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Denuncia

Escándalo en la UNRC: Procesan a investigadores por usar laboratorios de la universidad

Seis docentes, entre ellos cinco investigadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), fueron procesados por utilizar instalaciones y equipamiento de la casa de altos estudios para beneficio personal, en una causa que también involucra al CONICET.

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⬛ El Juzgado Federal de Río Cuarto, a cargo de Carlos Arturo Ochoa, dictó el procesamiento de seis personas por delitos contra la administración pública. Entre los imputados se encuentran cinco docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) y el CONICET, acusados de haber utilizado equipos e instalaciones de la Facultad de Ciencias Exactas para fines privados. La sexta persona fue procesada por encubrimiento.

​Según la acusación, los investigadores habrían utilizado laboratorios, equipamiento e insumos de la universidad para realizar trabajos privados a través de la firma «A&B Agrobiotech Diagnóstica». La supuesta actividad ilícita se habría desarrollado entre enero de 2022 y abril de 2025.

Una investigación iniciada por una denuncia radial

​La causa se abrió en noviembre de 2024, tras una entrevista radial a un abogado que representaba a una docente de la Facultad de Ciencias Exactas, quien denunció irregularidades internas. La denunciante aportó pruebas de que los imputados utilizaban recursos de la UNRC para fines personales, y señaló que la firma privada «A&B Agrobiotech Diagnóstica» ofrecía servicios a través de redes sociales, utilizando el equipamiento de la universidad.

​A partir de esta denuncia, se ordenaron allanamientos, intervenciones telefónicas y levantamiento del secreto bancario y fiscal. La investigación detectó que los imputados “concertaron voluntades tendientes a ocultar prueba, elementos e instrumentos del delito”.

Detalles de la acusación

​El Ministerio Público Fiscal señaló que dos de los acusados lideraban la organización y se encargaban de conseguir clientes y gestionar los trabajos. Los otros tres investigadores, en tanto, ejecutaban los ensayos en los laboratorios.

​La acusación detalla que se hizo uso indebido de insumos como placas de Petri, solventes y materiales reactivos, así como de equipos como cromatógrafos y cámaras de flujo laminar. Las actividades se realizaban en horarios laborales y también los fines de semana.

​Además de los cinco investigadores, una persona ajena al ámbito académico fue procesada por encubrimiento. Se la acusa de haber ayudado a uno de los imputados a ocultar su computadora y su celular para evitar que fueran secuestrados en un allanamiento.

Puntos clave

  • ​Seis personas, entre ellas cinco docentes e investigadores de la UNRC, fueron procesadas por delitos contra la administración pública.
  • ​La causa se basa en la acusación de que utilizaron instalaciones y equipos de la universidad para beneficio personal a través de la firma «A&B Agrobiotech Diagnóstica».
  • ​Un juez federal dictó los procesamientos tras una investigación que incluyó allanamientos e intervenciones telefónicas.
  • ​La investigación se inició a raíz de una denuncia periodística realizada en noviembre de 2024.
  • ​La sexta persona procesada está acusada de encubrimiento por haber ocultado dispositivos electrónicos de uno de los imputados.

Denuncia

La casta hipotecada: el Banco Nación y el festival de créditos a legisladores y militantes de LLA

Bajo la sombra de la banca pública, legisladores oficialistas accedieron a préstamos millonarios en momentos clave de su alineamiento político, mientras el Gobierno insiste con el ajuste y las privatizaciones.

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​★ El escándalo por el otorgamiento de créditos hipotecarios millonarios del Banco Nación (BNA) a legisladores de La Libertad Avanza (LLA) y aliados forzó las primeras reacciones de los beneficiarios, quienes ensayaron defensas que, lejos de aclarar la situación, profundizaron las sospechas sobre un trato preferencial. Los diputados Alejandro Bongiovanni y Mariano Campero confirmaron haber accedido a los fondos de la entidad que el Ejecutivo intentó privatizar, justo en coincidencia con giros políticos determinantes en sus respectivas carreras legislativas.

​El «salto» de Bongiovanni y los 255 millones

​El diputado santafesino Alejandro Bongiovanni, quien abandonó la bancada del PRO para sumarse formalmente al oficialismo en noviembre pasado, confirmó que recibió un préstamo de 255 millones de pesos. A través de sus redes sociales, el legislador calificó como «insólito» que se vincule una deuda hipotecaria con un acto delictivo y aseguró que el trámite inició en junio, durante lo que denominó el «boom de los créditos hipotecarios».

​Sin embargo, las dudas persisten sobre la celeridad del proceso y la elección de la banca pública nacional por sobre entidades privadas o de su propia provincia. El legislador Esteban Paulón presentó pedidos de informes ante el Banco Nación, el Banco Central y el Poder Ejecutivo para determinar si el directorio del banco, liderado en ese entonces por Daniel Tillard, dictó resoluciones excepcionales para aprobar carpetas que tenían dictámenes técnicos desfavorables en las áreas de riesgo.

​Campero y la Comisión Libra

​Por su parte, el tucumano Mariano Campero, uno de los radicales que garantizó con su voto el blindaje a los vetos presidenciales contra jubilados y universidades, también defendió su acceso al crédito. Campero desestimó que la adjudicación de los fondos en mayo de 2025 estuviera ligada a la creación de la Comisión Libra que integra. El diputado sostuvo que se trata de su primera vivienda y atribuyó las críticas a una supuesta persecución del peronismo, aunque no precisó por qué los tiempos administrativos del banco coincidieron con su distanciamiento de los principios históricos de la UCR para transformarse en un aliado incondicional de Javier Milei.

​Una lista que se expande

​El beneficio del Banco Nación no se limitó a estos dos nombres. La nómina de legisladores que accedieron a créditos UVA bajo condiciones que se investigan incluye al bonaerense Santiago Santurio, la rionegrina Lorena Villaverde (quien ya afronta complicaciones judiciales por otras causas) y diversos funcionarios de la estructura oficialista.

​La paradoja política resulta evidente; mientras el discurso oficial promueve el desmantelamiento del Estado y la eficiencia del mercado, sus representantes utilizan la estructura de la banca pública para resolver sus necesidades habitacionales con montos inaccesibles para el grueso de la población trabajadora. La Central de Deudores del Banco Central refleja estas obligaciones financieras que, en el caso de los legisladores, se dan en un marco de confrontación constante del Gobierno contra los sectores que defienden el rol de las instituciones públicas.

​Puntos clave

  • ​Los diputados Alejandro Bongiovanni y Mariano Campero confirmaron la recepción de créditos UVA del Banco Nación.
  • ​Se investiga si existieron dictámenes de riesgo negativos que fueron ignorados por el directorio del banco para favorecer a los legisladores.
  • ​El diputado Esteban Paulón solicitó informes oficiales para transparentar el proceso de adjudicación de estos préstamos millonarios.
  • ​Los beneficiarios aseguran que las condiciones fueron las mismas que para cualquier cliente, pese a la coincidencia con sus cambios de postura política.
  • ​El Banco Nación continúa en el centro del debate tras los intentos de privatización impulsados por el Poder Ejecutivo. ★
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