Casi medio millón de pesos por una consulta de clínica médica, una radiografía y un hemograma. Eso es lo que el Hospital Garrahan comenzó a cobrar a pacientes extranjeros, según denunció la Junta Interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) del nosocomio en un comunicado que sacude al sistema de salud pública pediátrica del país.

La Junta Interna de ATE del Hospital Garrahan denunció públicamente que las autoridades del centro de salud iniciaron una política de arancelamiento selectivo para pacientes extranjeros, estableciendo un cobro de $488.523,99 por prestaciones básicas como clínica médica, radiografía y hemograma. Para los gremialistas, se trata de una medida que combina un sesgo xenófobo con un avance encubierto hacia la privatización del hospital, en contradicción con las leyes vigentes y los tratados internacionales de Derechos Humanos.

Un antecedente que alarma al gremio

El representante de la Junta Interna, Alejandro Lipcovich, fue contundente: «Estamos en contra de restringir el acceso a la salud pública en cualquier lugar del mundo, por tratarse de un derecho humano básico y universal. Para su financiamiento deben establecerse otras medidas, y nunca el recargo sobre las personas individuales que padecen un problema de salud.» El dirigente advirtió que los tratados internacionales de Derechos Humanos son explícitos en que ni la atención ni los tratamientos pueden suspenderse por criterios migratorios o exigencia de aranceles, especialmente cuando se trata de niños.

El delegado adjunto Gerardo Oroz salió al cruce del argumento que el oficialismo suele invocar para justificar este tipo de medidas. «La idea de que hay ‘tours sanitarios’ que vacían al sistema de salud es nefasta, pero por sobre todas las cosas falsa: la presencia de extranjeros no residentes en los hospitales públicos es marginal.» Oroz precisó que, según las propias estadísticas institucionales del Garrahan, esa presencia representa apenas el 0,35% del promedio de atenciones.

El impacto sobre familias que viven y trabajan en Argentina

Lipcovich profundizó el argumento apuntando a una de las consecuencias más concretas de la medida: con estos aranceles se negará el acceso al Garrahan a niñas y niños que son admitidos en escuelas públicas y privadas del país, hijos de familias que trabajan, estudian y residen en Argentina. «La sola difusión de estos aranceles altísimos busca desalentar que las familias acudan al hospital, cuando nadie viene ‘de paseo’ sino buscando respuestas ante graves afectaciones de salud», sostuvo. Para los trabajadores, la medida no es solo injusta: es una aberración jurídica y humanitaria.

El dedo apunta a Lugones

La ATE fue directa al señalar responsabilidades políticas. En el comunicado, el gremio recordó que la crisis del sistema de salud tiene como primer responsable al gobierno nacional, que llevó el desfinanciamiento al extremo y que todavía no cumple con la Ley de Emergencia Pediátrica. «Para poner un freno parcial a ese vaciamiento del Garrahan, tuvimos que estar meses y meses luchando hasta conseguir el aumento que nos negaban. El PAMI, por caso, está al borde del colapso», afirmaron.

El foco recayó sobre el ministro de Salud, Mario Lugones, a quien el gremio exigió la renuncia. Los trabajadores denunciaron que la complicidad de Lugones quedó expuesta en el escándalo de los laboratorios y el fentanilo contaminado, que cobró la vida de más de 110 personas. «¡Tiene que irse de su cargo cuanto antes!», exigieron desde la Junta Interna de ATE.

Lo que tenés que saber

• El Hospital Garrahan comenzó a cobrar $488.523,99 a pacientes extranjeros por prestaciones básicas (consulta clínica, radiografía y hemograma).
• ATE denuncia que la medida es xenófoba y un antecedente de privatización, contraria a leyes vigentes y a tratados internacionales de DDHH.
• Según estadísticas del propio hospital, los pacientes extranjeros no residentes representan apenas el 0,35% de las atenciones.
• Los trabajadores exigen la renuncia del ministro de Salud Mario Lugones, a quien responsabilizan del desfinanciamiento del sistema y del escándalo del fentanilo contaminado con más de 110 víctimas fatales.
• El gobierno nacional aún no cumple con la Ley de Emergencia Pediátrica.