para comprar propiedades y pagar obras, viajes por el mundo, vuelos privados con toda su familia, refacciones en su casa y hasta el uso de tarjetas de crédito de sus empleados, y habló de un nivel de connivencia entre operadores judiciales y poder político que calificó de escandaloso.

La exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) y exfuncionaria del gobierno de Mauricio Macri, María Eugenia Talerico, fue la más categórica: “USAN AL SANTO PADRE PARA TAPAR LA CORRUPCIÓN DE ADORNI”. Sostuvo que, con la atención del país puesta en la llegada del Papa, el fiscal pidió que la causa pase a ser “un tema de impuestos, de esos que se arreglan pagando”, y calificó de despreciable aprovechar la visita de León XIV con ese fin. Agregó que el expediente queda ahora en manos de Lijo, “el mismo que con $LIBRA mandó a pasear el expediente”.

En rigor, el sobreseimiento de Javier y Karina Milei y de otros nueve imputados en la causa $LIBRA lo dictó el juez Marcelo Martínez de Giorgi el 23 de octubre, a pedido del fiscal Eduardo Taiano.

El titular del Partido Obrero, Gabriel Solano, habló de “Justicia de clase” y recordó que Pollicita, según dijo, persiguió a dirigentes del movimiento piquetero. Afirmó que el fiscal “acaba de sobreseer” a Adorni, aunque técnicamente no hubo sobreseimiento sino un pedido de cambio de fuero. La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade sostuvo que “el fiscal no tenía que acreditar nada”, porque el enriquecimiento ilícito invierte la carga de la prueba y es el acusado quien debe justificar su patrimonio, e ironizó con que había que felicitar al contador por lo que “dibujó” en tantas prórrogas.

El abogado de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Gregorio Dalbón, unió esta causa con $LIBRA. Escribió que mientras Taiano pidió cerrar esa investigación sin peritar el celular del Presidente, Pollicita se encamina a cerrar la de Adorni sin que el exjefe de Gabinete explique cómo gasta más de lo que gana: “Misma semana. Mismo Gobierno. Mismo final feliz”. Y agregó: “Nunca vi fiscales que se equivocan siempre para el mismo lado”. También reclamó que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que ya fue por $LIBRA, intervenga en este caso.

Pagano pidió que Lijo rechace el cambio de fuero

La diputada Marcela Pagano, autora de la denuncia original, amplió su presentación ante Lijo con datos de la Central de Deudores del Banco Central. Según su escrito, la cuenta de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, en el Banco Galicia registró gastos de entre 13 y 18 millones de pesos por mes entre junio y septiembre, cuando su marido ya había dejado el cargo y el salario estatal. Pidió que el juez rechace la incompetencia, oficie a bancos y a ARCA, cite a Adorni a indagatoria y habilite la intervención de la PIA.

Pagano recordó además que el enriquecimiento ilícito puede investigarse hasta dos años después de concluida la función pública, un período que, según sostiene, la fiscalía no analizó.

Qué viene

Lijo deberá resolver si acepta la incompetencia y envía el expediente al fuero Penal Económico, o si mantiene la causa en Comodoro Py, como pidió Pagano. La Justicia ya había ordenado peritar las billeteras de criptomonedas del exjefe de Gabinete. El dictamen no cierra la causa, pero cambia su naturaleza: de explicar un patrimonio construido durante la función pública a discutir cuentas con el fisco.

Lo que tenés que saber:

  • El 6 de noviembre, Pollicita dictaminó que no hay elementos para sostener el enriquecimiento ilícito de Adorni y pidió pasar la causa al fuero Penal Económico.
  • No es un sobreseimiento: el juez Ariel Lijo debe decidir si acepta la incompetencia.
  • El fiscal no pudo refutar que Adorni tuviera más de medio millón de dólares antes de asumir, pero planteó que ingresos, dólares y criptoactivos quedaron fuera de sus declaraciones durante años.
  • Ferraro, Talerico, Solano, Frade y Dalbón cuestionaron el dictamen y hablaron de impunidad.
  • Pagano amplió la denuncia con datos del Banco Central y pidió que Lijo rechace el cambio de fuero.
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