Educación
Alberto destacó la formalización de los trabajadores de la economía popular
Al encabezar en el predio de Tecnópolis el acto de presentación del programa «Volvé a Estudiar», destinado a los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo para que finalicen la educación secundaria, Fernández destacó a los «muchísimos argentinos que no han podido acceder al empleo formal» pero que «no por eso han dejado de trabajar, con el auxilio del Estado y asociándose en cooperativas».
El presidente Alberto Fernández abogó este lunes por «lograr que los trabajadores de la economía popular sean parte» del empleo «formal» y sostuvo que su Gobierno tiene una «obsesión» para el país, que consiste en «producir y trabajar».
Al encabezar en el predio de Tecnópolis el acto de presentación del programa «Volvé a Estudiar», destinado a los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo para que finalicen la educación secundaria, Fernández destacó a los «muchísimos argentinos que no han podido acceder al empleo formal» pero que «no por eso han dejado de trabajar, con el auxilio del Estado y asociándose en cooperativas».
«La economía popular existe y es hora de que todos la pongamos en valor», dijo, y añadió que en ese sector «hay trabajadores que se han educado y pueden educar a otros para que puedan ir a carreras terciarias y conseguir mejores condiciones y mejores trabajos».
El jefe de Estado defendió el programa «Potenciar Trabajo», al afirmar que, a través de ese tipo de asistencia, el Gobierno «ayuda a que hombres y mujeres eduquen a otros hombres y mujeres que necesitan ser educados, en una sociedad que cada día requiere que seamos mejores en el conocimiento».
De ese modo hizo un reconocimiento a los «trabajadores de la educación popular que le enseñan a otros trabajadores para que puedan mejorar su conocimiento y sus condiciones laborales; eso se llama inclusión», subrayó Fernández.
Acompañado por los ministros de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, y de Educación, Jaime Perczyk, y el secretario de Economía Social, Emilio Pérsico, el mandatario valoró a quienes «no han perdido la dignidad de seguir trabajando y buscar mejores condiciones para poder crecer en la sociedad en la que viven».
En ese sentido, Fernández insistió por «lograr que los trabajadores de la economía popular sean parte de los empleos formales» y, si bien admitió que cumplir ese objetivo «puede demandar tiempo», también planteó que resulta «necesario saber que el tiempo que demore nos obliga a organizar el funcionamiento de la economía popular que no puede seguir sin el reconocimiento del Estado».
«En los años que vivimos, educarse es una necesidad, saber es una necesidad, porque vivimos en la era del conocimiento», enfatizó el Presidente, y remarcó que «los países ricos no son los que tiene petróleo, oro o gas, son los que han sabido desarrollar el conocimiento en sus sociedades».
«La vida de hoy exige ese conocimiento, si hay una necesidad hay un derecho, hay que cubrir esa necesidad y ese derecho, lo enseñó Evita y no debemos olvidarlo nunca», recordó.
Y amplió: «Somos parte de un espacio político que siempre ha pensado de este modo, no estamos haciendo algo muy distintos otras épocas», y ejemplificó el «Plan Fines de secundaria para terminarla» y ahora «incorporando la economía popular como parte genuina de la sociedad argentina», para enfatizar que «eso se llama inclusión».
«Queremos empresarios que inviertan, arriesguen, den empleo y respeten a sus trabajadores, y queremos trabajadores que disfruten de todos los derechos de los que en Argentina disfruta un trabajador; no puede haber trabajadores de primera y de segunda», expuso Fernández.
Por último, el jefe de Estado afirmó que si bien «algunos recomiendan dejar el país», el argentino es «el mejor de los pueblos que hay en el mundo».
En tanto, Zabaleta se dirigió a los beneficiarios de Potenciar Trabajo que estaban presentes y les manifestó que «volver a estudiar es la posibilidad de todos ustedes de buscar argentinos para que puedan terminar la escuela primaria, secundaria, acompañar a los terciarios y universitarios».
«Tiramos del carro de la Argentina y empujamos, con educación la estamos llevando al futuro», agregó el titular de Desarrollo Social.
«No vengo a este gobierno para ser un mero comentarista de los problemas de la Argentina, acompaño al Presidente para hacerme cargo, de que hay que ponerla de pie, de que hay que reconstruir algo tan importante como es ordenador social en el mundo y en la Argentina, el trabajo, y acompañarlo con la educación», enfatizó.
Para Zabaleta, «este el el gobierno de más derechos, de la igualdad, de la inclusión», que «entiende» que todos son «iguales y tener las mismas oportunidades».
