★ Mientras el Gobierno de Javier Milei sigue debatiendo si está «listo» para la inteligencia artificial, el resto del mundo ya lleva años aplicándola en el corazón del Estado. Un informe elaborado por la Dirección de Gobernanza Pública de la OCDE (GOV), bajo la dirección de Elsa Pilichowski y Gillian Dorner, compiló 200 casos reales de uso de IA en administraciones públicas de todo el mundo y llegó a una conclusión que no admite eufemismos: la IA no arregla lo que ya está roto, lo amplifica. El mayor riesgo no es moverse rápido, sino quedarse quieto mientras otros construyen el Estado del futuro.

El diagnóstico llega en un momento en que Argentina tiene, al menos, un antecedente propio para analizar: el sistema Prometea, desarrollado en el ámbito judicial, que genera borradores de resoluciones analizando expedientes completos. Lo que un funcionario tardaba días en redactar, la IA lo produce en minutos. La Justicia, que en América Latina se caracteriza por su lentitud estructural, empieza a moverse.

Pero hay una distancia sideral entre ese desarrollo puntual y una política de Estado que lo impulse. Y esa distancia se agranda en un contexto donde el Gobierno nacional desfinancia el CONICET, recorta el presupuesto en ciencia y tecnología y no tiene una agenda clara sobre soberanía tecnológica.

Los casos que el mundo ya no debate: los implementa

El informe de la OCDE no es un manual de promesas. Es un registro de hechos. Algunos de sus ejemplos más ilustrativos muestran tanto el potencial transformador como los riesgos reales de una implementación irresponsable.

El caso más alarmante es el de Países Bajos, donde un algoritmo estatal acusó a 26.000 familias de fraude en subsidios infantiles. Las consecuencias fueron devastadoras: familias perdieron sus casas, sus trabajos y sus matrimonios, y hubo niños separados de sus padres. La causa fue un modelo sesgado que discriminó por origen migrante, alimentado por datos defectuosos. El escándalo fue de tal magnitud que derivó en la caída del gobierno nacional. La lección es clara: la IA sin control democrático, sin transparencia y sin auditoría independiente puede convertirse en una máquina de injusticia social a escala industrial.

En el polo opuesto, Austria usa IA en su administración tributaria desde 2014. En 2023, el sistema analizó 6,5 millones de casos y permitió recuperar 185 millones de euros en impuestos que de otro modo nadie hubiera detectado. Quirúrgico, silencioso, eficiente.

Francia aplica IA para analizar fotografías satelitales y cruzarlas con declaraciones fiscales: detecta piscinas sin declarar, construcciones clandestinas, edificios que existen pero no figuran para el fisco. El Estado literalmente ve desde el cielo.

Brasil tenía 140.000 millones de dólares en litigios fiscales atascados, con cada caso tardando en promedio seis años en resolverse. La IA los agrupa, distribuye y prioriza con un 80% de precisión. Lo que tardaba una generación ahora tiene solución.

Singapur desplegó un chatbot fiscal con IA que atendió 70.000 consultas en un año y ahorró 11.666 horas a los contribuyentes. No es un bot de preguntas frecuentes: entiende contexto, personaliza respuestas y resuelve trámites completos.

Los números que incomodan al optimismo oficial

El informe de la OCDE expone una brecha que el entusiasmo tecnológico suele omitir. El 70% de los países utilizó la IA para mejorar procesos internos de gobierno, pero solo el 33% la aplicó al diseño y la implementación efectiva de políticas públicas. Es decir: la mayoría automatizó burocracia interna antes de preguntarse para qué sirve esa burocracia.

Y aunque el uso de la IA en la administración pública viene creciendo, el propio informe de la OCDE reconoce que todavía no tuvo un impacto transformador. La razón es estructural: solo el 39% de la ciudadanía tiene una confianza moderadamente alta o mayor en sus gobiernos nacionales, según datos de la OCDE de 2023. Y los gobiernos que no generan confianza difícilmente puedan implementar tecnologías sensibles sin resistencia legítima de la sociedad.

