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Gustavo Sáenz sobre el alambrado en Aguas Blancas: ‘Una medida histórica contra el narcotráfico’

El gobernador de Salta respondió a las objeciones de Bolivia, subrayando que el alambrado se construirá dentro del territorio argentino.

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En el marco del Plan Güemes, el gobierno de Salta tomó la decisión de construir un alambrado perimetral en Aguas Blancas, una ciudad fronteriza con Bolivia. Este alambrado de 200 metros se extenderá entre la terminal de ómnibus y la oficina de Migraciones, con el objetivo de mejorar los controles, prevenir actos ilícitos y regular la migración en una de las zonas más sensibles del país.

Un paso clave en la lucha contra el narcotráfico

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, subrayó la importancia de la colaboración entre el gobierno nacional y provincial en el combate al narcotráfico, el contrabando y otros delitos complejos. Aguas Blancas, por su ubicación en la frontera, enfrenta desafíos adicionales debido al alto flujo de personas y bienes.

Sáenz destacó que “hay una política de los Estados nacional y provincial para pelear contra el narcotráfico y combatir el contrabando y otros delitos complejos”, reconociendo que la región necesita una estrategia integral para hacer frente a los problemas de seguridad y control.

  • Primera vez en la historia: Según Sáenz, “Es la primera vez en la historia que se está trabajando seriamente y en conjunto para combatir el narcotráfico”.

Objetivos del alambrado

El alambrado, que se construirá en el ejido municipal de Aguas Blancas, tendrá un impacto directo en la seguridad de la región. Sáenz explicó que su principal función será optimizar la supervisión del flujo de personas y bienes, facilitando la identificación de actividades irregulares. «Se busca encauzar la llegada y salida por la frontera; es decir que los que llegan a la terminal de Aguas Blancas sigan hasta Migraciones y saber con qué egresan y con qué llegan desde Bolivia», detalló.

El alambrado también contribuirá a la prevención de delitos, facilitando la gestión de la migración y reduciendo la posibilidad de irregularidades.

Objeciones de Bolivia

La decisión no estuvo exenta de controversias. El Estado Plurinacional de Bolivia expresó objeciones al proyecto, aunque el gobernador Sáenz sostuvo que no son procedentes, ya que la obra se desarrollará dentro del territorio argentino. “Sobre el tema no tenemos que dar explicaciones. Creo que llevó la cuestión más allá. Son 740 km de frontera y este alambrado son 2 cuadras y media y dentro de nuestra casa”, señaló Sáenz, dejando claro que se trata de una medida dentro de la soberanía argentina.

Las relaciones con Bolivia

En un tono más amplio, Sáenz recordó otras tensiones con Bolivia, como las objeciones presentadas cuando la provincia comenzó a cobrar el servicio de salud pública a los extranjeros. El gobernador defendió esa medida como una “decisión de justicia y optimización de los recursos”.

  • Sáenz sobre la política de salud: “Fue una medida de justicia y de optimización de los recursos”.

Reforzando la colaboración interinstitucional

El alambrado también se concibe como una herramienta para fortalecer la colaboración entre las distintas fuerzas de seguridad. Al unificar criterios y estrategias, las instituciones podrán planificar de manera más eficiente las tareas de vigilancia en la zona.

  • Migración ordenada: Sáenz concluyó que esta infraestructura generará condiciones propicias para una migración más ordenada, sujeta a los procedimientos establecidos por los organismos competentes.

Conclusión

La construcción del alambrado en Aguas Blancas marca un hito en los esfuerzos por mejorar la seguridad en una zona fronteriza crítica. Con esta medida, el gobierno de Salta busca no solo reforzar los controles migratorios, sino también contribuir a la lucha contra el narcotráfico y otros delitos. La cooperación interinstitucional y la colaboración entre los gobiernos nacional y provincial resultan esenciales para lograr los objetivos propuestos.

Política 📢

El rostro de la motosierra: 9.400 personas en situación de calle tras el ajuste libertario

El primer relevamiento federal del Ministerio de Capital Humano admitió la existencia de casi 10.000 personas sin techo en 19 provincias. La cifra desnuda el impacto del modelo de exclusión y la ‘motosierra’ sobre los sectores más vulnerables en medio de una crisis económica asfixiante.

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El Argentino Diario-Gente en situación de calle-Sin techo.

Llevado a cabo en un contexto de asfixia social sin precedentes, el Ministerio de Capital Humano difundió este viernes los resultados del Primer Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle. El informe oficial, procesado por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, contabilizó un total de 9.421 personas viviendo a la intemperie en 19 provincias del país. Sin embargo, la frialdad de la estadística no logra ocultar la causa estructural de esta tragedia: un modelo económico obsesionado con el ajuste fiscal que ha empujado a miles de argentinos a los márgenes de la subsistencia.

El relevamiento, que alcanzó a 7.894 entrevistas efectivas, revela que el 83% de la población afectada son varones y un alarmante 92% tiene más de 18 años. El dato más crudo, no obstante, reside en la cronicidad de la exclusión: el 32% de los censados lleva más de dos años viviendo en la calle, lo que evidencia que la profundización del plan de «motosierra» de Javier Milei no ha hecho más que cristalizar trayectorias de abandono estatal que se tornan irreversibles ante la falta de políticas de contención.

La falacia de la «estrategia integral»

Desde la cartera que conduce Sandra Pettovello intentaron presentar el operativo como un «cambio de paradigma» que pasa del asistencialismo a la planificación. Pero para las organizaciones sociales y los organismos de derechos humanos, la realidad es diametralmente opuesta. Mientras el Gobierno nacional transfirió la responsabilidad de la atención primaria a las provincias y municipios en junio pasado, el retiro de la Nación en el financiamiento de comedores y paradores ha dejado a los gobiernos locales sin recursos frente a una demanda que crece al ritmo de una inflación acumulada que devoró el poder adquisitivo de los sectores informales.

De acuerdo a datos previos del IDECBA, solo en la Ciudad de Buenos Aires la población en situación de calle aumentó un 27% en el último año. Este incremento coincide quirúrgicamente con la implementación de las medidas de desregulación y devaluación que caracterizan al modelo libertario. El propio informe oficial admite que el 53% de los censados realiza alguna actividad laboral, lo que confirma un fenómeno inédito y doloroso de la era Milei: tener un empleo ya no es garantía de tener un techo, ante el costo prohibitivo de los alquileres y el desplome del salario real.

Puntos clave:

  • * El Ministerio de Capital Humano contabilizó 9.421 personas en situación de calle en 19 provincias argentinas.
  • * Un 32% de la población afectada lleva más de dos años viviendo en espacios públicos o refugios precarios.
  • * El 53% de los censados realiza actividades laborales, evidenciando que el empleo informal no evita la indigencia.
  • * El Gobierno nacional transfirió la responsabilidad de la atención social a las provincias en junio pasado.
  • * Organizaciones sociales denuncian un subregistro masivo frente a censos populares que triplican las cifras oficiales.

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