Coparticipación
En mayo hubo más plata para las provincias: por qué aumentaron los giros por coparticipación
En un contexto de caída generalizada de todos los indicadores económicos, los tesoros provinciales experimentaron un leve respiro en mayo debido a un aumento significativo de los giros.
Las provincias argentinas recibieron un aumento significativo en los giros por coparticipación durante el mes de mayo, un fenómeno atribuido a la devaluación del peso en diciembre de 2023.
Análisis del Flujo de Fondos
El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) informó que entre el 16 y 17 de mayo, los estados subnacionales recibieron casi $2 billones de pesos, marcando un notable incremento respecto a la primera quincena del mes, donde se habían enviado $1,1 billones. Este incremento se debe a que «Las empresas que cerraron balances a fines de 2023 empezaron a pagar los saldos de las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias», y debido a la devaluación, «las empresas con activos dolarizados registraron importantes ganancias de capital, lo que implicó que paguen mucho más impuesto a las ganancias».
Perspectivas y Escenarios Futuros
Hasta el 15 de mayo, los giros reflejaban una caída interanual real del 15%, en línea con la tendencia negativa observada hasta abril. Sin embargo, IARAF presentó dos escenarios para el resto del mes. El primero asume que no se enviará más dinero, lo que significaría que las transferencias automáticas caerían un 9,9% real en comparación con mayo de 2023. El segundo escenario, más optimista, sugiere que los envíos mantienen el valor real constante de los últimos días de mayo de 2023.
Escenarios Futuros para las Transferencias Automáticas
El análisis del IARAF plantea dos escenarios para el resto del mes de mayo:
- Escenario Conservador (9,9% de caída real): Si no se envía más dinero durante el mes, las transferencias automáticas disminuirían un 9,9% en comparación con mayo de 2023. Aunque este escenario representa una desaceleración en la tendencia negativa, sigue siendo un retroceso significativo.
- Escenario Optimista (35% de incremento real): En este supuesto, los envíos mantienen el valor real constante de los últimos días de mayo de 2023. Bajo esta premisa, las transferencias automáticas experimentarían un incremento interanual real del 35%. Aunque inferior al 48% interanual original, este cambio positivo podría aliviar la situación financiera de las provincias.
Impacto en los Recursos Provinciales
En términos mensuales, el escenario 1 implicaría recursos extras por $382.000 millones, mientras que el escenario 2 representaría un incremento aún más significativo, con $2 billones adicionales. La incertidumbre económica y las fluctuaciones en los envíos de fondos seguirán siendo temas clave a monitorear en los próximos meses.
La mejora en los giros por coparticipación ofrece un alivio temporal para las provincias en un contexto económico asfixiante. Sin embargo, la dependencia de factores volátiles como la devaluación y el pago de impuestos por ganancias de capital destaca la fragilidad de las finanzas provinciales.
Las proyecciones del IARAF muestran que, aunque hay potencial para incrementos significativos, la volatilidad y la incertidumbre económica pueden fácilmente revertir estas mejoras.
Los gobiernos provinciales deben exigir a Nación respetar la coparticipación y, al mismo tiempo, considerar estrategias sostenibles para asegurar una distribución más estable y equitativa de los recursos ante la creciente incertidumbre sobre el rumbo económico del país.
Coparticipación
Presupuesto 2027: discapacidad, universidades y transporte frenan el acuerdo
El oficialismo apunta a firmar dictamen el martes 17 y sentar el proyecto en el recinto el miércoles 25, cinco días antes de que termine el período ordinario. Discapacidad, universidades y transporte del interior son los tres reclamos que traban la negociación.
Tres partidas tienen frenado el Presupuesto 2027. Los recursos para las prestaciones por discapacidad, el aumento de los fondos para las universidades nacionales y los subsidios al transporte del interior son los puntos que los bloques aliados pusieron sobre la mesa para acompañar el proyecto que el Poder Ejecutivo envió al Congreso el 15 de septiembre, la fecha límite que fija la ley de administración financiera.
La negociación la conducen el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, y el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch. Del lado del Ejecutivo participa el jefe de Gabinete, Diego Santilli, que mantiene conversaciones con los gobernadores de los bloques dialoguistas. El oficialismo descartó el 18 de noviembre y ahora apunta a firmar dictamen el martes 17 para llevar el proyecto al recinto el miércoles 25, cinco días antes de que concluya el período de sesiones ordinarias.
