Judiciales ⚖️
Pedirán juicio oral contra médico y farmacéutica por defraudar al PAMI con recetas truchas
La Fiscalía Federal de Rafaela solicitó elevar a juicio la causa contra Alberto José Mazzuchelli y Gisela Viviana Bernini, acusados de confeccionar más de 600 recetas apócrifas que generaron un perjuicio superior al millón de pesos al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Ambos profesionales habrían operado en complicidad entre febrero y septiembre de 2021, simulando la provisión de medicamentos a afiliados que no pertenecían a la cápita médica del acusado.
★ El fiscal federal Jorge Gustavo Onel presentó ante el juez Federal subrogante de Rafaela, Aurelio Cuello Murúa, el requerimiento de elevación a juicio oral y público contra el médico Alberto José Mazzuchelli (72 años) y la farmacéutica Gisela Viviana Bernini (53 años), procesados por defraudación a la administración pública.
La investigación determinó que ambos profesionales emitieron 636 recetas falsas destinadas a 78 afiliados del PAMI que no eran pacientes del médico investigado. El perjuicio económico generado al INSSJP se calculó en $1.125.228, según confirmó la fiscalía en el expediente.
El sistema de recetas electrónicas como herramienta del fraude
La maniobra se ejecutó a través del Sistema de Receta Electrónica del PAMI, aprovechando el usuario y clave de acceso del médico Mazzuchelli. La pericia informática comprobó que todas las recetas apócrifas fueron confeccionadas desde computadoras ubicadas en la Farmacia Bernini, de acuerdo con las direcciones de IP asignadas por el servicio de telefonía Personal al domicilio comercial de la farmacéutica.
«Sin este aporte esencial que prestó el médico, no hubiera podido la farmacéutica lograr las prescripciones y consecuente disposición patrimonial del órgano estatal a su favor», señaló el fiscal Onel en su dictamen.
La acusación precisa que Bernini, titular de la farmacia, «a través de la confección irregular de recetas de medicamentos electrónicas valiéndose del sistema informático que previamente le facilitó un prestador de servicios regular del INSSJP, impulsó disposiciones patrimoniales erróneas, notoriamente perjudiciales para el órgano estatal».
Distintos grados de participación en el delito
El requerimiento fiscal establece diferencias en la responsabilidad penal de ambos acusados. La farmacéutica Bernini llegará a juicio como autora del delito de defraudación en perjuicio de la administración pública, mientras que el médico Mazzuchelli fue considerado partícipe necesario del mismo delito.
La fiscalía fundamentó esta distinción en que las acciones concretas detectadas y el desembolso patrimonial (en dinero o insumos) se vinculan directamente con la farmacia de Bernini. Sin embargo, el fiscal destacó que la maniobra no hubiera podido implementarse sin la facilitación del usuario y clave de gestión que aportó el médico.
La denuncia del PAMI y los testimonios de los afiliados
La investigación se inició tras la denuncia formulada por el área legal del PAMI ante la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Cometidos en el ámbito de actuación del INSSJP (UFI-PAMI), a cargo del fiscal federal Javier Arzubi Calvo.
Durante la instrucción, se entrevistó a diversos afiliados cuyos nombres aparecían en las recetas apócrifas. Los testimonios fueron contundentes: en todos los casos se corroboró que el médico investigado no era su prestador de cabecera. Uno de los afiliados refirió que compraba medicamentos en la farmacia, pero sin receta médica. Otros cuatro indicaron que consumían menor cantidad de medicamentos que los prescriptos en las recetas falsas. Cinco afiliados reconocieron tomar medicamentos, pero aclararon que fueron recetados por sus médicos de cabecera, no por Mazzuchelli.
Un fraude sistematizado durante siete meses
El período de la maniobra, que se extendió entre febrero y septiembre de 2021, revela un esquema sistematizado de defraudación que operó durante siete meses consecutivos. La cantidad de recetas falsas (636) y la cantidad de afiliados involucrados sin su conocimiento (78) evidencian la magnitud del operativo fraudulento contra la obra social de jubilados y pensionados.
El caso expone las vulnerabilidades del sistema de receta electrónica cuando se produce una colusión entre prestadores de salud que cuentan con acceso legítimo al sistema. La posibilidad de que un médico ceda sus credenciales de acceso y una farmacéutica las utilice para generar recetas falsas plantea interrogantes sobre los controles internos del PAMI para detectar patrones anómalos de prescripción.
Puntos clave:
• El fiscal Jorge Gustavo Onel solicitó la elevación a juicio oral contra un médico y una farmacéutica por defraudar al PAMI con 636 recetas apócrifas.
• El perjuicio económico al INSSJP se calculó en $1.125.228 durante el período febrero-septiembre de 2021.
• Las recetas falsas se emitieron desde la Farmacia Bernini utilizando el usuario y clave del médico Mazzuchelli.
• Todos los afiliados entrevistados confirmaron que el médico investigado no era su prestador de cabecera.
• La farmacéutica Bernini será juzgada como autora del delito, mientras que el médico Mazzuchelli como partícipe necesario. ★
Gremiales
Fate: el SUTNA rechaza el desalojo y convoca para este lunes
La Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro ordenó desalojar la planta de Fate en San Fernando, ocupada por 920 trabajadores desde el 18 de febrero. El SUTNA calificó la medida de «disparate jurídico», anunció que apelará y convocó a una concentración para este lunes frente a la fábrica.
Veinticuatro trabajadores imputados por usurpación, una planta de 44 hectáreas que lleva siete meses ocupada, y una nueva orden judicial de desalojo: así está el conflicto de Fate, la fábrica de neumáticos de Virreyes, partido de San Fernando, que el lunes 21 de septiembre volverá a ser el centro de una nueva jornada de resistencia obrera.
