Economía 💲
Camino a Ezeiza: Alberto sale de gira a Rusia, China y Barbados
El ministro de Economía, Martín Guzmán, integrará la comitiva oficial que visitará Moscú. Kicillof también viaja.
El presidente Alberto Fernández emprenderá mañana a la noche su viaje a Rusia y luego a China, países en los cuales se entrevistará con sus pares Vladimir Putin y Xi Jinping, con el propósito de profundizar las relaciones bilaterales.
En tanto, fuentes oficiales confirmaron que el ministro de Economía, Martín Guzmán, integrará la comitiva oficial que visitará Moscú.
El periplo presidencia incluye, como destino final, la isla caribeña de Barbados, que el año pasado se independizó del Reino Unido y cuya primera ministra Mia Mottley brindó su apoyo a Argentina para llegar días atrás a la presidencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que ahora está a cargo de Alberto Fernández.
LA COMITIVA
Debido a las restricciones por el coronavirus, el Presidente llevará una comitiva reducida que está conformada por el canciller Santiago Cafiero; el ministro de Economía, Martín Guzmán (solo en la primera etapa, en Rusia); la ministra portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti; y los gobernadores de las provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Catamarca, Raúl Jalil; y de Río Negro, Arabela Carreras. Kicillof estaba en duda por haber contraído coronavirus, pero desde la gobernación informaron a Télam que integrará la delegación.
También está previsto que viajen el diputado Eduardo Valdés y el senador Adolfo Rodríguez Saá -presidentes de las comisiones de Relaciones Exteriores de ambas cámaras legislativas-; y la viceministra de la Cancillería, Cecilia Todesca.
Asimismo, irán la asesora presidencial Cecilia Nicolini; el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, y la secretaria de Deportes y presidenta del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard), Inés Arrondo; y el intendente de José C. Paz, Mario Ishii.
De acuerdo a la agenda presidencial, la comitiva partirá mañana, a las 22 desde Buenos Aires, y la primera actividad está pautada para el jueves en Moscú, donde al mediodía Fernández se entrevistará y almorzará con Putin, y también está programada la firma de varios convenios.
LA AGENDA DE LA GIRA
Uno de los ejes de esa reunión, prevista para el año pasado y luego postergada por las restricciones por la pandemia de la Covid-19, será el agradecimiento a Putin por haber asegurado partidas de la vacuna Sputnik V para su incorporación a la Campaña Nacional de Vacunación contra el coronavirus, que la Argentina inició en diciembre de 2020.
«Argentina fue el primer país en América Latina en aprobar la Sputnik V y el segundo en el mundo», expresó Fernández en junio pasado, en un contacto entre ambos mandatarios por videoconferencia, al anunciar el inicio de la producción de la vacuna rusa en el territorio nacional.
«Rusia -ponderó Fernández- es un país que ha sabido desarrollar la investigación, la ciencia y la tecnología y siempre tuvimos confianza en esa capacidad para el desarrollo de una vacuna tan importante y que tanto esperaba el mundo».
Según la agenda de la Casa Rosada, tras el almuerzo está prevista una conferencia de prensa bajo el formato de una pregunta de un medio argentino y otro ruso.
Esa misma noche, el Presidente viajará a China, país con el que Argentina tiene un Tratado de Asociación Estratégica Integral, el cual comprende acuerdos de cooperación e inversiones en materia económica, comercial, financiera, nuclear y cultural. Fueron suscriptos por Xi Jinping y la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en 2014, en Buenos Aires.
En Beijing, Fernández asistirá el viernes a la entrega de la Distinción Honoris Causa de la Universidad Tsinhua, visitará el Museo de la Historia del Partido Comunista local y participará de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en el imponente estadio El Nido.
El sábado, el mandatario tiene agendada en Beijing una visita a la Ciudad Prohibida y al Mausoleo de Mao Zedong, y un almuerzo con Xi Jinping en el Gran Palacio del Pueblo, como así también al Campus Villa Olímpica de Zhangjiakou para reunirse con la delegación oficial de deportistas argentinos.
En tanto, el domingo, último día en China, está prevista la reunión bilateral de ambos presidentes en el Gran Palacio del Pueblo y, luego, una visita a la Gran Muralla.
De Beijing, Fernández recorrerá poco más de 14 mil kilómetros vía aérea hasta Bridgetown, capital de Barbados, donde el lunes se reunirá con la primera ministra, Mia Mottley, con quien abordará centralmente el tema de la crisis climática y el proceso de descolonización en la isla, en el marco de los 40 años de la guerra de Malvinas, que se conmemora este año en Argentina.
Barbados, ubicada en las Antillas menores, era una antigua colonia británica pero el 30 de noviembre del año pasado se convirtió en una república parlamentaria independiente.
Mottley fue reelecta por unanimidad en septiembre de 2021 y asumió días atrás su nuevo mandato.
El 7 de enero pasado, en la reunión en la que Argentina fue elegida para presidir la CELAC, Fernández se había comprometido a visitar la isla para ayudar a poner en agenda la crisis climática que determina el aumento del caudal de los océanos.
