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Gremiales

Otro revés contra el DNU: otorgan cautelar a bancarios

La magistrada consideró que «teniendo en cuenta la amplitud, variedad, profundidad y alcances de la ‘reforma laboral’ que se propone en el Título IV del DNU 70/2023» están dadas las condiciones para dictar una medida cautelar toda vez que existe «peligro en la demora».

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La jueza nacional del Trabajo Lucrecia Pedrini hizo lugar hoy a una medida cautelar solicitada por la Asociación Bancaria (AB) y suspendió «todos los efectos legales del título cuarto del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/23 para los trabajadores de la actividad», resolución que se suma a otros fallos judiciales en la misma dirección ante presentaciones hechas por la CGT, la CTA y otras organizaciones gremiales.

Pedrini resolvió «admitir la medida cautelar solicitada y, en consecuencia, suspender preventivamente la vigencia de lo dispuesto en el Título IV del DNU 70/2023 en tanto y en cuanto afecta al colectivo de trabajadores representados por la Asociación demandante, hasta tanto recaiga sentencia definitiva en estos autos», según surge de la resolución.

La magistrada consideró que «teniendo en cuenta la amplitud, variedad, profundidad y alcances de la ‘reforma laboral’ que se propone en el Título IV del DNU 70/2023» están dadas las condiciones para dictar una medida cautelar toda vez que existe «peligro en la demora».

No se trata de la primera medida cautelar que suspende los efectos de la aplicación del capítulo laboral del DNU: antes la Justicia nacional del Trabajo había dictado cautelares en casos iniciados por presentaciones de la CGT, la CTA y de las organizaciones Centro de Capitanes de Ultramar y oficiales de la Marina Mercante, y la Asociación del Personal Aeronáutico.

En tanto, la Asociación Bancaria explicó que «el apartado de ese decreto cuya aplicación fue ahora suspendida referencia distintos capítulos que materializan daños tangibles al modificar, entre otros derechos, la exclusión de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) a personas físicas que podrían ser dependientes; la irrenunciabilidad; la extensión del período de prueba y la creación de injurias específicas reñidas con la libertad sindical».

«Reduce los montos indemnizatorios e impone una moratoria imperativa para el pago de las condenas. Respecto del derecho colectivo afecta el derecho de reunión y expresión al limitar las asambleas y vulnerar la libertad sindical garantizada en el artículo 14 bis de la Constitución y el Convenio 87; y cercena el derecho de negociación colectiva al afectar cláusulas obligacionales, en un intento de desfinanciar a los sujetos colectivos», añadió el sindicato que conduce el diputado nacional de Unión por la Patria (UxP) Sergio Palazzo.

Un documento firmado por Palazzo y el secretario de Prensa de la Bancaria, Claudio Bustelo, añadió que también ese decreto «limita sin ningún sustento jurídico ni normativo el derecho de huelga, y extrapola de forma irrazonable de servicios esenciales para reducir las medidas de acción directa, entre otras cosas».

La Bancaria remarcó que a partir de esos argumentos «la magistrada sostuvo la viabilidad de la acción del gremio como sustento sólido a la verosimilitud del derecho», concluyó.

En tanto, la causa que inició la CGT tramita desde el jueves pasado en la Corte Suprema de Justicia luego de que los jueces de la sala de feria de la Cámara del Trabajo, Alejandro Sudera y Carlos Pose, aceptaran la apelación que el Gobierno presentó contra el fallo para que sea el máximo tribunal el que se pronuncie sobre el capítulo laboral.

Otra de las causas que tiene ya la Corte es por un amparo que presentó de forma directa ante ese tribunal el gobernador de la provincia de La Rioja, Ricardo Quintela.

El máximo tribunal aceptó el 29 de diciembre de 2023 intervenir ante la presentación del Gobierno riojano contra el DNU, que fue patrocinada por el exmiembro de la Corte Eugenio Zaffaroni y del constitucionalista Raúl Ferreyra, miembro de la comisión de notables que asesoró al expresidente Alberto Fernández en el intento de reforma judicial.

En esa presentación, el Gobierno riojano le pidió a la Corte que declarara «la inconstitucionalidad manifiesta» del DNU, aunque el tratamiento del caso por el alto tribunal será después de la feria judicial de enero.

Otras medidas cautelares de la Justicia también dejaron sin efecto, por ejemplo, la aplicación de aumentos en los planes de prepagas avalados por el DNU: la jueza federal Civil y Comercial y Contencioso Administrativa de San Martín Martina Forns dictó una medida cautelar para que la Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires readecua la cuota del plan de salud de una afiliada, mientras el juez federal Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, hizo lo propio en otro fallo a favor del usuario Luis Millet contra la prepaga Galeno al establecer la «absoluta inconstitucionalidad» de la medida del Gobierno.

Gremiales

El Consejo del Salario fracasó: la CGT pidió $911.000, empresarios ofrecieron $400.000 y decide el Gobierno

La CGT reclamó un piso de $911.000 y los empresarios ofrecieron apenas $400.000, frente a un SMVM actual de $376.600. Ante el fracaso de la negociación, la Secretaría de Trabajo tomará la decisión unilateralmente. El secretario de ATE, Rodolfo Aguiar, denunció que el organismo es «una puesta en escena» y que el salario mínimo quedó en niveles de indigencia.

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El Argentino Diario-Salario-Billetes.
El salario mínimo que no existe: sin acuerdo en el Consejo, el Gobierno vuelve a decidir solo cuánto ganan los que menos tienen.

El Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil sesionó este viernes sin llegar a un acuerdo para fijar el nuevo monto del salario mínimo, y la definición quedará en manos del Gobierno nacional, que lo establecerá por resolución propia. La brecha entre las posiciones de trabajadores y empleadores resultó tan pronunciada que no hubo margen para ningún punto de encuentro: los gremios nucleados en la CGT y las dos CTA reclamaron un piso de $911.000, mientras que los representantes empresariales ofrecieron $400.000, poco más del doble del valor vigente.

El Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) se encuentra actualmente en $376.600, cifra que resulta del cronograma de ajustes fijado en la reunión del organismo de noviembre de 2025. Ese valor funciona como referencia no solo para determinar una remuneración básica, sino también para el cálculo de una serie de programas sociales, prestaciones y subsidios, lo que convierte a la discusión en un asunto que excede el ámbito estrictamente salarial.

La intención del Gobierno: salarios de bolsillo cerca de $800.000

Detrás de la reunión virtual de este viernes flotaba una señal que la Secretaría de Trabajo hizo trascender en las horas previas: el Gobierno nacional busca que los salarios mínimos de bolsillo se acerquen a los $800.000, lo que equivaldría a un bruto de aproximadamente $1.100.000. Ese objetivo, sin embargo, no formó parte de la agenda formal del encuentro y quedó como un telón de fondo no discutido durante la jornada.

El encuentro se realizó de manera virtual, a través de Zoom, pese al reclamo expreso de la CGT de la semana pasada para retornar a la presencialidad. El Gobierno rechazó ese pedido, sosteniendo el formato remoto que viene utilizando en el último período. La decisión fue leída por los sectores sindicales como una señal más de la desjerarquización del espacio de negociación.

Por el sector empleador participaron Juan José Etala, José Luis Zapata y Horacio Martínez, en representación de la Unión Industrial Argentina (UIA), junto a Ricardo Diab y Juan Massi, de la Cámara Argentina de Comercio (CAC). Por los trabajadores, estuvieron Jorge Solá, Cristian Jerónimo, Octavio Argüello y Luna Villar por la CGT, y Claudio Mani, Hugo Yasky, Hugo Godoy y Ricardo Peidro por las dos CTA. Todos los sectores contaron con sus asesores técnicos durante la sesión.

Aguiar: «El Consejo del Salario es inservible»

La voz más dura tras el cierre de la sesión fue la del secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, quien no escatimó adjetivos para describir el estado del organismo. Según el dirigente, los representantes empresariales propusieron un aumento de apenas 1,8% para septiembre y 1,7% mensual de ahí hasta abril, una suba que calificó de burla frente al costo de vida.

«Este Gobierno terminó convirtiendo al salario mínimo en un subsidio», sostuvo Aguiar en un comunicado. El dirigente estatal apuntó directamente contra la naturaleza del espacio: «El Consejo del Salario debiera ser la paritaria de los que no tienen paritarias. Joden y dejan desprotegidos al 40% de los trabajadores. El SMVM sigue siendo de indigencia. No es vital porque no alcanza para vivir, tampoco es móvil porque se ubica por debajo de la inflación.»

Aguiar fue aún más contundente al referirse al funcionamiento estructural del organismo: «El Consejo del Salario es inservible, es una puesta en escena. Hace más de dos años que no hay acuerdos y se termina resolviendo por una resolución del Gobierno. Ha sido copado por los grandes empresarios y se reúne solo para convalidar lo que ellos resolvieron previamente con el Gobierno», afirmó. Y cerró con una advertencia: «Si seguimos así, el Consejo va a existir pero los salarios van a desaparecer.»

Un organismo sin acuerdos hace más de dos años

La situación de este viernes no es una anomalía coyuntural sino la regla que se consolidó durante la gestión de Javier Milei. El Consejo del Salario no logra un acuerdo genuino entre partes hace más de dos años, y en cada oportunidad la brecha entre las posiciones sindicales y empresariales deriva en una definición unilateral del Ejecutivo. Ese patrón repetido convierte al organismo, creado para garantizar que el piso salarial se fije mediante el diálogo tripartito, en un trámite formal sin incidencia real sobre el resultado.

El SMVM vigente de $376.600 se obtiene tras una serie de actualizaciones que, en términos reales, no han logrado recuperar el poder adquisitivo perdido desde el inicio del programa de ajuste. La diferencia entre los $911.000 que reclamaron los sindicatos, los $400.000 que ofrecieron los empresarios y los $376.600 actuales resume con precisión la disputa: quién absorbe el costo de la estabilización y en qué medida los trabajadores de menores ingresos son forzados a financiarla con su capacidad de consumo.

Puntos clave

  • El SMVM vigente es de $376.600, fijado por el cronograma acordado en noviembre de 2025.
  • La CGT reclamó $911.000 y los empleadores ofrecieron $400.000, sin punto de encuentro posible.
  • El Gobierno definirá el nuevo monto por resolución propia, reiterando el patrón de los últimos dos años.
  • Rodolfo Aguiar (ATE) calificó al organismo de «inservible» y denunció que los empresarios propusieron aumentos de apenas 1,8% mensual.
  • La Secretaría de Trabajo hizo trascender que el Gobierno busca salarios de bolsillo cercanos a $800.000, equivalentes a un bruto de $1.100.000.
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