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Gestión

Boric realiza primer informe de gestión en el Congreso con énfasis en economía y derechos sociales

“Verdad, justicia, memoria, reparación y no repetición son nuestros compromisos como Gobierno”, señaló en Valparaíso, al recordar a las víctimas del estallido social de octubre de 2019, e indicó que en el país no se puede seguir permitiendo que las personas pierdan la vida en medio de protestas.

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El presidente de Chile, Gabriel Boric, realizó hoy su primer informe de gestión presidencial en el Congreso Nacional, en el que habló de manera acotada sobre sus primeros dos meses de mandato y dio a conocer la hoja de ruta del Gobierno en materia de derechos sociales, mejor democracia, justicia y seguridad, crecimiento inclusivo y medio ambiente, que fueron los ejes en los que dividió su discurso.

“Verdad, justicia, memoria, reparación y no repetición son nuestros compromisos como Gobierno”, señaló en Valparaíso, al recordar a las víctimas del estallido social de octubre de 2019, e indicó que en el país no se puede seguir permitiendo que las personas pierdan la vida en medio de protestas.

En medio de aplausos, señaló que el estallido social no fue un evento aislado, sino que fue “una explosión de múltiples malestares y descontentos que fueron ignorados o minimizados por décadas”.

Boric, que al asumir su cargo el 11 de marzo se convirtió en el presidente más joven de Chile, con 36 años, asumió la responsabilidad de enfrentar la desigualdad que vive la población chilena, e indicó que planea construir un país “donde la educación, la salud, la vivienda, tu seguridad social, no estén determinadas por cuánta plata tiene tu familia. Son derechos y como tales, el Estado tiene el deber de garantizarlos”.

Además dijo que el proceso que se propone llevar adelante requiere de “responsabilidad y conciencia histórica”, ya que es un proyecto de “largo aliento”, que no termina con este Gobierno.

El mandatario chileno se refirió a su vez a la guerra en Ucrania y mencionó a Alberto Fernández, al que destacó como uno de los líderes mundiales y regionales con los que se ha reunido para evaluar en conjunto las consecuencias de este conflicto y promover multilateralmente la paz.

Al dar cuenta de lo realizado hasta ahora en materia económica, destacó el plan “Chile Apoya”, que moviliza más de 3.700 millones dólares y creará medio millón de empleos, de los que al menos la mitad serán femeninos, y aclaró que en los próximos 60 días estarán operativas todas las líneas de este plan, y añadió que lograron congelar las tarifas del transporte público por todo el año, junto a la estabilización del precio del combustible para calefacción.

“¡Democracia en el país y en la casa!”, manifestó, tras recordar que no pueden existir cargos laborales que sean vetados para mujeres, y que del mismo modo los hombres no pueden desligarse de las tareas del hogar o de cuidado por ser consideradas femeninas.

Antes de abordar particularmente cada eje del informe de gestión, el presidente destacó la importancia del plebiscito de salida de la nueva Constitución, que se celebrará el 4 de septiembre, pero aseguró que tanto la opción de aprobar como la de rechazar serán legítimas, “y el Gobierno tiene el deber de garantizar que la ciudadanía se manifieste libremente en las urnas de manera informada”.

En el eje de derechos sociales, aclaró que en agosto enviará un proyecto de ley que reforma el sistema previsional y se comprometió a que, con esa reforma, los chilenos de 65 años o más recibirán una pensión básica garantizada por el Estado de 250.000 pesos chilenos (300 dólares aproximadamente).

En materia de salud, indicó que enviará un proyecto de ley que creará un Fondo Universal de Salud, “con el objetivo de generar mayor equidad en el acceso a servicios, mejorar la atención, aumentar la solidaridad en el financiamiento del sistema y reducir el gasto de los hogares”, además de ingresar hoy la urgencia a la tramitación del proyecto de ley que establece el derecho a la eutanasia en Chile, “mediante un proceso de consentimiento expreso, libre e informado”.

Cerró el eje de derechos sociales con la gratuidad en la educación superior, la condonación de deudas educativas, y el impulso de un proyecto que reduce la jornada laboral a 40 horas semanales.