Los tres reclamos que traban el dictamen
El primero es la discapacidad. Las prestaciones quedaron en el centro de la discusión después de que Amnistía Internacional advirtiera que el proyecto asigna a ese rubro 24% menos de fondos que en 2023. El segundo son las universidades: el texto contempla $7,3 billones para el sector, mientras los rectores reclaman $11 billones. El tercero es el transporte del interior, con los subsidios y el Fondo Compensador como eje. A esos puntos se suma un pedido transversal: la rebaja del Impuesto a los Combustibles, con el argumento de que la recaudación no se destina al mantenimiento de las rutas nacionales ni al 2,55% que corresponde al fondo del transporte del interior.
La Jurisdicción 91: $14,8 billones sin destino fijo
Los bloques aliados sostienen que hay margen para atender los reclamos sin romper el equilibrio fiscal y apuntan a la Jurisdicción 91, Obligaciones a cargo del Tesoro. El proyecto le asigna $14,8 billones, un 163% más que en 2026, y la partida funciona como una reserva que administra la Secretaría de Hacienda: no tiene edificio ni empleados propios y puede reasignarse durante la ejecución. Cerca de la mitad de esos recursos está prevista para cubrir déficits y transferencias a empresas estatales, entre ellas Ferrocarriles, ENARSA, EducAr y el Correo. El mecanismo existe desde la década del 90 y ahora los dialoguistas quieren que parte de ese fondo se destine a discapacidad y universidades.
Las demandas de cada bloque
Cada espacio sumó reclamos propios. El PRO exige garantizar la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, bajar del 21% al 10,5% la alícuota del IVA para los huevos y sus derivados y fijar un mecanismo que asegure plazos y tarifas en las obras de rutas nacionales.
La UCR, con el mendocino Lisandro Nieri como negociador, pide eliminar cuatro artículos del texto. Los bloques provinciales reclaman que se avance con las obras ya acordadas y que se amplíen los $503.000 millones previstos para compensar los déficits de las cajas jubilatorias de las 13 provincias que no fueron transferidas a la Nación. Los gobernadores de Tucumán, Salta, Jujuy, Santa Fe y Córdoba, Osvaldo Jaldo, Gustavo Sáenz, Carlos Sadir, Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora, sumaron el pedido de tratar la Ley de Biocombustibles, que quedó frenada por un reclamo de legisladores bonaerenses.
Las cuentas del proyecto
El texto prevé gastos totales consolidados por $216 billones y recursos por $219,3 billones, con subas de 25,3% y 26,2% respecto de la base de comparación que usa el Gobierno. Las partidas de servicios sociales ascienden a $150,9 billones y los servicios de la deuda pública a $18,6 billones. La discusión de fondo es qué se recorta para sostener el superávit primario y el equilibrio fiscal que el Ejecutivo puso como condición de cualquier cambio.
El reloj de las ordinarias
Si el proyecto no se aprueba antes del 30 de noviembre, el tratamiento pasa a sesiones extraordinarias, que el Gobierno puede convocar desde el 1 de diciembre. Y si el Presupuesto no se sanciona, la ley 24.156 obliga a prorrogar el del año anterior, con lo que el Ejecutivo recupera discrecionalidad sobre las partidas. La apuesta oficialista es que el dictamen llegue el 17 y que el recinto vote el 25, con el margen justo para evitar ese escenario.
Lo que tenés que saber
- El oficialismo apunta a firmar dictamen el martes 17 y a tratar el Presupuesto 2027 en el recinto el miércoles 25.
- Discapacidad, universidades y transporte del interior son los tres reclamos que traban el acuerdo con los bloques aliados.
- La Jurisdicción 91 concentra $14,8 billones, un 163% más que en 2026, y los dialoguistas quieren reasignar parte de esos fondos.
- El proyecto prevé $7,3 billones para universidades frente a los $11 billones que piden los rectores, y $503.000 millones para las cajas jubilatorias provinciales.
- Si no hay ley antes del 30 de noviembre, rige la prórroga del Presupuesto anterior.
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