La resolución fue dictada por la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro, que hizo lugar al recurso presentado por Javier Madanes Quintanilla, propietario de la empresa, en el marco de una denuncia por usurpación contra el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA). El tribunal consideró que las instancias de conciliación obligatoria habían sido agotadas y que la continuidad de la ocupación ya no podía encuadrarse como herramienta para destrabar el conflicto laboral.
«Un disparate jurídico»: la respuesta del SUTNA
El secretario general del SUTNA, Alejandro Crespo, no tardó en responder. El viernes, en conferencia de prensa frente a la planta, calificó el fallo de «disparate jurídico» y cuestionó de fondo la intervención del fuero penal en una disputa que, a su criterio, es estrictamente de naturaleza laboral. «El desalojo es un hecho de violencia sobre los trabajadores que son víctimas de un lockout y están protegiendo sus puestos de trabajo. Después de dar toda una explicación sobre que no se puede meter la Justicia penal en un ámbito laboral, los jueces terminan diciendo que hay que avanzar en un desalojo», señaló Crespo.
El gremialista también anunció que el sindicato apelará la medida y presentará recursos ante la Casación para evitar que el fallo quede firme. «Obviamente, el sindicato va a apelar y va a presentar los recursos para Casación para que no quede firme este tipo de disparate», afirmó. Además, convocó a organizaciones obreras, políticas y sociales a concentrarse este lunes frente a la planta y reclamó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que intervenga en el conflicto.
Siete meses de lockout: la historia de un cierre que el SUTNA llama ilegal
El conflicto se inició el 18 de febrero de 2026, cuando Fate anunció el cierre definitivo de su planta y el despido de 920 trabajadores, sin tramitar un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) y sin cumplir con los acuerdos de no despidos. Desde entonces, integrantes del SUTNA mantienen la ocupación del predio. El sindicato sostiene que la paralización de la producción constituyó un lockout patronal ofensivo, orientado a redirigir inversiones de la empresa hacia los sectores de energía y aluminio, y que la permanencia de los trabajadores en la planta tiene por objetivo resguardar la maquinaria, evitar el vaciamiento y reclamar la conciliación obligatoria.
El caso tuvo, además, un antecedente judicial que el SUTNA recuerda: en marzo, la misma Sala II había revocado una primera orden de restitución dictada por el juez de Garantías Esteban Rossignol, argumentando que las negociaciones laborales aún estaban abiertas y que debía privilegiarse la conciliación. Ahora, con ese argumento agotado por el tribunal, el escenario se invirtió. La nueva resolución activó además la imputación formal de 24 personas por la permanencia en el predio.
La CGT y el reclamo de paro general activo
El miércoles 16 de septiembre, el SUTNA se reunió con la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) en la sede de la central obrera. El sindicato llevó al encuentro el planteo de la necesidad de poner fin al lockout patronal y planteó la conveniencia de convocar a un paro general activo. «El triunfo de los trabajadores de Fate sobre este ilegal lockout patronal significaría un enorme paso para el movimiento obrero en estos momentos tan oscuros, trayendo esperanza a toda la clase obrera», sostuvo el gremio en un comunicado posterior a la reunión.
El SUTNA también denunció lo que califica como «criminalización» de la protesta: el intento de elevar a juicio a trabajadores que, desde su perspectiva, se limitan a defender sus puestos frente a una acción patronal que consideran ilegal. «Llamamos a todas las organizaciones obreras y a los periodistas a acercarse a la fábrica para defender esta lucha, que se volvió una pelea de todo el pueblo trabajador que resuena en los diarios de todo el mundo. Fate no se cierra», concluyó Crespo en su intervención del viernes.
Este lunes, a partir de las 10, la concentración frente a la planta de San Fernando reunirá a representantes gremiales del SUTNA junto a organizaciones sociales y políticas. El sindicato tiene prevista además una conferencia de prensa en el lugar.
Lo que tenés que saber
- La Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro ordenó el desalojo de la planta de Fate en Virreyes, partido de San Fernando, haciendo lugar al recurso del propietario Javier Madanes Quintanilla.
- El SUTNA rechazó la medida, la calificó de «disparate jurídico» y anunció que apelará ante la Casación para impedir que el fallo quede firme.
- 24 personas fueron imputadas por usurpación en el marco de la causa penal vinculada a la ocupación de la planta.
- El conflicto se inicia el 18 de febrero de 2026, con el cierre de la fábrica y el despido de 920 trabajadores, sin tramitar el Procedimiento Preventivo de Crisis.
- Este lunes 21 de septiembre, organizaciones obreras, sociales y políticas se concentrarán frente a la planta a las 10 horas para rechazar el desalojo.
-
Denuncia5 díasEl Gobierno le pagó a funcionario una indemnización de $110 millones y al otro día lo volvió a contratar
-
Defensa3 díasPresupuesto 2027: base naval y misiles en lugar de aulas, sillas de ruedas y hospitales
-
Economía 💲7 díasDuro editorial de The Economist contra Milei: “Tus aliados enfrentan acusaciones de corrupción propias”
-
Espectáculos 🎭7 díasCarlos Torres aterrizó en Ezeiza para dos shows de “La Reina del Flow”
-
DDHH6 díasEl costo de la violencia migratoria de Trump: miedo, deportaciones y falta de trabajadores en Florida
-
Fútbol & Goles5 díasLa despedida del 10: Messi se retira en el Monumental el 6 de octubre
-
DDHH6 díasEl lawfare ante el mundo: los abogados de Cristina explican en la ONU por qué la condena es política
-
Comunidad 👥6 díasSegún el INDEC, criar un hijo de hasta 12 años cuesta $713.070 por mes en la Argentina de Milei
