Educación
Presentaron proyecto de ley de Educación Superior inclusiva para pueblos originarios y afrodescendientes
La iniciativa se basa en las dificulatades de acceso a la educación y busca evitar el desmembramiento de los pueblos por las emigraciones de jóvenes.
Un proyecto para actualizar la Ley de Educación Superior (LES), vigente desde 1995, busca incorporar a ese nivel de enseñanza a estudiantes de los pueblos originarios y afrodescendientes, minorías que no fueron incluidas en la norma, lo que profundizó la «discriminación estructural» de esos sectores históricamente invisibilizados consideró este martes Daniel Mato, titular de la Cátedra Unesco de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref).
Existe una «falta de becas específicas que pongan en pie de igualdad a los integrantes de estos sectores con el resto de la sociedad», según Mato.
La iniciativa fue presentada por la diputada nacional Alcira Figueroa (FDT), de Salta, elaborada por la Cátedra Unesco de la Untref, y cuenta con el respaldo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a las 57 universidades públicas del país, y del secretario de Políticas Universitarias, Oscar Alpa.
Dado que muchas universidades están ubicadas a más de 500 kilómetros de las comunidades originarias, las dificultades para acceder a la educación superior origina el desmembramiento de esos pueblos si los jóvenes emigran para proseguir sus estudios superiores.
También influye, explicó Mato, la falta de becas específicas que pongan en pie de igualdad a los integrantes de estos sectores con el resto de la sociedad, lo que incluyen el respeto integral por sus culturas y costumbres.
«La Ley de Educación Superior asegura derechos a personas con discapacidad, por género y orientación sexual, pero nada dice sobre los pueblos originarios y los afrodescendientes, y esto no solo es inconstitucional sino que, también, es discriminatorio», dijo a Télam Daniel Mato, titular de la Cátedra Unesco de la Untref.
Mato aseguró que Argentina «está obligada por tratados internacionales incorporados a la Constitución a incorporar en la LES esta actualización» y añadió «que ellos no estén, y sí otros sectores habla de un sesgo racista en nuestra sociedad».
De acuerdo al último censo, existen casi 150.000 personas afrodescendientes en el país, mientras que cerca de 955.000 personas se identifican como indígenas. Solo el 10% de los jóvenes de entre 20 y 29 años provenientes de comunidades indígenas cursa estudios de nivel superior, en comparación al 35% de la población general del mismo rango etario, según datos del Censo Nacional 2010.
Los originarios que ingresan en la educación superior son muy pocos ya que muchas escuelas secundarias carecen de interculturalidad, y en las universidades «existe una vacancia en el conocimiento y cosmovisiones de los pueblos indígenas y afrodescendientes», dijo Alpa, durante la presentación virtual del proyecto. De esta forma, los esfuerzos que realizan las universidades para facilitar el acceso a estos sectores «son individuales, no hay una ley que obligue al Estado a garantizar esos derechos», detalló Mato.
En 21 de las 57 universidades públicas existen algunos programas que favorecen la inclusión y sólo en dos de ellas, la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) hay programas de becas específicas para estos estudiantes.
En la UNNE el programa de becas existe desde el 2015, pero desde ese año hasta la fecha solo se dispusieron 60 becas para una casa de estudios superiores que agrupa a estudiantes de Chaco, Corrientes y el norte de Santa Fe.
«Esto es por el desinterés de las autoridades nacionales que no están obligadas por ley a otorgar estos fondos especiales», dijo Mato, quien señaló que la Universidad Nacional de Misiones también tuvo un programa de becas, pero no pudo sostenerlo. El CIN, en su plenario de marzo pasado, reclamó la «necesaria y urgente» actualización de la LES para resolver estos problemas de vulneración de derechos en los que incurre la normativa vigente por omisión
«Solo se trata que la LES se ajuste a la Constitución, no de una ampliación de derechos. Si se omite a los afros y a los originarios no se lo hace sólo por racismo sino porque no tienen capacidad de movilización», dijo Mato, y consideró que Argentina es uno de los países mas retrasados de América.
Para Alpa «más allá de que es una propuesta de inclusión del sistema universitario, estamos hablando de un derecho humano universal a la educación superior y tenemos que plasmarlo, comprenderlo e incluirlo».
Luego indicó que se necesita una legislación «para visibilizar estos derechos no solo en el acceso a la universidad, sino también pensarlos desde la inteculturalidad». «El Estado tiene una responsabilidad enorme de promover estos procesos multiculturales», agregó.
Para la diputada Alcira Figueroa se trata de «un proyecto de necesidad y urgencia» ya que «estamos en emergencia en lo que respecta a pueblos originarios, en emergencia ambiental, en emergencia sanitaria, en emergencia de nuestra madre tierra», sentenció. «Creo que debemos recuperar la historia, la cultura, y la visión de la vida» que tienen los pueblos indígenas.
«Necesitamos paradigmas nuevos que tengan que ver con la cosmovisión indígena, con el buen vivir, redescubrirnos con los saberes, las culturas, y su manera de pensar», concluyó.
Educación
CONADU Histórica inicia un paro de una semana por la ley de financiamiento, días después del Papa
La federación docente realiza un paro hasta el miércoles 18 y reclama el cumplimiento de la ley, la deuda salarial y un Presupuesto 2027 que la respete. El oficialismo busca llevar ese proyecto al recinto de Diputados el 18 o el 25 de noviembre.
