Educación
“La Marcha Federal Universitaria será inédita por esta unidad impensada”
Victor Moriñigo, flamante titular del Consejo Interuniversitario Nacional -organismo no estatal que reúne a las autoridades universitarias de todo el país-, describe la situación federal de la educación pública y en una entrevista con Somos Télam explica los motivos para salir a la calle el próximo martes.
La Marcha Federal Universitaria del 23 de abril en defensa del sistema universitario público argentino y contra el desfinanciamiento que realiza el Gobierno Nacional, convocada por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a rectores y rectoras de universidades nacionales, “será inédita por esta unidad impensada 15 años atrás”, dijo a Somos Télam el reciente presidente electo del CIN, Victor Moriñigo.
Moriñigo estará entre quienes encabezarán la marcha en Ciudad de Buenos Aires a partir de las 15:30 desde Congreso hacia Plaza de Mayo, que además ya cuenta con la convocatoria de las tres centrales obreras -CGT, CTA Autónoma, CTA de Ixs trabajadorxs-, organismos de derechos humanos, legisladores y legisladoras, movimientos sociales, científicos/as, y estudiantes secundarios, entre otros.
“Mientras eligen a universidades argentinas en toda Latinoamérica y el Caribe, en Argentina no financian la educación”- Víctor Moriñigo
“La universidad pública no es un tema partidario. No es de radicales, peronistas o de izquierda, la universidad pública es de toda la gente”, agregó a Somos Télam, en una entrevista el también rector de la Universidad Nacional de San Luis, luego de haber arribado a Colombia para participar en representación del CIN del acto de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (Udualc), que a fines de esta semana elegirá a la Universidad de Avellaneda y a su rector, Jorge Calzoni, como presidente.
La Udualc es la red de Instituciones de Educación Superior más grande, antigua y consolidada de la región, avalada por la Unesco como organismo de asesoría y consulta.
“No es de radicales, peronistas o de izquierda, la universidad pública es de toda la gente” – Víctor Moriñigo
“Mientras eligen a universidades argentinas en toda Latinoamérica y el Caribe, en Argentina no financian la educación. Es muy raro. Todo el mundo nos pregunta por esto”, agregó el rector.
– ¿Cuáles son sus principales preocupaciones como nuevo presidente del CIN desde el 9 de abril, en el marco de que ese mismo día las rectoras y rectores de las universidades públicas argentinas convocaron a la marcha para defender la educación pública, la ciencia y el sistema universitario nacional?
– La situación presupuestaria es una urgencia. Aunque a mí me gustaría estar hablando de otros temas de los que está hablando el mundo sobre cómo utilizar la inteligencia artificial en las clases, cómo hacer carreras que vayan de la mano con el mundo laboral, tratar de hacer carreras más cortas, toda una agenda que teníamos y estaba buena porque estaba en consonancia con el mundo; hoy, el tema es si tenemos plata para pagar la luz o no. Así que, lo primero y lo urgente es dar previsibilidad a los rectores, a las instituciones universitarias, a las y los estudiantes y docentes de que la universidad va a estar abierta todo el año. Las universidades no estamos pidiendo un presupuesto que no existe para el cual el Gobierno Nacional tiene que endeudarse o pedirle dinero al FMI. Se soluciona con poca plata y sentados en una mesa. Si el Gobierno nos hace una propuesta y nos pide un esfuerzo, nosotros estamos dispuestos al diálogo siempre, pero la idea es que se entienda que no será bajo los prejuicios, ni bajo esta cortina de humo donde somos los ‘Lali -Espósito’ de la semana.
– ¿Qué respuesta tienen del Gobierno?
– Desde el Gobierno conversan, pero siempre la culpa la tuvo otro, el diálogo pasa sobre que ‘el año pasado con el kirchnerismo no fue Disney, entonces este año tampoco tiene que serlo’. Pero nosotros no estamos en esa discusión, tratamos de llevar la situación de hoy. El dinero está, solo hay que tener voluntad y capacidad de gestión del Estado. Pero mucha de esta gente no ha trabajado nunca en el Estado, entonces les es muy difícil. No hay una solución de fondo, lo comprenden pero aparece la ideología o la idiosincrasia que tienen en el Gobierno Nacional sobre las cuestiones que maneja el Estado, que para ellos es ‘improductivo, ineficiente, corrupto’. Aparecen cosas que tienen que ver con un gran prejuicio sobre el todo lo del Estado y nosotros quedamos en medio de ese preconcepto y empezamos con esta batalla cultural de que todas las notas que nosotros damos como rectores es responder que ‘es cierto que no tenemos para pagar la luz, porque la tarifa de luz aumentó un 300%, el gas el 500%, los insumos de laboratorios son inalcanzables, ya no podremos arreglar equipos, comprar equipos nuevos para investigación, los chicos ya no pueden tener sus salidas de campo a prácticas profesionales’.

– ¿Hasta cuándo resistirán las universidades en esta situación?
