La Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal autorizó abrir la feria judicial para analizar una presentación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en el contexto de los 200 despidos dispuestos por el Gobierno en el Hospital Nacional de Salud Mental Laura Bonaparte, que fue intervenido por un año. La medida, marcada en el Plan de Eficiencia de Hospitales 2024-2025, provocó críticas por el impacto en los servicios esenciales de salud mental.

Advertencias del CELS

En su presentación, el CELS señaló que los despidos generaron una crisis en los servicios de guardia, internación, farmacia y atención de urgencias. La organización presidida por María José Guembe afirmó:

“Eso incumple con las obligaciones del Estado de garantizar el acceso gratuito, igualitario y equitativo a la salud y de asegurar a las personas usuarias la preservación de su salud, según establece la Ley de Salud Mental”.

El CELS también vinculó los despidos con las políticas de ajuste implementadas por el gobierno de Javier Milei, que afectarán distintas áreas del Ministerio de Salud, incluyendo el Hospital Posadas, PAMI y Sedronar, entre otras.

Intervención del Hospital Bonaparte

El jueves, el Gobierno oficializó la intervención del Hospital Bonaparte a través de la Resolución 360/2025 publicada en el Boletín Oficial. La medida, anunciada previamente por el Ministerio de Salud encabezado por Mario Lugones, designó al doctor Mariano Bruno Pirozzo como Interventor General, limitando las funciones del director anterior, Christian Francisco Baldino.

Según el Ministerio, la decisión respondió a una «sobredotación» de personal en relación con los recursos utilizados. Informaron que 109 empleados atendían 55 camas de internación, con una ocupación promedio de 19 pacientes por mes. Además, revisaron contratos tercerizados de limpieza y seguridad, proyectando un ahorro de $760 millones.

Críticas a las políticas de ajuste

Las políticas de ajuste en salud fueron fuertemente cuestionadas. El CELS calificó la reestructuración como un incumplimiento de las obligaciones del Estado hacia la población más vulnerable. Los despidos de 1.400 trabajadores en diferentes áreas del sistema sanitario impactaron en servicios clave para los sectores más necesitados.