Gestión
El Gobierno quiere actualizar la Ley de Protección de Datos Personales
Dicen que es para armonizar “la normativa con los estándares internacionales”.
La Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) y activistas digitales destacaron la necesidad de tratar y aprobar el proyecto de actualización de la Ley de Protección de Datos Personales que ingresó en el 2023 a la Cámara de Diputados debido a los cambios que se registraron desde la sanción de la ley actual, que data del 2000, y para armonizar “la normativa con los estándares internacionales”.
“La actualización es necesaria para conciliar las ventajas del desarrollo de la innovación tecnológica con la ampliación de los derechos de las y los ciudadanos, protegiendo sus datos y su privacidad, armonizando la normativa con los estándares internacionales”, compartieron voceros de la AAIP a Télam.
La gestión de este organismo que inició en el 2022 impulsó un proceso de debate participativo a partir del cual presentó un anteproyecto de ley a instancia de consulta pública y recibió 123 comentarios de parte de la ciudadanía en general, organizaciones y universidades, además del sector privado y público nacional e internacional.
El proyecto de actualización de la Ley de Protección de Datos Personales llegó al Congreso de la Nación el 29 de junio de 2023 con el Mensaje 87/2023 y actualmente se encuentra a la espera de ser tratado por comisiones en la Cámara de Diputados.
La iniciativa propone un “cambio de paradigma” ya que pasa “de la protección de registros de datos a garantizar el derecho de las personas a la protección de sus datos personales y a la autodeterminación informativa”, aseguraron desde la AAIP.
En el 2000, la Argentina se convirtió en pionera en América Latina en materia de protección de datos personales con la sanción de la Ley 25.326, la cual se basó en la normativa española de 1999.
“Más de 20 años después, la innovación tecnológica y el desarrollo económico digital vuelven imprescindible una actualización del marco normativo”, subrayaron desde la AAIP.
“La nueva ley viene a remendar esto, pero llega un poco tarde. Entre la sanción de nuestra ley y el tiempo actual ha pasado una cantidad muy grande de cosas. Desde lo jurídico, que es lo que me compete, lo más importante seguramente sea la sanción del Reglamento Europeo de Protección de Datos”, compartió Tomás Pomar, presidente del Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIA).
Entre las actualizaciones más necesarias, para Beatriz Busaniche, presidenta de Fundación Vía Libre, se encuentran “la obligatoriedad de seguridad, de distintas situaciones de exigencia en materia de seguridad” y la necesidad de “una limitación real y efectiva a la recopilación de datos por parte del Estado”.
También “el reconocimiento de que los datos inferidos son también datos personales cuando refieren a una persona de existencia real”, en referencia a “los datos que las personas no necesariamente entregan pero son construidos a partir de otros datos sobre ellas”.
Para Pomar, uno de los temas «urgentes» es el artículo 21 del proyecto que “establece el deber de notificación a los titulares de datos ante una vulnerabilidad por parte de algún ataque hacia el administrador de los datos”.
“Esto es algo que aún no está reconocido en la Argentina y que es de un riesgo elevado. Cuanto antes el titular del dato esté en conocimiento de la filtración, más rápidamente puede tomar medidas para resguardarse”, explicó.
Para él se trata de “un proyecto necesario”, aunque también reconoció que “quizás se le podrían implementar cuestiones relativas a los nuevos desafíos de inteligencia artificial y machine learning”, es decir, de aprendizaje automático.
Economía 💲
Cómo la eliminación de organismos descentralizados concentró poder de Maccarone sobre la obra pública
La motosierra concentró poder en manos equivocadas. El desguace institucional impulsado por Milei no solo «achicó el Estado», sino que las decisiones estratégicas quedaron a merced de un empresario del sector que ahora “regula”.
⬛ La eliminación masiva de ministerios y organismos descentralizados que llevó adelante Javier Milei durante su primer año de gestión no fue solo una política de «achique» del Estado. Fue, también, una operación de concentración de poder que terminó facilitando que un ex empresario constructor como Martín Maccarone controle desde las sombras toda la obra pública nacional.
La ecuación es simple pero devastadora: se eliminaron 13 Ministerios, se cerraron organismos estatales y se recortaron presupuestos destinados a Ciencia, Cultura y Educación, entre otras áreas, pero toda esa capacidad operativa no desapareció. Se concentró en pocas manos, específicamente en la órbita del Ministerio de Economía que comanda Luis «Toto» Caputo.
El mapa del desguace institucional
La lista de organismos eliminados o fusionados bajo la órbita de Economía es extensa y reveladora. A través del Boletín Oficial N°35702, el Gobierno que encabeza Javier Milei oficializó la disolución, transformación y fusión de 21 organismos públicos de distintas áreas del Estado, afectando dependencias vinculadas a salud, transporte, agroindustria, industria y seguridad.
El caso más emblemático es el del ENOHSA (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento), un organismo que ha jugado un papel central en la ejecución de obras públicas en todo el país. Por medio de la publicación del Decreto 1020/2024 en el Boletín Oficial, se estableció que el ENOHSA quedará oficialmente disuelto dentro de treinta días, por lo que sus recursos materiales y financieros serán transferidos al ámbito de la Subsecretaría de Recursos Hídricos.