– A nivel comunicativo es muy fuerte decir hasta qué día puede estar abierta la universidad. Creo que la universidad pública argentina va a estar abierta siempre, porque es la universidad que resistió abierta durante los Golpes cívicos militares que secuestraron docentes. No la va a frenar no tener presupuesto un año, pero nos va a herir un poco de muerte porque lo que nosotros estamos haciendo es que, si no hay para pagar la luz, vamos a dar las clases de día, lo que no se puede pretender es que tengamos la misma calidad que venimos teniendo porque no vamos a salir en los rankings, como lo hacemos hoy, no vamos a ser los más prestigiosos, como lo somos hoy, y porque no vamos a liderar la investigación de nada en el mundo. Lo que hay es una merma en la calidad y cuando eso sucede hay una merma en el prestigio, algo que se ha ganado muy bien. Somos un país que invierte entre 0,7 y 0,9 del PBI en Educación Superior, mientras que otros países invierten el 2. Ya invertimos poco y, con lo poco, hacemos todo esto. No se puede invertir menos.
– En este momento, ¿cuántos/as estudiantes y graduados/as hay en las universidades nacionales?
– Hay unos 2.200.000 estudiantes en las 57 universidades nacionales públicas y las 14 universidades provinciales -que cuentan con presupuestos otorgados por las provincias-, y están adheridas al CIN. Siempre los graduados universitarios en la historia de la universidad argentina han estado entre el 25 y 30%. Siempre se dijo que era poco, pero es fruto de una división entre la cantidad de graduados dividido entre la cantidad de estudiantes que hay en el sistema universitario argentino, que es enorme, porque tenemos un ingreso irrestricto, una universidad pública y no arancelada, y puede venir a la universidad todo el mundo. Acá cada estudiante estudia lo que quiere, bajo el tiempo que quiere, sobrevive dentro de la universidad como puede y se lo aguanta y se lo o la readmite todas las veces que sea necesario.
– ¿Cómo caracteriza a la Marcha Federal Universitaria del 23 de abril? ¿Cuáles serán las principales consignas?
– La marcha será inédita por la conjunción gremial del Frente Sindical de las Universidades Nacionales (integrado por de CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, FAGDUT, UDA, CTERA y FATUN), sumado a la FUA -que representa a más de 2 millones de estudiantes de todo el país-y al CIN, tres condimentos que hacen que sea una marcha inédita, por esta unidad impensada 10 o 15 años atrás. Las principales consignas son el pedido de aumento de presupuesto de gastos de funcionamiento de las universidades, el aumento salarial para los docentes y no docentes, y el presupuesto para sostener a los y las estudiantes, a quienes les subió el alquiler cinco veces más, que pagan un transporte cien veces más… Si nosotros logramos que esa marcha, además de tener vida universitaria, tenga vida comunitaria, habremos logrado tocar la fibra del ADN argentino que habla de que la universidad pública no es un tema partidario, no es de radicales, peronistas o de izquierda, la universidad pública es de toda la gente.

– ¿Cuáles son sus expectativas con la marcha?
– Si en nuestro país vecino, Chile, este tema -de las universidades- logró poner un presidente de la Nación, también se da cuenta que es un tema que no le queda lejos a la gente. La universidad ha penetrado en lugares insospechados y ojalá esto toque la fibra del ADN argentino.
– En su asunción como presidente del CIN dijo: “Cuando se nace pobre estudiar es un acto de rebeldía enorme. No hay verdadera libertad sin educación”. ¿Por qué considera es importante salir a la calle el martes?
– Uno trata de canalizar distintas historias. Imaginemos a un chico que quiere estudiar en la universidad, su mamá no tiene secundario terminado, su papá es empleado público, y la única forma de ser profesional es ir a ese lugar donde no le cobran, porque si no, no podría. Esa es mi historia. Si se tiene la universidad, se tiene la oportunidad. Uno en primera persona lo ve, lo siente… Todos los años, veo entrar a la Universidad de San Luis a 15 mil chicos buscando esa oportunidad. No hay dudas de que la universidad argentina está del lado de las soluciones a los problemas del país y no es un problema más.
¿Cómo sumar apoyo a los pedidos del CIN?
El CIN publicó un formulario digital para adherir de forma personal la declaración del 9 de abril, disponible en este link. FUENTE: somostelam.com.ar
Educación
Desfinanciamiento universitario: más de 10 docentes renuncian por día
En el Día del Docente Universitario, el sistema de educación superior pública argentina atraviesa su peor crisis desde 1989. Con salarios por debajo de los niveles de la poscrisis de 2001, un recorte presupuestario del 37,3% desde diciembre de 2023 y un Gobierno que se niega a cumplir la Ley de Financiamiento Universitario, la deserción docente avanza a un ritmo de entre 10 y 12 renuncias diarias en todo el país.
La academia en éxodo: más de 10 docentes universitarios renuncian por día
La comunidad académica argentina eligió el 15 de mayo, Día del Docente Universitario, para volver a poner en el centro del debate la crisis estructural que atraviesa el sistema universitario público.
Lejos de los anuncios oficiales de «equilibrio macroeconómico», la realidad de más de 60 universidades nacionales distribuidas en todo el territorio revela un desmantelamiento sistemático que sus propios protagonistas describen, sin eufemismos, como un plan deliberado.
