Trabajadores del subte piden por el retiro “rápido y eficiente” del asbesto
Denunciaron desde la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP), el asbesto está presente en la red del servicio público de transporte y aseguraron que su manipulación causó la muerte de tres trabajadores entre 2021 y 2022, en tanto que hay más de 85 afectados por la sustancia contaminante.
Trabajadores de Subterráneos de la Ciudad Buenos Aires exigieron hoy al Gobierno porteño y la empresa Emova, que gestiona la red, un plan de retiro “rápido y eficiente” del asbesto, considerado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una de las sustancias “cancerígenas ocupacionales más importantes”.
La exhortación se dio en el marco de un encuentro en la Legislatura porteña convocado por la diputada del Frente de Izquierda Unidad (FIT-U) Alejandra Barry, que reunió a también a ambientalistas y referentes de los derechos humanos como Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.
Según denunciaron desde la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP), el asbesto está presente en la red del servicio público de transporte y aseguraron que su manipulación causó la muerte de tres trabajadores entre 2021 y 2022, en tanto que hay más de 85 afectados por la sustancia contaminante.
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En rigor, el reclamo para que el asbesto sea retirado comenzó en 2018 tras tomar conocimiento de la presencia de la sustancia cancerígena en las unidades de la línea B que el Gobierno porteño compró al Metro de Madrid durante el mandato de Mauricio Macri entre 2011 y 2012.
Durante la reunión en la Legislatura, la diputada nacional Myriam Bregman instó a iniciar “una campaña permanente y nacional que eche luz sobre esta situación que se centra principalmente en la pelea en la salud de los trabajadores y las trabajadoras del subte y tiene que estar en la agenda tanto de esta Legislatura porteña como en el Congreso”.
Martín Paredes, conductor de la línea B de subte y enfermo de neumoconiosis desde 2020, agradeció el respaldo de los presentes en el encuentro ya que, dijo, “es necesario este apoyo porque enfrente tenemos intereses políticos que nos atacan permanentemente”.
Claudio Dellecarbonara, miembro del secretariado de AGTSyP, pidió por “un plan integral de desasbestización, el cambio de la flota y la reducción de la jornada laboral porque trabajamos en un ámbito insalubre”; al tiempo que afirmó que seguirán “haciendo lo que esté al alcance porque es una crisis sanitaria bajo tierra”.
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La legisladora del Frente de Todos Laura Velasco sumó su apoyo al reclamo de los trabajadores del subte y dio cuenta del tratamiento parlamentario de un pedido de informe al Ejecutivo, de su autoría, que busca conocer el estado de la presencia de asbesto en los coches y la infraestructura de esa red de transporte al indicar que “es una problemática que requiere de una respuesta urgente”.
Barry explicó que la reunión apuntó a “rodear de solidaridad a las trabajadoras y los trabajadores del subte porque lo que acá está en juego es la salud y la vida de millones de personas”.
Jorge Pisani, secretario de Cultura de AGTSyP, llamó a una “desasbestización rápida y eficiente porque ello va a implicar menos exposición tanto para les trabajadores como a los pasajeros”.
Por su parte, Ariel Rossi, médico clínico del sindicato, precisó que auditaron más de 3700 estudios que fueron realizados a los trabajadores del subte y detalló que tres personas murieron, hay otras seis con cáncer y 85 contaminados como consecuencia de la presencia de asbesto en sus puestos laborales.
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Estuvieron presentes también la legisladora Victoria Montenegro y el diputado Juan Pablo O’Dezaille; Guillermo Folguera, filósofo, biólogo y activista socioambiental; Matías Blaustein, doctor en Biología, Investigador del CONICET y docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, y Enrique Viale, abogado ambientalista, entre otros referentes de la lucha socioambiental.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) consideró hoy que la reducción de la jornada laboral, cuyo debate retomará mañana la Cámara de Diputados, también debe aplicarse en el Estado, y sostuvo que “es posible hacerlo o hasta concentrar toda la actividad en cuatro días de la semana, aumentando a la vez la eficiencia de las prestaciones”.
Así señaló hoy el secretario nacional adjunto del gremio y electo nuevo titular de la ATE a partir de noviembre próximo, Rodolfo Aguiar, quien aseveró que en el sector público “es posible reducir la jornada laboral o concentrar la actividad en cuatro días de la semana”.
“El debate en Diputados sobre la reducción de la jornada laboral en el ámbito privado es oportuno. La Argentina es uno de los países de la región con más horas y una tradición oxidada de 110 años. Ese cambio debe discutirse también en el Estado”, argumentó.
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Aguiar afirmó que esa decisión permitirá comenzar a enfrentar “uno de los mayores males existentes en todos los niveles del Estado, la precarización laboral”, y añadió que “si se trabaja menos horas sin reducir salarios o en cambio incrementándolos ello repercutirá de forma positiva en áreas con elevados niveles de autoexplotación”.
El sindicalista enumeró entre esas áreas a las de salud, educación y centros de contención a franjas sociales vulnerables y a dependencias municipales, en las que para garantizar ingresos dignos hay que “duplicar o triplicar la jornada con guardias o extras”.
Aguiar reseñó que en los últimos años “se verificó en el sector público un considerable aumento de las licencias por enfermedad, y se destacaron los tratamientos psicológicos”.
“Jornadas laborales más cortas permitirán mejorar la salud física y mental de los trabajadores y construir ambientes sanos y libres de violencia. También aumentar la cantidad y calidad de las prestaciones o servicios estatales”, aseguró el gremialista.
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Muchos países ya decidieron jornadas laborales menores y, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los de mayor índice de productividad a partir de esa medida son Holanda, Australia, Noruega, Dinamarca y México, dijo Aguiar, quien aseveró que ello también impactará de manera positiva en los hogares por las tareas de cuidado.
Islandia fue uno de los primeros países en reducir horas laborales en el sector público, en 2015, y “los resultados fueron muy favorables a nivel de productividad”, concluyó Aguiar.
La Comisión de Legislación Laboral de la Cámara baja retomará desde mañana el debate sobre los proyectos de reducción de la jornada laboral.