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Gremiales

Detalles sobre la orden de captura contra dirigente de la UOCRA: ¿Justicia o Gestapo antisindical?

La Justicia Federal emitió una orden de detención contra el dirigente Iván Tobar, en el marco de una causa por amenazas coactivas. Sin embargo, los antecedentes de persecución a sindicalistas, como en el caso del «Pata» Medina, generan dudas sobre la legitimidad de la causa.

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El Argentino Diario-Dirigente de la UOCRA Iván Tobar.

Un operativo judicial que despierta sospechas

El Juzgado Federal de Ernesto Kreplak ordenó este jueves la captura de Iván Tobar, dirigente de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), en el marco de una causa penal iniciada en 2022. Los operativos incluyeron 25 allanamientos simultáneos en La Plata, Berisso y Ensenada, con un despliegue policial significativo en el galpón de la UOCRA en Tolosa. Además de Tobar, otras seis personas enfrentan órdenes de arresto.

La causa, según fuentes judiciales, está vinculada a denuncias por amenazas coactivas a funcionarios. Sin embargo, no es la primera vez que un dirigente sindical enfrenta acusaciones de este tipo en un contexto que, para algunos, podría estar teñido de intencionalidad política.

El antecedente de la «Gestapo antisindical»

El caso de Tobar recuerda inevitablemente al escándalo de la llamada «Gestapo antisindical», revelado en 2022, cuando se conocieron videos de una reunión en 2017 en la sede del Banco Provincia. En ese encuentro, el entonces ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, junto a funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y empresarios, discutió estrategias para «armar causas» contra dirigentes sindicales, entre ellos Juan Pablo «Pata» Medina, exlíder de la UOCRA La Plata.

Medina, quien pasó casi cinco años entre prisión preventiva y arresto domiciliario, denunció que las acusaciones en su contra fueron parte de una persecución política orquestada por el gobierno de Mauricio Macri. «Querían armar una banda para cazar sindicalistas», afirmó Medina en su momento, señalando que las causas judiciales en su contra carecían de pruebas contundentes.

El juez Kreplak, quien ahora lleva adelante la causa contra Tobar, también estuvo a cargo de la investigación sobre la «mesa judicial» que buscaba desarticular a los sindicatos. Este antecedente genera dudas sobre si el caso actual podría responder a una estrategia similar.

Sindicalismo bajo ataque: ¿reforma o criminalización?

La UOCRA, uno de los sindicatos más poderosos del país, ha sido históricamente blanco de denuncias por prácticas coercitivas y corrupción. Sin embargo, la criminalización de sus dirigentes plantea interrogantes sobre el equilibrio entre la necesidad de transparencia sindical y el respeto a los derechos laborales.

Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Argentina ha registrado un aumento en las denuncias de persecución sindical en la última década. Este fenómeno, que incluye desde despidos arbitrarios hasta causas judiciales cuestionables, afecta no solo a los líderes gremiales, sino también a la capacidad de los sindicatos para defender los derechos de los trabajadores.

En este contexto, el caso de Tobar podría interpretarse como parte de una estrategia más amplia para debilitar a los sindicatos en un momento de crisis económica y social. La creciente precarización laboral y la inflación, que en 2025 supera el 120% anual, han intensificado los conflictos entre trabajadores, empresarios y el Estado.

Justicia o lawfare: el debate continúa

La orden de arresto contra Iván Tobar reaviva el debate sobre el uso de la justicia como herramienta de persecución política. Si bien las denuncias por amenazas coactivas deben ser investigadas, los antecedentes de causas armadas contra dirigentes sindicales, como en el caso del «Pata» Medina, obligan a mirar este caso con cautela.

La pregunta que queda en el aire es si estamos ante un avance legítimo de la justicia o frente a un nuevo capítulo de lawfare, donde los intereses políticos y económicos se imponen sobre los derechos de los trabajadores y sus representantes.

Gremiales

Fate: el SUTNA rechaza el desalojo y convoca para este lunes

La Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro ordenó desalojar la planta de Fate en San Fernando, ocupada por 920 trabajadores desde el 18 de febrero. El SUTNA calificó la medida de «disparate jurídico», anunció que apelará y convocó a una concentración para este lunes frente a la fábrica.

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920 puestos de trabajo, siete meses de resistencia y un fallo que el sindicato llama "disparate jurídico".

Veinticuatro trabajadores imputados por usurpación, una planta de 44 hectáreas que lleva siete meses ocupada, y una nueva orden judicial de desalojo: así está el conflicto de Fate, la fábrica de neumáticos de Virreyes, partido de San Fernando, que el lunes 21 de septiembre volverá a ser el centro de una nueva jornada de resistencia obrera.

