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Bomba FMI: el Gobierno insiste en que no habrá ajuste ni reformas

Funcionarios y funcionarias señalaron una vez más que no traerá aparejado ningún ajuste laboral ni previsional, y aseguraron además que se aumentará en un 60% este año el gasto en capital que se emplea para mejorar la capacidad productiva del país.

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Funcionarios del Gobierno nacional reafirmaron hoy que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) no traerá aparejado ningún ajuste laboral ni previsional, y aseguraron además que se aumentará en un 60% este año el gasto en capital que se emplea para mejorar la capacidad productiva del país.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, señaló que el acuerdo con el Fondo permite transitar el camino del equilibrio fiscal de «manera virtuosa» ya que no incluye ninguna de las «clásicas reformas neoliberales» y, a la vez, ofrece previsibilidad y alivio financiero en los próximos años.

«Hay por lo menos tres elementos que marcan diferencia con el pasado y dan por tierra la idea del ajuste y la inviabilidad. Por empezar este es un acuerdo que no incluye ninguna de las clásicas reformas neoliberales, no hay ninguna reforma laboral, ni reforma previsional, ni pedido de que le bajemos a los jubilados la jubilación», remarcó Kulfas en declaraciones formuladas esta mañana a las radios AM750 y FutuRöck.

En tanto, la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Cecilia Todesca Bocco, sostuvo que el entendimiento con el Fondo era una “condición necesaria para seguir adelante con la agenda de la producción y el empleo”, y aseguró que permitirá “ordenar” el mercado cambiario junto con la inflación.

“El acuerdo era una condición necesaria para seguir adelante con las cuestiones de fondo que tenemos que trabajar y donde tenemos puesta toda la energía: la agenda de la producción, del trabajo, de la exportación; de la ciencia y la tecnología”, dijo la funcionaria a Radio 10.

Por su parte, el presidente del Banco Central (BCRA), Miguel Pesce, afirmó que el acuerdo permitirá aumentar el gasto en capital durante este año, y aseguró que se aplicará la fórmula jubilatoria de acuerdo a lo establecido por ley.

«El hecho importante (vinculado a la cuestión fiscal) es que el gasto en capital va a aumentar este año en un 60% y se aplicará la fórmula jubilatoria tal cual está establecida en la ley», señaló el funcionario en declaraciones realizadas hoy en diálogo con El Destape Radio.

A esas voces se sumó también la del director por el Cono Sur ante el FMI, Sergio Chodos, quien reafirmó que las metas previstas en el entendimiento son «asequibles» y «cumplibles».

«Es una preocupación absolutamente obvia, legítima, natural y evidente lo de las revisiones por parte del Fondo Monetario, y donde tiene mayor relevancia el trabajo de firmar algo que no sabe qué se va a cumplir y que esté dentro de lo que uno cree filosóficamente que va a ocurrir», manifestó Chodos esta mañana en diálogo con El Destape Radio.

En este punto, indicó que, «cuando hay unas metas que son asequibles y parámetros de objetivos medulares que son cumplibles, el margen posible para que haya un problema en una revisión es menor».

En tanto, en sus declaraciones de esta mañana, el ministro Kulfas también destacó que el entendimiento con el FMI anunciado el viernes último genera «alivio financiero» y da «previsibilidad en los próximos años y la posibilidad de tener un sendero razonable».

Además, subrayó que «no hay ningún ajuste del gasto» sino «un sendero de reducción del déficit fiscal que permite perfectamente crecer».

De hecho, Kulfas remarcó que, a partir de lo pactado con el FMI, se evitó un default que hubiese provocado «la pérdida de financiamiento de otros organismos internacionales, con lo cual se hubiese agravado aún más el problema de escasez de divisas que estamos queriendo revertir».

Asimismo, Pesce se mostró optimista respecto a la posibilidad de sumar este año US$ 5.000 millones a las reservas, de acuerdo a lo pactado con las autoridades del FMI.

«Esperamos un crecimiento de las reservas para este año por US$ 5.000 millones. Creemos que van a aumentar las importaciones y las exportaciones, con un saldo comercial que tendrá un superávit similar al del año pasado», concluyó el funcionario.

Según Todesca Bocco, de no haber mediado un acuerdo con el organismo de crédito multilateral, “la turbulencia del mercado cambiario se hubiese amplificado y afectado a la economía real”.

No obstante, y en línea con declaraciones formuladas por el presidente Alberto Fernández, Todesca Bocco señaló que “nadie puede festejar un acuerdo con el Fondo Monetario”.

En referencia a las voces que criticaron el acuerdo, comentó que “la cuestión es cómo aquí y ahora, en las condiciones que nos toca a nosotros transitar, podemos darle cierta estabilidad y bajar el nivel de incertidumbre para que haya inversión, producción y empleo”.

“Me parece que las críticas de algunos compañeros o compañeras son atendibles en el sentido de recordar qué ha sido el Fondo y qué significa”, añadió la funcionaria, quien indicó que “el Presidente en 2019 escribió que Argentina desde hace tiempo que vive en un default encubierto”.

El programa de financiamiento que encaran la Argentina y el FMI de Facilidades Extendidas establece para cada desembolso un período de repago de 10 años, con cuatro años y medio de gracia.