El Instituto Alan Turing estimó que la IA podría automatizar el 84% de las transacciones repetitivas del servicio público en el Reino Unido, ahorrando el equivalente a 1.200 años-persona de trabajo al año. Es una cifra que debería disparar una pregunta que los gobiernos de derecha suelen evitar: ¿qué pasa con los trabajadores desplazados?

La CGT lo preguntó antes que el Estado

En diciembre de 2025, mientras Federico Sturzenegger ultimaba los detalles de su proyecto de «modernización» laboral, la CGT organizó un debate sobre inteligencia artificial y el futuro del trabajo en su sede histórica de Azopardo, según informó este medio. Del encuentro participaron el ex secretario de Asuntos Estratégicos del gobierno de Alberto Fernández, Gustavo Béliz, y el ex canciller Rafael Bielsa, junto a dirigentes cegetistas como Jorge Sola y Walter Correa, ministro de Trabajo bonaerense.

La central obrera fue la que primero puso sobre la mesa la pregunta que el Gobierno de Milei no quiere responder: ¿quién se beneficia y quién pierde cuando el Estado automatiza? La respuesta no es neutral. Depende de si hay regulación, de si hay reconversión laboral, de si hay planificación soberana o si simplemente se deja que el mercado decida.

En ese marco, existen contrastes notables. El sistema Prometea se desarrolló en el ámbito del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires y fue impulsado con apoyo institucional. Más recientemente, investigadores del BIOMED UCA-CONICET, liderados por Francisco Barrantes, lograron visualizar neurorreceptores vinculados al Alzheimer utilizando IA y microscopía de superresolución, con dos trabajos publicados en Nature Communications, según informó este medio en septiembre de 2025. Son desarrollos que ocurren a pesar del ajuste, no gracias a él.

Automatizar la ineficiencia: el riesgo que nadie del Gobierno nombra

La advertencia central del informe de la OCDE no es tecnológica: es política. Los gobiernos que implementen IA sin antes diagnosticar qué está mal en su administración no van a mejorarla, van a repetir sus errores más rápido y a mayor escala.

Un Estado que persigue a familias migrantes con un algoritmo sesgado, como en Países Bajos, o que aplica IA para detectar evasión fiscal pero no para garantizar derechos sociales, está usando la tecnología como instrumento de control y no de servicio público. La neutralidad tecnológica es una ilusión. La IA reproduce los valores, los prejuicios y las prioridades de quienes la diseñan y de quienes la financian.

En ese sentido, la pregunta no es si la Argentina de Milei está «lista» para la IA. La pregunta es: ¿lista para hacer qué, con qué criterios y a favor de quiénes? Un gobierno que reduce el Estado al mínimo, que desconfía de la planificación pública y que está dispuesto a tercerizar funciones esenciales al sector privado no tiene las condiciones para implementar IA con un horizonte de justicia social.

La OCDE también lo señala: los servicios públicos confiables, receptivos y justos son los que pueden aumentar la confianza de la ciudadanía en el gobierno. Y la confianza no se construye con algoritmos: se construye con decisiones políticas.

Puntos clave:

• Un informe de la Dirección de Gobernanza Pública de la OCDE compiló 200 casos reales de IA en el sector público global y advirtió sobre el riesgo de automatizar la ineficiencia sin reformar estructuras previas.
• Solo el 33% de los países aplicó IA al diseño e implementación de políticas públicas, mientras el 70% la usó para procesos internos de gobierno, según el mismo informe.
• El caso de Países Bajos, donde un algoritmo discriminatorio destruyó la vida de 26.000 familias, es la contracara del uso eficiente documentado en Austria, Francia, Brasil y Singapur.
• La CGT debatió el impacto de la IA en el mundo del trabajo en diciembre de 2025, antes de que el Gobierno de Milei pusiera el tema en agenda.
• Investigadores del BIOMED UCA-CONICET publicaron en Nature Communications un avance en neurociencia usando IA y supermicroscopía, en un contexto de ajuste al presupuesto en ciencia.