★ El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires reglamentó el cierre de escuelas privadas luego de reiterados episodios de cancelaciones intempestivas que tomaron por sorpresa a comunidades educativas enteras. La medida, publicada en el Boletín Oficial porteño, establece plazos, requisitos y controles previos para ordenar un fenómeno que crece al ritmo de la baja natalidad y la crisis económica.

Según la normativa, toda institución que evalúe cerrar grados o la totalidad del establecimiento deberá contar con una evaluación previa y el aval de la Dirección General de Educación de Gestión Privada, además de garantizar la continuidad educativa de los alumnos matriculados.

Menos nacimientos, menos alumnos

El cierre de escuelas no aparece como un hecho aislado. Distintos informes oficiales y privados advierten que la tasa de natalidad en Argentina cayó más de un 50 por ciento desde 2014, lo que ya se refleja en la cantidad de chicos que ingresan al sistema educativo.

En la Ciudad de Buenos Aires, datos oficiales indicaron que en 2025 la matrícula de ingresantes a primer grado cayó un 25 por ciento en comparación con 2020, una tendencia que, según las proyecciones oficiales, se extenderá a todo el nivel primario hacia 2028.

A nivel nacional, un informe de Argentinos por la Educación proyectó que para 2030 la matrícula primaria podría reducirse un 27 por ciento, lo que implicaría alrededor de 1,2 millones de estudiantes menos en ese nivel.

Escuelas vulnerables y cierres sorpresivos

El descenso de la matrícula se combina con el aumento de los costos operativos, la morosidad en el pago de cuotas y las secuelas económicas de la pospandemia. En ese contexto, muchas escuelas privadas quedaron en situación de vulnerabilidad financiera.

En los últimos años se multiplicaron los casos de colegios que cerraron o se fusionaron para sobrevivir. Algunos lo hicieron sin planificación ni comunicación previa, incluso con el ciclo lectivo ya iniciado o con matrículas abonadas.

Uno de los casos más recientes fue el del Instituto Formar Futuro, que tenía unas 300 familias matriculadas y 75 trabajadores entre docentes y no docentes. Según trascendió, los responsables legales informaron el cierre y luego dejaron de responder comunicaciones, sin abonar salarios correspondientes al mes de diciembre.

Qué exige ahora el Gobierno porteño

Ante este escenario, el Ministerio de Educación porteño fijó nuevas reglas obligatorias para cualquier institución privada que analice su cierre.

Entre los principales puntos, se establece que:

• Las escuelas deberán informar de manera anticipada si atraviesan riesgo de continuidad, mediante un informe formal.
• El pedido de cierre deberá presentarse con al menos cinco meses de antelación.
• Se exigirá un cronograma detallado, con pautas de comunicación clara hacia familias, docentes y estudiantes.
• Las instituciones deberán garantizar que los alumnos finalicen el ciclo lectivo y cuenten con alternativas para continuar su escolaridad.
• Será obligatoria una declaración jurada que asegure el resguardo y la entrega completa de la documentación oficial.

La Dirección General de Educación de Gestión Privada contará con diez días hábiles para evaluar cada solicitud. Solo después de ese aval, la institución podrá comunicar oficialmente la decisión a su comunidad.

Un problema estructural que excede a una norma

Aunque la reglamentación busca evitar situaciones caóticas, el trasfondo es más profundo. La caída demográfica, sumada al deterioro del poder adquisitivo y a un esquema de financiamiento frágil, plantea un desafío estructural para el sistema educativo, tanto público como privado.

El debate ya no gira solo en torno a cierres ordenados, sino a cómo reconfigurar la oferta educativa en un país con menos nacimientos, sin que el ajuste recaiga exclusivamente sobre familias, trabajadores y comunidades escolares.

Puntos clave

• La baja natalidad en Argentina impacta directamente en la matrícula escolar.
• En la Ciudad, los ingresantes a primer grado cayeron 25 por ciento en cinco años.
• El Gobierno porteño reglamentó el cierre de escuelas privadas para evitar clausuras sorpresivas.
• Las instituciones deberán avisar con meses de anticipación y garantizar la continuidad educativa.
• El fenómeno expone una crisis estructural del sistema educativo privado. ★