«Un plan de destrucción por goteo»
Rodrigo Quiroga, doctor en Ciencias Químicas y docente con 15 años de experiencia en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), cuantificó el fenómeno con datos concretos: entre 10 y 12 docentes renuncian por día a nivel nacional. La causa es, en todos los casos, la misma: la imposibilidad de sostenerse económicamente con los ingresos que ofrece la actividad académica.
Para Quiroga, la situación no es producto de la inercia ni de una mala coyuntura. «El Gobierno está poniendo excusas para no cumplir la ley porque efectivamente lo que buscan, creo, es un plan de destrucción de las universidades nacionales por goteo«, declaró el investigador. En esa línea, advirtió que son los propios docentes quienes vienen subsidiando el déficit de financiamiento con mayor dedicación personal, aunque ese esfuerzo tiene un límite humano y económico infranqueable.
El cargo docente más bajo del sistema universitario nacional, el de Jefe de Trabajos Prácticos (JTP) con dedicación simple, percibe actualmente apenas 260.000 pesos mensuales, una cifra que, en la Argentina de mayo de 2026, no alcanza siquiera para cubrir los gastos de transporte y alimentación necesarios para asistir al trabajo.
El peor momento en décadas
Pablo Bolcatto, doctor en Física y profesor con 38 años de trayectoria en la Universidad Nacional del Litoral (UNL), describió el presente como «el peor momento de mi vida profesional«. El testimonio de Bolcatto permite comprender la dimensión humana de una crisis que las estadísticas no alcanzan a capturar por sí solas.
«Ahora lo que se está dando es que un investigador o un profesor lo que hace es hacer Uber o empezar a vender empanadas», señaló Bolcatto, en alusión directa al fenómeno de pluriempleo al que se ven empujados quienes eligieron la docencia universitaria como vocación. Para este profesor, la elección de seguir en las aulas es un acto de convicción: «dar clases es una vocación; de enseñar, transmitir conocimiento y correr la frontera un poquito más allá», en referencia a la actividad científica que la crisis también amenaza.
La actitud del Gobierno Nacional fue caracterizada por Bolcatto como «profundamente ideológica», lo que para el docente explica la persistencia de la crisis más allá de cualquier argumento técnico.
Los números del desmantelamiento
Los datos recopilados por el grupo EPC y difundidos por Quiroga en redes sociales trazan un mapa preciso del ajuste:
- Las universidades nacionales acumulan una caída presupuestaria del 37,3% desde diciembre de 2023.
- En 2026 se proyecta el presupuesto universitario más bajo desde 1989 en relación al PBI, con apenas el 0,428%.
- Los salarios docentes perdieron 33,7 puntos de poder adquisitivo desde noviembre de 2023, acumulando 17 meses consecutivos de caída.
- Días antes de la última Marcha Federal Universitaria, el Gobierno recortó más de 5.300 millones de pesos destinados a infraestructura en la UNLP, UNSAM, UNL y UNNE, entre otras casas de altos estudios.
- El salario real docente es actualmente más bajo que el que tenían en la poscrisis de 2001.
Estas cifras se inscriben en un contexto más amplio que ya documentamos en esta redacción: desde el inicio de la gestión libertaria, las transferencias a universidades acumularon un recorte real superior al 20%, según datos del Foro Economía y Trabajo; y el propio organismo de verificación Chequeado señaló que el financiamiento universitario sufrió recortes reales de hasta el 31,6% en los primeros tramos de la gestión Milei.
Un dato adicional que aporta dimensión social al conflicto: según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), dos tercios de los estudiantes de la universidad pública pertenecen al 60% más pobre de la sociedad. El ajuste sobre la educación superior no golpea a una élite; golpea, en su inmensa mayoría, a los sectores populares.
La ley existe, el Gobierno no la cumple
El reclamo del sector docente tiene un núcleo jurídico concreto: la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya vigencia los propios tribunales ratificaron con fallos favorables al sector. Si esa norma se aplicara, un docente que hoy cobra 260.000 pesos pasaría a percibir 400.000 pesos, lo que equivaldría a pasar de 6.800 pesos a 10.200 pesos por hora de clase, según los cálculos difundidos por Quiroga.
Frente a las excusas esgrimidas por la administración Milei, como la exigencia de auditorías previas a cualquier recomposición salarial, Quiroga recordó que las auditorías ya existen y funcionan: las facultades de Económicas, Derecho y Medicina de la UBA fueron auditadas en 2024 y sus informes aprobados por unanimidad. Además, «muchas otras universidades firmaron convenios con SIGEN», precisó el investigador.
El argumento del cobro de aranceles a estudiantes extranjeros también fue desactivado con datos: los estudiantes extranjeros representan aproximadamente 83.000 personas, apenas el 4% de la matrícula total. La cifra es marginal frente al déficit estructural de financiamiento.
Un punto central que los propios docentes subrayan para despejar confusiones es el siguiente: no son las universidades las que pagan los sueldos, sino el Estado Nacional. Y los salarios representan el 90% del presupuesto total de las universidades. Quien decide los aumentos, quien los frena, es el Gobierno de Javier Milei.
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