Gestión
Boric realiza primer informe de gestión en el Congreso con énfasis en economía y derechos sociales
“Verdad, justicia, memoria, reparación y no repetición son nuestros compromisos como Gobierno”, señaló en Valparaíso, al recordar a las víctimas del estallido social de octubre de 2019, e indicó que en el país no se puede seguir permitiendo que las personas pierdan la vida en medio de protestas.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, realizó hoy su primer informe de gestión presidencial en el Congreso Nacional, en el que habló de manera acotada sobre sus primeros dos meses de mandato y dio a conocer la hoja de ruta del Gobierno en materia de derechos sociales, mejor democracia, justicia y seguridad, crecimiento inclusivo y medio ambiente, que fueron los ejes en los que dividió su discurso.
“Verdad, justicia, memoria, reparación y no repetición son nuestros compromisos como Gobierno”, señaló en Valparaíso, al recordar a las víctimas del estallido social de octubre de 2019, e indicó que en el país no se puede seguir permitiendo que las personas pierdan la vida en medio de protestas.
En medio de aplausos, señaló que el estallido social no fue un evento aislado, sino que fue “una explosión de múltiples malestares y descontentos que fueron ignorados o minimizados por décadas”.
Boric, que al asumir su cargo el 11 de marzo se convirtió en el presidente más joven de Chile, con 36 años, asumió la responsabilidad de enfrentar la desigualdad que vive la población chilena, e indicó que planea construir un país “donde la educación, la salud, la vivienda, tu seguridad social, no estén determinadas por cuánta plata tiene tu familia. Son derechos y como tales, el Estado tiene el deber de garantizarlos”.
Además dijo que el proceso que se propone llevar adelante requiere de “responsabilidad y conciencia histórica”, ya que es un proyecto de “largo aliento”, que no termina con este Gobierno.
El mandatario chileno se refirió a su vez a la guerra en Ucrania y mencionó a Alberto Fernández, al que destacó como uno de los líderes mundiales y regionales con los que se ha reunido para evaluar en conjunto las consecuencias de este conflicto y promover multilateralmente la paz.
Al dar cuenta de lo realizado hasta ahora en materia económica, destacó el plan “Chile Apoya”, que moviliza más de 3.700 millones dólares y creará medio millón de empleos, de los que al menos la mitad serán femeninos, y aclaró que en los próximos 60 días estarán operativas todas las líneas de este plan, y añadió que lograron congelar las tarifas del transporte público por todo el año, junto a la estabilización del precio del combustible para calefacción.
“¡Democracia en el país y en la casa!”, manifestó, tras recordar que no pueden existir cargos laborales que sean vetados para mujeres, y que del mismo modo los hombres no pueden desligarse de las tareas del hogar o de cuidado por ser consideradas femeninas.
Antes de abordar particularmente cada eje del informe de gestión, el presidente destacó la importancia del plebiscito de salida de la nueva Constitución, que se celebrará el 4 de septiembre, pero aseguró que tanto la opción de aprobar como la de rechazar serán legítimas, “y el Gobierno tiene el deber de garantizar que la ciudadanía se manifieste libremente en las urnas de manera informada”.
En el eje de derechos sociales, aclaró que en agosto enviará un proyecto de ley que reforma el sistema previsional y se comprometió a que, con esa reforma, los chilenos de 65 años o más recibirán una pensión básica garantizada por el Estado de 250.000 pesos chilenos (300 dólares aproximadamente).
En materia de salud, indicó que enviará un proyecto de ley que creará un Fondo Universal de Salud, “con el objetivo de generar mayor equidad en el acceso a servicios, mejorar la atención, aumentar la solidaridad en el financiamiento del sistema y reducir el gasto de los hogares”, además de ingresar hoy la urgencia a la tramitación del proyecto de ley que establece el derecho a la eutanasia en Chile, “mediante un proceso de consentimiento expreso, libre e informado”.
Cerró el eje de derechos sociales con la gratuidad en la educación superior, la condonación de deudas educativas, y el impulso de un proyecto que reduce la jornada laboral a 40 horas semanales.
Al abordar el eje de mejor democracia destacó un mecanismo legal para resguardar el derecho a la libertad de prensa y “a quienes cumplen una tarea fundamental en el derecho a la información, como lo hacía por ejemplo Francisca Sandoval”, indicó Boric, en referencia a la periodista asesinada tras recibir un disparo mientras cubría la marcha del día del trabajador.
En el mismo ítem, abordó la probidad y transparencia, y aclaró que “este será un Gobierno donde la corrupción y el aprovechamiento de las situaciones de poder y los abusos no tendrán cabida».
Desde un inicio, la administración de Boric se proclamó como un Gobierno feminista, y en esa materia es que hizo un llamado a aprobar la Ley sobre el Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, además de presentar el proyecto de ley sobre responsabilidad parental y pago efectivo de pensiones de alimentos.