«Y acá estamos para hacernos cargo de lo que viene. Desde 2019, cuando los argentinos votaron al Presidente, nos vivimos a hacer cargo, no vamos a comentar un solo problema, lo vamos a resolver, y a partir de la semana que viene, como dijo el Presidente, vamos a dar batalla a la inflación y a seguir generando trabajo para todos», sostuvo.
El ministro informó en su alocución que desde el 5 de abril próximo los beneficiaros del Plan Potenciar Trabajo a partir del 5 de abril cobrarán un un bono de 6.000 pesos.
Según Zabaleta, «la Argentina está dando señales de crecimiento, de recuperación económica» y bregó por seguir «construyendo presente y futuro, poniendo una mano en el hombro» a cada persona «que lo necesite».
Recordó que durante la negociación con el Fondo Monetario Internacional lo llamó el Presidente y le aseguró que no iba a firmar un acuerdo que no siguiera garantizando «las políticas de inclusión social» que lleva adelante el Gobierno.
«Y acá estamos, con programas de prestación alimentaria, de urbanización barrios populares y del Plan Potenciar trabajo, camino al empleo genuino», concluyó.
Por su parte, Perczyk señaló que «por instrucción del Presidente» apuntaron desde su cartera «a tres cosas centrales», y enumeró: «Retomar las clases presenciales, con 190 días de clase en todo el país, desde los tres años a la universidad; libros de primaria en lengua y matemática en escuelas publicas y privada parroquial; y retomar el programa Conectar Igualdad, para dar una computadora a cada pibe de la escuela pública».
Sobre el segundo punto, el Gobierno nacional destinará 6.500 millones de pesos para la compra de 8,2 millones de libros, dos para cada uno de los alumnos y tres para los de jardín; mientras que el Conectar Igualdad destinará también computadoras a los maestros de las escuelas públicas.
«Tenemos una deuda con los que no pudieron ir a la escuela primeria, secundaria o universidad, y eso lo que estamos haciendo acá», señaló el ministro, con «un programa para atender a los que puedan terminar la primaria, la secundaria e ir a la universidad», y reprochó que «algunos piensan que es tarde» para responder que «nunca es tarde, siempre tiene que haber otra oportunidad».
«El Estado tiene que garantizar esa oportunidad; no importa donde naciste, donde vivís, sino adonde vamos», expresó, porque «siempre es tiempo para otra oportunidad para terminar primaria, la secundaria e ir a la universidad, que es para todos en la Argentina».
El objetivo del programa «Volvé a Estudiar» es favorecer y hacer más accesible a los titulares del programa Potenciar Trabajo la oferta educativa, en especial del Plan Fines, para lograr que miles de personas terminen sus estudios en los niveles obligatorios.
Educación
Desfinanciamiento universitario: más de 10 docentes renuncian por día
En el Día del Docente Universitario, el sistema de educación superior pública argentina atraviesa su peor crisis desde 1989. Con salarios por debajo de los niveles de la poscrisis de 2001, un recorte presupuestario del 37,3% desde diciembre de 2023 y un Gobierno que se niega a cumplir la Ley de Financiamiento Universitario, la deserción docente avanza a un ritmo de entre 10 y 12 renuncias diarias en todo el país.
La academia en éxodo: más de 10 docentes universitarios renuncian por día
La comunidad académica argentina eligió el 15 de mayo, Día del Docente Universitario, para volver a poner en el centro del debate la crisis estructural que atraviesa el sistema universitario público.
Lejos de los anuncios oficiales de «equilibrio macroeconómico», la realidad de más de 60 universidades nacionales distribuidas en todo el territorio revela un desmantelamiento sistemático que sus propios protagonistas describen, sin eufemismos, como un plan deliberado.
«Un plan de destrucción por goteo»
Rodrigo Quiroga, doctor en Ciencias Químicas y docente con 15 años de experiencia en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), cuantificó el fenómeno con datos concretos: entre 10 y 12 docentes renuncian por día a nivel nacional. La causa es, en todos los casos, la misma: la imposibilidad de sostenerse económicamente con los ingresos que ofrece la actividad académica.
Para Quiroga, la situación no es producto de la inercia ni de una mala coyuntura. «El Gobierno está poniendo excusas para no cumplir la ley porque efectivamente lo que buscan, creo, es un plan de destrucción de las universidades nacionales por goteo«, declaró el investigador. En esa línea, advirtió que son los propios docentes quienes vienen subsidiando el déficit de financiamiento con mayor dedicación personal, aunque ese esfuerzo tiene un límite humano y económico infranqueable.