Por esa razón, además de la bilateral con Mottley, Fernández se reunirá con representantes relacionados con esa temática, de acuerdo a lo informado a Télam por voceros gubernamentales.
La «Cuestión Malvinas» -como se llama en la diplomacia al reclamo argentino de soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, usurpadas por el Reino Unido en 1833- sobrevolará la gira por Rusia y China, ya que ambos países apoyan a Argentina en su demanda ante las Naciones Unidas.
La Celac -que integra Barbados- también fue contundente en varias oportunidades sobre la «Cuestión Malvinas» al expresar su «más firme respaldo a los legítimos derechos de la Argentina en la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes».
Legislativo
El costo de la ley de discapacidad es de solo el 0,07% del PIB
La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que el dictamen de mayoría sobre discapacidad insumiría hasta $1,2 billones en 2028. El oficialismo lo usa como argumento para bloquear el quórum y también hundir el debate sobre el DNU 70.
Ciento ochenta y siete millones de pesos por hora. Ese es el equivalente aproximado del costo fiscal que la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) calculó para el proyecto de ley sobre discapacidad que cuenta con dictamen de mayoría: $1.209.567 millones para 2028, un 0,07% del PIB. Es el número que el Gobierno de Javier Milei agita ante sus aliados parlamentarios para persuadirlos de no aportar quórum a la sesión convocada para el 15 de octubre, donde también se buscará voltear el DNU 70.
El informe técnico de la OPC, organismo dependiente del Poder Legislativo, proyectó dos escenarios. Para 2027, el costo ascendería a $598.912 millones (0,04% del PIB), bajo un esquema de incorporación gradual de nuevos beneficiarios. Para 2028, con un año completo de aplicación, el monto trepería a $1.209.567 millones (0,07% del PIB). El documento aclara que esas cifras representan únicamente el gasto incremental y no incluyen lo que el Estado ya eroga por la Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez laboral, que hoy tienen 1.141.486 personas.
Quiénes son los nuevos beneficiarios y cómo se determinan
El universo de potenciales incorporaciones surge de aplicar el tope de ingresos equivalente a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles sobre el total de personas de entre 18 y 64 años que poseen Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente pero no perciben actualmente la pensión por invalidez laboral. La OPC subraya que el escenario de incorporación gradual para 2027 «representa un incremento del 6,1% respecto del gasto total en pensiones no contributivas incluido en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2027».
En materia de cobertura médica, el informe estima que unos 76.000 nuevos titulares podrían requerir la cobertura del programa Incluir Salud, aunque no realiza una estimación monetaria dada la variabilidad en el uso de servicios y la superposición con el sistema público. La OPC advierte que su incorporación «implicaría fundamentalmente un reordenamiento de las fuentes de financiamiento, desplazando la carga erogativa desde los niveles subnacionales hacia el nivel nacional», lo que equivale a decir que el gasto ya existe; solo cambiaría quién lo paga.
La deuda con los prestadores: una obligación que ya existía
El dictamen también mantiene una manda preexistente: la compensación a prestadores de servicios de discapacidad por los desfasajes entre aranceles e inflación registrados entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024. La OPC precisa que «el dictamen no genera un gasto adicional respecto del marco vigente, sino que mantiene una obligación ya establecida y pendiente de ejecución», estimada en $278.323 millones según el Decreto 84/2026. En otras palabras, es una deuda que el Estado ya tiene y que la ley solo ordena honrar.
El superávit como escudo político
La operación política del oficialismo es transparente: presentar el costo fiscal de ampliar derechos como una amenaza al equilibrio macroeconómico y, desde ahí, presionar a los aliados parlamentarios para que no habiliten la sesión del 15 de octubre. La fecha no es casual: en esa misma jornada se prevé tratar también la impugnación al DNU 70, la norma de desregulación masiva que concentra buena parte de las reformas estructurales del gobierno libertario.
Sin embargo, los propios números de la OPC relativizan el argumento. El Proyecto de Presupuesto 2027 contempla una reserva de $3.660.978 millones (0,26% del PIB) para atender mayores erogaciones en jubilaciones y pensiones, de la cual el escenario de incorporación gradual del dictamen de discapacidad absorbería apenas el 16,4%. Además, el presupuesto prevé una reserva de $1.324.523 millones (0,09% del PIB) para transferencias del área de salud. Los fondos están previstos; la decisión es política, no presupuestaria.
Lo que tenés que saber:
- La OPC estimó el costo del dictamen de mayoría sobre discapacidad en $598.912 millones en 2027 y $1.209.567 millones en 2028, equivalentes al 0,04% y 0,07% del PIB respectivamente.
- El costo calculado es solo el gasto incremental: no incluye la PNC por invalidez laboral que ya cobran 1.141.486 personas.
- El Presupuesto 2027 ya prevé reservas específicas que absorberían holgadamente ese costo adicional, según el mismo informe técnico.
- Unos 76.000 nuevos titulares podrían ingresar al programa Incluir Salud, pero eso significaría una reasignación de gasto entre niveles del Estado, no gasto nuevo.
- El oficialismo usa el informe para presionar a aliados y evitar el quórum del 15 de octubre, sesión donde también se debatiría el DNU 70.
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