Buenos Aires
Escándalo: denuncian que Garro le quiere cortar el agua a productores
Calificaron de «barbaridad» y «locura» que el municipio proponga «restringir la producción de uno de los cordones hortícolas más importantes de Latinoamérica y el más grande del país». Representa el 80% de lo que consumen los bonaerenses.
Un concejal del Frente de Todos de La Plata denunció que el intendente Julio Garro presentó un proyecto que busca prohibir el uso de agua a los productores hortícolas y que se quiere restringir la producción al impedir la instalación de nuevos invernáculos.
El presidente de la comisión de Desarrollo Local y Producción del Concejo Deliberante de La Plata, Guillermo Cara, calificó de «barbaridad» y «locura» que el municipio proponga «restringir la producción de uno de los cordones hortícolas más importantes de Latinoamérica y el más grande del país», dado que representa el 80% de lo que consumen los bonaerenses.
«Este proyecto de ordenanza plantea la prohibición del uso del agua para la producción hortícola en una amplia zona de la ciudad de La Plata», explicó a Télam el concejal del FdT.
El expediente, que será tratado en comisión, busca declarar «zona protegida y de interés hídrico el área de recarga del Acuífero Puelche» y plantea «la prohibición en el partido de La Plata de la extracción de agua subterránea con excepción de la destinada al abastecimiento doméstico unifamiliar en las zonas no servidas por la red oficial» y autorizadas por ordenanzas municipales.
La iniciativa, monitorizada por representantes que responden al intendente del Pro, plantea «la prohibición de la instalación de nuevos invernáculos sin previa autorización municipal» y establece un plazo de 180 días, a partir de la vigencia de la ordenanza, «para que los productores declaren los invernáculos existentes «y presenten documentación habilitante.
Para Cara el planteo es «anticonstitucional porque la facultad de habilitar los recursos naturales es de la provincia, en este caso Buenos Aires, por medio de la Autoridad Del Agua (ADA)».
Cara consideró que «la tensión de este proyecto está puesta entre los negocios inmobiliarios que está llevando adelante Garro y el cordón productivo, que se encuentra en una situación de vulnerabilidad a la hora de defender su unidad productiva».
Indicó que desde el inicio de su gestión, Garro hizo 43 modificaciones urbanísticas que «impactan negativamente en la producción y en la ciudad porque se hace sin planificación».
«Son más de 4.500 familias en la ciudad de La Plata que producen y son sectores pauperizados que no tienen capacidad de sostener cualquier coste que se le quiera agregar. Eso se va a transferir a los precios porque son unidades productivas de escala menor», agregó el concejal, y destacó que la Autoridad del Agua informó que «jurídicamente es totalmente improcedente el accionar de este expediente».
Desde el municipio indicaron que el objetivo es «revalorizar el cordón productivo, promoviendo y jerarquizando el sector agrario de la ciudad y protegiendo los bienes y servicios ecosistémicos», y que el proyecto que busca «limitar su superficie de ocupación y preservar el Acuífero Puelche».
La Secretaría de Planeamiento Urbano de la comuna explicó en un comunicado que se busca «determinar qué superficie puede ocupar el invernáculo, teniendo en cuenta que hoy ocupan toda la parcela y generan la impermeabilización del cordón frutihortícola, uno de los problemas más importantes de la inundación».
Además, negó que se esté privando el acceso al agua a los productores, sino que se «busca proteger los recursos naturales y el uso excesivo e indebido del agua del Acuífero Puelche, para resguardar y cuidar su consumo, entendiendo que el cordón productivo es clave para la zona».
«Lo que se persigue es hacer un uso correcto de los recursos naturales que se tienen en la zona», agregaron desde la secretaría.
Buenos Aires
Un fondo (buitre) alemán demandó a la Provincia de Buenos Aires en Nueva York por el canje de deuda de 2021
La firma Daniels Invest GmbH presentó una demanda ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York reclamando el pago de bonos que quedaron fuera de la reestructuración impulsada por el actual gobernador y el ministro Pablo López. El dato que el macrismo prefiere ocultar: esos bonos los tomó María Eugenia Vidal, y Kicillof, además de heredar “tierra arrasada”, se encontró con una bomba de tiempo.
Un nuevo frente judicial se abrió contra la provincia de Buenos Aires en los tribunales de los Estados Unidos. La firma de inversión alemana Daniels Invest GmbH presentó una demanda ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York por bonos que quedaron fuera del canje de deuda que la administración de Axel Kicillof concretó en 2021 bajo jurisdicción extranjera. La acción judicial, que reclama títulos por un valor nominal original de €15,1 millones en bonos en euros y USD 2,6 millones en bonos en dólares, reintroduce el fantasma de los litigios de holdouts. Pero hay un dato que el relato macrista omite sistemáticamente: esos bonos no los tomó Kicillof, los tomó Cambiemos.
La herencia de Vidal: USD 5.000 millones de deuda en dólares
Los títulos que hoy litiga el fondo alemán en Nueva York fueron emitidos durante la gestión de María Eugenia Vidal entre 2016 y 2019, cuando la provincia de Buenos Aires salió al mercado internacional de capitales por más de USD 5.000 millones, endeudándose en moneda extranjera de manera exponencial e irresponsable para una jurisdicción que recauda en pesos. La administración Cambiemos multiplicó por 5,3 el nivel de deuda pública bonaerense en apenas cuatro años de gestión, según datos del Observatorio de Políticas Públicas de la UNDAV. El stock de deuda en moneda extranjera creció un 69%, mientras que las emisiones de bonos en dólares protegidos por tribunales extranjeros aumentaron un 91%.
