★ El gobierno de Javier Milei arrancó este lunes con un nuevo revés judicial en su defensa de la Ley N° 27.802 de Modernización Laboral: el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 suspendió cautelarmente un conjunto de artículos de la norma en el marco de una presentación de la CGT, sumando así un nuevo frente judicial a una batalla legal que se extiende desde el mismo día en que la ley fue publicada en el Boletín Oficial, el 6 de marzo.

La información sobre qué artículos específicos fueron suspendidos en este nuevo fallo no fue precisada en los comunicados oficiales ni en las fuentes consultadas al cierre de esta edición. El Gobierno confirmó que la decisión será apelada, con el patrocinio conjunto del Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, y la Procuración del Tesoro de la Nación. Fuentes oficiales indicaron además que la gestión libertaria evalúa si canalizar esa apelación por el fuero laboral o por el fuero contencioso administrativo federal, sin haber definido aún ese punto al cierre de esta nota.

«Vamos a ir hasta las últimas consecuencias»

Fuentes del oficialismo al tanto de la estrategia jurídica afirmaron que la administración libertaria promete «ir a fondo hasta que toda la ley sancionada por amplia mayoría en ambas cámaras esté plenamente vigente» y que «vamos a ir hasta las últimas consecuencias». El argumento central que el Gobierno sostiene en el terreno político es la legitimidad parlamentaria de la norma, aprobada con votos propios y de sectores de la oposición en el Congreso.

El Ministerio de Capital Humano emitió un comunicado en el que rechazó «los intentos de quienes, priorizando intereses corporativos y sectoriales, pretenden obstaculizar las reformas necesarias para superar el desempleo y el estancamiento que caracterizaron etapas anteriores de nuestra historia». La referencia a la «calle Azopardo» es directa: esa es la dirección de la sede de la CGT en la Ciudad de Buenos Aires.

Según fuentes oficiales consultadas, el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques no está involucrado por el momento en el seguimiento de esta causa judicial, lo que concentra la conducción del litigio en Capital Humano y la Procuración del Tesoro.

Una acumulación de fallos que el Gobierno no esperaba

El nuevo fallo del Juzgado N° 63 se inscribe en una secuencia judicial que viene erosionando la aplicación plena de la Ley de Modernización Laboral desde su promulgación. El mapa de pronunciamientos acumulados en menos de cuatro semanas es el siguiente, según lo cubrió esta redacción:

El 6 de marzo, mismo día de la publicación en el Boletín Oficial, la CGT presentó amparos en los fueros Laboral y Contencioso Administrativo. El 11 de marzo, el juez federal Enrique Lavié Pico rechazó la cautelar cegetista contra el traspaso del Fuero Laboral, primer revés para la central obrera. El 12 de marzo, el juez cordobés Ricardo Gileta emitió el primer fallo que declaró inconstitucional el artículo 55, que limita la actualización de créditos en juicios laborales en curso. El 13 de marzo, el Tribunal del Trabajo N° 3 de La Plata replicó ese criterio e identificó además la violación del artículo 17 de la Constitución Nacional (derecho de propiedad). El 17 de marzo, el juez Herman Mendel del Juzgado Nacional del Trabajo N° 30 suspendió cautelarmente el acuerdo de transferencia del Fuero Laboral a la Ciudad de Buenos Aires, revirtiendo el revés previo de Lavié Pico. Y este lunes 30 de marzo, el Juzgado N° 63 sumó una nueva suspensión cautelar sobre artículos de la norma a pedido de la CGT.

La contradicción que el Gobierno no resuelve

El argumento oficial de la «legitimidad parlamentaria» tiene un límite que la propia secuencia judicial expone: que una ley haya sido aprobada por mayoría en el Congreso no la exime del control de constitucionalidad que ejerce el Poder Judicial. Los jueces laborales que se pronunciaron hasta ahora no cuestionaron el proceso legislativo sino el contenido sustantivo de los artículos impugnados, en particular su compatibilidad con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, el principio de progresividad en materia de derechos sociales y el principio protectorio del derecho del trabajo.

El comunicado del Ministerio de Capital Humano que habla de «intereses corporativos y sectoriales» omite además un dato de contexto que los fallos judiciales registraron con precisión: los trabajadores que obtuvieron protección judicial hasta ahora no son dirigentes sindicales sino empleados individuales con juicios laborales en curso, como el gastronómico de La Plata que cobró más de $12,8 millones bajo el régimen anterior a la reforma, o los 1.500 agentes judiciales cuya estabilidad laboral quedó protegida por la cautelar del juez Mendel.

Puntos clave:

• El Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 suspendió cautelarmente artículos de la Ley de Modernización Laboral este lunes 30 de marzo, a pedido de la CGT (fuente: comunicado oficial del Ministerio de Capital Humano y fuentes del oficialismo).
• El Ministerio de Capital Humano y la Procuración del Tesoro llevarán adelante la apelación; el Ministerio de Justicia no está involucrado en la causa por el momento.
• El Gobierno evalúa apelar en el fuero laboral o en el contencioso administrativo federal; la decisión no estaba tomada al cierre de esta edición.
• Los artículos específicos suspendidos por el Juzgado N° 63 no fueron precisados en las fuentes disponibles al cierre de esta nota.
• El comunicado oficial del Ministerio de Capital Humano calificó las presentaciones judiciales como expresión de «intereses corporativos y sectoriales».