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El Gobierno quiere actualizar la Ley de Protección de Datos Personales

Dicen que es para armonizar “la normativa con los estándares internacionales”.

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El-Argentino-DNU-Mega Decreto de Javier Milei.

La Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) y activistas digitales destacaron la necesidad de tratar y aprobar el proyecto de actualización de la Ley de Protección de Datos Personales que ingresó en el 2023 a la Cámara de Diputados debido a los cambios que se registraron desde la sanción de la ley actual, que data del 2000, y para armonizar “la normativa con los estándares internacionales”.

“La actualización es necesaria para conciliar las ventajas del desarrollo de la innovación tecnológica con la ampliación de los derechos de las y los ciudadanos, protegiendo sus datos y su privacidad, armonizando la normativa con los estándares internacionales”, compartieron voceros de la AAIP a Télam.

La gestión de este organismo que inició en el 2022 impulsó un proceso de debate participativo a partir del cual presentó un anteproyecto de ley a instancia de consulta pública y recibió 123 comentarios de parte de la ciudadanía en general, organizaciones y universidades, además del sector privado y público nacional e internacional.

El proyecto de actualización de la Ley de Protección de Datos Personales llegó al Congreso de la Nación el 29 de junio de 2023 con el Mensaje 87/2023 y actualmente se encuentra a la espera de ser tratado por comisiones en la Cámara de Diputados.

La iniciativa propone un “cambio de paradigma” ya que pasa “de la protección de registros de datos a garantizar el derecho de las personas a la protección de sus datos personales y a la autodeterminación informativa”, aseguraron desde la AAIP.

En el 2000, la Argentina se convirtió en pionera en América Latina en materia de protección de datos personales con la sanción de la Ley 25.326, la cual se basó en la normativa española de 1999.

“Más de 20 años después, la innovación tecnológica y el desarrollo económico digital vuelven imprescindible una actualización del marco normativo”, subrayaron desde la AAIP.

“La nueva ley viene a remendar esto, pero llega un poco tarde. Entre la sanción de nuestra ley y el tiempo actual ha pasado una cantidad muy grande de cosas. Desde lo jurídico, que es lo que me compete, lo más importante seguramente sea la sanción del Reglamento Europeo de Protección de Datos”, compartió Tomás Pomar, presidente del Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIA).

Entre las actualizaciones más necesarias, para Beatriz Busaniche, presidenta de Fundación Vía Libre, se encuentran “la obligatoriedad de seguridad, de distintas situaciones de exigencia en materia de seguridad” y la necesidad de “una limitación real y efectiva a la recopilación de datos por parte del Estado”.

También “el reconocimiento de que los datos inferidos son también datos personales cuando refieren a una persona de existencia real”, en referencia a “los datos que las personas no necesariamente entregan pero son construidos a partir de otros datos sobre ellas”.

Para Pomar, uno de los temas «urgentes» es el artículo 21 del proyecto que “establece el deber de notificación a los titulares de datos ante una vulnerabilidad por parte de algún ataque hacia el administrador de los datos”.

“Esto es algo que aún no está reconocido en la Argentina y que es de un riesgo elevado. Cuanto antes el titular del dato esté en conocimiento de la filtración, más rápidamente puede tomar medidas para resguardarse”, explicó.

Para él se trata de “un proyecto necesario”, aunque también reconoció que “quizás se le podrían implementar cuestiones relativas a los nuevos desafíos de inteligencia artificial y machine learning”, es decir, de aprendizaje automático.

Economía 💲

El pasaporte sube 30% a $130.000 y el DNI se duplica a $20.000

La Resolución 151/2026 pasó las tarifas del RENAPER a Unidades Arancelarias Documentales de $1.000, que se ajustarán cada seis meses según el IPC. Los nuevos valores rigen desde el 21 de noviembre. Tener CUD no alcanza, por sí solo, para la gratuidad del DNI.

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El-Argentino-Renaper-Nuevo DNI con chip y QR.