El impacto sobre las finanzas provinciales fue devastador: el peso de los servicios de deuda sobre los recursos netos de coparticipación se duplicó, pasando del 10% en 2016 al 20% en 2019. El cupón promedio de los bonos en dólares llegó al 8,3%, una tasa insostenible para una provincia cuya ecuación fiscal está atada a la moneda local. Para 2020, cuando Kicillof asumió, el perfil de vencimientos acumulaba compromisos por más de USD 5.600 millones entre 2020 y 2023, a razón de USD 1.400 millones anuales; el 76% de esos vencimientos correspondía a deuda emitida bajo la gestión de Cambiemos. Ese fue el legado concreto que dejó Vidal: una provincia hipotecada en dólares, atada a la justicia de Nueva York, con servicios de deuda que se comían uno de cada cinco pesos de recursos disponibles.
El mismo patrón se reprodujo a nivel nacional. La gestión de Mauricio Macri tomó deuda externa a una velocidad sin precedentes en la historia argentina reciente, culminando con el préstamo del Fondo Monetario Internacional más grande de la historia del organismo, por USD 57.000 millones, firmado en 2018 sin respaldo legislativo suficiente y con fondos que se fugaron del país en tiempo récord. La lógica fue idéntica en la Nación y en la provincia: endeudarse en moneda extranjera, transferir el riesgo cambiario al sector público y dejar la bomba activada para la gestión siguiente.
Lo que hizo Kicillof: ordenar el desastre heredado
Frente a esa herencia, la administración de Kicillof encaró en 2020 y 2021 un proceso de reestructuración de la deuda en moneda extranjera. El resultado fue contundente: la provincia alcanzó una adhesión que permitió canjear el 98% de la deuda alcanzada por la propuesta, equivalente a una deuda elegible de más de USD 7.178 millones más intereses. La operación triplicó los plazos de repago, redujo el costo promedio de la deuda y generó un alivio financiero superior a USD 4.600 millones entre 2021 y 2027, según comunicó la propia Provincia. El ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, lo definió como el inicio de «un sendero de sostenibilidad y responsabilidad en términos de deuda pública».
En septiembre de 2025, la gestión bonaerense fue incluso más lejos: cerró acuerdos con los bonistas de Nueva York y Alemania que tenían sentencias firmes por los títulos que no habían ingresado al canje de 2021, resolviendo todos los litigios vigentes en condiciones equivalentes a las de la reestructuración original. Fue, en los hechos, el cierre de la última deuda judicial abierta por la gestión Vidal. El nuevo litigio de Daniels Invest, presentado este mes, reabriría un capítulo que el gobierno bonaerense creía cerrado.
El 2% que no entró: un precedente peligroso
Daniels Invest GmbH rechazó voluntariamente la propuesta de canje de 2021 y ahora exige el cobro de 2,5 millones de euros y 866.000 dólares de capital pendiente. El especialista en deuda soberana Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors, describió la maniobra como «el típico proceso litigioso en Estados Unidos contra un subsoberano que tiene una deuda reestructurada que ya cerró y se quedaron algunos holdouts afuera». Según Maril, los holdouts alemanes buscan «copiar la iniciativa que tomaron los primeros» fondos que litigaron y recuperaron cerca de USD 150 millones a comienzos de 2026, «y como hay precedente en la Corte, ellos también quieren cobrar».
El caso funciona además como un test para otros acreedores que tampoco ingresaron al canje y siguen de cerca el expediente, atentos a que la Provincia opte por cerrar el litigio mediante un pago directo. Maril estimó que el proceso será lento, similar al de los litigios previos, pero la incertidumbre sobre la estrategia de defensa provincial y la decisión del juez mantiene el caso abierto.
La Provincia, entre la deuda heredada y el ajuste de la Nación
El nuevo litigio llega en un momento de extrema presión financiera para el gobierno bonaerense, que afronta simultáneamente las secuelas del endeudamiento de Cambiemos y el ahogo que impone la administración de Javier Milei. Según el ministro de Gobierno provincial Carlos Bianco, el Estado nacional acumula una deuda con la provincia que supera los $16,7 billones, producto de transferencias incumplidas, obras paralizadas y programas desfinanciados. La Legislatura provincial declaró la emergencia económica hasta el 31 de diciembre de 2026, atribuyendo la situación a «la profunda recesión y el incumplimiento, default y/o detracción por parte del Estado nacional» de los fondos que le corresponden al distrito.
El cuadro completo es elocuente: la provincia de Buenos Aires paga hoy las consecuencias del endeudamiento irresponsable en dólares que protagonizó Cambiemos entre 2016 y 2019, mientras el gobierno libertario de Milei, heredero político y filosófico de ese mismo ciclo, le retacea recursos, le congela obras y le achica la coparticipación. Los bonistas que litigan en Nueva York son el último eslabón de una cadena de daños que arrancó con Vidal.
Puntos clave
- Los bonos que reclama Daniels Invest GmbH fueron emitidos durante la gestión de María Eugenia Vidal entre 2016 y 2019, cuando Cambiemos multiplicó por 5,3 la deuda pública bonaerense.
- Kicillof reestructuró en 2021 la deuda heredada, logrando la adhesión del 98% de los acreedores y un alivio financiero superior a USD 4.600 millones.
- El fondo alemán rechazó voluntariamente el canje y ahora litiga en Nueva York por 2,5 millones de euros y 866.000 dólares de capital pendiente.
- El caso sigue el precedente de holdouts que recuperaron USD 150 millones a comienzos de 2026 y funciona como test para otros acreedores que evalúan copiar la estrategia.
- La provincia afronta el litigio en un contexto de emergencia económica agravada por el recorte sistemático de transferencias nacionales bajo la gestión Milei.
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