La resolución fue dictada por la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro, que hizo lugar al recurso presentado por Javier Madanes Quintanilla, propietario de la empresa, en el marco de una denuncia por usurpación contra el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA). El tribunal consideró que las instancias de conciliación obligatoria habían sido agotadas y que la continuidad de la ocupación ya no podía encuadrarse como herramienta para destrabar el conflicto laboral.

«Un disparate jurídico»: la respuesta del SUTNA

El secretario general del SUTNA, Alejandro Crespo, no tardó en responder. El viernes, en conferencia de prensa frente a la planta, calificó el fallo de «disparate jurídico» y cuestionó de fondo la intervención del fuero penal en una disputa que, a su criterio, es estrictamente de naturaleza laboral. «El desalojo es un hecho de violencia sobre los trabajadores que son víctimas de un lockout y están protegiendo sus puestos de trabajo. Después de dar toda una explicación sobre que no se puede meter la Justicia penal en un ámbito laboral, los jueces terminan diciendo que hay que avanzar en un desalojo», señaló Crespo.

El gremialista también anunció que el sindicato apelará la medida y presentará recursos ante la Casación para evitar que el fallo quede firme. «Obviamente, el sindicato va a apelar y va a presentar los recursos para Casación para que no quede firme este tipo de disparate», afirmó. Además, convocó a organizaciones obreras, políticas y sociales a concentrarse este lunes frente a la planta y reclamó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que intervenga en el conflicto.

Siete meses de lockout: la historia de un cierre que el SUTNA llama ilegal

El conflicto se inició el 18 de febrero de 2026, cuando Fate anunció el cierre definitivo de su planta y el despido de 920 trabajadores, sin tramitar un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) y sin cumplir con los acuerdos de no despidos. Desde entonces, integrantes del SUTNA mantienen la ocupación del predio. El sindicato sostiene que la paralización de la producción constituyó un lockout patronal ofensivo, orientado a redirigir inversiones de la empresa hacia los sectores de energía y aluminio, y que la permanencia de los trabajadores en la planta tiene por objetivo resguardar la maquinaria, evitar el vaciamiento y reclamar la conciliación obligatoria.

El caso tuvo, además, un antecedente judicial que el SUTNA recuerda: en marzo, la misma Sala II había revocado una primera orden de restitución dictada por el juez de Garantías Esteban Rossignol, argumentando que las negociaciones laborales aún estaban abiertas y que debía privilegiarse la conciliación. Ahora, con ese argumento agotado por el tribunal, el escenario se invirtió. La nueva resolución activó además la imputación formal de 24 personas por la permanencia en el predio.

La CGT y el reclamo de paro general activo

El miércoles 16 de septiembre, el SUTNA se reunió con la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) en la sede de la central obrera. El sindicato llevó al encuentro el planteo de la necesidad de poner fin al lockout patronal y planteó la conveniencia de convocar a un paro general activo. «El triunfo de los trabajadores de Fate sobre este ilegal lockout patronal significaría un enorme paso para el movimiento obrero en estos momentos tan oscuros, trayendo esperanza a toda la clase obrera», sostuvo el gremio en un comunicado posterior a la reunión.

El SUTNA también denunció lo que califica como «criminalización» de la protesta: el intento de elevar a juicio a trabajadores que, desde su perspectiva, se limitan a defender sus puestos frente a una acción patronal que consideran ilegal. «Llamamos a todas las organizaciones obreras y a los periodistas a acercarse a la fábrica para defender esta lucha, que se volvió una pelea de todo el pueblo trabajador que resuena en los diarios de todo el mundo. Fate no se cierra», concluyó Crespo en su intervención del viernes.

Este lunes, a partir de las 10, la concentración frente a la planta de San Fernando reunirá a representantes gremiales del SUTNA junto a organizaciones sociales y políticas. El sindicato tiene prevista además una conferencia de prensa en el lugar.

Lo que tenés que saber

  • La Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro ordenó el desalojo de la planta de Fate en Virreyes, partido de San Fernando, haciendo lugar al recurso del propietario Javier Madanes Quintanilla.
  • El SUTNA rechazó la medida, la calificó de «disparate jurídico» y anunció que apelará ante la Casación para impedir que el fallo quede firme.
  • 24 personas fueron imputadas por usurpación en el marco de la causa penal vinculada a la ocupación de la planta.
  • El conflicto se inicia el 18 de febrero de 2026, con el cierre de la fábrica y el despido de 920 trabajadores, sin tramitar el Procedimiento Preventivo de Crisis.
  • Este lunes 21 de septiembre, organizaciones obreras, sociales y políticas se concentrarán frente a la planta a las 10 horas para rechazar el desalojo.
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