Al abordar el eje de mejor democracia destacó un mecanismo legal para resguardar el derecho a la libertad de prensa y “a quienes cumplen una tarea fundamental en el derecho a la información, como lo hacía por ejemplo Francisca Sandoval”, indicó Boric, en referencia a la periodista asesinada tras recibir un disparo mientras cubría la marcha del día del trabajador.

En el mismo ítem, abordó la probidad y transparencia, y aclaró que “este será un Gobierno donde la corrupción y el aprovechamiento de las situaciones de poder y los abusos no tendrán cabida».

Desde un inicio, la administración de Boric se proclamó como un Gobierno feminista, y en esa materia es que hizo un llamado a aprobar la Ley sobre el Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, además de presentar el proyecto de ley sobre responsabilidad parental y pago efectivo de pensiones de alimentos.

Para finalizar el eje, Boric indicó medidas en materia de pueblos originarios y migración, e indicó que impulsarán parlamentos territoriales que reconozcan a las autoridades e instituciones propias, respetando protocolos indígenas y siguiendo estándares internacionales.

Al hablar de justicia y seguridad, presentó como principales propuestas el proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública, Protección Civil y Convivencia Ciudadana, la reforma a Carabineros, además de un proyecto que limita radicalmente el acceso legal a armas de manera que se pueda “fortalecer la capacidad de prevención y control de las violencias en el país”.

El jefe de Estado adelantó asimismo que durante junio presentará un proyecto de reforma tributaria que permita generar mayores recursos “para cumplir con nuestros compromisos con el país, así como estructurar un sistema tributario más justo y transparente”.

En la misma materia, habló del plan de descentralización, para el que comenzará con el proceso de transferencia de competencias a los gobiernos regionales, de manera que se pueda facilitar la ejecución presupuestaria, lo que se suma al desarrollo Plan Nacional de Desarrollo Ferroviario, instancia en la que adelantó que ya se ha trabajado para hacer realidad el tren entre Santiago y Valparaíso.

Por último, el presidente abordó el eje de medio ambiente, donde anunció que se promulgó la Ley Marco de Cambio Climático, la cual implica una transformación integral del Estado para enfrentar esta materia, además de avanzar en el combate de la crisis hídrica que se da en algunas zonas del país y que busca priorizar el consumo humano de agua y el uso racional de este recurso para actividades productivas.

La adhesión al acuerdo de Escazú, la creación de corredores marinos junto a Canadá y el impulso de la cooperación multilateral con perspectiva ecológica son parte de las medidas destacadas por Boric en materia de medioambiente y con las cuales cerró el último eje de su discurso, de casi dos horas con veinte minutos, el primero de los cuatro informes que deberá realizar durante su administración, que terminará en marzo de 2026.

Este informe presidencial de gestión se realiza desde 1990 en el Salón de Honor del Congreso Nacional, en la ciudad de Valparaíso, a 120 kilómetros de Santiago.

Tradicionalmente se hacía cada 21 de mayo, en el día de las Glorias Navales, pero esto cambió con el último discurso que brindó la expresidenta Michelle Bachelet y desde entonces se realiza el 1 de junio.

Economía 💲

Vialidad Nacional: Milei profundiza el vaciamiento del Estado con una nueva ola de retiros voluntarios

El Gobierno activó la segunda etapa del retiro voluntario en la Dirección Nacional de Vialidad mediante la Resolución 1220/2026. La primera fase, que previó 900 adhesiones, cerró con 609. Ahora el esquema suma planes de pago en hasta 8 cuotas y una prohibición de cinco años para reingresar al Estado.

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Milei profundiza el desguace de Vialidad: segunda ola de retiros voluntarios con cuotas y 5 años de veda para volver al Estado.

Con 609 agentes desvinculados en la primera vuelta y la promesa de una planta «acorde a las necesidades funcionales», el Gobierno de Javier Milei lanzó la segunda etapa del retiro voluntario en la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), el organismo que históricamente garantizó la planificación y ejecución de la infraestructura vial del país. La Resolución 1220/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, da continuidad a un proceso de achicamiento del Estado que, en este caso, apunta a uno de los organismos técnicos más sensibles para el desarrollo territorial argentino.

La nueva fase amplía el esquema iniciado mediante la Resolución 118/2026. El estimado inicial era de 900 adhesiones para aquella primera etapa; la cifra real quedó en 609, lo que indica que el organismo ya perdió más de dos tercios de su objetivo original de reducción, y el Gobierno insiste con una segunda convocatoria para seguir vaciando la estructura técnica de Vialidad.

