En el mismo proyecto de ley que le niega a las universidades nacionales $3,65 billones que ellas mismas calculan como indispensables, el Gobierno de Javier Milei habilita crédito público por hasta US$ 3.500 millones para comprar tres submarinos y dos fragatas militares. El contraste no es un accidente contable: es la traducción más cruda de las prioridades de la gestión libertaria en el último presupuesto de su mandato.

El proyecto de Ley de Presupuesto 2027, firmado por Milei junto al jefe de Gabinete Diego Santilli y el ministro de Economía Luis Caputo, ingresó al Congreso el martes 16 de septiembre pasada la medianoche. Fija el gasto total de la Administración Nacional en $202,10 billones, un 26,7% menos en términos reales que lo que gastó el Estado en 2023, el último año de la administración anterior. En paralelo, proyecta un superávit primario del 1,3% del PBI, la meta que el acuerdo con el FMI convierte en prioridad absoluta por encima de cualquier otra consideración social.

Universidades: $3,65 billones de diferencia entre la ley y la realidad

El Gobierno destina $7,35 billones a las universidades nacionales, cuando el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a todos los rectores del país, calculó que se necesitan al menos $11 billones para garantizar el funcionamiento del sistema y cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario vigente. La brecha no es un error de estimación: es una decisión de no cumplir la ley. La función Educación y Cultura en su conjunto recibe $11,20 billones, un incremento nominal del 27,2% que, frente a una inflación estimada en torno al 30%, implica una caída real cercana al 2,2%. Acumulada desde 2023, la pérdida supera el 44%.

El CIN anticipó que llevará su reclamo a diputados, senadores y gobernadores. El presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, advirtió que si el Congreso aprueba el presupuesto en las condiciones planteadas por el Ejecutivo, «todas las funciones y programas que brindan las universidades se van a ver afectados». Emiliano Cagnacci, secretario general de ADUBA, fue más directo: «No podemos normalizar que un gobierno decida caprichosamente qué ley cumple y cuál no.»

La respuesta del sector universitario no se hizo esperar. La quinta Marcha Federal Universitaria fue convocada para el 15 de octubre, y la Universidad de Buenos Aires (UBA) anunció un cronograma de paros escalonados entre el 21 de septiembre y el 22 de octubre. El ajuste educativo no es solo presupuestario: desde el inicio de la gestión de Milei, más de 400 docentes universitarios renunciaron a sus cargos.

Ciencia y tecnología: los organismos que construyeron soberanía, desmantelados

El recorte no se detiene en las aulas. La función Ciencia y Tecnología retrocede 37,9% en términos reales frente a 2023, y el CONICET acumula una pérdida del 43,7% en las partidas destinadas a becas y carrera de investigador. Para 2027, el CONICET proyecta una reducción del 9,6% en el número de becarios y del 6% en proyectos financiados, cifras que consolidan una sangría sostenida del sistema científico nacional.

El panorama es aún más severo para los organismos de tecnología aplicada. El INTA, que sostiene la investigación agropecuaria, sufrirá en 2027 una quita nominal del 12,4% de sus recursos, acumulando una caída real superior al 43% desde 2023. El INTI, que articula con la industria nacional, enfrenta una reducción nominal del 5,2%, con un recorte acumulado que roza el 49%. También caen en términos reales la CONAE, la CNEA y la Agencia I+D+i, los pilares del sistema de innovación estratégica del país.

Discapacidad: reforma por decreto, ajuste sobre los más vulnerables

El proyecto no solo recorta partidas: también legisla para reducir derechos. Los artículos 36 a 41 del texto modifican la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad N° 27.793 y deogan cuatro de sus artículos, entre ellos los que garantizaban la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, la cobertura de salud asociada, la conversión automática de pensiones y la actualización de aranceles de prestaciones. La pensión no contributiva por discapacidad laboral quedará fijada en el 70% del haber mínimo jubilatorio, e incompatible con tener empleo formal o estar inscripto en el monotributo.

La función Discapacidad en su conjunto, hoy administrada por la Secretaría Nacional de Discapacidad dentro del Ministerio de Salud tras la disolución de la ANDIS a fines de 2025, cae 24,4% en términos reales frente a 2023. El programa de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral retrocede 25,3% en el mismo período. El endurecimiento de los requisitos de acceso apunta directamente a reducir la cantidad de beneficiarios, no a mejorar la calidad de las prestaciones.

Salud: el PAMI como maquillaje

En el área de Salud, el proyecto presenta un crecimiento interanual nominal del 16%. Sin embargo, un análisis del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) aclara que esa variación está «fuertemente influenciada por un cambio en el financiamiento del PAMI», ya que con la finalización del Impuesto PAIS parte de sus fondos comenzaron a registrarse como transferencias directas del Tesoro. Descontado ese efecto contable, la mejora se evapora. En paralelo, los datos de ejecución presupuestaria a agosto de 2026 muestran que la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que depende directamente de Presidencia, registró un incremento real del 42%, mientras que los servicios de la deuda pública concentraron el 12% del gasto total ejecutado por la Administración Pública Nacional.

US$ 350 millones para el sur: bases militares mientras se vacía el Estado social

En el mismo texto presupuestario que deja a las universidades en rojo y a los beneficiarios de pensiones por discapacidad con menos derechos, el ministro de Defensa, Carlos Presti, reveló que el Gobierno proyecta destinar alrededor de US$ 350 millones a las obras vinculadas con la Base Naval Integrada de Ushuaia y la Base Antártica Conjunta Petrel, con recursos correspondientes a 2026 y 2027, entre ellos US$ 142 millones asignados mediante el DNU 867. El costo integral del complejo de Ushuaia se estima entre US$ 400 millones y US$ 500 millones, con obras que incluyen un muelle de aproximadamente 585 metros, infraestructura logística y apoyo para operaciones antárticas.

A eso se suma la autorización al Congreso para realizar operaciones de crédito público por hasta US$ 3.500 millones destinados a equipamiento militar: US$ 2.300 millones para tres submarinos en la Base Naval Mar del Plata y US$ 1.200 millones para dos fragatas multimisión en Puerto Belgrano. El mismo presupuesto que le niega fondos suficientes a las universidades, los hospitales, la ciencia y las personas con discapacidad, habilita el mayor ciclo de rearme militar en décadas.

El proyecto comenzará a debatirse el 7 de octubre en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, donde lo defenderán el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el secretario de Finanzas, Federico Furiase. El CIN, los gremios docentes y las organizaciones de personas con discapacidad ya anticiparon que llevarán sus reclamos al Congreso. La discusión que viene no será solo técnica: será la disputa más descarnada sobre qué Estado quiere construir —y a costa de quiénes— la gestión libertaria en su etapa final.

Lo que tenés que saber

• Las universidades nacionales recibirán $7,35 billones, cuando el CIN calculó que se necesitan $11 billones para cumplir la Ley de Financiamiento Universitario vigente.
• El proyecto deroga artículos clave de la Ley de Emergencia en Discapacidad N° 27.793, reduce la pensión al 70% del haber mínimo jubilatorio y la hace incompatible con el trabajo formal.
• La función Ciencia y Tecnología cae 37,9% en términos reales frente a 2023; el CONICET acumula una pérdida del 43,7% en becas y carrera de investigador.
• El Gobierno habilita US$ 3.500 millones en crédito para comprar tres submarinos y dos fragatas, y proyecta US$ 350 millones para bases militares en Ushuaia y la Antártida.
• El gasto total de la Administración Nacional cae 26,7% en términos reales frente a 2023; la SIDE, en cambio, creció 42% real en la ejecución del año.