El Reino Unido dio el aval final para extraer petróleo de la plataforma continental argentina en las Islas Malvinas. El secretario de Relaciones Exteriores británico, Ed Miliband, firmó el consentimiento al plan de desarrollo del Área Norte del yacimiento Sea Lion, y Londres anunció en paralelo una ley para que las petroleras puedan ignorar la legislación argentina. Según la operadora, el primer petróleo saldría en marzo de 2028.

La confirmación llegó este martes por la propia empresa, la israelí Navitas Petroleum, antes del anuncio formal del Gobierno británico. Era el último aval pendiente: la administración colonial británica en las islas ya había aprobado el plan de desarrollo y producción, vigente desde la decisión final de inversión de diciembre de 2025.

Qué se llevan

Sea Lion está a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, en la Cuenca Malvinas Norte. Según estimaciones citadas por la prensa británica, el yacimiento contiene hasta 1.700 millones de barriles. Navitas opera el proyecto con el 65 por ciento y la británica Rockhopper Exploration, que lo descubrió en 2010, conserva el 35 por ciento.

El plan publicado por Navitas prevé una primera fase con 11 pozos submarinos conectados a un buque de producción y almacenamiento, y una segunda fase con otros 12 pozos unos tres años después del primer petróleo. La empresa calcula más de 30 años de producción, con operaciones desde Londres, Aberdeen y Puerto Argentino. Son recursos de la plataforma continental argentina explotados bajo licencias que la Argentina no otorgó ni reconoce.

Según The Guardian, el proyecto puede triplicar el producto bruto de las islas. La riqueza del subsuelo argentino queda así en manos de una petrolera israelí, una británica y la administración colonial que las habilitó.

Una ley para blindar a las petroleras

El mismo día, el Departamento de Comercio y la Cancillería británica (FCDO) anunciaron medidas bajo la legislación de Protección de Intereses Comerciales (PTI, por sus siglas en inglés), que impide a personas y empresas británicas cumplir con medidas extraterritoriales de otros países. El objetivo declarado es que ninguna compañía vinculada a la actividad en las islas se vea obligada a acatar las normas argentinas. Según el Gobierno británico, la legislación secundaria está en preparación y la meta es que rija antes de fin de año.

El secretario de Comercio, Jonathan Reynolds, dijo (en traducción de este medio): «Estos pasos envían una señal clara de que no nos quedaremos de brazos cruzados mientras la Argentina busca aplicar su legislación interna para obstaculizar intereses comerciales legítimos en las Islas Malvinas». Miliband agregó que «los intentos de la Argentina de intimidar a empresas e individuos que realizan actividades comerciales legítimas son inaceptables».

Londres llama coerción a que la Argentina aplique su ley sobre su propia plataforma continental, en un territorio argentino ocupado cuya disputa de soberanía reconocen las Naciones Unidas.

Las empresas ya están sancionadas en la Argentina

Para el Estado argentino, Navitas y Rockhopper operan de forma ilegal. Según la Cancillería, Rockhopper fue declarada clandestina por la Resolución 133/2012 de la Secretaría de Energía e inhabilitada por 20 años para operar en el país por la Resolución 456/2013. Navitas recibió las mismas sanciones por la Resolución 240/2022.

A eso se suma la causa penal que tramita el juez federal Julián Ercolini, a pedido del fiscal Carlos Stornelli. La Justicia pidió al Reino Unido y a Israel los registros de directivos, representantes legales y composición societaria de ambas empresas desde 2012, para identificarlos y citarlos a indagatoria. En paralelo, la jueza federal de Río Grande Mariel Borruto ordenó el 16 de septiembre a las dos compañías abstenerse de iniciar o continuar las obras, a pedido del CECIM La Plata y de la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas.

Esa causa es la que Londres buscó desactivar por adelantado: según The Guardian, el Reino Unido le pidió a Interpol que considere motivados políticamente eventuales pedidos argentinos de detención. Fuentes de la Cancillería argentina negaron ante La Nación haber presentado alguno.

Soberanía energética en juego

El aval de Miliband llegó horas después de que la Argentina pidiera al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, medidas provisionales para impedir la explotación de Sea Lion y el otorgamiento de nuevos permisos, mientras se constituye el tribunal arbitral previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). Fue el paso siguiente al ultimátum del 28 de septiembre, que venció el lunes 12 sin respuesta favorable.

La contradicción británica es evidente: como secretario de Energía, Miliband había frenado toda nueva exploración de petróleo y gas en el Mar del Norte. En el Atlántico Sur, en cambio, firma el desarrollo de un yacimiento de hasta 1.700 millones de barriles.

Defender las Islas Malvinas exige una política de Estado sostenida, no gestos aislados de un gobierno que en otros frentes resigna soberanía económica. Mientras el Tribunal del Mar define si dicta las medidas pedidas, el petróleo argentino del Atlántico Sur ya tiene aval británico y fecha de extracción.

Lo que tenés que saber:

• Ed Miliband dio el aval final británico al Área Norte de Sea Lion; Navitas prevé el primer petróleo para marzo de 2028.
• El yacimiento, a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, tendría hasta 1.700 millones de barriles: Navitas tiene el 65% y Rockhopper el 35%.
• Londres prepara medidas bajo la ley de Protección de Intereses Comerciales para que las petroleras no cumplan las normas argentinas.
• Ambas empresas están sancionadas e inhabilitadas en la Argentina, y Ercolini y Stornelli buscan identificar a sus directivos desde 2012 para indagarlos.
• La Argentina pidió al Tribunal del Mar medidas provisionales para frenar la explotación.