Los compromisos asumidos tendrán revisiones técnicas cada tres meses, durante dos años y medio; y cada una de ellas -que finalizarán en el segundo semestre de 2024- estará acompañada por un desembolso, que estará condicionada a la aprobación de la revisión.

Con cada uno de dichos desembolsos, se pagará la deuda original del préstamo asumido por el gobierno de Mauricio Macri en 2018, por 44.000 millones de dólares.

Finalizado el período de gracia y hasta cumplirse los 10 años, comenzará un esquema de «doce cuotas semestrales iguales y consecutivas», según indicó Chodos en las declaraciones que formuló esta mañana.

Legislativo

El costo de la ley de discapacidad es de solo el 0,07% del PIB

La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que el dictamen de mayoría sobre discapacidad insumiría hasta $1,2 billones en 2028. El oficialismo lo usa como argumento para bloquear el quórum y también hundir el debate sobre el DNU 70.

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El Argentino Diario-Organizaciones de personas con discapacidad.
Tienen la plata, pero no la voluntad: el Gobierno bloquea derechos de personas con discapacidad escudándose en un costo que ya está presupuestado.

Ciento ochenta y siete millones de pesos por hora. Ese es el equivalente aproximado del costo fiscal que la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) calculó para el proyecto de ley sobre discapacidad que cuenta con dictamen de mayoría: $1.209.567 millones para 2028, un 0,07% del PIB. Es el número que el Gobierno de Javier Milei agita ante sus aliados parlamentarios para persuadirlos de no aportar quórum a la sesión convocada para el 15 de octubre, donde también se buscará voltear el DNU 70.

El informe técnico de la OPC, organismo dependiente del Poder Legislativo, proyectó dos escenarios. Para 2027, el costo ascendería a $598.912 millones (0,04% del PIB), bajo un esquema de incorporación gradual de nuevos beneficiarios. Para 2028, con un año completo de aplicación, el monto trepería a $1.209.567 millones (0,07% del PIB). El documento aclara que esas cifras representan únicamente el gasto incremental y no incluyen lo que el Estado ya eroga por la Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez laboral, que hoy tienen 1.141.486 personas.

Quiénes son los nuevos beneficiarios y cómo se determinan

El universo de potenciales incorporaciones surge de aplicar el tope de ingresos equivalente a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles sobre el total de personas de entre 18 y 64 años que poseen Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente pero no perciben actualmente la pensión por invalidez laboral. La OPC subraya que el escenario de incorporación gradual para 2027 «representa un incremento del 6,1% respecto del gasto total en pensiones no contributivas incluido en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2027».

En materia de cobertura médica, el informe estima que unos 76.000 nuevos titulares podrían requerir la cobertura del programa Incluir Salud, aunque no realiza una estimación monetaria dada la variabilidad en el uso de servicios y la superposición con el sistema público. La OPC advierte que su incorporación «implicaría fundamentalmente un reordenamiento de las fuentes de financiamiento, desplazando la carga erogativa desde los niveles subnacionales hacia el nivel nacional», lo que equivale a decir que el gasto ya existe; solo cambiaría quién lo paga.

La deuda con los prestadores: una obligación que ya existía

El dictamen también mantiene una manda preexistente: la compensación a prestadores de servicios de discapacidad por los desfasajes entre aranceles e inflación registrados entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024. La OPC precisa que «el dictamen no genera un gasto adicional respecto del marco vigente, sino que mantiene una obligación ya establecida y pendiente de ejecución», estimada en $278.323 millones según el Decreto 84/2026. En otras palabras, es una deuda que el Estado ya tiene y que la ley solo ordena honrar.

El superávit como escudo político

La operación política del oficialismo es transparente: presentar el costo fiscal de ampliar derechos como una amenaza al equilibrio macroeconómico y, desde ahí, presionar a los aliados parlamentarios para que no habiliten la sesión del 15 de octubre. La fecha no es casual: en esa misma jornada se prevé tratar también la impugnación al DNU 70, la norma de desregulación masiva que concentra buena parte de las reformas estructurales del gobierno libertario.

Sin embargo, los propios números de la OPC relativizan el argumento. El Proyecto de Presupuesto 2027 contempla una reserva de $3.660.978 millones (0,26% del PIB) para atender mayores erogaciones en jubilaciones y pensiones, de la cual el escenario de incorporación gradual del dictamen de discapacidad absorbería apenas el 16,4%. Además, el presupuesto prevé una reserva de $1.324.523 millones (0,09% del PIB) para transferencias del área de salud. Los fondos están previstos; la decisión es política, no presupuestaria.

Lo que tenés que saber:

  • La OPC estimó el costo del dictamen de mayoría sobre discapacidad en $598.912 millones en 2027 y $1.209.567 millones en 2028, equivalentes al 0,04% y 0,07% del PIB respectivamente.
  • El costo calculado es solo el gasto incremental: no incluye la PNC por invalidez laboral que ya cobran 1.141.486 personas.
  • El Presupuesto 2027 ya prevé reservas específicas que absorberían holgadamente ese costo adicional, según el mismo informe técnico.
  • Unos 76.000 nuevos titulares podrían ingresar al programa Incluir Salud, pero eso significaría una reasignación de gasto entre niveles del Estado, no gasto nuevo.
  • El oficialismo usa el informe para presionar a aliados y evitar el quórum del 15 de octubre, sesión donde también se debatiría el DNU 70.
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