La CONADU Histórica inició este jueves un paro nacional de una semana en las universidades públicas, que se extenderá hasta el miércoles 18 de noviembre. La federación reclama el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, el pago de la deuda salarial que, según denuncia, el Estado nacional mantiene con la docencia universitaria y preuniversitaria, y un Presupuesto 2027 que respete esa norma. La medida llega cuatro días después del discurso de León XIV en el Palacio Libertad, que pidió robustecer la universidad.
La decisión se tomó el viernes 6 de noviembre, en un Congreso Extraordinario con 81 representantes de asociaciones de base, que aprobaron la semana de paro por amplia mayoría. La Asociación Gremial Docente de la UBA remarcó que el proyecto de presupuesto del año próximo debe respetar lo que establece la ley.
El Congreso también resolvió, por unanimidad, una huelga de 24 horas el día en que se trate el Presupuesto 2027 en el Parlamento. Además, pondrá en consulta nacional la posibilidad de afectar los exámenes de diciembre y debatirá medidas para el inicio del ciclo 2027 si el Gobierno sigue sin aplicar la ley. El personal nodocente de la FATUN suma paros de 24 horas este jueves y el lunes 16, en el mismo reclamo.
El oficialismo busca firmar el dictamen del Presupuesto 2027 y llevarlo al recinto de Diputados el 18 o el 25 de noviembre, según se informó. Esta tarde se reúne con los bloques aliados, que reclaman cambios; el radicalismo insistirá con el financiamiento universitario. Si el debate fuera el 18, coincidiría con el último día de la semana de paro.
La ley, el veto y la Justicia
La Ley 27.795 fue ratificada por amplias mayorías en el Congreso después del veto presidencial. El Poder Ejecutivo la promulgó con el Decreto 759/2025, pero condicionó su aplicación a que se definieran las fuentes de financiamiento y las partidas presupuestarias. El juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional esa cláusula y ordenó cumplir la norma. El Gobierno apeló y, el 9 de octubre, el magistrado concedió el recurso: ahora decide la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Según esa resolución, seguía vigente la cautelar que ordena recomponer salarios docentes y becas. La CONADU Histórica sostiene que el Gobierno la continúa incumpliendo.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) sostiene que el Gobierno incumple. En un documento que su presidente, Franco Bartolacci, entregó al Papa en Roma el 23 de octubre, afirmó que el Ejecutivo “desconoce los otros dos poderes de la República” al ignorar la ley y desoír los fallos que ordenan su cumplimiento inmediato. El conflicto tuvo su expresión callejera en la quinta Marcha Federal Universitaria, el 15 de octubre, frente al Congreso.
El Presupuesto 2027 y los salarios
El CIN pidió 11 billones de pesos para 2027, un 33% más que lo previsto en el proyecto del Poder Ejecutivo. Bartolacci, que además es rector de la Universidad Nacional de Rosario, advirtió ante los legisladores: “Si no logramos modificaciones razonables al proyecto de presupuesto presentado por el gobierno nacional, va a ser realmente muy difícil que las universidades abramos nuestras puertas el año que viene, ni más ni menos que eso”. Su vicepresidente, Anselmo Torres, agregó: “Ni siquiera alcanzaría para los salarios”.
En una entrevista reciente, Bartolacci situó el reclamo salarial en el centro del conflicto. Dijo que alrededor del 70% de los trabajadores docentes y nodocentes de la educación superior cobra menos de 850.000 pesos mensuales. “Eso te provoca muchas cosas: renuncias, perdés recursos humanos muy valiosos (…). Cuando no tenés renuncia, tenés cada vez más extendido el pluriempleo, porque ante la dificultad salarial, para poder vivir incorporan otros trabajos”, explicó. Y sumó: “Mucho cansancio, malestar en la comunidad, por la situación salarial por supuesto, pero también por el destrato y la desconsideración del gobierno nacional”.
El mensaje del Papa y la discusión en el Congreso
El domingo 8 de noviembre, en su primer discurso ante las autoridades, en el Palacio Libertad, León XIV dijo: “Una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes deben abandonar su tierra para realizar sus sueños”. Y agregó: “Crear las condiciones para que puedan proyectar libremente su vida en Argentina exige robustecer de manera particular la educación, la formación profesional, la universidad y la investigación”. El texto no menciona la ley, el presupuesto ni los salarios universitarios.
Bartolacci participó el lunes 9 del encuentro del Papa con instituciones y el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina. “Está muy bien aplaudir efusivamente un mensaje cargado de afirmaciones trascendentes sobre casi todos los temas importantes que enfrenta el país. Pero valorar el mensaje exige algo más: escucharlo más atentamente y hacerlo carne en nuestras prácticas cotidianas”, señaló. En el Congreso, el diputado Pablo Juliano, de Provincias Unidas, reclamó: “Que haya partidas para educación, que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario”.
Lo que tenés que saber:
- La CONADU Histórica paró desde este jueves y hasta el miércoles 18 de noviembre, por una resolución del Congreso Extraordinario del 6 de noviembre.
- Reclama que se cumpla la Ley 27.795, el pago de la deuda salarial y un Presupuesto 2027 acorde a esa norma.
- Habrá otra huelga de 24 horas el día en que el Congreso trate el Presupuesto; el oficialismo apunta al 18 o al 25 de noviembre. Los exámenes de diciembre quedaron en consulta.
- La Justicia declaró inconstitucional la cláusula que condicionaba la ley; el Gobierno apeló y la Cámara decide.
- El CIN pidió 11 billones para 2027, un 33% más que el proyecto oficial, y Bartolacci advirtió que sin cambios será muy difícil abrir las universidades.
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