El pasaporte ordinario costará $130.000, un 30% más que los $100.000 fijados en marzo, y el DNI regular pasará a $20.000, el doble de los $10.000 actuales, según las normas que el RENAPER y la Vicejefatura de Gabinete del Interior publicaron el miércoles en el Boletín Oficial. Los nuevos valores rigen desde el 21 de noviembre, a los diez días de la publicación.

La Resolución 151/2026, firmada por el vicejefe de Gabinete del Interior, Gustavo Coria, aprobó el cuadro tarifario del RENAPER expresado en Unidades Arancelarias Documentales (UAD), con un valor inicial de $1.000 cada una. La Disposición 759/2026 del organismo aprobó el cuadro de pasaportes y documentos de viaje en esas unidades. La resolución también fijó que el valor de la UAD se actualice cada seis meses según la variación del IPC del INDEC, y que cada tasa se redondee al múltiplo de $500 más cercano.

Cuánto sube cada trámite

El pasaporte ordinario para argentinos pasó de $100.000 a $130.000 (130 UAD), el exprés de $200.000 a $260.000 (260 UAD) y el de resolución inmediata, disponible solo en puntos habilitados, de $330.000 a $429.000 (429 UAD). En los tres casos el aumento es de 30%. El pasaporte excepcional para extranjeros y los documentos de viaje para personas apátridas o refugiadas quedaron también en 130 UAD. Si hay un error formal atribuible a la emisión, la reemisión no tiene cargo, siempre que se pida dentro de los 90 días corridos y el error se compruebe por cotejo documental.

En el DNI, desde el 21 de noviembre el trámite regular costará $20.000 (hoy $10.000), el exprés $52.000 (hoy $26.000), el instantáneo $114.000 (hoy $57.000) y el DNI de extranjeros $40.000 (hoy $20.000). Los cuatro valores se duplican, un aumento de 100%. Los precios anteriores surgen del cuadro tarifario vigente desde el 6 de marzo, que aprobó la Resolución 19/2026 del entonces Ministerio del Interior.

Un esquema atado al IPC

Según los considerandos de la resolución, la medida busca “una reinversión más eficiente de los recursos aplicados” y acompañar la modernización tecnológica y la emisión del “nuevo DNI electrónico”. Con la UAD, el costo de los documentos queda vinculado a la inflación que mide el INDEC y cada ajuste lo instrumenta el propio RENAPER, sin una nueva resolución de la Vicejefatura. El texto aclara además que el régimen “no afecta exenciones ni gratuidades vigentes”.

La gratuidad no es automática, ni siquiera con CUD

La Disposición 755/2026 aprobó el procedimiento interno para evaluar los trámites de DNI que ingresan a la bandeja de gratuidad, pero el beneficio no se otorga de oficio en todos los casos. Una vía es la verificación automática, por cruce de datos con el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS). Si ese cruce no alcanza, hay que pedir la exención con un certificado de gratuidad emitido por un profesional de trabajo social o afín, dirigido al RENAPER y con vigencia menor a 30 días. Cada solicitud se evalúa en forma individual y un rechazo llega por mensaje al teléfono informado.

El organismo aclaró que el Certificado Único de Discapacidad no abre, por sí solo, la gratuidad: hace falta acreditar la falta de recursos. Los operativos móviles en barrios también deberán fundamentar de antemano las condiciones socioeconómicas del lugar para habilitar trámites sin cargo. Ese régimen entra en vigencia a los 30 días corridos de la publicación, el 11 de diciembre, y deja sin efecto la Resolución 548/1992.

Lo que tenés que saber:

  • El pasaporte ordinario pasa de $100.000 a $130.000, el exprés de $200.000 a $260.000 y el inmediato de $330.000 a $429.000: 30% más, desde el 21 de noviembre.
  • El DNI regular pasa de $10.000 a $20.000, el exprés de $26.000 a $52.000 y el instantáneo de $57.000 a $114.000: los valores se duplican.
  • La UAD vale $1.000 y se actualizará cada seis meses según el IPC del INDEC, con redondeo a $500.
  • La gratuidad del DNI existe para quien no tiene recursos, pero no es automática: puede salir de un cruce con el SINTyS o de un certificado de un trabajador social.
  • Tener CUD no alcanza, por sí solo, para no pagar el DNI.
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