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Trabajadores con una familia tipo deberían ganar desde $295 mil según ATE para cubrir sus necesidades mínimas

El informe es de dirigentes del Indec según el valor del IPC.

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La Junta Interna de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) aseguró hoy en un nuevo informe que al 31 de marzo último ningún trabajador del sector debería haber percibido menos de 295 mil pesos para que el ingreso «no pierda poder adquisitivo».

Un informe de los dirigentes estatales del Indec, Raúl Llaneza, Fabio Peñalva y Marcela Almeida, indicó que eso debería haber cobrado en marzo un trabajador estatal en pareja y con dos hijos para que el ingreso «no pierda poder adquisitivo», afirmó un comunicado.

«Es imprescindible una urgente recomposición salarial sobre la base de ese piso. Un salario de 295.694 pesos es el mínimo indispensable para una pareja de 35 años con dos hijos en edad escolar a fin de satisfacer las necesidades mínimas. Se compone de 103.469 pesos para adquirir una canasta alimentaria mínima y de 192.225 pesos para acceder a otros bienes y servicios básicos», sostuvo el documento de prensa.

El informe se elaboró con posterioridad a la difusión de la variación de precios del IPC y de la actualización de las canasta básica alimentaria y total, de 104,3, 120,10 y 113,2%.

«El salario de referencia de diciembre de 2015, de 10.191 pesos, debería ser actualizado a marzo de este año a 203.836 pesos y no los magros 130.823 pesos actuales, que no incluyen la suma fija de 4 mil pesos, según la grilla del Sistema Nacional de Empleo Público (Sinep) de marzo último», puntualizaron los dirigentes en el documento. 

También señalaron que los especialistas y el REM ya plantearon «una inflación minorista para este año de al menos el 110 %, por lo que es preciso negociar de inmediato la paritaria para cerrar la actual pauta salarial y descartar un techo del 60%», enfatizaron.

«La Inflación acumulada interanual fue del 104,3% y, desde diciembre de 2019, del 405,5%. Además, la pérdida del poder adquisitivo respecto de diciembre de 2015 del salario a marzo último fue del 34%. Un salario neto mensual actual de 100.674 pesos acumuló una pérdida de 958.229 pesos, equivalente a casi 10 sueldos en 5 años», dijeron.

Los dirigentes, además, ratificaron el reclamo de «regularización contractual ante la no percepción de medios aguinaldos, presentismo y las exiguas sumas fijas otorgadas como paliativo», y afirmaron que la pauta salarial 2022-23 debe ser clausurada con un incremento de emergencia del 50% y no del 5,5%, como ya «convino el gremio UPCN».

«Hay que institucionalizar el pago de un bono mensual de 30 mil pesos, producir de inmediato el pase a planta de todos los trabajadores, efectivizar el bono de fin de año y las sumas fijas ya otorgadas a los monotributistas, abonar la función estadística y pasar a la Resolución 48 a los 1.109 trabajadores que lo aguardan, sin quita salarial», expresaron.

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PAMI en crisis: médicos paran 72 horas y denuncian más recortes

La medida fue impulsada por la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Integral y Afines (APPAMIA), que nuclea a los médicos del primer nivel de atención. Se garantizan urgencias.

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El Argentino Diario-Médicos-Residencias médicas-Hospital público-Salud Pública.

El sistema de salud de los jubilados entró en zona de conflicto abierto. Los médicos de cabecera del PAMI iniciaron un paro nacional de 72 horas en rechazo a una resolución oficial que, según denuncian, recorta sus ingresos y deteriora las condiciones de atención. Mientras tanto, la cadena de pagos también cruje: farmacéuticos advierten por deudas millonarias que arrastran desde comienzos de año.

La medida fue impulsada por la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Integral y Afines (APPAMIA), que nuclea a los médicos del primer nivel de atención. Aunque se garantizan las urgencias, el conflicto deja expuesta una tensión de fondo: la sostenibilidad del modelo prestacional en un contexto de ajuste.

Un recorte que impacta en el bolsillo y en el sistema

El eje del reclamo es la resolución RESOL-2026-1107 del PAMI, que modifica el nomenclador y unifica criterios de pago. En los hechos, los profesionales aseguran que implica una baja significativa en sus ingresos.

  • Pago propuesto: $2.100 por paciente por mes
  • Ingresos mensuales que caen de $2.100.000 a $1.400.000
  • Jornadas completas con alta carga administrativa

Desde APPAMIA sostienen que esos montos no alcanzan para cubrir costos básicos de funcionamiento, como alquiler de consultorio, personal administrativo o servicios. “Es inviable sostener la práctica médica en estas condiciones”, advierten.

Sobrecarga y precarización

El conflicto no se limita a los ingresos. Los médicos describen un esquema de trabajo cada vez más exigente, con consultas cada 20 minutos y un sistema de validación que, según denuncian, suele fallar.

Ese cuello de botella obliga a muchos profesionales a completar tareas fuera del horario laboral, incluso por la noche, para evitar descuentos. La combinación de menor ingreso y mayor carga de trabajo alimenta el malestar.

Riesgo de éxodo y deterioro de la atención

El dato que más preocupa es el posible impacto en los afiliados. Desde la organización gremial advierten que podría producirse un “éxodo masivo” de médicos, lo que afectaría el funcionamiento del primer nivel de atención, clave en el seguimiento de enfermedades crónicas y la coordinación de tratamientos.

El médico de cabecera es, en la práctica, la puerta de entrada al sistema: prescribe medicamentos, ordena estudios y gestiona derivaciones. Su debilitamiento repercute de manera directa en la calidad de atención.

Deudas y falta dde medicamentos

A la par del paro, farmacéuticos denuncian atrasos en los pagos que, según estimaciones del sector, podrían superar los $500.000 millones. La deuda complica la provisión de medicamentos y suma presión sobre un sistema que ya muestra signos de fragilidad.

En ese escenario, el conflicto en PAMI deja de ser sectorial para convertirse en un problema estructural. Lo que está en juego no es solo una discusión salarial, sino el funcionamiento de una de las principales redes de atención sanitaria del país. Y los perjudicados por el gobierno libertario son, una vez más, los jubilados.

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