El cargo docente más bajo del sistema universitario nacional, el de Jefe de Trabajos Prácticos (JTP) con dedicación simple, percibe actualmente apenas 260.000 pesos mensuales, una cifra que, en la Argentina de mayo de 2026, no alcanza siquiera para cubrir los gastos de transporte y alimentación necesarios para asistir al trabajo.
El peor momento en décadas
Pablo Bolcatto, doctor en Física y profesor con 38 años de trayectoria en la Universidad Nacional del Litoral (UNL), describió el presente como «el peor momento de mi vida profesional«. El testimonio de Bolcatto permite comprender la dimensión humana de una crisis que las estadísticas no alcanzan a capturar por sí solas.
«Ahora lo que se está dando es que un investigador o un profesor lo que hace es hacer Uber o empezar a vender empanadas», señaló Bolcatto, en alusión directa al fenómeno de pluriempleo al que se ven empujados quienes eligieron la docencia universitaria como vocación. Para este profesor, la elección de seguir en las aulas es un acto de convicción: «dar clases es una vocación; de enseñar, transmitir conocimiento y correr la frontera un poquito más allá», en referencia a la actividad científica que la crisis también amenaza.
La actitud del Gobierno Nacional fue caracterizada por Bolcatto como «profundamente ideológica», lo que para el docente explica la persistencia de la crisis más allá de cualquier argumento técnico.
Los números del desmantelamiento
Los datos recopilados por el grupo EPC y difundidos por Quiroga en redes sociales trazan un mapa preciso del ajuste:
- Las universidades nacionales acumulan una caída presupuestaria del 37,3% desde diciembre de 2023.
- En 2026 se proyecta el presupuesto universitario más bajo desde 1989 en relación al PBI, con apenas el 0,428%.
- Los salarios docentes perdieron 33,7 puntos de poder adquisitivo desde noviembre de 2023, acumulando 17 meses consecutivos de caída.
- Días antes de la última Marcha Federal Universitaria, el Gobierno recortó más de 5.300 millones de pesos destinados a infraestructura en la UNLP, UNSAM, UNL y UNNE, entre otras casas de altos estudios.
- El salario real docente es actualmente más bajo que el que tenían en la poscrisis de 2001.
Estas cifras se inscriben en un contexto más amplio que ya documentamos en esta redacción: desde el inicio de la gestión libertaria, las transferencias a universidades acumularon un recorte real superior al 20%, según datos del Foro Economía y Trabajo; y el propio organismo de verificación Chequeado señaló que el financiamiento universitario sufrió recortes reales de hasta el 31,6% en los primeros tramos de la gestión Milei.
Un dato adicional que aporta dimensión social al conflicto: según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), dos tercios de los estudiantes de la universidad pública pertenecen al 60% más pobre de la sociedad. El ajuste sobre la educación superior no golpea a una élite; golpea, en su inmensa mayoría, a los sectores populares.
La ley existe, el Gobierno no la cumple
El reclamo del sector docente tiene un núcleo jurídico concreto: la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya vigencia los propios tribunales ratificaron con fallos favorables al sector. Si esa norma se aplicara, un docente que hoy cobra 260.000 pesos pasaría a percibir 400.000 pesos, lo que equivaldría a pasar de 6.800 pesos a 10.200 pesos por hora de clase, según los cálculos difundidos por Quiroga.
Frente a las excusas esgrimidas por la administración Milei, como la exigencia de auditorías previas a cualquier recomposición salarial, Quiroga recordó que las auditorías ya existen y funcionan: las facultades de Económicas, Derecho y Medicina de la UBA fueron auditadas en 2024 y sus informes aprobados por unanimidad. Además, «muchas otras universidades firmaron convenios con SIGEN», precisó el investigador.
El argumento del cobro de aranceles a estudiantes extranjeros también fue desactivado con datos: los estudiantes extranjeros representan aproximadamente 83.000 personas, apenas el 4% de la matrícula total. La cifra es marginal frente al déficit estructural de financiamiento.
Un punto central que los propios docentes subrayan para despejar confusiones es el siguiente: no son las universidades las que pagan los sueldos, sino el Estado Nacional. Y los salarios representan el 90% del presupuesto total de las universidades. Quien decide los aumentos, quien los frena, es el Gobierno de Javier Milei.
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