Para finalizar el eje, Boric indicó medidas en materia de pueblos originarios y migración, e indicó que impulsarán parlamentos territoriales que reconozcan a las autoridades e instituciones propias, respetando protocolos indígenas y siguiendo estándares internacionales.
Al hablar de justicia y seguridad, presentó como principales propuestas el proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública, Protección Civil y Convivencia Ciudadana, la reforma a Carabineros, además de un proyecto que limita radicalmente el acceso legal a armas de manera que se pueda “fortalecer la capacidad de prevención y control de las violencias en el país”.
El jefe de Estado adelantó asimismo que durante junio presentará un proyecto de reforma tributaria que permita generar mayores recursos “para cumplir con nuestros compromisos con el país, así como estructurar un sistema tributario más justo y transparente”.
En la misma materia, habló del plan de descentralización, para el que comenzará con el proceso de transferencia de competencias a los gobiernos regionales, de manera que se pueda facilitar la ejecución presupuestaria, lo que se suma al desarrollo Plan Nacional de Desarrollo Ferroviario, instancia en la que adelantó que ya se ha trabajado para hacer realidad el tren entre Santiago y Valparaíso.
Por último, el presidente abordó el eje de medio ambiente, donde anunció que se promulgó la Ley Marco de Cambio Climático, la cual implica una transformación integral del Estado para enfrentar esta materia, además de avanzar en el combate de la crisis hídrica que se da en algunas zonas del país y que busca priorizar el consumo humano de agua y el uso racional de este recurso para actividades productivas.
La adhesión al acuerdo de Escazú, la creación de corredores marinos junto a Canadá y el impulso de la cooperación multilateral con perspectiva ecológica son parte de las medidas destacadas por Boric en materia de medioambiente y con las cuales cerró el último eje de su discurso, de casi dos horas con veinte minutos, el primero de los cuatro informes que deberá realizar durante su administración, que terminará en marzo de 2026.
Este informe presidencial de gestión se realiza desde 1990 en el Salón de Honor del Congreso Nacional, en la ciudad de Valparaíso, a 120 kilómetros de Santiago.
Tradicionalmente se hacía cada 21 de mayo, en el día de las Glorias Navales, pero esto cambió con el último discurso que brindó la expresidenta Michelle Bachelet y desde entonces se realiza el 1 de junio.
Economía 💲
Cómo la eliminación de organismos descentralizados concentró poder de Maccarone sobre la obra pública
La motosierra concentró poder en manos equivocadas. El desguace institucional impulsado por Milei no solo «achicó el Estado», sino que las decisiones estratégicas quedaron a merced de un empresario del sector que ahora “regula”.
⬛ La eliminación masiva de ministerios y organismos descentralizados que llevó adelante Javier Milei durante su primer año de gestión no fue solo una política de «achique» del Estado. Fue, también, una operación de concentración de poder que terminó facilitando que un ex empresario constructor como Martín Maccarone controle desde las sombras toda la obra pública nacional.
La ecuación es simple pero devastadora: se eliminaron 13 Ministerios, se cerraron organismos estatales y se recortaron presupuestos destinados a Ciencia, Cultura y Educación, entre otras áreas, pero toda esa capacidad operativa no desapareció. Se concentró en pocas manos, específicamente en la órbita del Ministerio de Economía que comanda Luis «Toto» Caputo.
El mapa del desguace institucional
La lista de organismos eliminados o fusionados bajo la órbita de Economía es extensa y reveladora. A través del Boletín Oficial N°35702, el Gobierno que encabeza Javier Milei oficializó la disolución, transformación y fusión de 21 organismos públicos de distintas áreas del Estado, afectando dependencias vinculadas a salud, transporte, agroindustria, industria y seguridad.
El caso más emblemático es el del ENOHSA (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento), un organismo que ha jugado un papel central en la ejecución de obras públicas en todo el país. Por medio de la publicación del Decreto 1020/2024 en el Boletín Oficial, se estableció que el ENOHSA quedará oficialmente disuelto dentro de treinta días, por lo que sus recursos materiales y financieros serán transferidos al ámbito de la Subsecretaría de Recursos Hídricos.
La justificación oficial fue técnica: «en el contexto actual, resulta necesario reducir la superposición de funciones entre diversos entes, garantizar una mayor coordinación en las políticas de administración de los recursos hídricos y promover una gestión más ágil y centralizada de las obras y proyectos hídricos». Sin embargo, el resultado práctico fue concentrar el control de obras hídricas y sanitarias en manos del núcleo duro de Economía.
El costo humano del ajuste concentrador
Los números del ajuste son elocuentes sobre la magnitud del poder transferido. El presidente Javier Milei sigue avanzando con el cierre de organismos nacionales. Este jueves dispuso la disolución del Ente de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), un organismo clave para las obras públicas sanitarias, que implicó 230 trabajadores y 116 obras con incertidumbre.
