El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11 emitió una medida cautelar en favor de la Universidad de Buenos Aires y ordenó al Gobierno nacional dar cumplimiento inmediato a los artículos 4°, 5°, 6° y 7° de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. El fallo del juez Martín Cormick representa un nuevo revés legal para la gestión de Javier Milei en su pulseada con el sistema universitario público, una disputa que ya lleva más de dos años y que tiene como trasfondo un desfinanciamiento estructural sin precedentes en décadas.

El fraude constitucional que el juez no toleró

La UBA llevó adelante una demanda contra el Decreto 759/2025, que promulgó la Ley 27.795 pero suspendió su aplicación efectiva, condicionándola a que el Congreso definiera las fuentes de financiamiento. La universidad calificó esa maniobra como un «fraude constitucional»: el Poder Ejecutivo se valió del acto de promulgación para vaciar de contenido una norma que el propio Parlamento ya había ratificado, incluso al rechazar el veto presidencial.

Para Cormick, el argumento oficial no resistió el escrutinio jurídico. Una vez que el Congreso insistió con la ley y descartó el veto, el proceso legislativo, según el magistrado, «no admitía variantes suspensivas para la aplicación de la ley». Dicho de otro modo: el Ejecutivo no tenía margen constitucional para seguir frenando el cumplimiento de una norma que el Poder Legislativo ya había sostenido en dos oportunidades.

Salarios deteriorados y derechos en riesgo

El juez Cormick no se limitó a los argumentos procesales. El fallo identificó con precisión el daño concreto que el incumplimiento produce sobre los trabajadores universitarios: perjuicios graves de imposible reparación ulterior, asociados al deterioro sostenido de los ingresos del sector. En ese contexto, el magistrado destacó que la falta de aplicación de la ley afecta directamente el derecho a enseñar y aprender establecido en la Constitución Nacional, un estándar que el propio Gobierno invoca retóricamente pero no garantiza en los hechos.

El dato que ilumina la dimensión del problema fue incluido en el propio fallo: el impacto fiscal de cumplir con la ley representa apenas el 0,23% del PBI. Cormick subrayó que esa cifra constituye «un ahorro poco significativo para el presupuesto global de gastos de la administración pública». La pregunta que queda flotando, incómoda para el Gobierno, es si el recorte tiene una lógica fiscal real o si responde a una decisión política de disciplinamiento del sector universitario.

El acuerdo de junio que el Estado firmó y no cumplió

El fallo también responde a una demanda del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reclamó que el Ejecutivo cumpliera el acta firmada el 10 de junio, en la que el Estado se comprometió a transferir a las universidades nacionales los fondos necesarios para aplicar un aumento salarial del 24,33%. Tras esa firma, el Gobierno intentó que se levantara la cautelar anterior, argumentando que el acuerdo dejaba sin efecto el planteo judicial. El juez rechazó esa interpretación: el Estado, a su criterio, no logró demostrar que los acuerdos alcanzados hubieran resuelto de manera efectiva y definitiva el deterioro del poder adquisitivo y la pérdida salarial del colectivo afectado. Firmar y no cumplir no equivale a resolver el conflicto. La cautelar, por lo tanto, se mantiene.

Antecedentes de una batalla judicial que el Gobierno viene perdiendo

Este fallo se inscribe en una secuencia de disputas judiciales en torno al financiamiento universitario que el Ejecutivo no logra resolver a su favor de manera definitiva. En mayo de 2026, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal había concedido un recurso extraordinario presentado por el Gobierno y suspendido transitoriamente una cautelar anterior, mientras la Corte Suprema definía su posición. La apuesta del Ejecutivo era que la Corte cerrara el capítulo. Eso no ocurrió, y el litigio continuó. Ahora el juez de primera instancia vuelve a ordenar el cumplimiento de la ley, en el marco de la demanda específica de la UBA por el Decreto 759/2025. El sistema universitario acumula una caída real del financiamiento que, según datos del propio CIN, representa un desplome de más del 45% en las transferencias estatales entre 2023 y 2026, mientras los salarios docentes perdieron más de 30 puntos porcentuales de poder adquisitivo en el mismo período.