Un retiro que excluye pero también condiciona a los que se quedan

La normativa fija condiciones de exclusión amplias: no pueden adherirse quienes estén procesados o condenados por delitos contra la administración pública, quienes enfrenten procedimientos disciplinarios, quienes hayan iniciado trámite jubilatorio o presentado renuncia, quienes superen los 64 años y quienes mantengan litigios laborales pendientes, salvo que desistan expresamente de ellos. Esta última cláusula es particularmente significativa: el Estado condiciona el acceso al beneficio económico a que el trabajador abandone cualquier reclamo judicial previo, lo que equivale a presionar sobre derechos adquiridos como requisito para cobrar una indemnización.

En el mismo sentido, los empleados con mandatos sindicales vigentes deben renunciar a su cargo gremial y a la tutela sindical para poder adherirse. El esquema penaliza, en la práctica, la organización sindical y el ejercicio del derecho a reclamar, dos pilares del derecho laboral que la administración libertaria viene erosionando de manera sistemática desde diciembre de 2023.

Las tres opciones y la lógica de la cuota

La gratificación extraordinaria de egreso se calcula sobre el haber bruto remunerativo del mes anterior a la entrada en vigencia del reglamento. El régimen ofrece tres alternativas. La Opción 1 otorga el 90% de un haber de egreso por cada año de antigüedad, con un tope de 24 años. La Opción 2 baja la alícuota al 85% pero suma un monto equivalente a 12 meses de aportes y contribuciones de Obra Social, apuntando a quienes priorizan la cobertura médica durante la transición. La Opción 3 es exclusiva para personal de 64 años o más sin los aportes jubilatorios necesarios y aplica el cálculo de la primera opción, con un tope reducido a 12 años de antigüedad.

El pago de la gratificación se escalona según el monto total: hasta 10 millones de pesos en una cuota única; entre 10 y 20 millones, en 3 cuotas; entre 20 y 30 millones, en 5 cuotas; y por encima de 30 millones, en 8 cuotas mensuales iguales y consecutivas. El esquema de cuotas, en un contexto inflacionario, implica que los montos más altos se licúan en términos reales con el paso de los meses, lo que en los hechos penaliza a los trabajadores de mayor antigüedad, que son precisamente quienes percibirían las gratificaciones más elevadas.

Cinco años fuera del Estado: la firma de la desvinculación

Los trabajadores aceptados suscribirán un acuerdo de desvinculación que incluye una prohibición de reingresar o prestar servicios en el Estado Nacional por el plazo de cinco años. La medida apunta a que la reducción de la planta sea irreversible en el corto y mediano plazo, independientemente de quién gobierne. Se trata, en términos concretos, de un mecanismo diseñado para consolidar el desguace institucional más allá del ciclo electoral, blindando la reducción de la estructura estatal contra eventuales cambios de gestión.

El Gobierno justificó la medida argumentando que «dicho esquema asegura y promueve la razonabilidad operativa y el uso eficiente de los recursos públicos». Sin embargo, la experiencia internacional y la historia argentina demuestran que la reducción abrupta de personal técnico especializado en organismos viales genera consecuencias de largo plazo sobre la capacidad estatal de planificar obras, controlar contratistas y mantener la infraestructura existente, un costo que habitualmente no aparece en los balances del ajuste pero sí en las rutas rotas y los puentes sin mantenimiento.

Lo que tenés que saber:

  • El Gobierno lanzó la segunda etapa del retiro voluntario en Vialidad Nacional mediante la Resolución 1220/2026, publicada en el Boletín Oficial el 6 de octubre de 2026.
  • La primera fase (Resolución 118/2026) registró 609 adhesiones sobre un estimado inicial de 900 agentes.
  • El régimen prevé pagos en hasta 8 cuotas, lo que en contexto inflacionario erosiona el valor real de la gratificación para los agentes de mayor antigüedad.
  • Los trabajadores deben renunciar a litigios laborales previos y, si tienen mandato sindical, también a su cargo gremial para poder adherirse.
  • Quienes se acojan quedan inhabilitados para reingresar al Estado Nacional por cinco años.
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