Según proyecciones realizadas antes de asumir, unas 118.118 personas quedarían, en principio, sin puesto laboral, si se eliminan esos ministerios y los organismos descentralizados según los números de las reparticiones que difunde el Indec. Pero el poder operativo de esas 118 mil personas no se esfumó: se canalizó hacia la nueva estructura centralizada.
La arquitectura del control concentrado
La eliminación del Ministerio de Obras Públicas, del Ministerio de Transporte y de organismos como ENOHSA, ONABE y partes de ADIF no fue casual. Todo ese poder decisorio se reconcentró en la flamante Secretaría Coordinadora de Infraestructura que comanda Maccarone desde Economía.
Esta operación de ingeniería institucional tiene precedentes históricos preocupantes. La concentración de poder estatal en pocas manos, especialmente cuando esas manos provienen del sector privado que ahora deben regular, genera las condiciones perfectas para conflictos de interés y capturas regulatorias.
Los antecedentes del desguace como concentración
El plan incluye la eliminación de la secretaría de Vivienda y Hábitat de organismos descentralizados, y el achicamiento de la dotación de personal de los ministerios, empresas y entes públicos, según confirmó La Nación en enero de 2025. Esta nueva etapa de ajuste busca achicar un 30% el Estado, pero nuevamente el poder no desaparece, sino que se reconcentra.
El proceso comenzó desde el primer día de gobierno. Milei oficializó el primer decreto de necesidad y urgencia y modificó la estructura central dentro del Gobierno, estableciendo las bases legales para esta concentración de poder que luego permitiría el funcionamiento de figuras como Maccarone.
La funcionalidad política del desguace
Lo que el gobierno presenta como «eficiencia» y «achique del Estado» opera, en la práctica, como una concentración de poder decisorio sin precedentes en décadas. La eliminación de controles y contrapesos institucionales facilita que un ex empresario constructor pueda operar «de los dos lados del mostrador» sin los filtros que antes existían.
La crítica de los dirigentes opositores señala precisamente esta contradicción: para el gobierno del presidente Javier Milei una de las razones que motivaron la disolución es que el ente elude el control de gastos que existe en la administración nacional. Pero el resultado práctico es que ahora existe menos control, no más.
Las obras que quedaron en el limbo
El caso del ENOHSA es paradigmático de cómo esta concentración afecta la obra pública concreta. Una empresa estatal que tenía como objetivo planificar, ejecutar y administrar obras de infraestructura hídrica y sanitaria en todo el país quedó disuelta, y sus funciones pasaron a depender de la estructura que controla Maccarone.
En Mendoza, por ejemplo, el cierre definitivo del Ente Nacional De Obras Hídricas De Saneamiento (ENOHSA) dejó seis obras importantes en estado de incertidumbre, que ahora dependen de las decisiones que tome la nueva estructura centralizada.
La concentración como facilitadora de conflictos
La operación de Milei generó las condiciones perfectas para que figuras como Maccarone pudieran operar con poderes extraordinarios y mínimos controles. Al eliminar organismos con capacidad técnica específica y reconcentrar sus funciones en Economía, se creó un embudo decisorio que beneficia a quien controla ese embudo.
Esta arquitectura institucional no es casual. Responde a una lógica política que privilegia la concentración de poder por sobre los controles y contrapesos democráticos. El resultado es que un ex empresario constructor puede hoy manejar toda la obra pública nacional desde un despacho en Economía, sin la supervisión técnica específica que antes existía en organismos especializados.
El futuro del modelo concentrador
La misión está a cargo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, según reveló La Nación, lo que indica que esta lógica de concentración continuará profundizándose. Cada organismo eliminado es poder que se reconcentra en el núcleo duro del gobierno.
La pregunta que surge es si esta concentración de poder es compatible con una gestión transparente y democrática de los recursos públicos. Los casos como el de Maccarone sugieren que no: cuando se eliminan controles y se concentra poder en manos de ex empresarios del sector que ahora regulan, los conflictos de interés se vuelven estructurales.
El «achique del Estado» de Milei resultó ser, paradójicamente, una concentración de poder estatal sin precedentes. Y figuras como Martín Maccarone son el producto directo de esa concentración.
Puntos clave
• Milei eliminó 13 ministerios y 21 organismos descentralizados, concentrando su poder decisorio en Economía
• La eliminación del ENOHSA, ONABE y partes de ADIF transfirió el control de obra pública a la estructura que maneja Maccarone
• El desguace institucional eliminó controles y contrapesos específicos, facilitando conflictos de interés
• Más de 118.000 empleados perdieron sus puestos, pero su poder operativo se reconcentró en pocas manos
• La arquitectura del «achique» resultó ser una concentración de poder que beneficia a figuras como el «funcionario fantasma»
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