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Política 📢

Lula define a su Gabinete: Tebet, Marina Silva y Fernando Haddad, entre los elegidos

El presidente electo debe conformar un gabinete de equilibrio entre los integrantes del PT y todos los aliados que sumó durante la campaña. Creará nuevos ministerios, como el de Pueblos Originarios.

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«Tengo dos meses para formar un gobierno», aseguró el presidente electo de Brasil Luiz Inácio Lula Da Silva, visiblemente emocionado, al festejar con la inmensa marea de seguidores que pobló la Avenida Paulista para acompañarlo en la victoria.

Esa frase puso en palabras uno de los principales desafíos que tiene por delante el líder del Partido de los Trabajadores (PT), que debe conformar un gabinete de ministros que contenga en equilibrio a sus dirigentes y a todos los aliados que fue sumando a lo largo de la campaña.

No será una tarea fácil ubicarlos a todos, aunque ya anunció la creación de nuevas carteras, como la de los Pueblos Originarios, y el regreso de otras que habían sido absorbidas por otras durante la gestión de Jair Bolsonaro, como las de Cultura y Pesca.

Si bien Lula evitó confirmar por el momento a quiénes ubicará en cada cargo, hay nombres puestos para tener un espacio en el gobierno de coalición -fue una alianza de diez partidos- que comenzará a gestionar Brasil a partir del próximo 1° de enero.

Uno de ellos es Fernando Haddad (PT), quien resultó derrotado este domingo en su carrera por ser el gobernador de San Pablo, pero tiene una estrecha relación con el mandatario electo y tuvo un importante papel en la campaña por articular la alianza con el vicepresidente electo Geraldo Alckmin.

También se espera que Lula le otorgue un lugar a la senadora Simone Tebet (MDB), quien se sumó a su campaña tras salir tercera en la elección de primera vuelta del 2 de octubre pasado.

El líder del PT dijo durante las últimas semanas que necesitaba a Tebet para «construir y reconstruir Brasil» una vez en el gobierno.

La ex ministra de Medio Ambiente y diputada electa por San Pablo Marina Silva (Red) también está en la lista de llamadas a integrar el próximo gabinete en un área de su conocimiento.

La nómina está compuesta, además, por la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, pieza clave en el armado de Lula durante la campaña y que podría ocupar alguna de las secretarías de coordinación de la Presidencia, por su cercanía con el mandatario.

El senador electo y ex juez federal Flavio Dino (PSB) ya fue señalado por el líder del PT públicamente como parte de su gobierno, por lo que se espera que sea convocado para el Ministerio de Justicia u otra cartera técnica.

Además, entre los nombres que suenan se encuentran el senador Jacques Wagner (PT); el gobernador de Bahía, Rui Costa (PT); el diputado Alejandro Padilha (PT); el ex gobernador de San Pablo Marcio Francia (PSB); la economista Teresa Campello (PT); el gobernador de Pernambuco, Paulo Cámara (PSB); el diputado José Guimarães (PT); el alcalde de Araraquara, Edinho Silva (PT); el senador electo Wellington Días (PT); y la gobernadora de Ceará, Célula Izolda (PDT), entre otros.

La idea del nuevo gobierno es reinstaurar la categoría de Ministerios a Planificación, Finanzas y Pequeñas Empresas, (fusionados en Economía); Cultura (forma parte de Turismo); Pesca (hoy dentro de Agricultura); Igualdad Racial, Derechos Humanos y Mujer (unificados actualmente); Seguridad Social y Seguridad Pública.

Se creará el de Pueblos Originarios, tal como lo anunció este domingo por la noche Lula al brindar un discurso ante sus simpatizantes cerca de la medianoche, al confirmar su intención de darle mayor visibilidad a los pueblos originarios.

Para ese puesto suena la líder indígena Sonia Guajajara (PSOL), quien fue elegida por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo.

Economía 💲

Fallo por universidades: Caputo debe pagar $2,5 billones y el «superávit» entra en crisis

Un fallo judicial obliga al Gobierno a transferir 2,5 billones de pesos a universidades. El vencimiento impacta en el equilibrio fiscal, supera desembolsos recientes y reabre el conflicto por fondos, salarios y funcionamiento del sistema educativo.

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Lo que tenés que saber:

  • La Justicia ordenó transferir fondos a universidades por ley vigente
  • El plazo de pago vence y tensiona el esquema fiscal del Gobierno
  • El Ejecutivo evalúa apelar mientras busca alternativas para evitar el impacto
  • Universidades y gremios anticipan medidas y posibles protestas
  • El conflicto reabre el debate sobre financiamiento educativo

Un fallo judicial que obliga a pagar

El Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, enfrenta el vencimiento de un fallo que ordena transferir fondos a las universidades nacionales en cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La decisión judicial ratifica la vigencia de la norma y obliga al Ejecutivo a ejecutar el gasto, limitando la posibilidad de postergar pagos como venía ocurriendo.

Impacto directo en el relato del equilibrio fiscal

El monto exigido representa un desafío para el esquema económico del gobierno de Javier Milei.

El pago forzado convierte esos compromisos en una erogación inmediata, con impacto en las cuentas públicas.

Estrategia oficial: apelar y ganar tiempo

Dentro del Gobierno analizan recurrir a la Corte Suprema para dilatar el cumplimiento del fallo. Sin embargo, esa vía judicial no suspende automáticamente la obligación de pago.

En paralelo, se evalúa enviar un nuevo proyecto de ley que modifique el esquema de financiamiento universitario.

Universidades en alerta y posible conflicto

Las casas de estudio y los gremios docentes mantienen la presión para que se cumpla la ley. El sistema universitario enfrenta dificultades para sostener salarios y gastos operativos.

Además, se anticipan medidas de fuerza y posibles movilizaciones similares a las registradas en años recientes.

El reclamo involucra a todo el sistema público, con decenas de instituciones afectadas por la falta de actualización presupuestaria.

Un conflicto que escala en el plano político

El fallo judicial se suma a otros frentes abiertos vinculados a transferencias y obligaciones del Estado.

La tensión se amplifica en un contexto de caída de la recaudación y creciente presión sobre el gasto público, lo que complica la estrategia económica del Gobierno.

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