La justificación oficial fue técnica: «en el contexto actual, resulta necesario reducir la superposición de funciones entre diversos entes, garantizar una mayor coordinación en las políticas de administración de los recursos hídricos y promover una gestión más ágil y centralizada de las obras y proyectos hídricos». Sin embargo, el resultado práctico fue concentrar el control de obras hídricas y sanitarias en manos del núcleo duro de Economía.
El costo humano del ajuste concentrador
Los números del ajuste son elocuentes sobre la magnitud del poder transferido. El presidente Javier Milei sigue avanzando con el cierre de organismos nacionales. Este jueves dispuso la disolución del Ente de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), un organismo clave para las obras públicas sanitarias, que implicó 230 trabajadores y 116 obras con incertidumbre.
Según proyecciones realizadas antes de asumir, unas 118.118 personas quedarían, en principio, sin puesto laboral, si se eliminan esos ministerios y los organismos descentralizados según los números de las reparticiones que difunde el Indec. Pero el poder operativo de esas 118 mil personas no se esfumó: se canalizó hacia la nueva estructura centralizada.
La arquitectura del control concentrado
La eliminación del Ministerio de Obras Públicas, del Ministerio de Transporte y de organismos como ENOHSA, ONABE y partes de ADIF no fue casual. Todo ese poder decisorio se reconcentró en la flamante Secretaría Coordinadora de Infraestructura que comanda Maccarone desde Economía.
Esta operación de ingeniería institucional tiene precedentes históricos preocupantes. La concentración de poder estatal en pocas manos, especialmente cuando esas manos provienen del sector privado que ahora deben regular, genera las condiciones perfectas para conflictos de interés y capturas regulatorias.
Los antecedentes del desguace como concentración
El plan incluye la eliminación de la secretaría de Vivienda y Hábitat de organismos descentralizados, y el achicamiento de la dotación de personal de los ministerios, empresas y entes públicos, según confirmó La Nación en enero de 2025. Esta nueva etapa de ajuste busca achicar un 30% el Estado, pero nuevamente el poder no desaparece, sino que se reconcentra.
El proceso comenzó desde el primer día de gobierno. Milei oficializó el primer decreto de necesidad y urgencia y modificó la estructura central dentro del Gobierno, estableciendo las bases legales para esta concentración de poder que luego permitiría el funcionamiento de figuras como Maccarone.
La funcionalidad política del desguace
Lo que el gobierno presenta como «eficiencia» y «achique del Estado» opera, en la práctica, como una concentración de poder decisorio sin precedentes en décadas. La eliminación de controles y contrapesos institucionales facilita que un ex empresario constructor pueda operar «de los dos lados del mostrador» sin los filtros que antes existían.
La crítica de los dirigentes opositores señala precisamente esta contradicción: para el gobierno del presidente Javier Milei una de las razones que motivaron la disolución es que el ente elude el control de gastos que existe en la administración nacional. Pero el resultado práctico es que ahora existe menos control, no más.
Las obras que quedaron en el limbo
El caso del ENOHSA es paradigmático de cómo esta concentración afecta la obra pública concreta. Una empresa estatal que tenía como objetivo planificar, ejecutar y administrar obras de infraestructura hídrica y sanitaria en todo el país quedó disuelta, y sus funciones pasaron a depender de la estructura que controla Maccarone.
En Mendoza, por ejemplo, el cierre definitivo del Ente Nacional De Obras Hídricas De Saneamiento (ENOHSA) dejó seis obras importantes en estado de incertidumbre, que ahora dependen de las decisiones que tome la nueva estructura centralizada.
La concentración como facilitadora de conflictos
La operación de Milei generó las condiciones perfectas para que figuras como Maccarone pudieran operar con poderes extraordinarios y mínimos controles. Al eliminar organismos con capacidad técnica específica y reconcentrar sus funciones en Economía, se creó un embudo decisorio que beneficia a quien controla ese embudo.
Esta arquitectura institucional no es casual. Responde a una lógica política que privilegia la concentración de poder por sobre los controles y contrapesos democráticos. El resultado es que un ex empresario constructor puede hoy manejar toda la obra pública nacional desde un despacho en Economía, sin la supervisión técnica específica que antes existía en organismos especializados.
El futuro del modelo concentrador
La misión está a cargo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, según reveló La Nación, lo que indica que esta lógica de concentración continuará profundizándose. Cada organismo eliminado es poder que se reconcentra en el núcleo duro del gobierno.
La pregunta que surge es si esta concentración de poder es compatible con una gestión transparente y democrática de los recursos públicos. Los casos como el de Maccarone sugieren que no: cuando se eliminan controles y se concentra poder en manos de ex empresarios del sector que ahora regulan, los conflictos de interés se vuelven estructurales.
El «achique del Estado» de Milei resultó ser, paradójicamente, una concentración de poder estatal sin precedentes. Y figuras como Martín Maccarone son el producto directo de esa concentración.
Puntos clave
• Milei eliminó 13 ministerios y 21 organismos descentralizados, concentrando su poder decisorio en Economía
• La eliminación del ENOHSA, ONABE y partes de ADIF transfirió el control de obra pública a la estructura que maneja Maccarone
• El desguace institucional eliminó controles y contrapesos específicos, facilitando conflictos de interés
• Más de 118.000 empleados perdieron sus puestos, pero su poder operativo se reconcentró en pocas manos
• La arquitectura del «achique» resultó ser una concentración de poder que beneficia a figuras como el «funcionario fantasma»
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